En primer lugar, una discusión que se base en razones. Y estas razones deben ser, justamente, razonables. La idea no es discutir prejuicios, proposiciones sin sentido o teorías que no tengan base en la realidad. En segundo lugar, la discusión no debe ser utópica, sino pragmática (o prudente, si se prefiere). Un código penal para Argentina no puede ser igual que un código para Suiza. Los problemas son distintos, las historias diferentes, las tradiciones jurídicas diversas. Es decir, un código debe tener raíces. Se pueden adoptar soluciones comparadas, siempre y cuando sirvan; lo que no se puede es dejar de lado lo concreto y actual que acontece en la Argentina de 2014: ¿cuál es la situación carcelaria?; ¿cuáles son los tipos de delitos que se cometen más frecuentemente?; ¿qué influencia tiene el consumo de estupefacientes en los crímenes violentos?

No es fácil contestar estas preguntas en Argentina con certeza. Por esa razón, creo que no estamos listos para la discusión del código penal. En efecto, en nuestro país no hay estadísticas claras sobre delitos, crimen organizado, tasas de reincidencia y otros datos similares que son insoslayables a la hora de debatir el código. Es que al regular la forma en que el Estado ejerce el poder punitivo, el código penal afecta significativamente la manera en que se diseña una política criminal efectiva. Sin embargo, al faltar los datos fundamentales (estadísticas criminales confiables), es imposible que la discusión sobre el código sea realista. El diálogo tendrá tan poco sentido como el intento de averiguar cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler.

Por lo dicho, creo que no es el momento. Primero, hay que recuperar—en algunos casos, implementar—el sistema estadístico en cada una de las provincias y a nivel nacional. Después de eso, podrá discutirse el código con calma e información cierta. El debate del código penal necesita menos dogma y más números. De lo contrario, lo que haremos será tan absurdo como operarnos el corazón sin antes habernos hecho siquiera una radiografía.

Ahora bien, si queremos pasar el foco del diagnóstico al tratamiento, la pregunta que debemos hacernos es simple: ¿cómo se hace para combatir la corrupción? 

La respuesta no es tan fácil—y menos lo es su puesta en práctica. Sin embargo, tampoco es imposible. Vayamos por partes.

En primer lugar, para entender el fenómeno debe ampliarse la perspectiva. Tal como sostiene Lawrence Lessig, profesor de la Universidad de Harvard, la corrupción no es sólo política, sino institucional. Un ejemplo puede explicar bien la necesidad de ensanchar el panorama: si una compañía farmacéutica hace un regalo a un médico, ¿está influyendo en la manera en la que este médico hace sus recetas? Este comportamiento ¿genera confianza o desconfianza en el público en general? ¿Entra esta acción dentro de la idea de corrupción?

En segundo lugar, hay que intensificar el control en cuatro variables distintas.

Primeramente, es necesario un control judicial efectivo sobre las transgresiones a la ley. Para esto, se necesitan jueces independientes (tanto del gobierno como de los particulares), capaces y con recursos. El ranking elaborado por The World Justice Project, en el que la Argentina quedó muy relegada a nivel de lo que suele llamarse “estado de derecho”, es sólo una de las pruebas de que en materia de independencia judicial Argentina no viene cumpliendo una buena labor. Agustín Mackinlay, en su blog Contrapesos, mide la independencia judicial a través de distintos criterios entre los que incluye la forma de nombramiento y permanencia de los jueces. Situaciones  como la del fiscal Campagnoli muestran un panorama sombrío. En cambio, el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema durante la presidencia de Kirchner muestran que el proceso se puede desarrollar con transparencia y eso construye institucionalidad.

A nivel gubernamental, una fiscalización administrativa intensa es otro pilar importante. Se requiere aquí que quien controla a la Administración Pública no dependa de quien ejerce la gestión. Si quien debe dar el visto bueno a una contratación pública puede ser removido sin mayores dificultades por el funcionario que quiere contratar, el incentivo para controlar no es demasiado alto.

El tercer criterio es un control social eficaz, a través de una prensa que investiga y una sociedad civil que presiona. Medios de comunicación fuertes son fundamentales—y esto quiere decir, sin temor a la incorrección política, medios grandes—aunque no oligopólicos—con espaldas para aguantar presiones del gobierno u otros grupos de poder. Un ejemplo muy claro al respecto: las revelaciones de Wikileaks no hubieran producido el impacto que tuvieron sin The Guardian, el New York Times, o El País difundiéndolas. Ahora bien, los medios de comunicación también pueden traicionar la confianza pública cuando ocultan información que perjudica sus intereses o cuando operan con fines partidarios. La ley de medios ataca un punto crítico en este sentido: la relación de las empresas de medios con las prestadoras de servicios públicos. 

El cuarto aspecto engloba al resto: se precisa control político. Es decir, que las oposiciones, nacionales y provinciales, ejerzan su rol con eficacia. Una oposición endeble dificulta la independencia judicial, hace insostenible la libertad de expresión, debilita a la sociedad civil y deja sin sanción política la falta de control administrativo.

¿Cuál es el rol de quien gobierna? Pues puede verse básicamente en dos niveles. Por un lado, debe promover activamente el gobierno abierto y transparente—por ejemplo, a través de las leyes de acceso a la información pública. Por el otro lado, evita presionar indebidamente a la prensa y los jueces. Recalco el término “indebidamente”: impulsar un juicio político a un juez corrupto no puede ser contado como una presión indebida.

La carrera por 2015 ya largó y la revolución de internet pone a disposición de cualquiera  los datos para incrementar la visibilidad de las acciones de los candidatos en relación a estos temas. Una ciudadanía activa puede hacer la diferencia y lograr una decisión popular más consciente e informada. Se necesita tiempo (y ganas), pero los beneficios pueden ser enormes.

El miedo al castigo -el más primitivo de los controles sociales- es inexistente. Comerciantes que se defienden como pueden. La falta de policía ha demostrado que las reglas de convivencia son débiles y puedan quebrarse ante cualquier amenaza.

Una década ganada en derechos, se escucha. Un Estado presente. Dos eslóganes que hacen mal. 

¿Por qué? Porque hemos mal entendido la idea de los derechos. Pensando todo en términos de derechos, quizás nos hemos vuelto individualistas. Cuando el otro, el del costado, tiene un problema, miramos para otro lado. Total, no soy yo quien lo tiene que ayudar. Para eso está el Estado. Y así, en el anonimato colectivo, hemos mirado sin ver como crecían la pobreza y la marginación.

Sin embargo, como decía el poeta, ningún hombre es una isla. Y la primera parte de la sentencia de Ortega y Gasset, “yo soy yo y mis circunstancias”, cada día reclama su olvidado remate; ese que reza: “y si no las salvo a ellas, no me salvo yo”.

La idea de los derechos humanos es una gran conquista para todos. Ahora bien, precisamente, se conquistan, se merecen. Se lucha por ellos. Se necesita que el Estado los respete y los promueva. Esto es fundamental para lograr un cambio sistémico. Pero cada uno de nosotros está llamado, personalmente, a trabajar por ellos.

Desde la sociedad civil y el Estado, estos 30 años reclaman que nos involucremos más. Es tiempo de hacernos responsables de lo que está pasando. ¿Qué hay otros más responsables? Puede ser. La gran mayoría silenciosa de los argentinos trabajadores, donde sea que vivan, no tiene la mayor responsabilidad. Sin embargo, la hora reclama más compromiso. ¿O vamos a esperar qué nos saquen del pozo quienes al pozo nos empujaron?

Por eso, en este triste festejo, vaya un homenaje a aquellos que no han esperado las condiciones ideales para trabajar por los demás. La gente de Un techo para mi país, Abel Albino y Conin, Juan Carr y la Red Solidaria, el Banco de Alimentos. Los que enseñan a jugar al rugby en las cárceles, enseñando virtudes. Los curas villeros, muchos amenazados por los narcos. Esa gran mayoría de funcionarios y empleados estatales que ven su trabajo con vocación de servicio. Las millones de familias que en los momentos de crisis funcionan como el primer y más importante ministerio de vivienda, educación y salud. Los entrenadores deportivos que quitan horas a su descanso en montones de clubes a lo largo del país para educar a los chicos. Los jueces y fiscales que se toman la justicia en serio. Los miles de médicos y enfermeros que se afanan sin descanso, tantas veces sin siquiera lo mínimo. Los empresarios que generan trabajo digno. Ellos no han mirado para otro lado, ni han esperado a que otro se haga cargo. Han decidido intentar salvar las circunstancias, han escuchado que cuando las campanas suenan, doblan por todos. Y por eso, todos debemos comprometernos.

La cultura del encuentro de la que tanto habla el Papa Francisco se trata de ayudar al otro. Tal vez no podemos cambiar toda la situación, pero podemos cambiar una parte. Esa parte vale la pena.

Intentaré explicarme mejor. Imaginemos que el ascensor de un edificio tiene fallas. Si se convoca una reunión de consorcio para discutir el tema, será esperable una división lógica entre los propietarios de arriba –que desean el arreglo para evitar que el ascensor se caiga mientras lo usan– y los de abajo –que, supongamos, no tienen un especial interés en el gasto, ya que ellos se bastan con las escaleras–. Ahora bien, si los consorcistas se dividiesen entre quienes apoyan al gobierno y quienes lo rechazan, en vez de agruparse entre los que quieren arreglarlo y los que no, la discusión terminaría muy lejos de las cuestiones pertinentes al ascensor.

La sobrepartidización es nociva porque traza separaciones en asuntos que deberían abordarse con la flexibilidad que requiera el problema: los vecinos del último piso no deberían ver como un obstáculo para unirse en pos del arreglo su pertenencia a partidos políticos antagónicos. El problema que la sobrepartidización trae consigo consiste en que, en vez de discutir sobre presupuestos y conveniencias acerca de la reparación del ascensor, se debate si quienes proponen arreglarlo son cipayos y quienes no, fascistas.

No quiero decir con esto que siempre y en todo caso sea irrelevante la orientación partidaria. Es bueno que existan compromisos políticos con las ideas, las personas y los partidos. Pero, la lógica partidaria no puede informar cada una de las interacciones de la sociedad. Los compromisos político partidarios no deben llevar a que la medida de todo sea la adhesión o no a un proyecto político. ¿O es que acaso la pertenencia del administrador del consorcio a determinado partido será la vara para juzgar si el ascensor funciona?

Parte de la sociedad civil puede tener características partidarias -un think tank, por ejemplo-, pero cuando la lógica partidaria se filtra en toda la sociedad civil y las organizaciones intermedias -las universidades, los clubes, los medios, las asociaciones profesionales, las ONG y hasta los consorcios-, estas entidades corren el riesgo de perder de vista la realidad concreta y su función propia.

La reacción de la sociedad norteamericana frente a la prepotencia de la administración tributaria fue efectiva porque voces de todos los sectores se unieron en el reclamo. La sociedad no se dividió entre quienes apoyaban o no al gobierno de Obama para rechazar lo ocurrido. Más aún, el mismo presidente limitó el alcance de la lógica partidaria; la excluyó de un sector del propio Estado, como es la agencia de impuestos. Diferenció el gobierno del Estado, lo partidario de la cosa pública. Los partidos son fundamentales, la sobrepartidización es una desviación corrosiva. Algunos problemas se resuelven a través de los partidos políticos, pero hay otros muchos que no, y para hacer frente a estos últimos se necesita una sociedad civil fuerte e independiente, capaz de ocuparse, si de consorcios hablamos, de los ascensores en vez de la liberación nacional.

En un Estados Unidos profundamente dividido entre los llamados liberales y conservadores en temas morales, económicos, en el que existen dos fuerzas políticas de ideas contradictorias muy definidas (demócratas y republicanos), y en el que la misma Corte Suprema tiene dos alas marcadas de “conservadores” y “liberales”, una alumna le preguntó, en tono cómplice, cómo se llevaba con los otros jueces, particularmente con los conservadores. Tal vez la estudiante esperaba un frontal y directo “pésimo, cómo me voy a llevar bien con esos que no quieren la igualdad o los derechos de la mujer”. Supongo que la edulcorada contestación de manual hubiera sido una apelación diplomática a las buenas formas. Sin embargo, la respuesta de Kagan fue simple y concisa: “perfecto”. Y la palabra quedó flotando en el aire, ocupando el espacio y tiempo por su contundencia.

Quedé profundamente impactado, supongo que condicionado por la realidad argentina: ¿cómo es posible que personas que piensan tan distinto en temas políticos, morales, con ideales que unos y otros llevan tan adentro del corazón y a los que, quizá, han dedicado sus vidas (aborto sí, aborto no; armas sí, armas no; inmigrantes sí, inmigrantes, no; salud pública sí, salud pública no) se lleven bien entre sí? Sospecho que la contestación de Kagan no sólo me sorprendió a mí, pues inmediatamente vino la repregunta: ¿y cómo hace? ”Pues parto de una premisa -contestó-: la buena fe del que no piensa como yo. Que piense lo exactamente opuesto a lo que yo pienso, no lo convierte en mi enemigo. ¿Y hay discusiones? Claro, pero en buen tono ¿Y hay diferencias? Profundas, pero argumentadas. Cuando escribimos las sentencias surgen críticas realmente agudas, en temas en los que realmente creemos y hemos puesto el corazón a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, nos llevamos bien. Además -agregó- hay una razón práctica: nadie quiere llevarse mal con sus colegas. Ir a trabajar todos los días pensando en el suplicio de estar obligada a reunirme con un enemigo es un problema, y yo no quiero volver a mi casa enojada con otro de la Corte porque pensamos distinto”.

Sus palabras resaltan una necesidad básica en la sociedades modernas: confiar en la buena fe del que no piensa como yo. Puedo pensar que tengo toda la razón y que el otro está enteramente equivocado: eso no es ser intolerante; al contrario, eso es tener ideales fuertes, por los que vale la pena jugarse y apostar en grande; es confiar en que podemos conocer la realidad y la verdad. Pero, de igual manera, tengo que aceptar que quien no piensa como yo puede creer que estoy totalmente equivocado. A esa persona debemos ofrecerle el respeto que se merece. Esto es la libertad, la igualdad y la fraternidad.

A fin de cuentas, todos buscamos lo verdadero, lo real, lo razonable. Nadie quiere vivir en el error. Pero debemos contar con que no todos ven las cosas como nosotros. Tenemos pasados distintos, experiencias que nos han marcado de una manera o de otra, convicciones profundas. Cada uno de nosotros viene con sus circunstancias y éstas son diferentes, y tenemos mucho que aprender del otro.

El mundo está enfermo de intolerancia y la Argentina no escapa a la epidemia. La grandeza es un gran remedio para esta enfermedad. Para construir un mundo mejor, un país mejor, tenemos que edificarlo sobre la base de la rectitud y buena fe de nuestros conciudadanos. Aprender a perdonar, dar segundas oportunidades, no devolver ojo por ojo ni diente por diente, incluso cuando han sido intolerantes con nosotros.… Pero esto no es suficiente: es preciso que aprendamos a disentir y a discutir lealmente; es urgente que recuperemos la confianza en la buena fe de quien no piensa como nosotros. Tenemos que arriesgarnos a superar los prejuicios, a volver a creer que una cultura de la paz y la solidaridad es posible, que el futuro ofrece un rayo de luz para disolver la bruma del odio y la intolerancia de nuestros días.