Mucho se ha dicho en los últimos días sobre la idea del gobierno de aplicar la llamada ley anti terrorista a los productores agropecuarios para obligarlos a vender productos que mantienen almacenados y que impiden al gobierno, percibir la tasa por retenciones que necesita para financiarse. Pese a que luego, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, desmintió dicha intencionalidad, conviene ir sabiendo que es la ley anti terrorista que curiosamente el kirchnerismo aprobó a fines de 2011 cuando se encontraban extinguidas la sesiones ordinarias del Congreso.
