Hoy se cumple un nuevo aniversario del inicio del golpe genocida de 1976. Vale siempre la pena recordar que el autoproclamado “Proceso de Reorganización Nacional” no consistió simplemente en la implementación sistemática del terrorismo de Estado para cortar los sueños de una generación militante, sino también en la implementación de un programa de transformaciones estructurales (en el plano económico, político, social y cultural) que colocaron a la Argentina en el camino de un nuevo paradigma ideológico a nivel global, que solemos identificar con el término de “neoliberalismo”.
Esos cambios profundos, que luego continuaron bajo los gobiernos constitucionales y fueron profundizados de manera salvaje durante la década de los noventa, cortaron de un cuajo numerosísimas conquistas populares que se habían logrado en las décadas previas. Pero la ofensiva contra los sectores populares no se limitó al objetivo económico de elevar los niveles de rentabilidad del empresariado en nuestro país; también fue una reacción contra un modelo que había generado una clase obrera fuerte y con capacidad no solo para lograr condiciones de vida más dignas en el marco del capitalismo dependiente argentino (“fifty-fifty”), sino también para pelear por una transformación de fondo de las relaciones sociales y la construcción de una nueva sociedad en donde las riquezas sean socializadas y los derechos garantizados.
De allí que la enorme fragmentación de la clase trabajadora argentina que se expresa en la actualidad de manera patente y la precarización de la vida de los sectores populares no pueden entenderse como meras fallas de un sistema al que todavía no le encontramos la vuelta para regularlo, sino como parte constitutiva e inmodificable del engranaje económico al que aun estamos sometidos y del que debemos salir más temprano que tarde. La vinculación entre dictadura, neoliberalismo y padecimientos sociales no es un secreto para el movimiento popular argentino. Quizás por eso en su etapa de resistencia los organismos de Derechos Humanos fueron parte no solo de las peleas contra la impunidad sino también de las luchas contra las políticas de ajuste y pro mercado de los gobiernos de turno.
Pero todo lo que nuestras luchas han logrado generar como avance en terreno de la nulidad de las leyes del perdón y del juicio a los genocidas no hemos podido trasladarlas al terreno económico y social. Y es que los grupos que hoy concentran y dominan los resortes de nuestra economía no son otros que quienes promovieron y se beneficiaron con el golpe. Un sector agropecuario controlado por un puñado de empresas multinacionales, una industria concentrada y extranjerizada, un sistema financiero desregulado. La dictadura nos dejó, entre otras cosas, una ley de inversiones extranjeras a medida de los intereses de las multinacionales que todavía sigue intacta 38 años después y una ley de entidades financieras que convierte nuestros ahorros en ganancias extraordinarias de la banca privada.
El poder económico beneficiado con la dictadura no fue sólo la Sociedad Rural y el Grupo Clarín como suele simplificarse desde algunos discursos. El empresariado “patriota” al que el gobierno viene intentando seducir fue igualmente parte del plan sistemático inaugurado el 24 de marzo de 1976. La UIA, Techint, las automotrices, el grupo Macri, Bridas, Arcor, Pérez Companc y un larguísimo etcétera de representantes de la “burguesía nacional” fueron tan responsables y cómplices como las multinacionales y la “oligarquía”.
Si hoy nos enfrentamos a la posibilidad de un ajuste que golpee a los bolsillos de los trabajadores no viene mal hacer memoria sobre estos temas. No será la primera vez que la burguesía argentina traicione las ilusiones que muchos sectores de nuestro pueblo depositaron en el proyecto de construir un capitalismo “serio” o “nacional”. Son los mismos grupos económicos que ayer propiciaron el golpe los que hoy fogonean el ajuste económico. Son los mismos que siguen teniendo la manija de nuestra economía.
Claro que no todo fue lineal entre el 76 y la actualidad. Hubo lucha y fue mucha. En el 2001 los argentinos dijimos basta a las políticas neoliberales y durante todos estos años hemos avanzado en conquistas simbólicas y materiales que no estamos dispuestos a rifar. Pero defender hoy el salario, como están haciendo los docentes de la Provincia de Buenos Aires y las conquistas democráticas no pueden ser solo un acto de resistencia. Lo que no avanza, se estanca y prepara el terreno para el retroceso.
En este 24 de marzo se nos hace necesario plantear otra salida. Otra salida frente a las presiones para el ajuste y otra salida para quienes nos quieren convencer de que se pueden resolver los problemas con “diálogo” y dejar a todos contentos. La historia nos enseña que para mejorar la situación de los de abajo, hay que afectar los intereses de los de arriba. Recuperar el control del comercio exterior, el sistema financiero o la distribución de alimentos son algunas de las medidas que la Argentina necesita comenzar a discutir. Claro que avanzar en esa dirección no depende solo de un cambio de política económica. Requiere poner al pueblo adelante para dar una batalla que puede ser muy dura, pero preferible a la resignación que impone el “realismo” de aceptar que una vez más la pelea la ganen los mismos de siempre. Lo que ganaron en el 76, que siguen ganando hoy y que necesitamos de una buena vez dejen de ganar para que el pueblo deje de perder.