El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra todos los 5 de junio. Fue declarado en 1973 por la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de sensibilizar a la población mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política.
Más allá de las necesarias conmemoraciones el medio ambiente está contemplado en nuestras leyes. El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional nos otorga importantes derechos y obligaciones: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
En ese sentido, nuestra ley suprema nos interpela a todos como ciudadanos responsables, desde el punto de vista moral y legal, por los impactos ambientales que puedan generar nuestras acciones.
La cuestión ambiental es una preocupación que excede desde hace tiempo a los ecologistas: cada vez más políticos, gobiernos y empresas plantean la necesidad de que las actividades productivas sean sustentables.
Es así que, dentro de sus programas de Responsabilidad Social Empresaria, muchas compañías incluyen la sustentabilidad ambiental como uno de sus principales valores.
Sin embargo, existen casos donde las compañías realizan actividades cuya finalidad es hacer marketing y maquillaje verde, pero que no implican un cambio ambiental profundo en su modo de producción. Lamentablemente varias empresas, a pesar del evidente colapso ambiental en el que nos encontramos, insisten con un modelo de desarrollo obsoleto, donde la cuestión ambiental está ausente.
Es el caso de uno de los treinta grupos empresarios más grandes del país que pretenden desmontar en Salta más de 6 mil hectáreas de bosques protegidos por la Ley Nacional de Bosques.
Es claro que la expansión de las actividades de empresas como Molino Cañuelas y Compañía Argentina de Granos, puede realizarse sin desmontar esa finca. No alcanza con argumentar que cuentan con la autorización del gobierno salteño y que se va a realizar un “desmonte cuidado y responsable, que no afecte el ecosistema”.
Cabe preguntarse entonces, qué espera la Secretaría de Ambiente de la Nación para garantizar que el gobierno de Salta cumpla con una ley nacional sancionada por el reclamo de un millón y medio de argentinos; y si otorgará el BID un préstamo por 75 millones de dólares a una empresa que va a deforestar donde la ley no lo permite.
Los bosques concentran la mitad de la biodiversidad terrestre. De ellos obtenemos bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicamentos. Juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Y son el hogar y sustento de miles de familias campesinas e indígenas.
Por todo esto, los bosques son posiblemente nuestro patrimonio natural más valioso. Es allí donde de empresas y gobiernos deben accionar, protegiendo lo que es de todos y para todos.