Para saber si alguien se peroniza o desperoniza hay que subir primero una cuesta complicadísima y de múltiples senderos, casi todos conducentes a la nada, que implica definir qué es el peronismo. En principio, soy de la idea de que tal concepto encierra una serie de nociones vinculadas a equiparar las posibilidades de todos los ciudadanos, cualquiera sea su origen, estableciendo principios de justicia social, tanto discursivamente como en los hechos. En definitiva, ese es el gran legado del peronismo a la historia argentina: el establecimiento como ineludibles de una serie de derechos del pueblo que ya nadie niega.

En tal sentido, es harto evidente que Mauricio Macri no necesita peronizar su campaña, dado que ya está altamente peronizada, no solamente desde las declaraciones públicas como candidato, sino especialmente desde sus hechos en el Gobierno en la ciudad de Buenos Aires. No ha habido, si tal es el concepto de peronismo, un Gobierno más peronista que el de Macri en esta ciudad. En retrospectiva histórica, es imposible encontrar un mayor y mejor acceso a la salud y la educación públicas que en la gestión macrista. Es imposible recordar que algún otro Gobierno local se haya empecinado de la forma en que lo hizo el de Macri en hacer progresar con infraestructura las zonas más empobrecidas y postergadas históricamente en la ciudad de Buenos Aires, como La Boca, Barracas o Parque Patricios.

Por ende, desde esos conceptos, ni lo que dice Macri, ni lo que ha hecho, lo desperoniza, todo lo contrario.

Ahora bien, el peronismo también ha sido, especialmente en los últimos años, desde la recuperación democrática, otras cosas, aparte de esos conceptos ideológicos. Ha sido el responsable de la decadencia de los últimos 25 años. Ha acumulado, entre el Gobierno de Carlos Menem, el interinato de Eduardo Duhalde y los de los Kirchner, 24 años de corrupción generalizada, violencia y pobreza. Ni hablar de la provincia de Buenos Aires. ¿En este sentido Macri debería peronizarse?

Algunos estiman que peronizarse es mostrarse públicamente con referentes peronistas. En dicho esquema, Macri comparte hace años su espacio con dirigentes surgidos de las filas del peronismo como Cristian Ritondo, Diego Santilli o Daniel Lipovetzky, y se ha aliado con otros como Patricia Bullrich, Eduardo Amadeo y Gerónimo “Momo” Venegas, entre unos cuantos más. ¿No basta eso para que se lo considere peronizado? ¿Con qué peronistas debería mostrarse? ¿Con los que arrasaron el país? ¿Qué clase de garantía es mostrarse peronizado?

Difícilmente alguien pueda considerarse más peronizado que Carlos Menem, de origen estrictamente peronista. Ganó la interna de su partido, que lo llevó a la candidatura presidencial, contra Antonio Cafiero, y lo hizo apoyado por lo más rancio del peronismo histórico: sindicalismo y líderes caudillescos del interior. Y cuando le tocó gobernar, fue la gestión menos peronista de la historia argentina, desde lo económico, mucho más cercana a la de Videla-Martínez de Hoz que a la de Celestino Rodrigo, antes o Jorge Remes Lenicov, después. Entonces, ¿vale peronizarse en campaña?

La última pregunta nos encamina a una nueva duda respecto de la tan mentada peronización. No hay objeciones a que Daniel Scioli es un candidato peronista. Pocos pueden tenerlas sobre que Sergio Massa es otro candidato peronista. Si faltasen variantes de algún tipo, Adolfo Rodríguez Saá también es candidato y peronista. En ese universo, ¿es legítimo pedirle a Macri que se peronice? Porque esto implicaría contar en la oferta electoral con tres candidatos peronistas y otro peronizado, es decir, alguien que pretende mostrarse peronista sin serlo. ¿No implicaría tal conducta subestimar al elector peronista, pretendiendo venderle un peronizado a cambio de un peronista?

Y en la misma hipótesis, ¿es esto conveniente? Porque, en definitiva, sería creer que casi no existen electores que no sean peronistas. “Peronistas somos todos”, dijo el General. Era otra época. La justicia social, el resguardo de los derechos de los trabajadores y los principios de equidad básicos que introdujo el peronismo están presentes en los discursos de todos los candidatos, desde el principio de la campaña. Nadie que los niegue alcanzaría a superar las PASO.

Hoy categorizar a los candidatos en peronizados o no peronizados es incluir categorías de análisis anticuadas, descontextuadas y que el elector no considera. Macri no debe entrar en esos juegos, porque aspira a gobernar para todos, a ser el presidente de la unidad, el que abra la puerta al futuro. Para representar al pasado y a fraccionar a la sociedad ya hay más de un candidato. Los principios justicialistas más puros, los que simbolizan su aporte histórico, están hoy no solamente en discurso sino también en los hechos de su gestión, sencillamente observable. Lo demás es para los estrategas, políticos y analistas que atan el futuro de categorías del pasado.

Desde hace unos años a esta parte, se ha venido promoviendo el paradigma de que el derecho penal no debería existir, que las sanciones son nocivas, que estas no cumplen un rol preventivo y tampoco reeducativo, y que su existencia responde a una necesidad de los estados de canalizar el control social por parte de sectores dominantes sobre la mayoría poco influyente. A ello se lo llamó falsamente “garantismo”. Parafraseando al General Perón, garantistas somos todos. O deberíamos serlo, porque esto implica salvaguardar las garantías constitucionales para todos y cada uno, hayan hecho lo que hayan hecho, y a estas alturas, pocas personas hay en desacuerdo con semejante obviedad. La gente que desea que se sancionen los delitos no deja de ser garantista, tampoco los que pregonan que las penas deben cumplirse. Lo que los supuestos científicos del derecho no han conseguido, es imponer el abolicionismo (extinción del derecho penal por ser supuestamente nocivo socialmente), disfrazándolo bajo el mote de garantismo, cuando se trata de postulados totalmente distintos.

Una encuesta muy interesante de la empresa IPSOS en los últimos días conduce a dos conclusiones a considerar:

1)Los sectores más humildes de la población, y a la vez la franja etaria más joven, son quienes en mayor proporción aceptan la “justicia por mano propia” o los llamados linchamientos. Partamos del presupuesto que nadie quiere linchar, no es un hobby para nadie dedicarse a golpear semejantes. O al menos, es difícil conocer gente que pretenda dedicarse a eso. Es por el contrario, la resultante de la falta de respuestas sancionatorias y preventivas por parte del Estado. De tal modo, claramente, los sectores más pobres son quienes más sufren la inseguridad y necesitan más rápidas respuestas, y si el Estado no las provee, deciden dárselas a sí mismos. En este punto cae una premisa abolicionista: si las penas fuesen un modo de control social sobre los sectores menos influyentes, no habría un desesperado reclamo de aplicación de penas por parte de esos sectores, aún más que de cualquier otro, y al punto de aplicar las penas por sí mismos en reemplazo de un Estado que no lo hace. Asimismo, el hecho de que sean los jóvenes quienes están dispuestos en mayor medida a la “justicia por mano propia” indica que son quienes reclaman con mayor énfasis el establecimiento y la aplicación de sanciones. Si el postulado abolicionista no ha alcanzado a la juventud, evidentemente ha fracasado, no tiene futuro.

2)La idea del abolicionismo que establece que el derecho penal no influye en la seguridad ciudadana, tampoco ha sido receptada en la sociedad. El 99% de los encuestados ha manifestado como un principio de solución de esta problemática el “mejorar la Justicia”, frase que resume la necesidad de la aplicación de sanciones justas, eficientes y de cumplimiento efectivo. Establece además que la gente no desea linchar ni hacer justicia por mano propia, preferiría que el Estado cumpliese su rol. Es a todas luces evidente, que la prédica abolicionista de que las penas no cumplen una función social, no es aceptada por la sociedad.

Si se postulase que la educación formal es un modo de control social, especialmente sobre los sectores más desposeídos, y se les negase a estos el acceso a la educación, seguramente nos encontraríamos con una reacción similar y violenta de algún modo. Las franjas sociales numéricamente más pequeñas pero más poderosas, encontrarían el modo de educarse de todas formas (como encuentran el modo de protegerse de la inseguridad con custodios y autos blindados) y generaríamos la reacción violenta de los que no pueden hacerlo, con un postulado de laboratorio socialmente inaceptable.

Cuando una postura científica en materia de ciencias sociales, mantiene un sostenido rechazo social a lo largo de los años, y su imposición fáctica, genera reacciones masivas de rechazo y violencia, es sin más, un fracaso, un postulado falso, que retroalimenta a un reducido grupo de “iluminados” que cree poseer una verdad que nadie más acepta. Son creencias sectarias que cuando se imponen a la generalidad, resultan autoritarias. Eso es el ya fracasado abolicionismo.