Con toda seguridad podemos afirmar que el acceso a una vivienda digna es uno de los problemas más acuciantes en la vida cotidiana de los porteños. Los datos acompañan: el último Censo Nacional arrojó que son 164 mil las personas que viven en las villas miserias de Capital Federal, así como 144 mil las que residen en viven en hoteles familiares, pensiones, casas tomadas, etc. Contemplando estas preocupantes cifras, vamos a detenernos en otra de las expresiones de este problema: el número creciente de inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires.

En una nota del diario Clarín publicada el 27 de julio pasado, se afirma que “el 32,1% de los hogares de la Ciudad están ocupados bajo el modo alquiler. El porcentaje de inquilinos sobre el total de hogares viene creciendo en forma sistemática. En 2003 eran el 23,9”. Es decir que en poco más de diez años la cantidad de inquilinos ha ascendido en un 34%.

A estos números hay que sumarle que actualmente más de un tercio del salario se va en alquileres. Por si fuera poco, el sueño de comprar una vivienda se ha ido alejando un poco más de la realidad en los últimos años. Si en 2011 hacía falta acumular en promedio 46 sueldos para comprar un inmueble de tres ambientes, en 2013 esa cifra aumentó a 69.

En resumen, de un total de 1.150.000 hogares que hay en la Capital, 350.000 son ocupados por inquilinos que cada dos años desconocen si permanecerán en el mismo hogar y lidian permanentemente con precios, condiciones y exigencias cada vez mayores por parte de las inmobiliarias.

La vivienda como negocio: mercado inmobiliario y socios políticos

¿Cómo es posible que luego de una década de crecimiento económico se haya alcanzado esta situación? ¿Será que no hay espacio o viviendas suficientes para todos? La ecuación es sencilla: desde 2004 se otorgaron permisos para construir casi 20 millones de metros cuadrados, lo que equivaldría por ejemplo a 200.000 departamentos de 100 metros cuadrados. Sin embargo, en la actualidad existen aproximadamente 150.000 viviendas ociosas. Se trata de unidades totalmente vacías: ni habitadas como viviendas, ni destinadas a otro uso; ni alquiladas, ni en venta ni prestadas. Vacías. Entonces, ¿para qué construir tanto si finalmente nadie ocupa esos inmuebles? La respuesta es simple: el mercado inmobiliario se transformó en un fabuloso negocio para pocos. La consecuencia, concreta: cientos de miles sin el derecho a la vivienda garantizado, entre ellos los inquilinos, que ya representan ⅓ de los habitantes de la ciudad.

Frente a semejante problemática social, la política del macrismo ha sido a veces pasiva y muchas veces cómplice, favoreciendo a las corporaciones inmobiliarias. En sus 7 años de gestión ha hecho gala de la venta de terrenos y propiedades del Estado a grandes empresas, la privatización del espacio público y la vista gorda en el control e inspección de la construcción de edificios.

Al mismo tiempo, la política de construcción de vivienda para que más porteños accedan a la casa propia nunca fue una prioridad. El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) ha tenido como dinámica persistente la subejecución y reducción de su presupuesto. Mientras que en el 2008 la partida presupuestaria representaba el 3,5% del total, en 2013 se había reducido a un 1,76%, es decir la mitad. Al mismo tiempo, año a año se han subejecutado cientos de millones de pesos, aplazando el derecho de miles de ciudadanos de acceder a su vivienda propia

Una ley en defensa de los inquilinos de la Ciudad

Son muchos los sectores que se levantado en la Ciudad para denunciar esta situación por demás indignante. El caso más cercano lo encontramos hace pocos meses, y en uno de los sitios más emblemáticos de la Capital: los 53 días que estuvo plantada la Carpa Villera al pie del Obelisco, además de concluir con un contundente triunfo en el reclamo por urbanizar las villas de la Ciudad, significó poner sobre la mesa de la agenda pública el problema del acceso a una vivienda y un hábitat dignos.

Atendiendo a este problema fundamental de la Ciudad, durante las próximas semanas distintas organizaciones políticas y sociales llevarán adelante una campaña por la sanción efectiva de una ley en defensa de los inquilinos de la Ciudad. Sin la regulación de precios y condiciones de los alquileres; sin un impuesto a la vivienda ociosa que permita crear un Fondo de Garantías para locaciones con destino vivienda; sin la creación de una Defensoría de los Inquilinos que ponga un freno a los abusos de las inmobiliarias; y sin la creación del Ministerio de la Vivienda que lleve adelante un Plan Integral de Vivienda y que intervenga decididamente en el mercado inmobiliario. Sin que se efectivicen todos estos reclamos, difícilmente pueda torcerse el rumbo de una Ciudad cada vez más excluyente