Una doctrina o un postulado en cualquier área de la ciencia tiene éxito cuando se impone como premisa ineludible no solamente para el restringidísimo sector social de “técnicos de laboratorio”, sino también en buena parte de la sociedad, especialmente si se trata de una ciencia social. Podríamos decir en materia de derecho, que desde los 70, la idea de la materialización jurídica de la disolución de un matrimonio era un paradigma socialmente aceptado, que el derecho plasma luego, avanzados los ’80 en la ley de divorcio vincular. Hasta tanto, la gente se las arreglaba con separaciones de hecho, y hasta casándose en países que ya aceptaban el divorcio.

Desde hace unos años a esta parte, se ha venido promoviendo el paradigma de que el derecho penal no debería existir, que las sanciones son nocivas, que estas no cumplen un rol preventivo y tampoco reeducativo, y que su existencia responde a una necesidad de los estados de canalizar el control social por parte de sectores dominantes sobre la mayoría poco influyente. A ello se lo llamó falsamente “garantismo”. Parafraseando al General Perón, garantistas somos todos. O deberíamos serlo, porque esto implica salvaguardar las garantías constitucionales para todos y cada uno, hayan hecho lo que hayan hecho, y a estas alturas, pocas personas hay en desacuerdo con semejante obviedad. La gente que desea que se sancionen los delitos no deja de ser garantista, tampoco los que pregonan que las penas deben cumplirse. Lo que los supuestos científicos del derecho no han conseguido, es imponer el abolicionismo (extinción del derecho penal por ser supuestamente nocivo socialmente), disfrazándolo bajo el mote de garantismo, cuando se trata de postulados totalmente distintos.

Una encuesta muy interesante de la empresa IPSOS en los últimos días conduce a dos conclusiones a considerar:

1)Los sectores más humildes de la población, y a la vez la franja etaria más joven, son quienes en mayor proporción aceptan la “justicia por mano propia” o los llamados linchamientos. Partamos del presupuesto que nadie quiere linchar, no es un hobby para nadie dedicarse a golpear semejantes. O al menos, es difícil conocer gente que pretenda dedicarse a eso. Es por el contrario, la resultante de la falta de respuestas sancionatorias y preventivas por parte del Estado. De tal modo, claramente, los sectores más pobres son quienes más sufren la inseguridad y necesitan más rápidas respuestas, y si el Estado no las provee, deciden dárselas a sí mismos. En este punto cae una premisa abolicionista: si las penas fuesen un modo de control social sobre los sectores menos influyentes, no habría un desesperado reclamo de aplicación de penas por parte de esos sectores, aún más que de cualquier otro, y al punto de aplicar las penas por sí mismos en reemplazo de un Estado que no lo hace. Asimismo, el hecho de que sean los jóvenes quienes están dispuestos en mayor medida a la “justicia por mano propia” indica que son quienes reclaman con mayor énfasis el establecimiento y la aplicación de sanciones. Si el postulado abolicionista no ha alcanzado a la juventud, evidentemente ha fracasado, no tiene futuro.

2)La idea del abolicionismo que establece que el derecho penal no influye en la seguridad ciudadana, tampoco ha sido receptada en la sociedad. El 99% de los encuestados ha manifestado como un principio de solución de esta problemática el “mejorar la Justicia”, frase que resume la necesidad de la aplicación de sanciones justas, eficientes y de cumplimiento efectivo. Establece además que la gente no desea linchar ni hacer justicia por mano propia, preferiría que el Estado cumpliese su rol. Es a todas luces evidente, que la prédica abolicionista de que las penas no cumplen una función social, no es aceptada por la sociedad.

Si se postulase que la educación formal es un modo de control social, especialmente sobre los sectores más desposeídos, y se les negase a estos el acceso a la educación, seguramente nos encontraríamos con una reacción similar y violenta de algún modo. Las franjas sociales numéricamente más pequeñas pero más poderosas, encontrarían el modo de educarse de todas formas (como encuentran el modo de protegerse de la inseguridad con custodios y autos blindados) y generaríamos la reacción violenta de los que no pueden hacerlo, con un postulado de laboratorio socialmente inaceptable.

Cuando una postura científica en materia de ciencias sociales, mantiene un sostenido rechazo social a lo largo de los años, y su imposición fáctica, genera reacciones masivas de rechazo y violencia, es sin más, un fracaso, un postulado falso, que retroalimenta a un reducido grupo de “iluminados” que cree poseer una verdad que nadie más acepta. Son creencias sectarias que cuando se imponen a la generalidad, resultan autoritarias. Eso es el ya fracasado abolicionismo.