Acuerdos petroleros de gobiernos constitucionales con firmas de capital extranjero, como el de YPF y Chevron, que acaba de celebrarse, se han firmado antes de ahora y no les faltaron polémica y denuncias. Lo hizo Perón en 1955, precisamente con una de las predecesoras de Chevron: la Standard Oil de California, más conocida entonces, en nuestro territorio, como la California Argentina de Petróleo. El contrato fue firmado el 25 de abril de 1955 y enviado al Parlamento para su discusión y eventual aprobación, donde nunca llegó a tratarse, principalmente por la oposición de varios legisladores oficialistas, entre ellos John William Cooke.
También se hicieron contratos con compañías extranjeras o subsidiarias de éstas durante el gobierno de Arturo Frondizi, con motivo de su “batalla por el petróleo”. Frondizi obvió la vía parlamentaria y eligió el camino de la contratación directa a través de YPF. Frente a ciertas observaciones de legalidad emanadas del Tribunal de Cuentas, el presidente Frondizi se vio obligado a emitir decretos para insistir con la vigencia de los contratos. Es historia conocida que esos contratos fueron posteriormente anulados por el presidente Illia, mediante los decretos 744 y 745, del 15 de noviembre de 1963, que los declaraban “nulos, de nulidad absoluta, por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación”. Antes y ahora, el objetivo de esos contratos y acuerdos es esencialmente el mismo: llegar al autoabastecimiento de hidrocarburos, con el convencimiento de que no se podrá lograr sin el aporte de inversión extranjera.