Ampliar derechos, no volver al pasado

Las recientes escaramuzas mediáticas en torno a una supuesta iniciativa para promover el  regreso del servicio militar obligatorio, construyó un escenario que posibilitó diferenciar los comentarios individuales sin representación social ni anclaje institucional, de las políticas de Estado que promueve el Ejecutivo provincial.

El gobernador Daniel Scioli no dejó dudas al respecto y, al mismo tiempo, trazó la hoja de ruta para abordar problemáticas ligadas al presente, pero especialmente relacionadas con el mediano plazo y con la oportunidad de desarrollar la provincia y el país.

El gobernador explicó que el servicio militar obligatorio “es parte del pasado”, y definió el marco político-conceptual para abordar, por ejemplo, la problemática de jóvenes desocupados: “inclusión social”, generación de oportunidades a partir de un Estado activo que interceda para generar las condiciones (destacó los programas Envión –provincial- y Progresar –nacional).

Desde estas certezas y esta responsabilidad es que debemos construir la provincia y el país que estamos en condiciones de hacer: reparando, fortaleciendo y ampliando derechos; caminando hacia la equidad en el marco del desarrollo.

Las problemáticas sociales, las que plantea el desarrollo, no pueden abordarse desde lógicas reduccionistas, ni desde los discursos y prácticas que en el pasado configuraron la Argentina del terror, de la miseria y la exclusión.

Relacionar a la juventud con las violencias, sin matices ni voluntad de análisis histórico, se inscribe en ese marco. Es una especie de resorte reaccionario que expresa, básicamente, incapacidad e irresponsabilidad. No se trata de mandar a los pibes a la cárcel o a los cuarteles. Se trata, como expresó el Gobernador, de incluir y ofrecer posibilidades.

Y finalmente, estos entreveros mediáticos permiten diferenciar a los dirigentes que asumen sus compromisos institucionales con responsabilidad, de los que se transforman en generadores de títulos de alto impacto que se remiten sólo a impresiones particulares que permanecen desarticulados de proyectos colectivos de transformación, y alejados de las necesidades y demandas de los ciudadanos.

Este es el camino de los Derechos Humanos. Por eso, en la Provincia ampliamos una consigna histórica: a la Memoria, a la Verdad y a la Justicia, le sumamos la Inclusión Social como paradigma rector. En esos valores puede rastrearse los límites, objetivos y sujetos de un proyecto político.

La concepción rectora de todas las políticas públicas

Desde hace más de un década, el Día Nacional de la Memoria ha propiciado la aparición de espacios populares de encuentro, reflexión y alegría. La movilización central que se realiza cada año en Plaza de Mayo, y los miles de encuentros y actos que se replican a lo largo y ancho de todo el país, dan cuenta de como los argentinos se han apropiado de esta fecha.

Los juicios de lesa humanidad a lo largo y ancho del país; la militancia de organizaciones de la sociedad civil, de agrupaciones políticas y sociales; la voluntad institucional del Estado argentino desde la llegada de Néstor Kirchner, y el acompañamiento de los ejecutivos provinciales para sostener la decisión de constituir los derechos humanos como política de Estado. Este escenario da cuenta del involucramiento institucional con los valores que constituyen y le dan sentido a la política de Memoria, Verdad y Justicia.

La sociedad argentina se ha fortalecido y tiene un altísimo grado de conciencia. A nuestra vivacidad innata como pueblo, se sumó la decisión política del Estado para iniciar un proceso de reparación que hoy nos permite tener un estándar alto en relación a la defensa y promoción de los derechos humanos.

Sin embargo, recién comenzamos. Nuestra democracia es joven, y el proceso de resignificación y valoración de los derechos humanos es aún más reciente. Progresivamente, será necesario apuntar hacia las vulneraciones actuales a los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos.

En ese marco, la responsabilidad política e institucional nos obliga a pensar los derechos humanos en función de la inclusión y la ampliación de ciudadanía.

De esto se trata el presente y el futuro: fortalecer una política de Estado que, en la provincia de Buenos Aires, hemos sintetizado en la ampliación de una consigna histórica. Memoria, Verdad, Justicia e Inclusión Social. Esta decisión es, por supuesto, una opción política en el marco de un proyecto que aspira a cumplir las tareas inconclusas o aquellas todavía no abordadas.

Quienes habitamos los derechos humanos desde la responsabilidad política debemos planificar nuestro trabajo en torno a dos proposiciones básicas:

- Ampliación y fortalecimiento de la territorialización a través de la construcción de políticas públicas.
- Construir un campo simbólico integral en torno a los alcances y competencia institucional-política-social-cultural de los DDHH.

Es importante comprender que los derechos humanos deben interpelar a los ciudadanos y éstos deben apropiarse de los sentidos y los valores que los constituyen. En este ida y vuelta se encuentra la posibilidad de ampliar ciudadanía, construir políticas públicas que incluyan y que sean eficaces en los diversos campos de acción y ámbitos de intervención de nuestra Secretaría: salud, educación, cultura, género, seguridad.

Desde la construcción de una ley de prevención de la tortura que está actualmente en estudio, y la conformación del CIPreT (Comisión Interministerial para la prevención de la Tortura) en el ámbito del Ejecutivo, hasta los juicios de lesa humanidad que están avanzando en las complicidades civiles y los delitos sexuales. Desde al abordaje de la violencia de género con el Programa AVM (atención telefónica las 24hs. los 365 días del año al 0800-555-0137) hasta las señalizaciones de ex centros clandestinos. Desde la entrega de pensiones a familiares de víctimas de la dictadura hasta la identidad de género. Desde Asuntos Indígenas hasta violencia institucional. Desde problemáticas de discapacidad hasta la trata. Desde la formación de ciudadanía y formas de participación política en la juventud hasta una editorial propia para concientizar y crear sentidos.

Este es el legado de los que no están y de quienes recuperaron sus luchas y banderas. Se trata de la reparación, pero también de la construcción de una patria más justa, libre, soberana. Memoria, Verdad, Justicia e Inclusión Social.