Sin embargo, transcurridos dos meses de gestión, la actual administración solamente emitió cinco de ese tipo de decretos. Los artículos de algunos medios, cuando el Presidente tenía apenas días en su cargo, giraban injustamente sobre la idea de que Macri había hecho uso de dicha herramienta constitucional con más frecuencia que todos sus antecesores. Comparaban la cantidad emitida en pocos días con el promedio anual de los anteriores presidentes, lo que configura un grosero error, porque es evidente que, cuando el Gobierno se ordena y las sesiones ordinarias del Congreso comienzan, el promedio desciende.

De hecho, no se observan notas que refieran a que hoy, a dos meses de administración, Macri sigue teniendo en su haber los mismos cinco DNU, con lo cual su promedio disminuyó a 2,5 por mes, la mitad que los emitidos, por ejemplo, por Néstor Kirchner, sacando el promedio total de su mandato, y un tercio de los que el mismo mandatario dictó en sus primeros dos meses.

Justamente, es posible comparar, por sus similitudes, el inicio de Macri con el de Kirchner; ambos de algún modo representaron un cambio de estilo de gobierno respecto a sus predecesores. De los cinco DNU emitidos por Macri, uno de ellos es la reforma de la ley de ministerios, algo que, con toda lógica, debe realizar un presidente para ordenar su administración y nuevo estilo de gobierno. De hecho, también lo hizo de ese modo Néstor Kirchner el 4 de junio de 2003. Otro de los decretos que se le contabilizan al actual Presidente es el que derogó uno dictado pocos días antes de que su predecesora dejara el cargo y que, a entender el nuevo mandatario, complicaba su gestión. La realidad en este caso indica que Macri no hubiese tenido que dictar dicha norma si la Presidente anterior, carente ya de legitimidad y a diez días del traspaso del mando, no hubiera tenido la mala fe de emitirlo. Un tercer DNU crea el nuevo Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), reforma así la ley de comunicación audiovisual; el cuarto posterga la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, y el quinto traspasa de la Procuración a la Corte Suprema las escuchas telefónicas.

Para proceder con la comparación respecto al inicio de Kirchner, debe resaltarse una diferencia sustancial: el santacruceño empezó su mandato con el Congreso en plenas sesiones ordinarias y mayoría en ambas Cámaras. Sea por apuro o por puro gusto, decidió lanzarse a la emisión de DNU, a diferencia del caso de Macri, en que el Congreso está en receso.

Dicho esto y establecida la marca de los primeros dos meses del actual Presidente, hay que dejar sentado que Kirchner emitió, entre el 25 de mayo de 2003 y el 25 de julio del mismo año, 15 DNU, a un promedio de 7,5 por mes. Soslayando que a los 12 meses de mandato llevaba 55 (performance inigualable), debe considerarse que los actuales republicanistas que otrora abrazaron el kirchnerismo con entusiasmo sin par, o nos toman por tontos o han perdido la memoria. Es decir que, si bien el promedio total del mandato de Néstor es de cinco DNU por mes, si se consideran sus primeros dos meses, para hacer una comparación justa con el comienzo macrista, el promedio es de 7,5 por mes contra el 2,5 del Presidente en funciones.

Toda la información sobre aquellos DNU puede encontrarse en el “Dossier legislativo-Decretos de necesidad y urgencia, 1994-2014”, elaborado por la Comisión Administradora Bicameral de la Biblioteca del Congreso de la Nación, bajo la Presidencia de la senadora justicialista Roxana Latorre; comisión de la que participó, entre otros, la diputada camporista Mayra Mendoza.

Cuando el actual Presidente asumió y debía ordenar los primeros días de su Gobierno con el Congreso en receso, llovían los pronunciamientos sobre el supuesto alto promedio de DNU emitidos. Hoy no he podido encontrar artículos sobre cómo ese promedio se redujo a la mitad, ni comparaciones con cierto rigor técnico con situaciones similares anteriores. Pero los números no pueden mentir, la aritmética es inobjetable y la parcialidad poco rigurosa en el manejo de la información, también.

Es histórico, tradicional, de buen uso y gusto, y un gesto de vocación democrática, que los funcionarios y los empleados políticos del Estado que ejercieron un rol en una administración entreguen sus renuncias cuando esa gestión concluye. Y que aquellos que no lo hacen esperen pacíficamente su reemplazo cuando el nuevo Gobierno lo decida.

Es lógico, cada gestión tiene su impronta, su modo de ver las cosas, sus confianzas y sus fidelidades, al cabo, por eso el pueblo toma su soberana decisión de cambiar una administración por otra, no solamente para el cambio de un presidente, sino de todos sus equipos de trabajo. Es disparatado pensar que el nuevo gobernante deberá llevar adelante el país con gente que piensa absolutamente distinto o guarda fidelidades con sus rivales políticos. Con estos puede sentarse y acordar, debatir, intercambiar ideas e incluso aceptar propuestas, pero no son su equipo de gestión.

Por eso resulta insólita la sorpresa cuando un medio publica: “Despidieron a Fulano”. No, Fulano debió tener la dignidad de dimitir cuando la administración que lo nombró concluyó su mandato y, si no lo ha hecho, con absoluta lógica el nuevo Presidente debe reemplazarlo. Cuanto más cuando su designación ha sido fruto de un decreto emitido con toda animosidad en los últimos días de la gestión anterior. En ese caso, Fulano debió, si es una persona de bien, decir: “Por favor, no me designen, no corresponde”.

Respecto a quienes no detentan la calidad de funcionarios, pero han sido empleados por una gestión, sea en planta de gabinete o por medio de contratos de locación de servicios, o cualquier otro modo de relación laboral que no tenga estabilidad definitiva por la ley de empleo público, rigen los mismos principios. El título “Tal ministerio despidió a 200 empleados” no se condice con la lógica y tiene un impacto negativo cuando se trata de algo absolutamente normal. A tales empleados probablemente se les haya terminado su contrato en diciembre y simplemente no se les renovará, porque la administración que los contrató ya no está, y la nueva quiere arreglarse con menos empleados o con otros de su confianza. Si tal contrato se renovó artificiosamente antes del 10 de diciembre, cuando esto siempre ocurre el 31 de ese mes, como son esencialmente rescindibles, pues está en todo su derecho el Estado empleador de proceder de este modo. O tal vez se trate de las llamadas “planta de gabinete”, justamente, gente que trabajaba en el gabinete de un funcionario que ya no está, ¿bajo qué parámetros podría pretender esta persona permanecer?

Respecto de aquellos que durante la administración extinta pasaron a planta permanente y, en caso de no haber transcurrido el plazo de un año establecido por la ley de empleo público, el régimen es similar a lo mencionado anteriormente.

Lo cierto es que la enorme mayoría de los agentes públicos que van perdiendo tal condición en la nueva administración en realidad concluyen sus contratos, o han sido plantas de gabinete, o no adquirieron la estabilidad por falta de tiempo, es decir, son empleados o funcionarios de carácter político que han cambiado con las nuevas administraciones ante cada nueva gestión, desde 1989 a la fecha, indefectiblemente, y sin una sola queja, ni mucho menos notas periodísticas al respecto.

Que la administración anterior haya colocado en el Estado a muchos miles de empleados o funcionarios más de lo que es lógico y de uso, y de lo que ha hecho cualquier gestión que lo precedió, le da un volumen especial a lo que ocurrió siempre y las fuerzas políticas aceptaron pacíficamente, no solamente por ser absolutamente legal, sino porque es el cariz obvio de una designación política. Salvo que el Presidente o el responsable de la dependencia deseen mantener por sus cualidades a tal o cual persona en un puesto, ¿por qué el nuevo mandatario debería mantener el equipo de la administración anterior? El pueblo no elige a una persona, sino a un equipo de trabajo y confía en esa persona para que construya ese equipo, no en el que se fue, que oportunamente diseñó el suyo, gestionó con él y luego fue reemplazado por voluntad popular, junto con todos sus colaboradores.

De tal modo que la polémica desatada es más bien un invento del que se aprovechan algunos gremios y otras organizaciones de lo que queda del kirchnerismo, para intentar crear confusión sobre una situación que siempre fue clara, al menos cuando gozábamos de cierta normalidad. Es cierto, hay jóvenes de treinta y pico que ingresaron al mundo de la política de la mano de la gestión estatal y, en muchos casos, por la facilidad que esto les brindaba para obtener algún tipo de ingreso. Deberán entender la lógica democrática que no les enseñaron y razonar que los cuadros políticos trabajan en el Estado en la administración que los eligió y no lo hacen en la que no los contrató. Es obvio, es evidente, es democrático. El Gobierno que terminó en diciembre duró más tiempo que el plazo que fue desde la última elección popular, antes del golpe del 1976 y la recuperación democrática de 1983, e hizo que se olvidaran algunas buenas costumbres del recambio de gestión.

¿Por qué la Justicia no ha avanzado más? Simplemente porque la declaración indagatoria de los imputados en el acto de defensa en juicio es parte importante del proceso penal, el que garantiza dicho derecho de defensa y cumple con la sagrada regla constitucional establecida en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Sin indagatoria, el magistrado no puede procesar, porque implica una negación de un principio insoslayable.

Ahora bien, tampoco puede desconocerse que la doctrina y la jurisprudencia penal internacional, ante determinas circunstancias excepcionalísimas, han dejado de lado principios básicos que se entendían ineludibles en materia penal. Más precisamente, estas excepciones se han relacionado con los llamados delitos de lesa humanidad.

En ellos, por ejemplo, se ha desestimado el instituto de la prescripción, que también es fundamental para los sistemas penales modernos, porque garantiza que la persecución punitiva del Estado no es eterna, tiene un límite temporal, de acuerdo con la legislación de cada Estado, pero siempre uno.

No obstante, en materia de delitos de lesa humanidad, la prescripción ha sido descartada, porque lo aberrante, lo socialmente lesivo, que son los mencionados delitos, han impuesto la necesidad de postergar ciertos principios.

La causa de la AMIA en la Argentina ha sido declarada por la Justicia delito de lesa humanidad. Esto así porque el magistrado a cargo ha entendido que, de acuerdo con las características de este tipo de delitos definidas por la comunidad internacional, se ha producido con apoyo de un Estado nacional, en este caso el iraní. Y tal característica sugiere la existencia de excepcionalidades que deben ser consideradas. En principio, ya se lo debe considerar imprescriptible.

Ahora bien, en materia de derecho penal internacional empieza a multiplicarse la necesidad de considerar los juicios en ausencia. De hecho, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en la Recomendación (87) 18 sobre simplificación de la Justicia penal, encargó a los Estados miembros que consideren la posibilidad de permitir a los órganos judiciales celebrar juicios en ausencia. Luego, en otra resolución, la (75) 11, estableció ciertos criterios para ello; uno por demás interesante: “Nadie puede ser juzgado si con carácter previo no ha sido efectivamente citado en tiempo hábil que le permita comparecer y preparar su defensa”.

Esto nos introduce en un terreno cuyo análisis no podemos omitir. El derecho de defensa es justamente esto: un derecho. ¿Es una obligación la defensa en juicio? ¿El imputado está obligado a defenderse para que el proceso avance, o la obligación es del Estado en cuanto a ofrecer todos los recursos y los mecanismos para que esa defensa se ejerza, si el imputado así lo prefiere, con absoluta amplitud y libertad?

Volviendo a la causa de la AMIA, los imputados fueron llamados a declaración indagatoria para que ejerzan su derecho de defensa hace ya varios años. Se los ha vuelto a llamar en reiteradas oportunidades, se ha comunicado a Interpol el pedido de captura internacional y se ha puesto en conocimiento del Estado iraní, del cual todos ellos son funcionarios o al menos ciudadanos, cuando su paradero es perfectamente conocido por las autoridades del país persa.

Entonces, la Justicia argentina ha cumplido acabadamente con el otorgamiento de todas las posibilidades que ha tenido a su mano para que los imputados ejerzan su derecho de defensa y estos han preferido no hacerlo y mantenerse prófugos, al margen del Poder Judicial argentino, en un delito ya declarado de lesa humanidad.

Por ende, ¿no cae en estas circunstancias la obligación de defensa en juicio? Porque el derecho de defensa se ha encontrado debidamente protegido y está claro que si alguna vez deciden presentarse los imputados antes de la sentencia definitiva, seguirán gozando de tal potestad; pero si no lo hacen, ¿es jurídicamente aceptable paralizar eternamente el proceso penal por un delito de lesa humanidad imponiéndole a los imputados la obligación de defensa en juicio? Todo indica que no y que el Estado nacional, según los argumentos precitados, bien podría presentarse en los autos que investigan la atrocidad cometida en 1994, solicitando que el proceso continúe “en ausencia”, habida cuenta que el derecho de defensa en juicio que la declaración indagatoria representa ha sido acabadamente contemplado y la excepcionalidad del delito que se juzga amerita una interpretación de los derechos constitucionales, igualmente excepcional.

“Anoche el Congreso dio forma definitiva al acuerdo con Irán para permitir que los sospechados por el brutal múltiple homicidio de la AMIA se juzguen a sí mismos. El artículo 214 del Código Penal, la Constitución y la duración de los fueros.

La Constitución Nacional los llama infames a los traidores a la patria. El artículo 214 del Código Penal tipifica la traición. Dice: ‘Será reprimido con reclusión o prisión de 10 a 25 años, o reclusión o prisión perpetua en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra esta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro’.

Interesante artículo para desmenuzar: tanto la presidente Cristina Fernández como el canciller Héctor Timerman, y todos y cada uno de los legisladores que en el Senado y la Cámara de Diputados votaron a favor la ley que corroboró el memorándum de entendimiento con Irán deben obediencia a la nación por razón de su función pública.

Cuando la ley habla de nación, en ninguna parte de toda la Constitución hace referencia al Gobierno de turno, sino a los intereses superiores de la patria, el cuidado de su soberanía, las vidas, la seguridad personal y la libertad de sus habitantes. La nación no es el Gobierno.

Seguramente no existe acepción de la palabra enemigo que pueda excluir a quien comete un acto terrorista contra un país que cuesta 85 vidas. Y si bien no se ha condenado aún a los iraníes involucrados, el juez los ha llamado a indagatoria, lo que implica que tiene semiplena prueba de su responsabilidad. A su vez, la mayor parte de los iraníes involucrados son funcionarios del Estado y lo eran al momento del atentado. Uno de ellos es hoy su ministro de Defensa y candidato a suceder al actual Presidente.

Por ende, existen altas probabilidades de que el Estado iraní esté involucrado en el atentado, dada la semiplena prueba del involucramiento de varios de sus más encumbrados funcionarios. En esa inteligencia, existen también altas probabilidades de que se trate de un ‘enemigo’.

Y además, el pergeñar un entendimiento para constituir una Comisión de la Verdad, integrada en igualdad de condiciones con el probable enemigo, otorgándole la posibilidad a este de juzgarse a sí mismo, implica, inequívocamente, prestarle ayuda.

En consecuencia, todos los funcionarios públicos de algún modo involucrados en este memorándum, sea impulsándolo, arbitrándolo o votando a favor una norma que le dé carácter constitucional de tratado, cumplen todos y cada uno de los recaudos del tipo penal transcrito en el primer párrafo, sin lugar a dudas.

Los diputados y los senadores tienen fueros, no pueden ser enjuiciados durante el transcurso de su mandato. Y los funcionarios del Ejecutivo tienen la inmunidad de hecho que otorga el poder. Pero el poder termina, se agota, se va. Y los mandatos en el Congreso son finitos. La prescripción del delito de traición es demasiado larga: son 25 años.

Deberá entonces el kirchnerismo mantener el poder por 25 años más, porque si no lo logra, si no gobierna hasta el 2038, si no mantiene hasta entonces el rígido dominio absoluto sobre los tres poderes del Estado que hoy detenta; todos estos funcionarios serán enjuiciados y condenados por el delito más grave cometido en democracia en la historia argentina”.

El informe llevó la firma del suscrito y fue enviado a todos los legisladores que avalaron semejante atrocidad. Tiempo después, el voto de la Cámara de Casación del magistrado Juan Carlos Gemignani recorrió la misma línea argumental y dejó la puerta abierta a investigar la comisión del tipo penal de la traición a la patria por parte de Cristina Kirchner y sus funcionarios.

Para empezar, resulta un poco comprometido jurídicamente darle el carácter de cosa juzgada a algo que no se juzgó. Dicho instituto de raigambre constitucional impide que una persona pueda ser enjuiciada más de una vez por el mismo hecho. Sin embargo, la exhaustiva denuncia del fiscal no fue objeto de juzgamiento, simplemente se la archivó sin investigar. No hubo siquiera un sobreseimiento de los imputados, se produjo un rechazo in limine, por presunta inexistencia de delito.

En tales condiciones, estamos frente a lo que podríamos llamar una cosa no juzgada, algo que en realidad jamás se ventiló ni investigó y, por ende, es susceptible de hacerlo. Los rigoristas podrán decir que, en realidad, habiéndose analizado los hechos denunciados y comprendido los jueces que ellos no constituían delito, opera la cosa juzgada en tal sentido. Cuestión discutible desde lo jurídico.

Ahora bien, los jueces intervinientes se abocaron a la imputación de Nisman que versaba sobre el presunto delito de encubrimiento y descartaron su existencia. Pero en ninguna de las resoluciones se descarta de plano que los mismos hechos no puedan configurar un tipo penal diferente, digamos, “traición a la patria”. La imputación descartada fue sobre el eventual encubrimiento, no sobre otros tipos. No se valoró un eventual “incumplimiento de deberes de funcionario público”, ni la mencionada traición, por ejemplo.

Entonces, ¿qué debería ocurrir si otro fiscal o un particular, presentasen una copia textual de la denuncia de Nisman, con los mismos hechos y los mismos imputados, pero atribuyéndoles el delito de traición? ¿Operaría la cosa juzgada, cuando, en realidad, la cosa jamás se juzgó, sino que simplemente se archivó y la imputación es diferente?

En este punto entramos en el terreno de la llamada cosa juzgada írrita, que no es sino una sentencia nula, a la que se arriba por medios no idóneos para obtener la conclusión definitiva, o en violación de la ley. Por ejemplo, dictar un sobreseimiento en una denuncia por enriquecimiento ilícito sin requerir una pericia contable hace nula la sentencia e írrita la cosa juzgada que surge de tal sentencia.

Bien podría decirse que, si se entiende que en la denuncia de Nisman opera el principio de cosa juzgada, es írrita, porque se alcanzó sin investigación alguna. No se investigó con medios inidóneos o en violación de la ley, directamente no se investigó.

Es así que deviene dable pensar que la resolución que cerró el expediente con su denuncia no hace cosa juzgada y, de hacerla, es nula.

Por otra parte, no puede omitirse que la suscripción del pacto con Irán conformaba el entramado central de la presentación del extinto fiscal y que, al desistir la apelación el Estado argentino, esta adquiere de modo firme el estatus de inconstitucional, repugnante a la ley fundamental, lo que agrega un condimento adicional a la denuncia, porque toda la operatoria del Gobierno anterior en la materia aparece al margen de la ley.

Se abren puertas hasta ahora inimaginables en nuestra nueva Argentina del imperio del derecho, puertas que bien podrían significar los frescos aires de una novedosa era de justicia, equidad y verdad.

Cuatro datos deja claros este artículo: 1) La forma de designación y remoción del procurador están sujetos a una ley; 2) La Carta Magna no requiere mayorías agravadas para el dictado de tal ley, porque en todos los casos en que lo exige lo hace explícitamente; 3) No se menciona la estabilidad en el cargo, por lo cual puede colegirse que esta podría ser permanente o temporal; 4) El procurador goza de inmunidades, al igual que los legisladores, mientras detente su cargo; su remuneración es intangible, como en el caso de los jueces.

Ahora bien, la ley 27148 que rige el Ministerio Público y regula el artículo constitucional precitado establece en su artículo 76: “El procurador general de la nación sólo puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento establecidos en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional”. Los artículos mencionados de la ley fundamental son los que establecen el mecanismo de juicio político: acusación por parte de dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados; remoción por los dos tercios de la Cámara de Senadores.

No obstante, y para reforzar la idea, dicho artículo 53 de la Constitución prescribe respecto a la Cámara Baja: “Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”. Como podrá verse con meridiana claridad, nada dice del procurador general de la nación.

Por ende, la ley 27148 de Ministerio Público comete un error sustancial: ordena que para remover al procurador se utilice el sistema de juicio político tradicional, con los dos tercios de ambas Cámaras, en una norma sencillamente modificable por mayoría simple, con la mitad más uno de los miembros presentes, también de cada cuerpo legislativo. Se trata de una contradicción basada en errores de técnica legislativa poco aceptables.

Por ende, el nuevo Congreso bien podría modificar esa ley con mayoría simple e imponer otro modo de remoción del procurador, incluso el que está en funciones, que haga mucho más sencillo su recambio, sin alterar un ápice el cuerpo constitucional. Esto hace a la resistencia de Alejandra Gils Carbó en su cargo lo suficientemente irrelevante y carente de asidero legal como para que su mandato cese en pocos días.

En esta época política algunos sectores del kirchnerismo saliente, bajo la impronta de la Presidente en sus últimos días de mandato, parecen de aquellos viejos equipos de la Copa Libertadores de los setenta. Por cierto que hay dirigentes probos, que siguen una línea racional en la transición, inteligente y adecuada a los tiempos, pero está claro que no son los del riñón de Cristina Kirchner.

Lo primero que hay que mencionar es que este modo de asimilar el cambio político es una muestra de enorme desprecio a la voluntad popular mayoritaria y un símbolo de la autopercepción como una mayoría iluminada, poseedora de la verdad exclusiva, que no merece otra cosa que el gobierno eterno. Sólo alguien que se autopercibe de tal manera, por encima del pueblo mismo, se conduce como lo hace el Gobierno saliente.

Sería muy larga la enumeración de patadas y codazos que distribuye el Gobierno por estos días, pero resultan ejemplificadoras dos situaciones: el nombramiento de embajadores de último momento y los óbices al traspaso del mando al Presidente electo.

El de embajador es un cargo político. El Presidente de la nación lo designa o remueve a su arbitrio. Por ende, investirlo a una semana del traspaso del poder, erogar los 120 mil dólares que se le asignan para sus gastos de instalación, a sabiendas de que en una semana serán removidos, no solamente es una tropelía política, es además un asalto al pueblo argentino, que resulta quien solventa con sus impuestos el enriquecimiento repentino de esos embajadores exprés.

Las dificultades para un razonable traspaso del mando tienen similar lectura, aunque implican circunstancias un poco más graves que el simple asalto a las arcas del Estado. Es un símbolo. Intentar entregar los atributos del mando bajo una convocatoria a una marcha de resistencia a la decisión soberana del pueblo o en un lugar físico donde el nuevo presidente pueda ser abucheado o maltratado, es la exacerbación del carácter dictatorial de una minoría que pretende imponerse por la fuerza. Además, en el primer caso, es un acto atentatorio contra el orden constitucional, de los que contempla la ley de defensa de la democracia.

¿Qué es entonces hoy el peronismo? ¿Una minoría sectaria, golpista e iluminada que busca imponerse por el uso de la violencia a la voluntad mayoritaria? ¿O el traspaso pacífico y ordenado que plantea Florencio Randazzo, la oposición constructiva que inicia Sergio Massa y la impronta de trabajo conjunto que muestra Juan Manuel Urtubey con su colega electo, el jujeño Gerardo Morales?

Nadie puede ignorar que existen oleadas históricas que producen cambios de época claros, y ha habido casos en que el peronismo se ha adaptado a ellas. Poco aportan los juicios contrafácticos, pero después de la derrota de 1983, si Antonio Cafiero no hubiese llevado adelante la renovación que desplazó a la vieja guardia peronista, tal vez, y aun frente a la hiperinflación de la última porción de Gobierno alfonsinista, el peronismo no se hubiese impuesto en 1989. De hecho, en esa elección, y con el recuerdo fresco del viejo peronismo, pese a todo, el candidato radical Eduardo Angeloz obtuvo casi el 37% de los votos. ¿Qué hubiese pasado si la camada justicialista del estilo Herminio Iglesias hubiera seguido en control del partido? Difícil saberlo, pero probablemente la elección hubiera sido todavía más pareja.

Este kirchnerismo es el viejo peronismo de esa época. Más allá de los hechos puntuales del saqueo del Estado, estos últimos minutos en el poder y la violencia ejercida sobre el Presidente electo, ¿cómo sigue el peronismo? ¿Es Urtubey, Randazzo y Massa? ¿O es Cristina, Luis D’Elía y Aníbal Fernández? Vea, en contraposición: el gobernador de Salta logró su tercer mandato con absoluta transparencia y utilizando el voto electrónico; el ex candidato a gobernador bonaerense consiguió el milagro de perder ese distrito para el peronismo por segunda vez en la historia, pero con un aditamento, ya que el anterior candidato derrotado fue Herminio Iglesias, que cayó frente al “Titán” Alejandro Armendáriz. Pero este último fue “pegado” a la boleta de Raúl Alfonsín, que se impuso a Ítalo Lúder en la provincia, al que iba “pegado” Iglesias. Lo de Fernández fue diferente, porque su papeleta iba adherida a la de Daniel Scioli, que ganó en territorio bonaerense. Aníbal consiguió que el votante lo “cortara”. Es el señor Fernández un recordman de la historia justicialista, porque, además, tomando porcentajes, sacó 4% menos que el propio Herminio.

Volviendo a la idea inicial, el peronismo enfrenta el desafío de reformularse y nuclearse detrás de dirigentes sanos y nuevos, con futuro, o atarse al pasado y a la violencia, a una conducta sectaria de minoría violenta y resentida con las masas populares que no lo prefirieron, que es lo que muestra en estos últimos días al frente del Gobierno.

Hoy podemos observar que no ha existido Gobierno en retirada que haya mostrado más apego al poder por el poder mismo, ni semejante desprecio a la voluntad popular de cambio. No deja de emitir señales descaradas de ello, tanto a nivel nacional como en localidades remotas del interior del país, donde el voto del soberano decidió que no continúen en el poder.

El caso del intendente tucumano de Concepción es paradigmático. Sitiado y amenazado en su oficina por un grupo de empleados políticos a los que cesanteó cuando asumió, como corresponde a toda gestión nueva, sin auxilio de la fuerza pública para normalizar la situación, los punteros lo bloquean y lo amenazan en su despacho.

Todas las administraciones que terminaron desde la recuperación democrática retiraron sus cuadros políticos de la administración. Es cierto que durante esos Gobiernos muchos iniciaron carreras administrativas y se mantuvieron trabajando en el Estado como empleados de la planta estable, pero no lo es menos que en la última etapa de cada período no existió un pase masivo a la planta permanente. Los funcionarios y los empleados políticos saben que terminado su ciclo “vuelven al llano”, en todo caso a recuperar espacio para volver a convencer a la sociedad de sus virtudes. Todos los funcionarios y los empleados políticos, históricamente, ante un cambio de Gobierno, presentan sus renuncias al nuevo jefe de la repartición donde se encuentren. Así ha funcionado siempre.

El kirchnerismo, al contrario, intenta “acovacharse” dentro del Estado, fuerza nombramientos de último momento con maniobras irregulares, como la designación de dos nuevos auditores la semana pasada en el Congreso, lo que implica un claro reconocimiento de derrota electoral, pero además una evidente intención de ocupar espacios de poder, aun contra la voluntad popular. El mandato que el pueblo le dio a esos legisladores oficialistas de modo de conformar la mayoría propia que tienen en la Cámara Baja se lo otorgó hace cuatro años, y si bien mantiene vigencia calendario, ante la inminencia de un cambio de Gobierno indefectible, la coherencia democrática indica que apurar tales nombramientos no es más que un gesto de desprecio a la elección del soberano.

Lo mismo puede decirse del envío de dos nuevos pliegos de postulantes para la Corte Suprema de Justicia. Incluso cuando estos no vayan a encontrar en el Senado el respaldo suficiente, lo que demuestra es la vocación de este estilo de ejercicio del poder.

Han incluso reescrito el Manual del golpista, que explica que se debe simular respetar el resultado de la voluntad popular, conspirar luego en silencio y preparar jugadas subrepticias para hacer tropezar al nuevo Gobierno, empujándolo sigilosamente al abismo. Pues no. Imprimiéndole su estilo, vaticinan todas las desgracias posibles por venir, se atornillan a los cargos para mantener espacios desde donde poner palos en la rueda al Gobierno próximo y hasta llevan a cabo hechos como el de Concepción, en la provincia de Tucumán, para que quede claro que lo que les importa es el poder y no lo que decida el ciudadano.

Buscan nombrar cientos de jueces en su último mes de gestión, y la procuradora general de la nación plantea que va a mantenerse en su cargo a capa y espada. Es cierto que la Constitución le otorga el derecho, pero también lo es que la tradición democrática indica que se pone la dimisión a disposición del nuevo presidente. Especialmente cuando uno se ha proclamado a los cuatro vientos como “procurador militante”, otro hecho inédito en la historia. Cuando manifiestamente y con todo descaro ha pretendido desplazar fiscales que investigaron al poder, los ha trasladado, condicionado y maltratado, para inhibirlos e intimidar al resto. Pretender encadenarse al sillón después de eso es una burla a la sociedad. Una más.

Todo esto sin mencionar los intendentes que vacían sus municipios llevándose hasta los muebles, al límite del robo ridículo. O los que, para el mes de gestión que les queda, se multiplican el sueldo por tres, como si hubiesen hecho poco dinero en los varios períodos que gobernaron. Ni hablar de la usurpación masiva de tierras en Merlo, de la que debe dar cuenta el gobernador en ejercicio, Daniel Scioli (nos habíamos olvidado pero sí, es él), responsable de la seguridad pública y el cumplimiento de la ley en el distrito, el intendente saliente del Frente para la Victoria, Raúl Othacehé, y el que asume el 10 de diciembre, Gustavo Menéndez. Todos del mismo palo, robándose entre sí y, por cierto, al pueblo.

No deja de sorprender el kirchnerismo. Es cierto que 12 años en el poder son tiempo suficiente como para que alguien crea que lejos de mandatario es propietario. Resulta evidente que en la psiquis de esta gente existe la sensación de estar siendo desposeídos de lo que es suyo. Y esto también es nuestra culpa. Demasiados años de cheque en blanco.

Pero, en definitiva, les guste o no a algunos, el soberano es el pueblo, el poder siempre vuelve a él y las instituciones de la república le pertenecen. Parecemos estar asumiéndolo y, si es así, debemos estar alerta para hacer respetar nuestra voluntad. Exigir que nuestro mandato se cumpla, ejercer nuestro inmenso poder como sociedad, el único poder real de nuestra democracia.

Desesperado por el resultado electoral de la presidencial, el oficialismo incrementó su campaña del miedo, que, por cierto, no empezó ahora. Si uno recuerda a aquel pobre empleado de una inmobiliaria que se le ocurrió decirle a un periodista que habían bajado las ventas y la AFIP se le vino encima, mientras la Presidente lo destruía por cadena nacional, uno entiende que la estrategia del miedo no es de hoy. Pensando en la mecánica del temor se me vino a la cabeza Alberto Nisman, no sé bien por qué.

Sin embargo, el juego del terror tiene también sus dificultades. Para infundir miedo el emisor del mensaje debe ser creíble. Decir que determinada persona acarreará sobre nosotros las siete plagas de Egipto necesita que quien lo diga goce de credibilidad, porque se trata de un disparate de tal magnitud que solamente la fe en el emisor puede nublar de tal modo la razón como para hacer creíble el mensaje.

Por ende, decir que una presidencia de Mauricio Macri traerá al país los peores males de su historia, cuando el emisor es el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires, o agentes asalariados del Gobierno, no causa ningún efecto en la campaña, al menos no lo causa entre los potenciales votantes de Macri. O, al contrario, es efecto rebote: genera aún más distancia, más rechazo hacia el que lo postula.

Se trata una vez más de campaña interna. El kirchnerismo-sciolismo se ha encerrado tanto en sí, se ha reducido tanto, que no consigue leer la realidad, instrumenta estrategias que solamente mueven el amperímetro interno, el de su cada vez más ciega, pero también más reducida militancia. Han virado de un movimiento político a una secta, donde unos a otros se retroalimentan con insumos fantasiosos que sólo ellos consumen, y se espantan unos a otros con fantasmas que solamente ellos ven.

Hacia el exterior de las murallas de la apocalíptica secta k del fin del mundo, el mensaje termina siendo obviamente contraproducente, porque una vez más subestima al ciudadano, el que el domingo 25 de octubre ha demostrado que ya no está para ser subestimado. Ya no teme fantasmas inexistentes y el desprecio por su intelectualidad le resulta bastante molesto.  Los ideólogos de este juego parecen creer que ser humilde o carecer de recursos económicos es sinónimo de estupidez, pero el resultado electoral, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ha dejado claro que esto no es así, que la sociedad está harta de ser subestimada.

Por otra parte, cuando alguien solicita que se lo elija basándose en “El otro es malísimo”, lo único que desnuda es su carencia de virtudes para ser votado, deja claro que el único motivo por el se lo debería elegir es porque su rival posee cuernos y sostiene un tridente, no tiene nada propio y bueno para exhibir. ¡Soy el menos horroroso, vótenme!

Lo peor de todo es que el objetivo de semejante estrategia no es un absoluto desconocido del cual desconfiar. Es Mauricio Macri, una persona que ha gobernado la ciudad de Buenos Aires, casualmente capital de la república, y por ende a la vista de todo el país, desde hace nada menos que 8 años. Nada de lo que se le achaca como futuras acciones trágicas de su Gobierno nacional ha ocurrido en la ciudad. ¿Ha estado Macri agazapado estos 8 años simulando gobernar bien y especialmente para los menos favorecidos, con el fin de engañar a todos, llegar así a la Presidencia y a partir de allí desayunarse un par de infantes todas las mañanas? Suena un tanto ridículo.

Y para terminar de redondear el escenario, el candidato que pretende llegar basándose en miedo se consigue un especialista extranjero en campaña sucia con procesos por corrupción en más de un país. Podría ser chistoso si no hubiésemos pasado todo lo que pasamos los argentinos, pero termina siendo el final perfecto, el que cierra el círculo de lo que significó el kirchnerismo para la Argentina. A toda orquesta. Esta es la síntesis de los 12 años k. Y la gente lo sabe, lo entiende. La mente es misteriosa, pero por algún motivo creí escuchar la canción que tantas veces oí mientras tomaba la merienda al volver del colegio, cuando empezaba el Correcaminos. En referencia al coyote decía: “Si sigue con sus tontas trampas, se va a matar. Beep-beep”.

Para saber si alguien se peroniza o desperoniza hay que subir primero una cuesta complicadísima y de múltiples senderos, casi todos conducentes a la nada, que implica definir qué es el peronismo. En principio, soy de la idea de que tal concepto encierra una serie de nociones vinculadas a equiparar las posibilidades de todos los ciudadanos, cualquiera sea su origen, estableciendo principios de justicia social, tanto discursivamente como en los hechos. En definitiva, ese es el gran legado del peronismo a la historia argentina: el establecimiento como ineludibles de una serie de derechos del pueblo que ya nadie niega.

En tal sentido, es harto evidente que Mauricio Macri no necesita peronizar su campaña, dado que ya está altamente peronizada, no solamente desde las declaraciones públicas como candidato, sino especialmente desde sus hechos en el Gobierno en la ciudad de Buenos Aires. No ha habido, si tal es el concepto de peronismo, un Gobierno más peronista que el de Macri en esta ciudad. En retrospectiva histórica, es imposible encontrar un mayor y mejor acceso a la salud y la educación públicas que en la gestión macrista. Es imposible recordar que algún otro Gobierno local se haya empecinado de la forma en que lo hizo el de Macri en hacer progresar con infraestructura las zonas más empobrecidas y postergadas históricamente en la ciudad de Buenos Aires, como La Boca, Barracas o Parque Patricios.

Por ende, desde esos conceptos, ni lo que dice Macri, ni lo que ha hecho, lo desperoniza, todo lo contrario.

Ahora bien, el peronismo también ha sido, especialmente en los últimos años, desde la recuperación democrática, otras cosas, aparte de esos conceptos ideológicos. Ha sido el responsable de la decadencia de los últimos 25 años. Ha acumulado, entre el Gobierno de Carlos Menem, el interinato de Eduardo Duhalde y los de los Kirchner, 24 años de corrupción generalizada, violencia y pobreza. Ni hablar de la provincia de Buenos Aires. ¿En este sentido Macri debería peronizarse?

Algunos estiman que peronizarse es mostrarse públicamente con referentes peronistas. En dicho esquema, Macri comparte hace años su espacio con dirigentes surgidos de las filas del peronismo como Cristian Ritondo, Diego Santilli o Daniel Lipovetzky, y se ha aliado con otros como Patricia Bullrich, Eduardo Amadeo y Gerónimo “Momo” Venegas, entre unos cuantos más. ¿No basta eso para que se lo considere peronizado? ¿Con qué peronistas debería mostrarse? ¿Con los que arrasaron el país? ¿Qué clase de garantía es mostrarse peronizado?

Difícilmente alguien pueda considerarse más peronizado que Carlos Menem, de origen estrictamente peronista. Ganó la interna de su partido, que lo llevó a la candidatura presidencial, contra Antonio Cafiero, y lo hizo apoyado por lo más rancio del peronismo histórico: sindicalismo y líderes caudillescos del interior. Y cuando le tocó gobernar, fue la gestión menos peronista de la historia argentina, desde lo económico, mucho más cercana a la de Videla-Martínez de Hoz que a la de Celestino Rodrigo, antes o Jorge Remes Lenicov, después. Entonces, ¿vale peronizarse en campaña?

La última pregunta nos encamina a una nueva duda respecto de la tan mentada peronización. No hay objeciones a que Daniel Scioli es un candidato peronista. Pocos pueden tenerlas sobre que Sergio Massa es otro candidato peronista. Si faltasen variantes de algún tipo, Adolfo Rodríguez Saá también es candidato y peronista. En ese universo, ¿es legítimo pedirle a Macri que se peronice? Porque esto implicaría contar en la oferta electoral con tres candidatos peronistas y otro peronizado, es decir, alguien que pretende mostrarse peronista sin serlo. ¿No implicaría tal conducta subestimar al elector peronista, pretendiendo venderle un peronizado a cambio de un peronista?

Y en la misma hipótesis, ¿es esto conveniente? Porque, en definitiva, sería creer que casi no existen electores que no sean peronistas. “Peronistas somos todos”, dijo el General. Era otra época. La justicia social, el resguardo de los derechos de los trabajadores y los principios de equidad básicos que introdujo el peronismo están presentes en los discursos de todos los candidatos, desde el principio de la campaña. Nadie que los niegue alcanzaría a superar las PASO.

Hoy categorizar a los candidatos en peronizados o no peronizados es incluir categorías de análisis anticuadas, descontextuadas y que el elector no considera. Macri no debe entrar en esos juegos, porque aspira a gobernar para todos, a ser el presidente de la unidad, el que abra la puerta al futuro. Para representar al pasado y a fraccionar a la sociedad ya hay más de un candidato. Los principios justicialistas más puros, los que simbolizan su aporte histórico, están hoy no solamente en discurso sino también en los hechos de su gestión, sencillamente observable. Lo demás es para los estrategas, políticos y analistas que atan el futuro de categorías del pasado.