Desde hace unos años a esta parte, se ha venido promoviendo el paradigma de que el derecho penal no debería existir, que las sanciones son nocivas, que estas no cumplen un rol preventivo y tampoco reeducativo, y que su existencia responde a una necesidad de los estados de canalizar el control social por parte de sectores dominantes sobre la mayoría poco influyente. A ello se lo llamó falsamente “garantismo”. Parafraseando al General Perón, garantistas somos todos. O deberíamos serlo, porque esto implica salvaguardar las garantías constitucionales para todos y cada uno, hayan hecho lo que hayan hecho, y a estas alturas, pocas personas hay en desacuerdo con semejante obviedad. La gente que desea que se sancionen los delitos no deja de ser garantista, tampoco los que pregonan que las penas deben cumplirse. Lo que los supuestos científicos del derecho no han conseguido, es imponer el abolicionismo (extinción del derecho penal por ser supuestamente nocivo socialmente), disfrazándolo bajo el mote de garantismo, cuando se trata de postulados totalmente distintos.

Una encuesta muy interesante de la empresa IPSOS en los últimos días conduce a dos conclusiones a considerar:

1)Los sectores más humildes de la población, y a la vez la franja etaria más joven, son quienes en mayor proporción aceptan la “justicia por mano propia” o los llamados linchamientos. Partamos del presupuesto que nadie quiere linchar, no es un hobby para nadie dedicarse a golpear semejantes. O al menos, es difícil conocer gente que pretenda dedicarse a eso. Es por el contrario, la resultante de la falta de respuestas sancionatorias y preventivas por parte del Estado. De tal modo, claramente, los sectores más pobres son quienes más sufren la inseguridad y necesitan más rápidas respuestas, y si el Estado no las provee, deciden dárselas a sí mismos. En este punto cae una premisa abolicionista: si las penas fuesen un modo de control social sobre los sectores menos influyentes, no habría un desesperado reclamo de aplicación de penas por parte de esos sectores, aún más que de cualquier otro, y al punto de aplicar las penas por sí mismos en reemplazo de un Estado que no lo hace. Asimismo, el hecho de que sean los jóvenes quienes están dispuestos en mayor medida a la “justicia por mano propia” indica que son quienes reclaman con mayor énfasis el establecimiento y la aplicación de sanciones. Si el postulado abolicionista no ha alcanzado a la juventud, evidentemente ha fracasado, no tiene futuro.

2)La idea del abolicionismo que establece que el derecho penal no influye en la seguridad ciudadana, tampoco ha sido receptada en la sociedad. El 99% de los encuestados ha manifestado como un principio de solución de esta problemática el “mejorar la Justicia”, frase que resume la necesidad de la aplicación de sanciones justas, eficientes y de cumplimiento efectivo. Establece además que la gente no desea linchar ni hacer justicia por mano propia, preferiría que el Estado cumpliese su rol. Es a todas luces evidente, que la prédica abolicionista de que las penas no cumplen una función social, no es aceptada por la sociedad.

Si se postulase que la educación formal es un modo de control social, especialmente sobre los sectores más desposeídos, y se les negase a estos el acceso a la educación, seguramente nos encontraríamos con una reacción similar y violenta de algún modo. Las franjas sociales numéricamente más pequeñas pero más poderosas, encontrarían el modo de educarse de todas formas (como encuentran el modo de protegerse de la inseguridad con custodios y autos blindados) y generaríamos la reacción violenta de los que no pueden hacerlo, con un postulado de laboratorio socialmente inaceptable.

Cuando una postura científica en materia de ciencias sociales, mantiene un sostenido rechazo social a lo largo de los años, y su imposición fáctica, genera reacciones masivas de rechazo y violencia, es sin más, un fracaso, un postulado falso, que retroalimenta a un reducido grupo de “iluminados” que cree poseer una verdad que nadie más acepta. Son creencias sectarias que cuando se imponen a la generalidad, resultan autoritarias. Eso es el ya fracasado abolicionismo.

Esta “sensación” de inflación que todos teníamos -y que el “medidor” oficial llamado Indec nos decía que se trataba de una especie de tara mental nuestra- parece que empieza a ser una realidad, y si bien las huestes de Guillermo Moreno siguen emitiendo las mismas mediciones en base a un esquema de evaluación caprichoso y arbitrio, hay algunos funcionarios oficialistas que empiezan a reconocer su existencia.

El tema es que dicha inflación aún reconocida sigue siendo culpa nuestra. Primero porque la sociedad reclamaba por ella, cuando aún “no existía”, así que al parecer generamos una especie de profecía autocumplida. De tanto ver una inflación inexistente, terminó existiendo. Esto, debe aclarársele a los comunicadores oficialistas, no es siempre así. Si la gente dice ver al basilisco recorriendo la 9 de Julio, no es que el basilisco va a aparecerse ahí, por más que la historia corra de boca en boca… a menos que el basilisco realmente esté.

Resulta que ahora, en campaña, nuestra idiotez e imaginación agorera no son suficientes, o al menos no parece ser un buen discurso para ganar votos tratarnos como los marmotas que somos. Por ende el argumento pasa a ser otro. Ya no es que la inflación no existe, sino que en realidad es culpa nuestra y virtud del gobierno: extraordinario.

Esta es la línea que salió a esbozar el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, al expresar hace unos días que “una de las causas centrales de la inflación es el aumento del poder de compra de la población”, es decir, una mixtura entre las virtud del gobierno y las conductas de los consumidores. Así que en definitiva, la culpa es nuestra, que no dejamos de vivir como bacanes, en este país florido y feliz que el kirchnerismo nos ha proporcionado. Todo indica que aunque no nos demos cuenta, por nuestras propias limitaciones psicológicas, el gobierno nos ha brindado un pasar paradisíaco, no paramos de consumir y de generar inflación.

Somos en realidad un problema para este pobre gobierno que tiene que lidiar con una banda de 40 millones de energúmenos que no paramos de consumir, quejarnos y generarles problemas. Aun si fuese de este modo, debería saber Abal Medina y los sostenedores de esta teoría notable que podrían enumerarse al menos 50 países, muchos de ellos vecinos limítrofes, en los cuales el consumo per cápita es superior y la inflación, ostensiblemente menor. “La inflación no la genera el gobierno”, dijo el funcionario en la misma línea. ¡Y es cierto! El gobierno tiene el deber de generar políticas para minimizarla y controlarla, y eso tampoco lo hace. No tiene políticas, tiene parches de baja o ninguna calidad. O simple despreocupación por el tema. Si el gobierno generase la inflación voluntariamente, estaríamos siendo gobernados por un grupo de esquizofrénicos malvados, con voluntad manifiesta de dañar a los más pobres. Ya no hablamos de utilizarlos y manipularlos o servirse de su pobreza; sino de impedirles comer intencionalmente. Nadie puede creer semejante cosa.

De tal modo, el kirchnerismo ha variado en campaña su discurso sobre el problema de la inflación, dejando de sostener que no existe, y pasando a postular que si bien existe, se trata del resultado de una combinación de sus virtudes y nuestra constante bacanal. Por eso, esta columna es un llamado a la población: dejemos esta orgía consumista de arroces y fideos diversos, evitemos la compra masiva de lechuga y papel higiénico (no sea cosa que empiece a faltar) y dejemos de complicarle las cosas al gobierno.