Si se aprobara el proyecto por el cual las empresas deberán duplicar los montos indemnizatorios en caso de despidos durante los 180 días después de la sanción, nuestro país llegará al ridículo de que diez divorcios consecutivos sean más baratos que pagar las indemnizaciones.

Hagamos un supuesto doble. Por un lado, supongamos una empresa que inicia actividades con un capital de cien mil dólares (dólares, para hablar de una moneda fuerte) y capitaliza en forma acumulativa al 5% anual durante los primeros diez años de vida. Alcanzará el valor total, al cabo de diez años, de 162.889 dólares.

Supongamos que dicha empresa contrata el primer día a diez empleados, a los cuales les paga mil dólares (aproximadamente un salario industrial de 15 mil pesos). Supongamos que, al año diez, dicha empresa decide cerrar y pagar las indemnizaciones conforme al actual engendro que están proponiendo diputados y senadores de la oposición. Cada empleado de nuestro ejemplo debería recibir un sueldo por año, más los dos sueldos de preaviso. Doce sueldos. Multiplicado por dos, veinticuatro sueldos. Más uno de vacaciones y medio sueldo por aguinaldo ((10 + 2) * 2= 24 + 1 + 0,5= 25,5).

En total, cada empleado deberá recibir 25,5 sueldos. Los diez empleados, 255 sueldos. A mil dólares cada sueldo, el monto total de indemnizaciones alcanza 255 mil dólares. Es decir que el monto total de las indemnizaciones (en nuestro supuesto extremo de cierre total) supera en un 57% al valor de la empresa de acuerdo con la capitalización planteada.

La otra parte del supuesto es la siguiente. Supongamos que dicho empresario, en lugar de poner una empresa, coloca su dinero a plazo fijo a una tasa del 5% anual (igual que la utilidad neta empresaria planteada en el supuesto anterior). Sin embargo, a nuestro empresario no le va bien en la vida amorosa y tiene la desgracia de divorciarse una vez por año. El pobre hombre se casa y se divorcia todos los años por espacio de una década. Cada divorcio le cuesta el 50% del capital acumulado cada año. Quiere decir que con los cien mil dólares iniciales capitaliza cinco mil dólares al cabo del primer año (5%), pero al divorciarse divide al 50% y se queda con 52.500 dólares. Vuelve a apostar al plazo fijo al 5% y al amor. Y al año se divorcia nuevamente. ¡Así en diez oportunidades!

Nuestro enamoradizo empresario arrancó en el año cero con cien mil dólares y tras diez divorcios (pese a las capitalizaciones) se quedó en los bolsillos sólo con 159 dólares. Poco, sí, pero positivo.

Nuestro emprendedor anterior arrancó en el año cero también con cien mil dólares. Con su trabajo logró capitalizar al cinco por ciento y alcanzó un capital de 162.889 dólares. Contrató a diez personas y al cabo de diez años decidió cerrar. Al amparo de la ley que proponen los diputados y senadores de la oposición, pagó indemnizaciones por 255 mil dólares. Es decir, le quedó un capital negativo de 92.111 dólares.

Conclusión. Gracias a la ley de la doble indemnización, llegamos a la curiosa conclusión por la cual es menos riesgoso divorciarse una vez al año durante una década que contratar a diez empleados durante diez años.

Moraleja: Si cualquier persona piensa las veces que lo piensa antes de casarse una vez, imaginemos cuánto tiempo pensamos antes de casarnos diez veces. Si eso es menos riesgoso que contratar a diez empleados, pensemos entonces por qué hay tantas dudas a la hora de aumentar la demanda de trabajo. Una vez más, legisladores demagogos se divorciaron de la realidad.

Estas iniciativas lejos de beneficiar al trabajador lo perjudican. A quienes no están trabajando directamente las condenan a la pobreza más rígida e inmodificable. Los legisladores culposos por su falta de ideas para solucionar la pobreza y crear empleo no tienen mejor idea que convalidar el desempleo por generaciones.

Toda ley, todo reglamento que aumente los costos de contratación y desvinculación no hace otra cosa que disminuir la demanda de trabajo y favorecer la sustitución de trabajo por capital. Aumentar los costos laborales (gracias a estas medidas demagógicas) implica reducir la demanda de trabajo, excluir a los menos capacitados. Una medida cruel y despiadada disfrazada de falsa solidaridad.

Cuanto más costoso sea el contrato laboral mayor deberá ser la productividad del trabajador para ser contratado. Si el trabajador no es calificado inexorablemente perderá el empleo. El intento de proteger devino en fábrica de desempleo y exclusión.

Es necesario comprender que el concepto de costo laboral es bien diferente al concepto de salario. El llamado “costo laboral” incluye todos los impuestos y sobre costos derivados de la burocratización del contrato, la judicialización, y los riesgos derivados de la legislación. Esas supuestas protecciones incrementan los costos y por consiguiente reducen la demanda de empleo. Con ello reducen las posibilidades laborales de los pobres. Cuanto más regulación, menos trabajo. No más, menos. Es imprescindible comprender, también, que los costos laborales pueden bajar y al mismo tiempo ¡los salarios pueden subir!

El impuesto sobre el salario ronda entre el 40 y el 50% dependiendo de la actividad. Si consideramos costos de judicialización y conflictividad dicho “impuesto” puede llegar al 60%. Quiere decir que un salario promedio industrial del orden de $15.000 pesos brutos redunda en un salario en mano de $ 12.300 en tanto que el costo laboral que abona el empleador alcance los $22.725. Traduciendo el empleador paga $ 22.725 y el trabajador recibe $ 12.300. En el medio, impuestos, regulaciones, “salarios diferidos” (artilugio para denominar los supuestos beneficios jubilatorios y sociales), costos indenmizatorios, y supuestas protecciones.

No es casual que quienes proponen estas medidas jamás hayan pagado una quincena. Demuestra un desconocimiento total del mercado de trabajo su funcionamiento y los incentivos. En los últimos días muchos despidos se han acelerado sólo por los rumores de estas inútiles leyes curiosamente propuestas por quienes no generaron empleo privado desde 2011 hasta 2015.

Desde el nacimiento de la legislación laboral, políticos y sindicalistas se empecinaron en aumentar los costos laborales creando desempleo y marginación. Es el estado, en su intento pseudoprotector el que excluye.

Los salarios reales sólo pueden crecer si el trabajo es asistido con bienes de capital. Son las máquinas las que fortalecen la productividad del trabajador. Sin máquinas los salarios son necesariamente bajos. No hay grito sindical, huelga, legislación chamuyera, ni bravuconada política que pueda aumentar los salarios por obra de un decreto.

Si queremos disminuir los despidos, bajar el desempleo, aumentar los salarios reales y proteger de esa manera a los trabajadores nuestros diputados deberían pensar en generar incentivos a la inversión. Incentivos que no son subsidios ni protecciones sino un ambiente de negocios estable, impuestos bajos, y una razonable administración de justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura.

Los trabajadores que se sientan “protegidos” por los anuncios de los legisladores del kirchnerismo deberían saber que “hay amores que matan”. El chamuyo mata y la demagogia excluye. Doce años espantando inversiones tienen como corolario la tremenda incertidumbre que estamos viviendo.

El artículo fue publicado originalmente en la web del Insituto Cato.

Arruabarrena está respetando a esa vaca sagrada llamada hincha que paga su entrada, que sufre el trabajo de la semana, que necesita descargar sus frustraciones y otros credos religiosos que nos impusieron durante años. Humo en estado puro y de la más alta toxicidad.

En rigor, el hincha no es más que un asistente (muchas veces ignorante) sin derecho a formar o parar un equipo. No tiene tal derecho. No es cierto que su opinión es sagrada. Debe ser respetada, como todo, por supuesto, pero no tiene derecho a que su injuria sea una verdad religiosa ni su escupitajo un decreto. Es más, el gestor ni debería escuchar el aplauso o la reprimenda. Es nada más que un espectador. Si le gusta, que pague la entrada y si no, que mire en televisión programas de cocina los domingos a la tarde. Pagar la entrada, comprar el abono a un palco o una platea no dan títulos de nobleza. No convierten la pasión en razón, ni dan derecho a veto a nada.

En la gestión pública de la Argentina actual, sucede algo parecido, obviamente salvando las distancias. El Gobierno de Mauricio Macri parece gobernando para los focus groups y las encuestas, lo que limita las soluciones reales que se deben llevar a cabo.

La Argentina tiene, desde hace décadas, un Estado gigante, inútil y parasitario. No puede desde cortar el pasto en una autopista hasta ofrecer los más mínimos servicios públicos. Funciona mediocremente entre 15 y 25 grados. Fuera de ese rango, todo es un caos. Podríamos enumerar más de un indicador por cada función pública (seguridad, salud, educación) para graficar el grado de deterioro irreversible.  Ni es eficiente para los trámites absurdos que impone. Que nos hayamos acostumbrado y que hayamos “bajado la vara” es otro asunto. Que nos guste es otro aún peor.

El Estado no da más. La estructura fiscal es inviable y en cada rincón del gasto público hay desidia, corrupción y una inutilidad alarmante.

No son las personas. Agradeceré no entorpecer el razonamiento con comentarios sentimentales. La cuestión no es de los empleados públicos en cuanto a personas. Es el sistema. Un sistema que inutiliza al más talentoso. A Bill Gates en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se le colgaría el sistema. Un Estado colapsado, lleno de funciones, sin responsabilidad. Partido liquidado.

Esto lo saben todos los actores políticos y económicos. Pero nadie se anima ni siquiera a plantearlo por temor a la gente. Los riesgos de la impopularidad. “Las elecciones son en dos años”. Políticos tribuneros.

Al igual que el Vasco Arruabarrena, Macri también está enfrascado en no atacar las soluciones de fondo. No es culpa de Macri, ni del macrismo, ni de Cambiemos. Si me corrés, hasta Cristina, en su delirio, cayó en la misma trampa. La sociedad tiene los patos desordenados. Por eso las encuestas no sirven para nada. La sociedad quiere fiestas y no pagarlas. Detesta al Estado, pero desea fervientemente un puestito para robar y salvarse.

El ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, fue clarísimo: “Si pretendemos bajar la inflación en dos meses, tendríamos que hacer un ajuste inaceptable”. El Gobierno optó por la vía gradual. Hacer de a poco para que la gente no se dé cuenta. Y cuando se da cuenta, salir con disparates como los siempre populares y nacionales controles de precios o sistemas de información. Todo encuestado previamente. Ahora maquillados por la web (Nota aparte: Muchas veces me pregunto si los que inventaron internet, pensaron alguna vez las boludeces que hacen los Gobiernos con tan maravilloso invento. La AFIP a la cabeza).

Para ayudar a Macri y también, quizás, al Vasquito Arruabarrena tenemos que tratar, desde la sociedad civil, de acomodar los patitos. Tenemos que sembrar ideas que nos permitan asignar las prioridades públicas correctas (el fútbol gratis no puede ser más importante que la calidad educativa, por ejemplo). Tenemos, por sobre todo, que tratar de revalorizar palabras tales como respeto, propiedad, libertad, individualidad, paz.

En mi opinión personal, éste debe ser el rol del liberalismo en la Argentina. Los tan vilipendiados ateneos liberales tienen un rol importantísimo. Sembrar ideas correctas en la sociedad, a través del debate, la razón, el ejemplo y el diálogo. Para que los gestores de la cosa pública puedan aplicar las soluciones que el enfermo necesita y no lo que los parientes del enfermo quieren escuchar. Por suerte, por ahora, solamente por ahora, todavía existen médicos que operan conforme a la biología y no hacen una encuesta en el hall del hospital.

Respetar la democracia es una cosa. Incuestionable. Que dos más dos sea cuatro también es incuestionable.

Pasarán muchos años para que un Gobierno pueda racionalizar el Estado. Quizás tantos como los que necesita un director técnico para tomar decisiones racionales frente a una tribuna humíferamente emocional.

Diez por ciento es una tasa de inflación que durante toda la historia preocupó a todo el mundo. Independientemente que a los argentinos (especialmente) a sus gobiernos les guste y la disfruten, la inflación alta es siempre un problema.

La inflación licúa salarios, pulveriza esfuerzos y constituye un impuesto regresivo sobre las personas de menores ingresos. Los pobres no pueden defenderse del impuesto inflacionario. Lo pagan plenamente mucho más que los ricos. Además la inflación altera el sistema de precios, distorsiona inversiones y reduce la capacidad de ahorro. Necesariamente un país inflacionario se empobrece “pari pasu” la inversión deviene menor y menos eficiente.

El Estado es el único que se beneficia de la inflación y por eso la genera. Con inflación, el Estado recauda, sin legislar, un impuesto sobre los más pobres. Incluso, los gobernantes suelen culpar de la inflación a todos menos a ellos.

Lo cierto es que la inflación es “siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. El Estado crea inflación para recaudar sin que la gente se percate de ello. La causa de la inflación no hay que buscarla ni en los “comerciantes” ni en “los grupos concentrados” ni en los “especuladores”. La inflación es generada por la política expansiva del Banco Central que recibe órdenes del gobernante de turno.

La historia económica argentina del último siglo es la historia del fracaso económico debido a la inflación.

Un argentino que hoy tuviera 100 años, nacido en 1915, habrá pasado el 61% de su vida con inflación alta. Pero de esos 61 años con inflación superior al 10% en la Argentina habrá sufrido 17 años con inflación superior al 100% y 44 con inflación superior al 20%.

Sólo durante 39 años habrá tenido una tasa de inflación que le permitió ahorrar e invertir. Lamentablemente para nuestro anciano amigo 13 de esos 39 años sucedieron cuando tenía menos de 15 años y otros 8 cuando, en los noventa, cuando ya estaba jubilado.

Quiere decir que una persona que hoy tuviera 100 años pudo vivir en un país estable sólo en 16 años de su vida económicamente activa.

Un adulto de cincuenta años vivió con inflación alta (superior al 10% anual) el 78% de su vida. Le tocó sufrir la hiperinflación de 1989 justo a la mitad de su vida y sólo gozó de inflación baja durante 11 años (menos de tres mundiales).

Un niño que hoy tiene diez años ha soportado inflación elevada durante el 90% de su vida.

En cambio en Alemania, país pobre según el discurso oficial, un anciano de 100 años sólo sufrió inflación alta el 10% de su vida. Cuando de niño sufrió la peor hiperinflación del siglo XX.

Luego en los años 1946 y 1948 (post guerra) la tasa de inflación alcanzó 11 y 14% respectivamente.

Desde allí, la tasa de inflación alemana nunca superó el 5%. En los últimos 20 años no superó el 2% anual.

Alemania tuvo en los cien años de nuestro ejemplo muchos otros problemas. Y con sangre, sudor y muchas lágrimas los ha superado.

Nuestro país también sufrió problemas, pero lamentablemente parece que no hemos superamos ninguno. En especial, la soberbia de nuestros gobernantes

Para ello diseñan políticas públicas por las cuales transfieren recursos hacia el gasto destinado a hacer más placentera la vida de los sectores más desposeídos. 

Dichos programas se observan en todas las administraciones y son propuestos por todos los candidatos sin excepción. 

De allí el consenso político (y popular) que tienen proyectos tales como “Fútbol para todos”, “Mi primer viaje”, “las playas de la ciudad”, “subsidios a las tarifas”, “subsidios al transporte”, “Argentina Sonrie”, “recitales y espectáculos públicos”, “Procrear”, “plan 12”, infinitos ejemplos de bienes “gratuitos”, incluyendo las actuales “canastas navideñas”.

El populismo que explica a la actual administración pero también a los principales candidatos del 2015 (Macri, Massa, Scioli, Randazzo, Unen) en el fondo sostiene que la pobreza es un dato inmodificable. “Siempre habrá pobres” y por lo tanto “deben pasarla lo mejor posible”. Es más el razonamiento subyacente pareciera ser que la pobreza es inevitable.

Esta mentalidad es corta y quizás perversa.

Es posible pensar un país sin pobreza, sin barrios precarios, con atención eficiente a los bienes públicos básicos como salud, educación, seguridad y justicia.

Es absolutamente imaginable una sociedad donde el esfuerzo privado no sea expoliado (con impuestos, inflación y regulaciones) y por lo tanto pueda atender a las necesidades familiares que incluyan ahorro y financiamiento del progreso individual.

Sin embargo los populistas no piensan eso.

¿Será que no vieron ejemplos mundiales actuales e históricos de superación de la pobreza?

¿Será que no tienen las ideas adecuadas?

O será que necesitan un ejército de pobres sobre el cual basarse…

¿Podemos imaginar populismo sin pobreza?

¿Podemos imaginar a los dictadores del siglo XX sin masas de indigentes dependientes del favor del tirano? O a los populismos latinoamericanos sin el conurbano bonaerense o la miseria del gran caracas y la pobreza endémica cubana?

El populismo fabrica su propia pobreza para perpetuarse.

Debemos desterrar este paradigma de la Argentina.

Podemos eliminar las causas de la pobreza apelando a instituciones sanas que generen riqueza y progreso en forma masiva al cual accedan todas las personas. Pensar en pobreza inevitable implica carecer de voluntad e ideas para superarla.

Según el proyecto el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comercio, podrá:

Regir la  compraventa, permuta, locación de cosas muebles, obras, y servicios  – materias primas directas o indirectas y sus insumos – que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento así como otro bien o servicio que satisfaga necesidades  básicas orientadas al bienestar de la población. (art 1)

Podrá a su vez, establecer márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios. 

Dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción. Disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios como así en la fabricación de determinados productos, dentro de “niveles o cuotas mínimas”.  Acordar subsidios, Requerir toda documentación, Exigir presentación de libros, documentos, papeles, y todo elemento relativo a la administración, realizar pericias, Proceder al secuestro de información y documentación, Crear registros y libros especiales, establecer licencias comerciales  (Art2)

Además, el proyecto autoriza a los gobernadores a fijar precios máximos en sus jurisdicciones. Si fuera mayor al precio nacional deben pedir permiso a la secretaría de comercio. (art 3)

Todo con la intención de castigar acciones privadas tales como (Art 4): Elevar artificialmente los precios no acorde a costos y obtener ganancias abusivas, revaluar existencias, (salvo autorización), acaparar materias primas o productos. Formaren existencias superiores a las necesarias, Intermediar o permitir intermediar innecesariamente, destruir mercaderías o bienes, Negar o restringir injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios. O que no la incrementaren habiendo sido intimados por la autoridad de aplicación a ello. , Desviar o discontinuar el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin causa justificada, No tuvieren para su venta o discontinuasen la producción de bienes o servicios con precios máximos y mínimos, márgenes de utilidad fijados.

Esta ley stalinista parte de errores conceptuales básicos, impropios de una persona que al menos respete la más elemental operatoria comercial.  Con haber atendido un mostrador de un quiosco durante unos meses alcanza para comprender que el articulado es delirante, irreal y altamente peligroso. 

Los errores conceptuales básicos son los siguientes.

1. El proyecto considera que la información del mercado se puede captar, agrupar, decodificar y comprender.
2. Supone además que el Estado puede hacer esa tarea.
3. Supone además que el Estado, una vez con toda esa información, puede lograr los cálculos económicos pertintentes para saber cuánto producir, cómo, cual es el costo, cuales los precios de venta.
4. Supone que pudiendo hacer todo eso, el Estado es inmaculado, e incorruptible
5. Supone en definitiva que con una planilla Excell y un fusil se puede reemplazar al mecanismo de precios del mercado.

La realidad es que la información de los proceso de mercado no se puede agrupar, ni concentrar toda junta. El mercado es ante todo un proceso de descubrimiento. Todos los agentes, empresas, trabajadores, profesionales, etc tienen “un poco de información”.

Es impensable e inviable que un secretario de comercio pueda obtener todos esos pedacitos de información.

Por ello es impensable la planificación. No hay planificación sin multas ni machetes policiales. Las experiencias fracasadas de controlar los precios por parte del nazismo, el comunismo y los gobiernos militares así lo indican.

Los precios son incontrolables en el sentido de que no dependen de una “junta de planificación” o “secretaría iluminada”.  No es fácticamente posible conocer todos los costos y todos los precios. El proyecto complementario a la Ley de Abastecimiento que crea el “Observatorio” es otro disparate.

Lo que es controlable es la inflación pero por una vía distinta la política monetaria sana y racional.

Pretender establecer lo que dice el articulado sobre controlar utilidades, precios, suministros y cantidades no supone solo que el Ejecutivo está jugando al empresario sino que está jugando a ser todos los empresarios a la vez.

El proyecto presupone que los funcionarios pueden hacer mejor las cosas que el empresario. Si así fuera los invito a ser empresarios con su propio dinero y no mediante empresas públicas con todos los privilegios estatales.

De hecho, si el funcionario puede fijar precios, cantidades, márgenes, líneas de producción equivale a manejar directamente la empresa.  Sin embargo no es imaginable ver al mismo funcionario respetando esos parámetros oficiales pagando los mismos sueldos, los mismos costos, los mismos impuestos que las empresas.

El articulado implica una elevada subjetividad por parte de la autoridad de aplicación. En ningún párrafo se aclara qué significa “elevado margen de utilidad”, ni “nivel de existencias elevado”, ni “grado de intermediación deseable”.  Ante tal ambigüedad el poder arbitrario se magnifica. Tal poder arbitrario deriva necesariamente en la corrupción. La ley de abastecimiento generará más corrupción.

El mejor mecanismo para eliminar la inflación es la competencia en un contexto de estabilidad macroeconómica, política monetaria sana y apertura económica.

Un funcionario controlando precios no es otra cosa que un petulante al borde de la corrupción intentando una quimera. Todo a costa del bienestar de los argentinos.

El proyecto de ley de abastecimiento generará

• Menores inversiones y por tanto menor nivel de empleo
• Creciente desabastecimiento
• Elevados niveles de evasión y corrupción administrativa
• Cierre de empresas y menor incentivo a la inversión externa en Argentina.
• Lejos de favorecer a los consumidores esta ley los convertirá en mendigantes frente a góndolas vacías.

Eso tiene una única razón: la pobreza es un negocio político y patrimonial. El populismo es inimaginable sin pobreza. Los movimientos políticos populistas pierden mercado si no hubiera pobres a los cuales subsidiar y “enamorar”. No es casual que los populismos latinoamericanos hayan generado los tres factores determinantes en el crecimiento de la pobreza: inflación, pérdida de inversiones y pésima calidad educativa.

Además la pobreza es un negocio patrimonial. Ejércitos de agentes públicos viven de los presupuestos destinados a la solución de la pobreza. La superposición de funciones estatales, los numerosos planes sociales y los agentes públicos y “para-públicos” como los punteros para administrar lo que otros ya administraron son muestras de que se puede vivir bien “ayudando a los pobres con recursos públicos”.

Crear riqueza

El populismo habla de combatir la pobreza pues supone que la riqueza está dada. Por lo tanto hay que sacársela a unos para dársela a otros. El auténtico combate a la pobreza pasa por la creación de riqueza. La creación de riqueza depende de instituciones que canalicen incentivos. Es más progre el libre comercio, las inversiones externas, la prudencia monetaria y el respeto a la propiedad que los planes sociales anunciados con bombos y platillos. Si queremos eliminar las villas de emergencia habrá que otorgar derechos de propiedad sobre las casas, obras de infraestructura en las calles y provisión de servicios adecuados y nominados.

Si queremos mejorar los ingresos de los pobres habrá entonces que motorizar la inversión local y externa sin distinciones, con normas claras, impuestos bajos y regulaciones razonables.

Si queremos que los pobres no sufran el deterioro en sus ingresos habrá que eliminar la inflación, bajándola hasta al cero o,3% como objetivo prioritario. Nada de eso está haciendo el gobierno, más preocupado en esconder la pobreza antes que solucionarla definitivamente. 

La propuesta fácil

La administración K considera que la única forma de combatir la pobreza es mediante la distribución del ingreso. En varias oportunidades la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha manifestado “guste o no, la pobreza se resuelve con distribución del ingreso”. La distribución del ingreso quizás logre que los beneficiados la pasen mejor, pero no contribuirá definitivamente a sacar a la gente de la pobreza en forma consistente y de largo plazo.

Los pobres seguirán siendo pobres y por tanto vulnerables y dependientes del poder político que detenta la soga que evita su ahogo. La distribución del ingreso como mecanismo para eliminar la pobreza requiere un mecanismo de transferencia eficiente y transparente. Es decir, estructuras estatales capaces de cobrar impuestos, administrarlos cristalinamente y distribuirlos hacia aquellas personas que efectivamente lo necesitan.

Parece simple pero en el Estado argentino es una tarea de alta complejidad. Tanto por motivos políticos (incapacidad de explicar los beneficios de identificar a los verdaderos necesitados) como por motivos técnicos (incapacidad de las administraciones públicas de producir información confiable), se ha demostrado que es imposible identificar y subsidiar a la demanda. Es decir, específicamente a aquellas personas que lo necesitan.

Identificar a los necesitados tornaría más eficiente la provisión de subsidios, más económica y justa. Ante esa incapacidad, los estados hacen “la fácil”. Montan estructuras gigantes que sirven más para impresionar y ganar votos que para solucionar problemas. Vemos, por tanto, enormes hospitales públicos inaugurados varias veces con filas interminables de personas en situación de necesidad sin poder ser atendidos.

En lugar de atender directamente al necesitado (subsidio a la demanda) los estados optan por subsidiar a la oferta. Los gastos se multiplican en enormes estructuras que más temprano que tarde se transforman en burocráticas y anquilosadas con baja productividad en los resultados. Redunda entonces, estados grandes, gastos sociales “récords” y pobres más pobres que antes.

La distribución destruye incentivos a la producción. Tanto para el beneficiado como para quien aporta mediante impuestos. El beneficiado internaliza el concepto de que “cualquiera sea su productividad, igualmente el Estado se encargará de compensarlo”. El contribuyente en cambio internalizará el concepto que “para qué esforzarme si de cualquier manera el estado quitará parte de mi esfuerzo”.

Ante la pérdida de incentivos la economía se resiente. Pero además, instrumentos para cobrar impuestos y distribuirlos suelen afectar las decisiones de inversión y producción.

Ambos se financiarán mediante un amplio y generoso blanqueo impositivo. De esta manera, quienes adquieran el BADE (que será a dos años con una tasa del 4% anual) y/o suscriban el CEDIN deberán desempolvar dólares fugados en el exterior, colchón o caja de seguridad.

El anuncio rimbombante protagonizado por cinco funcionarios de primera línea tiene objetivos múltiples. Algunos explícitos como el blanqueo, la obtención de fondos para financiar obras energéticas, la recuperación del sector inmobiliario herido de muerte tras el cepo cambiario.

Sin embargo, un instrumento inicialmente atractivo puede esconder una segunda intención no tan bien intencionada o bien puede ser utilizado perversamente por administraciones actuales o futuras.

Ante la requisitoria periodística “cómo se garantiza que ante la presentación de CEDIN el BCRA entregará dólares”, el secretario Guillermo Moreno fue concluyente. “Los CEDIN tendrán un encaje en dólares del 100%” y agregó: “los dólares que suscribieron el CEDIN quedarán en una cuenta especial de respaldo a dichos certificados (…) Eso asegurará el respaldo”.

De esta declaración podemos concluir lo siguiente:

1. Dado que el CEDIN es un certificado de depósito garantizado 100% en dólares, endosable y pagadero al tenedor es razonable pensar que rápidamente hará las veces de dinero. En caso de lograr cierta confianza no tardará en aparecer operaciones de mercado en las cuales el medio de cambio sean CEDIN.
2. Ante la posibilidad que el CEDIN sea considerado dinero, es razonable pensar que el BCRA tenga la “tentación” (histórica en toda autoridad monetaria) de fraccionar el encaje y emitir un porcentaje “no riesgoso” de CEDIN. Al fin y al cabo, se hará responsable de los dólares que eventualmente retiren quienes se presenten frente a las ventanillas. En un contexto de confianza no necesariamente los tenederos de de CEDIN irán a retirar sus dólares.
3. El CEDIN podría convertirse sin más en forma solapada en una segunda moneda de curso legal no forzoso en la Argentina. De manera tal que podrá convertirse en una nueva fuente de financiamiento del sector público, con todo lo que ello significa en cuanto a crecimiento del gasto, concentración de poder estatal, y riesgo para las libertades individuales.
4. Dado que el CEDIN está (o estaría) 100% respaldado en dólares podríamos pensar que se abre la puerta para que un “contexto especial” justifique a un Estado voraz que escanee cajas de seguridad, las abra e intercambie los dólares hallados por CEDIN respaldatorios. Una suerte de blanqueo forzado. Vale recordar que la ciudadanía carece del beneficio de las medidas cautelares ante tal eventualidad a raíz de la reciente reforma judicial.

En 2007, el Estado invitó gentilmente a los cotizantes de las AFJP a pasarse al sistema de reparto. El rechazo fue unánime. Sólo el 8% de los cotizantes en AFJP privadas aceptó la propuesta. Un año después el mismo Estado, la misma administración, confiscó compulsivamente los fondos a las AFJP y los cotizantes que habían optado voluntariamente por la capitalización privada se vieron forzados al sistema público.

Ahora vemos una “gentil invitación” a exteriorizar dólares no declarados en forma voluntaria. El CEDIN es un excelente instrumento para que el Estado obligue a hacerlo en forma compulsiva.

Más allá de la abierta contradicción entre los dichos de la presidenta y el nuevo intento de “congelamiento” es necesario analizar tres cuestiones.

1) El congelamiento en el fondo implica un aumento por cuanto las cadenas de supermercados dejarán de publicar rebajas del 15%, 20% y 30% como lo hacían habitualmente hasta el último fin de semana.

2) El objetivo del congelamiento es “calmar el agua” dado que los meses de febrero, marzo y abril son muy febriles, en términos de negociaciones paritarias. Y aquí el gobierno tiene dos problemas. Por un lado, fuertes aumentos de salarios pueden inducir a las empresas a ajustar aún más los precios a la suba. Por otro lado, las paritarias del sector público implican un serio riesgo para la situación fiscal ya seriamente comprometida.

3) El control de precios, fue, es y será siempre un fracaso. La historia argentina es lapidaria.

Entre febrero de 1967 y noviembre de 1989 transcurrieron 24 ministros de economía y 274 meses. Sólo en el 10% de ese tiempo hubo libertad de precios. El resto del tiempo los precios estaban controlados, concertados, pautados o administrados por la autoridad pública. Sin embargo, la inflación fue devastadora en todo el período.

Según un informe de FIEL, el régimen de precios de ese período se distribuye de la siguiente manera.

• 30 meses con precios libres                 10,9%
• 57  meses con precios vigilados         20,8%
• 45 meses con precios concertados   16%
• 76 meses con controles de precios   27%
• 26 meses con precios pautados          9%
• 95 meses con precios máximos          35%
• 36 meses con precios congelados      13%

El fracaso fue total e incuestionable. Esta batería de mecanismos no evitó que aquello que costaba 1$ m/n en 1967  llegara a costar en 1989 nada menos que 3.945.977.971,92 $ m/n. (eso sí, expresados en australes).

De esos 23 años, en sólo uno la inflación anual fue menor al 10%. Durante catorce años la inflación anual superó el 100%. El final, en 1989 fue la trágica hiperinflación, que muchos ya olvidaron.

Ni el nazismo ni los soviéticos

Los nazis quisieron controlar el precio de la carne y no pudieron. El 26 de noviembre de 1936 establecieron un control de precios que les ponía un límite (entre ellos la carne) hasta el 17 de octubre de dicho año (la coincidencia con el día peronista es sólo casual). Tiempo después, el jerarca nazi responsable del planeamiento económico Herman Goering, siendo prisionero, confesó que “si intentan controlar precios y jornales, es decir el trabajo del pueblo, deberán controlar la vida de las personas y ningún país puede intentarlo a medias. Yo lo hice y fracasé. Asimismo, una nación tampoco puede imponer un control absoluto. Y lo intenté y también fracasé”. [1]

Los soviéticos vieron fracasar el más cruel sistema de control de precios, vidas y personas.

Para mitigar las nefastas consecuencias del control en términos de desabastecimiento y hambrunas, los soviéticos popularizaron una adivinanza. “¿Qué cosa mide cincuenta metros de largo y come papas?. Respuesta: el pueblo ruso haciendo la cola para comprar carne”.

Por otro lado los costos están diseminados en actores que no se oyen. Los costos de transacción de jubilados, asalariados, desocupados, rentistas, son demasiado elevados para juntarse y ponerse de acuerdo. En las democracias, cada dos años, el descontento se puede expresar en votos.

Además la propaganda gubernamental, la mala teoría económica y los discursos públicos interesados esconden las verdaderas causas de la inflación y engañan a los perjudicados por ella.

Surgen las teorías de los “formadores de precios“, la “concentración económica“, la  “intermediación“, los “especuladores” para tratar de buscar culpables ajenos a los verdaderos responsables de la inflación.

Todo gobierno, civil, militar, peronista, radical, híbrido, poderoso o débil, supo encontrar su “Máximo Carelli“, aquel personaje del Proceso culpable de la inflación de entonces.

El gobierno pareció encontrar una tasa de inflación anual “socialmente aceptable” del orden del 20/25% anual. Pasado ese límite comenzarían a preocuparse. Niveles de inflación internacionalmente inadmisibles en un mundo donde tasas anuales superiores al 5% son una rareza que compartimos con Venezuela, Uzbekistan, Sierra Leona, Vietnam, Irán, Congo y Bielorrusia.

Recientemente la presidenta del Banco Central emitió un informe monetario donde destaca los objetivos y herramientas donde en sus decenas de páginas ni se menciona la palabra “inflación”.

Por su parte, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un discurso reciente por cadena nacional, acusó de incentivar la inflación a los “intendentes que elevan las tasas municipales“.

La causa de la inflación no son los aumentos de precios y/o tasas municipales, sino que éstos son sus consecuencias. Confundir “causa” con “consecuencia” no es solo un error conceptual. La inflación es, en el fondo, un negocio.

En una economía cuando aumenta el precio de un producto podemos encontrar una explicación microeconómica. Cuando aumentan dos precios, podemos encontrar dos explicaciones. Malas cosechas, accidente climático, ruta cortada, aumento en los gustos, cambio de temporada, etc.

Pero cuando aumentan “muchos precios”, no existen “muchas explicaciones” sino solo una. La emisión monetaria del Banco Central.  Recientemente salió a circulación la serie Z de billetes de $100. Es la primera vez en la historia numismática argentina que se agotaron todas las letras del diccionario para nombrar las series de los billetes. Todo indica que los flamantes “Evitas” más que un homenaje es un sustituto en la emisión de billetes que se avecina.

En los últimos tres años, el crecimiento de la base monetaria crece a tasas anuales superiores al 30%. La tasa de inflación se acercó a esa cifra rondando el 22/25% anual. Para 2013, son varios los analistas privados que hablan de “inflación piso” del 30%.

La simpatía por la inflación termina siempre mal. Para encontrar un período similar al último lustro, en términos de tasa anual de inflación, hay que remontarse a la década del 60. En dicha década la tasa promedio rondaba el 25%. En la década siguiente los argentinos nos vimos envueltos en un mar de violencia institucional con el período más prolongado de inflación altísima. Ningún país del mundo vivió 17 años seguidos con tasas anuales de inflación superiores al 100% como sucedió en Argentina entre 1973 y 1989, cuando todo estalló en la hiperinflación.

¿Podremos terminar así? Difícil saberlo. ¿Podremos terminar bien?  Seguro que no. La inflación es un impuesto al pobre. Un impuesto que recauda el Estado, feliz, hasta que la gente “se aviva” y empieza a huir del dinero. Allí toda emisión se traslada a precios. A comprar lo que sea, dólares, latas de aceite,  de tomate, todo lo que la gente estime pueda conservar el valor.

Se hablará entonces de “cuestión cultural”, de “apátridas especuladores”, la liturgia podrá decir lo que quiera. La única verdad será la realidad. La “simpatía con la inflación” será entonada como la canción de los Rolling Stones “simpatía por el diablo”.