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¿Quién protege a los inquilinos?

Con toda seguridad podemos afirmar que el acceso a una vivienda digna es uno de los problemas más acuciantes en la vida cotidiana de los porteños. Los datos acompañan: el último Censo Nacional arrojó que son 164 mil las personas que viven en las villas miserias de Capital Federal, así como 144 mil las que residen en viven en hoteles familiares, pensiones, casas tomadas, etc. Contemplando estas preocupantes cifras, vamos a detenernos en otra de las expresiones de este problema: el número creciente de inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires.

En una nota del diario Clarín publicada el 27 de julio pasado, se afirma que “el 32,1% de los hogares de la Ciudad están ocupados bajo el modo alquiler. El porcentaje de inquilinos sobre el total de hogares viene creciendo en forma sistemática. En 2003 eran el 23,9”. Es decir que en poco más de diez años la cantidad de inquilinos ha ascendido en un 34%.

A estos números hay que sumarle que actualmente más de un tercio del salario se va en alquileres. Por si fuera poco, el sueño de comprar una vivienda se ha ido alejando un poco más de la realidad en los últimos años. Si en 2011 hacía falta acumular en promedio 46 sueldos para comprar un inmueble de tres ambientes, en 2013 esa cifra aumentó a 69.

En resumen, de un total de 1.150.000 hogares que hay en la Capital, 350.000 son ocupados por inquilinos que cada dos años desconocen si permanecerán en el mismo hogar y lidian permanentemente con precios, condiciones y exigencias cada vez mayores por parte de las inmobiliarias.

La vivienda como negocio: mercado inmobiliario y socios políticos

¿Cómo es posible que luego de una década de crecimiento económico se haya alcanzado esta situación? ¿Será que no hay espacio o viviendas suficientes para todos? La ecuación es sencilla: desde 2004 se otorgaron permisos para construir casi 20 millones de metros cuadrados, lo que equivaldría por ejemplo a 200.000 departamentos de 100 metros cuadrados. Sin embargo, en la actualidad existen aproximadamente 150.000 viviendas ociosas. Se trata de unidades totalmente vacías: ni habitadas como viviendas, ni destinadas a otro uso; ni alquiladas, ni en venta ni prestadas. Vacías. Entonces, ¿para qué construir tanto si finalmente nadie ocupa esos inmuebles? La respuesta es simple: el mercado inmobiliario se transformó en un fabuloso negocio para pocos. La consecuencia, concreta: cientos de miles sin el derecho a la vivienda garantizado, entre ellos los inquilinos, que ya representan ⅓ de los habitantes de la ciudad.

Frente a semejante problemática social, la política del macrismo ha sido a veces pasiva y muchas veces cómplice, favoreciendo a las corporaciones inmobiliarias. En sus 7 años de gestión ha hecho gala de la venta de terrenos y propiedades del Estado a grandes empresas, la privatización del espacio público y la vista gorda en el control e inspección de la construcción de edificios.

Al mismo tiempo, la política de construcción de vivienda para que más porteños accedan a la casa propia nunca fue una prioridad. El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) ha tenido como dinámica persistente la subejecución y reducción de su presupuesto. Mientras que en el 2008 la partida presupuestaria representaba el 3,5% del total, en 2013 se había reducido a un 1,76%, es decir la mitad. Al mismo tiempo, año a año se han subejecutado cientos de millones de pesos, aplazando el derecho de miles de ciudadanos de acceder a su vivienda propia

Una ley en defensa de los inquilinos de la Ciudad

Son muchos los sectores que se levantado en la Ciudad para denunciar esta situación por demás indignante. El caso más cercano lo encontramos hace pocos meses, y en uno de los sitios más emblemáticos de la Capital: los 53 días que estuvo plantada la Carpa Villera al pie del Obelisco, además de concluir con un contundente triunfo en el reclamo por urbanizar las villas de la Ciudad, significó poner sobre la mesa de la agenda pública el problema del acceso a una vivienda y un hábitat dignos.

Atendiendo a este problema fundamental de la Ciudad, durante las próximas semanas distintas organizaciones políticas y sociales llevarán adelante una campaña por la sanción efectiva de una ley en defensa de los inquilinos de la Ciudad. Sin la regulación de precios y condiciones de los alquileres; sin un impuesto a la vivienda ociosa que permita crear un Fondo de Garantías para locaciones con destino vivienda; sin la creación de una Defensoría de los Inquilinos que ponga un freno a los abusos de las inmobiliarias; y sin la creación del Ministerio de la Vivienda que lleve adelante un Plan Integral de Vivienda y que intervenga decididamente en el mercado inmobiliario. Sin que se efectivicen todos estos reclamos, difícilmente pueda torcerse el rumbo de una Ciudad cada vez más excluyente

Una foto de la Ciudad que no vemos

Desde el día lunes 21 referentes barriales nucleados en la Corriente Villera Independiente iniciaron una huelga de hambre en una carpa instalada frente al Obelisco. El objetivo es visibilizar las condiciones de vida en las villas de la Ciudad de Buenos Aires y exigir al gobierno la urbanización, políticas de acceso a la vivienda y ejecución de los presupuestos correspondientes. Vale la pena entonces brindar alguna información y herramienta de análisis sobre la situación de vivienda en la CABA y el rol del mercado inmobiliario.

Según el último Censo Nacional (2010), hay 164 mil personas que pueblan las villas miserias de la Ciudad de Buenos Aires. A esas se le agregan otras 144 mil que viven en hoteles familiares, inquilinatos, pensiones, casas tomadas, etc. Si sumamos a quienes logran acceder a un departamento pero viven en condiciones de hacinamiento, tenemos que más de 500 mil habitantes de la Capital Federal viven en situación precaria. Sí, más de medio millón de personas no acceden a una vivienda digna en la Ciudad más rica del país. Esto es, uno de cada seis de sus habitantes.

La situación no sólo no viene mejorando, sino que en todos estos años se ha agravado. El déficit habitacional, es decir la cantidad de familias sin acceso a vivienda digna, era de 86.185 familias en 2001 y ascendió a 108.225 en 2010. ¿Cómo es posible que luego de una década de crecimiento económico y de mejora en los ingresos comparados con el 2001 la situación del derecho a la vivienda sea aún más catastrófica? La respuesta es muy simple: la falta de regulación del mercado inmobiliario genera que el crecimiento urbano no sólo no resuelva las dificultades para acceder a la vivienda, sino que las empeora.

Entre 2001 y 2011 se construyeron 14.592.673 metros cuadrados con destino residencial, es decir, un número equivalente a 300 mil departamentos de 50 m2. Sin embargo las viviendas construidas fueron 152.608, es decir un promedio de casi 100m2 por unidad habitacional. De todos modos cabe preguntarse: si en el 2001 había 86.185 familias sin vivienda digna y se construyeron más de 152 mil viviendas, ¿cómo es que el déficit habitacional aumentó en lugar de descender?

Muy simple. El 82% de las viviendas se construyeron en la zona norte y centro de la Ciudad, es decir en los lugares donde hay menos déficit habitacional (Palermo, Villa Urquiza, Belgrano, Caballito fundamentalmente). A su vez dos de cada tres de estas residencias nuevas son de categoría lujosas, es decir tienen como fin la venta en el mercado a los sectores de altos y de medios-altos ingresos.

Mercado inmobiliario vs derecho a la vivienda

La lógica de este “desarrollo urbano” bajo las reglas del mercado inmobiliario es obvia. Las inversiones se colocan en donde aparecen más rentables y al tratarse de un mercado dolarizado, rige la lógica de la especulación financiera. Es así que más de 150 mil viviendas se encuentran ociosas en la Ciudad de Buenos Aires y no existe ninguna política pública para desincentivar la especulación con el ladrillo, que debiera utilizarse prioritariamente para atender las necesidades de vivienda de la población.

El desarrollo urbano bajo las reglas de un mercado inmobiliario absolutamente desregulado duplicó en dólares los valores promedios del suelo, de las propiedades y como consecuencia también de los alquileres. Es así que cada vez es más difícil acceder a una vivienda en la Ciudad y la contracara de la Ciudad de las torres y la modernización de los barrios en donde viven los sectores acomodados es el aumento permanente de la población que vive en situación precaria, de los jóvenes que no pueden alquilar y mudarse de sus casas, de familias que son desplazadas de la Ciudad porque resulta imposible comprarse una vivienda.

Es importante también aclarar, contra la usual explicación que da el jefe de Gobierno sobre este problema, que la Ciudad no sufre ningún tipo de “invasión” del interior o de países limítrofes que podrían explicar el crecimiento del déficit habitacional. Además de xenófobo, se trata de un argumento absolutamente falaz, ya que la población de la Ciudad de Buenos Aires no ha crecido en todos estos años. Con la misma cantidad de habitantes, tenemos una porción mayor cuyo derecho constitucional a la vivienda no es garantizado.

Como suelen enunciar los referentes de la Corriente Villera Independiente que hoy acampa en al Obelisco, existen dos ciudades dentro de la gran Ciudad de Buenos Aires. Una encima de la otra, una que desplaza e ignora a la otra. Existe una Ciudad que le construye las casas a la otra, que le lava la ropa, que limpia sus departamentos, que les lleva el delivery, que recolecta sus residuos. Esa Ciudad que no vemos cuando constatamos el “desarrollo” urbano de Puerto Madero, Palermo o Caballito pero que escode la eterna postergación de Lugano, Soldati o Barracas. Es hora de abrir los ojos y asumir que la lucha de las villas es la lucha de todos los que habitamos esta ciudad y de quienes queremos que en lugar de la especulación inmobiliaria, sean el derecho a una vivienda y a una vida digna los frutos del “progreso” de nuestra querida Ciudad.