La detención ilegal del electo Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, operada el 19 de febrero, ha reflotado una frondosa lista de perseguidos políticos por el tan cuestionado gobierno de Nicolás Maduro. Ledezma fue apresado y encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde sin ningún tipo de orden de detención de manera ilegal por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

En Venezuela no existe posibilidad alguna de disentir con el gobierno de turno. Disentir se ha convertido en sinónimo de pérdida de libertad no sólo de expresión sino, lo que es aún más grave, de pensamiento. La cifra de presos políticos ascendió a 98 entre opositores políticos al régimen y estudiantes.

Lo anecdótico es la utilización del aparato represivo estatal en pos de la auto victimización. De hecho, el gobierno venezolano afirma la existencia de conspiraciones que atentan contra el orden constitucional democrático.

Por su parte, el pasado 12 de marzo, la Eurocámara aprobó en Sesión Plenaria la Resolución 2015/2582 (RSP) que condena al gobierno de Venezuela por la represión contra los manifestantes. El contexto en el que emana es la cruenta persecución de líderes opositores al régimen chavista:

“Considerando que la retención de civiles detenidos en una prisión militar es incompatible con las normas internacionales; que Venezuela tiene la obligación de garantizar la vida, un trato humanitario y la seguridad de todas las personas privadas de libertad, así como unas condiciones de detención que estén en consonancia con las normas internacionales aplicables (…) que el Presidente Nicolás Maduro anunció a través de la radio y la televisión nacionales que se había desarticulado un supuesto plan que pretendía desestabilizar el Gobierno mediante un golpe de Estado (…) que se han incrementado la intimidación y el maltrato de líderes de la oposición y estudiantes encarcelados que participaron en las manifestaciones de 2014…”, el Parlamento Europeo pide al Gobierno venezolano que deje de perseguir y reprimir políticamente a la oposición democrática y de violar las libertades de expresión y de manifestación, e insta a que se ponga fin a la censura de los medios de comunicación a la vez que enfatiza la importancia de las voces opositoras como indispensables para una sociedad democrática.

La Resolución fue aprobada por 384 votos a favor, 75 en contra y 45 abstenciones. Se trata de un llamamiento a las autoridades para que liberen de inmediato a Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos, y a todos los manifestantes pacíficos, estudiantes y líderes de la oposición que fueron detenidos de forma arbitraria por ejercer su derecho a la libertad de expresión y los derechos fundamentales.

Lo más alarmante es la nueva Resolución 8610 del Ministerio de Defensa que permite al Ejército el uso de armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, lo cual avasalla a la misma Constitución de Venezuela en su Art. 68 que prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para el control de manifestaciones pacíficas: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas.”

No sólo es Europa la que se manifiesta, sino además la administración de Barack Obama. A raíz de las sanciones contra siete funcionarios venezolanos (negación de visa y bloqueo de cuentas bancarias), acusados de violaciones a los derechos humanos despertó el malestar del mismo Presidente del Parlasur, el venezolano Saúl Ortega alegando amenaza real de agresión a la soberanía, la paz y la estabilidad democrática de su país y por ende del Mercosur.

La invitación que hizo Ortega al resto de los presidentes y jefes de Estado del Mercosur, a “rechazar y condenar” esta situación, y a los “pueblos del mundo” a “condenar y rechazar estas prácticas imperialistas” nos coloca en las antípodas de la inserción a nivel mundial.

No sólo el andamiaje institucional está pulverizado sino que además, las políticas instauradas en Venezuela han dado pruebas suficientes de la inoperancia total de un gobierno que ha perdido legitimidad social desatando un descontento inusitado: inflación, inseguridad, caída en los nivele de producción, desequilibrios económicos, desabastecimiento alimenticio, etc.
¿Qué imagen estamos ofreciendo como bloque regional hacia el mundo? ¿Por qué nos afanamos en continuar alineados con un país que infringe el Art. 1 del Protocolo de Ushuaia sobre el Compromiso Democrático en el Mercosur? Es tiempo de hacer caer velos que enceguecen a los pueblos y corroen la esencia misma de la democracia.