Ahora bien, una vez que el paciente supera ese proceso, asumiendo que así lo hace, el respirador artificial deja de ser importante. De hecho, una buena noticia para el paciente, los familiares y el equipo médico llega el día en que dicho respirador deja de ser utilizado. Así, podemos coincidir en que lo bueno es dejar de utilizar respiradores artificiales, no comenzar a hacerlo.

Si trasladamos este análisis a la economía argentina, sin embargo, vemos que está sucediendo precisamente lo opuesto. Recientemente, como medida de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, el Gobierno anunció la extensión de líneas de crédito con tasas negativas con respecto a la inflación. Además, el banco público BICE, de Inversión y Comercio Exterior, se comprometió a otorgar siete mil millones de pesos en créditos para microempresas y empresas medianas. Ambas medidas constituyen un primer respirador artificial, destinado en este caso al sector pyme.

Otra noticia que se conoció en la semana fue que la cadena internacional McDonald’s y el Gobierno nacional se unieron en un plan para generar empleo joven. La cadena de comidas rápidas se comprometió a contratar cinco mil nuevos empleados de entre 18 y 23 años. A estas incorporaciones se les pagará un salario de 4.500 pesos, mil de los cuales los aportará el Gobierno nacional. Si bien el monto del aporte es simbólico, también constituye un nuevo respirador artificial, destinado esta vez al mercado laboral.

Finalmente, hace un tiempo, el propio Presidente anunció que no se iban a abrir las importaciones porque debía cuidarse el empleo. Más allá del debate sobre si el desempleo efectivamente crece con la apertura comercial, es importante destacar que el cierre comercial también representa un respirador artificial, esta vez ofrecido a todo el sector de fabricantes que podrían competir en precio y calidad con los productores extranjeros.

Ahora, en momentos en que se está dando un cambio en la política económica, cabría preguntarse si lo que necesitamos son más o menos respiradores artificiales.

En el año 1913, nuestro país se ubicaba en la novena posición en términos de PBI per cápita. Según datos del Banco Mundial, en la actualidad no formamos parte ni siquiera de los primeros cincuenta. La decadencia relativa al resto de los países se dio en paralelo con el abuso del respirador artificial del intervencionismo. Subsidios, controles de precios, regulaciones del mercado laboral y cierre al comercio han sido constantes en la política económica de, por lo menos, los últimos sesenta años. Los resultados están a la vista.

En este sentido, entiendo que si realmente queremos que en nuestro país haya un cambio, lo primero que tiene que suceder es que los sectores productivos se acostumbren a vivir sin el respirador artificial que propone el Gobierno.

En definitiva, ya tendríamos que haber aprendido que se trata, en el mejor de los casos, de un alivio de corto plazo, pero que, a largo plazo, sólo terminará perpetuando nuestra decadencia.

En Argentina no existen estadísticas oficiales. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que terminó el 10 de diciembre del año pasado, intervino el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) con el objetivo de disfrazar la cruda realidad que se vivía en el país en materia de inflación, crecimiento económico y pobreza.

En términos de empleo, los datos siempre mostraron buenos resultados. El último informe publicado mostró un 5,9% de desocupación, el guarismo más bajo en 28 años. Dudosa credibilidad.

En la actualidad, el INDEC está en proceso de reconstrucción, por lo que no hay datos oficiales de desempleo. Lo que sí hay, sin embargo, son datos de la evolución del empleo en el sector privado, provistos por el Ministerio de Trabajo, que revelan que la situación tiene un estancamiento desde hace al menos cinco años.

Otro dato relevante lo ofrece el Fondo Monetario Internacional, que prevé que el desempleo en Argentina trepará a 7,8% en 2016 y luego se reducirá a 7,4% en 2017. No es un dato para alegrarse, pero nada parecido a una crisis o emergencia ocupacional.

Sin embargo, algunos políticos y comunicadores se empeñan en repetir que el país está atravesando una profunda crisis del mercado laboral, con una ola de despidos que parece crecer día a día y hora tras hora.

En respuesta a ello, el Senado le dio media sanción a una ley “antidespidos” que prohibirá los despidos sin causa por seis meses, también las suspensiones, e impondrá dobles indemnizaciones para cada empleado que deba ser desafectado de la plantilla.

Ahora bien, como siempre sucede con estas iniciativas, el resultado será totalmente contrario al esperado. Finalmente, de aprobarse esta legislación, el desempleo, lejos de caer, subirá.

A ningún empresario le gusta despedir empleados. Después de todo, despedir a una persona (si no es por cuestiones de desempeño personal estrictamente) refleja que la situación económica de la empresa es delicada y que necesita hacer un ajuste para intentar sobrevivir.

Lo más deseable para el empresario, entonces, es contratar, no despedir personal.

En este marco, si una empresa se ve en la necesidad de despedir a un trabajador, lo mejor que puede pasar es que esa decisión sea tomada con el mínimo de restricciones posibles. Es que si lo contrario sucede, y el costo de despedir se eleva o directamente se transforma en una violación a la ley, la decisión que tendrá que tomar el empresario será la de cerrar su fábrica.

El resultado, finalmente, será no sólo que la ley no pudo evitar el despido de esa persona en particular, sino que terminó generando el desempleo de todos los trabajadores de la empresa. Un verdadero “tiro por la culata”, como suele decirse.

Los mercados libres se caracterizan por lo que Joseph Schumpeter definió como “destrucción creativa”. En ese proceso, abren las puertas nuevas empresas y cierran otras todo el tiempo. Sin embargo, el resultado no es el masivo desempleo, sino la continua mejora de los procesos productivos y el aumento de la producción de los bienes y servicios que consumimos.

A la vez, se terminan generando nuevos puestos de trabajo y mayores salarios reales.

Prohibir despidos, encarecerlos y dificultar los procesos de mercado no sólo es malo para las empresas, sino que también es directamente perjudicial para todos los trabajadores a quienes supuestamente se quiso beneficiar en primer lugar.

En conclusión, prohibir los despidos generará desempleo. Por tanto, la medida no protege, sino que destruye las fuentes de trabajo. Lo mejor que podemos hacer en esta coyuntura es cuidarnos de las “buenas” propuestas de ciertos legisladores y recordar que de buenas intenciones está lleno el camino al infierno.

Otra diferencia es que la población de Buenos Aires ronda los cuatro millones, mientras que la de Nueva York es del doble. Es decir, taxis no faltan en Buenos Aires y Uber no viene a resolver un inexistente problema de escasez de vehículos de transporte.

Sin embargo, no por ello Uber deja de ser una empresa necesaria. A continuación explicaré cuatro problemas que Uber viene a resolverles a todos los habitantes de la ciudad del tango.

Ofrece mayor comodidad: la tecnología representa el deseo del hombre de hacer su vida más sencilla. Hoy en día no sólo no tenemos que lavar la ropa a mano gracias al lavarropas, sino que con hacer un clic basta para comunicarnos de manera gratuita con un amigo, pariente o colega que se encuentre a diez mil kilómetros de distancia. Uber es una aplicación que permite que, con sólo apretar unos botones de nuestro celular, podamos recibir un servicio de transporte privado desde y hacia cualquier destino de la ciudad.

Evita el congestionamiento: uno de los motivos por los que el Gobierno comenzó a regular la actividad de los taxis en la primera mitad del siglo XX fue el alto nivel de congestión que generaban cuando su número era excesivo. Sin embargo, la razón por la cual aparece la congestión es que los taxistas tienen que circular para buscar pasajeros todo el tiempo, por lo que van a velocidades por debajo de las deseadas y obstruyen la normal circulación. Con Uber esto no sucede, puesto que el chofer puede tener el auto estacionado permanentemente y encenderlo una vez que recibe un pedido.

Garantiza que en todo momento haya autos disponibles: el innovador sistema que tiene Uber para establecer tarifas produce que no falten vehículos cuando más se los necesita. Cuando llueve en la ciudad, la demanda por taxis crece. Sin embargo, su tarifa plana no les permite adaptar la oferta y lo que suele pasar es que conseguir uno se vuelve imposible. Dado que Uber sube los precios cuando sube la demanda, esto incentiva a más cantidad de autos a salir a la calle, por lo que resuelve el problema de la tarifa regulada.

Demuestra que no es necesaria la intervención gubernamental: tal vez lo más importante de esta aparentemente sencilla aplicación es que, como ofrece más comodidad, mayor disponibilidad y encima evita la congestión, demuestra a todas luces que el Gobierno no tiene ningún papel para cumplir en la regulación de este tipo de trasporte. La lección que Uber viene a darnos no es que hay una competencia desleal porque no cumple con las regulaciones, sino que las regulaciones vigentes son obsoletas y necesitan ser cambiadas.

Mucho hablan en el PRO sobre el futuro, las energías creativas de los argentinos y la necesidad de liberar ese potencial creador. En la ciudad de Buenos Aires incluso existe un Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. Sin embargo, su actitud ha sido unánime: hay que prohibir Uber para “cuidar a los taxistas”.

La decisión es reprochable, pero difícilmente podría sorprendernos. A fin de cuentas, como decía Juan Bautista Alberdi, la omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Incluso cuando el Estado está en manos de supuestos neoliberales.

Los Papeles de Panamá, como se ha llamado a esta investigación conjunta de más de trescientos periodistas, ponen el ojo sobre un sinnúmero de personalidades que habrían utilizado la benevolente legislación fiscal de Panamá para defraudar al fisco o bien ocultar lo obtenido gracias a la corrupción.

A raíz de esto, me parece oportuno divulgar, como anticipo exclusivo, un extracto de mi próximo libro, Estrangulados, a publicarse este 20 de abril, en donde me refiero específicamente a esta cuestión.

A principios de 2015, Thomas Piketty, autor del famoso libro El capital en el siglo XXI, pasó por Buenos Aires. Además de presentar su obra, se tomó un tiempo para reunirse con la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner y también para compartir un almuerzo con Axel Kicillof y Alejandro Vanoli.

Consultado sobre el estado de la desigualdad en el mundo, Piketty cargó contra el enemigo de moda de nuestra época: los paraísos fiscales, esos “países que roban las bases tributarias de sus vecinos”.

Según un cercano colaborador suyo, Gabriel Zucman, la riqueza escondida en los paraísos fiscales asciende nada menos que a 7,6 billones de dólares, el 10% del PBI mundial y 15 veces el PBI de Argentina. Según su punto de vista, esto constituye un problema mayúsculo, ya que todo ese dinero deja de pagar impuestos con los cuales los gobiernos podrían llevar a cabo obras consideradas deseables por estos analistas.

Para los defensores del ahora llamado “Estado presente”, el Gobierno es el que está en mejor posición para administrar los recursos de la gente. Es por ello que lamentan que no se quede con todo lo que le gustaría del dinero de sus ciudadanos. Sin embargo, esta no es toda la verdad acerca de los paraísos fiscales.

Lo primero que debe decirse es que la denominación “paraíso fiscal” surge de una mala traducción del inglés al español, ya que tax haven no quiere decir ‘paraíso fiscal’ (eso sería tax heaven) sino ‘refugio fiscal’. Esta mejor traducción dota de mayor realismo lo que verdaderamente es, un refugio fiscal. A saber, un país a donde se acude para huir de la voracidad fiscal de los Gobiernos.

El atractivo de llevar el dinero a un refugio fiscal aparece porque estos, en general, tienen un trato impositivo muy favorable para los extranjeros que abren cuentas bancarias o constituyen sociedades en esas jurisdicciones. A veces, radicar una empresa en un refugio fiscal puede representar la diferencia entre pagar un 30% de impuestos a las ganancias o pagar cero por ciento. Sin embargo, el beneficio no se lo lleva solamente esa empresa, sino que se contagia a toda la economía.

Como señala Dan Mitchell, todos somos beneficiarios de los paraísos fiscales: “Antes que nada, si uno vive en un país desarrollado, los impuestos son probablemente mucho menores de lo que eran hace 30 años, gracias en parte a los paraísos fiscales. En 1980 las tasas más altas del impuesto personal en los países miembros de la OCDE promediaba más del 67% y las tasas corporativas en ese año promediaban casi un 50% […].

Sin embargo, empezando por Reagan y Thatcher, los Gobiernos se han esforzado por disminuir las tasas fiscales y reformar sus regímenes. Las tasas personales ahora promedian solamente cerca de un 40% y las corporativas se han reducido a un 27 por ciento. Es en gran medida la globalización —no la ideología— lo que ha conducido esta virtuosa ‘carrera hacia abajo’. Los Gobiernos están disminuyendo impuestos porque temen que los empleos y las inversiones se vayan de su país. Al proveer un refugio seguro para las personas que buscan evadir tasas confiscatorias, los paraísos fiscales han jugado un rol imprescindible. Los legisladores han concluido que es mejor recibir algún ingreso con tasas fiscales modestas que imponer altos impuestos y perder dinero”.

A menudo se acusa a los paraísos fiscales de ser refugio no sólo de las víctimas del Estado híper-recaudador, sino de terroristas, narcotraficantes y políticos corruptos. Esta acusación puede ser cierta, como es cierto que el dinero en efectivo es utilizado por quienes violan los derechos de terceros en su vida diaria como forma de vida. Sin embargo, si se quiere perseguir a quienes quiebran leyes, los que deben actuar son la Policía y el Poder Judicial, no los recaudadores de impuestos.

El enojo que generan los paraísos fiscales, en realidad, debería estar orientado hacia otro lugar: las elevadas tasas impositivas que cobran los Gobiernos y que nos quitan, no sólo nuestro dinero, sino también nuestra libertad. Los mal llamados paraísos fiscales no son más que una reacción frente a este orden de cosas.

Entre los problemas actuales, podemos señalar la aceleración de la inflación, la suba del precio del dólar oficial, la caída del salario real y un muy posible escenario de recesión en el primer semestre con un incremento del nivel de pobreza. Evidentemente, la situación no es nada confortable. Sin embargo, los resultados de la encuesta deberían alegrarnos. Lo que indican es que el relato k va perdiendo combustible a medida que pasan los días. Esto significa que la realidad comienza a ser comprendida por un número cada vez mayor de personas.

¿De qué se trata esa realidad? Como hemos dicho en otras oportunidades, si una persona llega a la casa que alquiló para las vacaciones y a la semana se encuentra con que la bomba de agua se rompió, los tapones saltaron tres veces y la humedad está comiéndose las paredes, difícilmente pueda pensarse que el culpable de todos estos padecimientos sea el nuevo inquilino.

Lo mismo sucede con la economía de un país. Y eso es lo que los argentinos estamos entendiendo. En definitiva, la encuesta revela que estamos dándonos cuenta de cómo opera y cómo termina el llamado populismo macroeconómico.

Hace más de 25 años, en 1989, los economistas Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards presentaron su tesis acerca del populismo macroeconómico en América Latina. Para estos autores, el populismo económico es un enfoque que, mediante el uso de “políticas fiscales y crediticias expansivas […] destaca el crecimiento y la redistribución del ingreso”, al tiempo que “menosprecia los riesgos de la inflación y el financiamiento deficitario, las restricciones externas y la reacción de los agentes económicos ante las políticas agresivas ajenas al mercado”.

En este marco, el econopopulismo tiene carácter autodestructivo, ya que esos problemas que se subestiman terminan generando grandes reducciones del PBI per cápita y los salarios reales, lo que perjudica principalmente a quienes se quiso beneficiar en un principio.

Tal vez lo más interesante del análisis de Dornbusch y Edwards sea su clasificación del econopopulismo en cuatro etapas. Una primera etapa en donde las políticas fiscales y monetarias expansivas dan lugar al crecimiento de la producción, el empleo y los salarios reales. Una etapa segunda, en donde comienzan a aparecer cuellos de botella: la inflación aumenta de manera significativa, el déficit fiscal empeora debido a los subsidios a bienes de consumo básico, y la devaluación o el control de cambios se vuelven inevitables.

Las etapas tres y cuatro muestran cómo terminan todos los experimentos populistas: con escasez, más inflación, falta de dólares y fuga de capitales. Finalmente, con menos capital invertido per cápita, los salarios reales inevitablemente caen y el crecimiento se frena. Lo que sigue es la implementación de un plan ortodoxo de estabilización, que buscará sincerar la economía para que la inversión retorne y la producción vuelva a crecer.

Como queda claro, lo mejor que puede pasar con la implementación de políticas populistas, sean estas de derecha o de izquierda, es que haya un auge económico de corto plazo. Sin embargo, dado que dicho auge está estimulado por el combustible de las políticas monetarias y fiscales, está condenado a terminar en una nueva crisis.

Así, si en el primer semestre de 2016 la actividad económica se resiente, la inflación recrudece y los tarifazos deterioran el poder de compra de su salario, no apuntemos nuestro dedo inquisidor hacia el ajuste ortodoxo, sino hacia el desajuste populista. Es ese el verdadero culpable de la situación actual y ya son siete de cada diez personas las que están leyendo bien lo que sucede con la economía del país.

El debate que siguió se centró en la cantidad de empleados “ñoquis” que, según un estudio de la consultora KPMG, se ubica entre 200 mil y 250 mil personas. Se suele llamar ñoqui al empleado que, sin función aparente, todos los días 29 pasa a retirar su cheque pagado por alguna dependencia u organismo estatal.

En aras de ordenar este derroche, el Gobierno comenzó a revisar todos los contratos de los últimos tres años. Para el ministro de Modernización, los despedidos ascienden a seis mil. Otras informaciones, sin embargo, ubican el número de despidos en 25 mil, si se suman empleados municipales y provinciales.

La cifra no debería generar alarma. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el Estado nacional, provincial y municipal hay 1,7 millones de empleados en relación de dependencia. Si a esto se añaden los contratados y quienes gozan de menor formalidad laboral, la cifra se aproxima a los cuatro millones. Es decir, la reducción de plantilla, tomando la cifra más elevada, es de solamente el 0,6% del total y del 10% de los supuestos ñoquis que cobran del Estado.

Ahora, el punto es por qué abundan los ñoquis en la función pública, pero no parecen ser un problema en el sector privado. Por qué la ñoquilandia prolifera en el Estado y no en las empresas.

Milton Friedman, premio nobel de economía, afirmaba que había cuatro formas de gastar el dinero: se gasta el dinero propio en uno mismo, se gasta el dinero propio en otros, se gasta el dinero de otros en uno mismo, se gasta el dinero de otros en otros.

En el sector privado, por lo general, se emplea la primera forma de gastar. Una empresa cualquiera podría contratar un empleado por el mero hecho de que este tenga afinidad con los dueños. Sin embargo, a la larga, si este empleado no es útil en la generación de ganancias o, peor aún, debido a su inutilidad, genera perjuicios económicos a la compañía, la organización decidirá hacerlo a un lado, puesto que debe proteger e incrementar su capital. De esta forma, en el mejor de los casos, el ñoqui en el sector privado es un fenómeno temporario.

Ahora bien, cuando el Estado gasta, combina las dos últimas formas de utilizar el dinero. En primer lugar, porque cuando destina recursos para proveer bienes públicos, está utilizando el dinero de los otros (los contribuyentes) en otros. Así, no extraña que se paguen sobreprecios y que la calidad de los bienes públicos no sea la óptima.

En segundo lugar, porque los funcionarios estatales usan recursos de terceros en su propio beneficio, ya que así pueden financiar sus campañas o crear redes clientelares. En este sentido, el Gobierno podría crear una oficina del no hacer nada e igualmente obtendría beneficios, puesto que todos los empleados de esa oficina dependerían del cheque estatal para sobrellevar su vida y eso podría influirlos a la hora de votar.

Es decir, como el Gobierno gasta la plata que no es suya para beneficio propio, es inevitable que aparezca y se perpetúe dentro de él la ñoquilandia, ya que las afinidades personales, políticas y los negocios turbios prevalecerán frente a otros criterios más respetables.

En este contexto, es bienvenida la tímida reforma del Estado que está teniendo lugar, pero una solución definitiva pasa por eliminar dependencias completas y ponerle límites estrictos al gasto público. Sólo así los incentivos para abusar de la billetera del Estado, lleno de puestos improductivos, quedarán reducidos a su mínima expresión.

Ya pasaron unos cuantos años desde que Joseph Schumpeter, economista oriundo de Austria, popularizara su concepto de la destrucción creativa como proceso inherente al capitalismo. La destrucción creativa no es, ni más ni menos, que el proceso por el cual los empresarios van encontrando mejores formas de hacer las cosas para satisfacer las necesidades siempre cambiantes de los consumidores.

La innovación tecnológica juega un rol clave en este asunto, ya que logra reducir los costos de manera considerable, brindándonos servicios de una calidad cada vez mayor. Los aparentes problemas de esta irrupción no son tales, ya que luego de décadas de revolución tecnológica tanto el empleo como el nivel de vida han ido aumentando.

Sin embargo, las nuevas tecnologías, así como cualquier negocio innovador, sí perjudican directamente a todos los que ahora tienen que competir directamente con dicha innovación.

Nada distinto a esto es lo que está sucediendo en el sector de los taxis en la ciudad de Buenos Aires. Si bien se encuentra totalmente instalado, el servicio de radio taxi (mediante el cual un individuo llama a una compañía para pedir un taxi y esta, a su vez, se contacta con el taxista para enviarlo a la ubicación donde el pasajero se encuentra) está hoy amenazado de manera directa por una simple aplicación que cualquiera puede descargar en su celular.

Se trata de Easy Taxi, una app que tanto taxistas como pasajeros instalan en su teléfono móvil para ponerse en contacto con sólo mover los dedos. A través del sistema de gps, Easy Taxi conecta a choferes y clientes de manera directa; le asigna a este último el automóvil que se encuentra más cercano a su ubicación actual. Como puede suponerse, en este marco, la intermediación de la compañía de radio taxi se vuelve menos necesaria.

Desde su lanzamiento, en marzo de 2013, Easy Taxi ha resultado ser un éxito tanto para taxistas como para pasajeros. Los pasajeros ganan porque no pagan ningún recargo (al menos por el momento) al solicitar un viaje. Los taxistas, porque la cantidad de pedidos que reciben se multiplica. Según me contó Pablo Villalba, vicedirector de la filial local de la empresa, un taxista puede llegar a recibir 390 pedidos en un mes gracias a la aplicación. Si este monto se multiplica por el valor promedio de un viaje ($65), llegamos a la nada despreciable suma de $25.350.

Sin embargo, y a pesar de la cálida bienvenida que los usuarios le han dado a este servicio, los lobbies y las empresas que están cómodamente recostadas gozando del statu-quo han presionado al Gobierno para que juegue a su favor y buscan directamente prohibir la utilización de la aplicación.

Según la ley que regula la actividad, un taxi puede solicitarse “por vía telefónica, correo electrónico, mensaje de texto (de telefonía móvil) o internet a través de las centrales de radio taxi autorizadas”. Este es el argumento que se utiliza para decir que Easy Taxi no está habilitada para operar.

Pero eso no es todo, porque recientemente la Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores (Sacta), la organización que regula el transporte de este tipo en la ciudad, comenzó a multar a cualquier chofer que utilice Easy Taxi con sumas de hasta 24 mil pesos. Como decíamos, esto equivale prácticamente a prohibir la actividad, sin ningún tipo de justificación posible.

El caso de Easy Taxi no es aislado. Son muchas las aplicaciones similares que buscan ingresar en el mercado para, mediante la competencia, mejorar la calidad del servicio que reciben los usuarios, tanto en nuestro país como en distintas ciudades a nivel mundial. Con las diferencias que pueda existir entre cada una de ellas, Uber es el caso más emblemático.

En este marco, es imperioso que el Gobierno decida con rapidez de qué lado se pondrá. Si del lado de la innovación, la libertad y la mejora del nivel de vida de las personas, o del lado de las corporaciones que, aprovechando los contactos con el poder de turno, buscan impedir la competencia para seguir disfrutando de sus inmerecidos privilegios.

En el plano nacional, si bien se esperaba una amplia victoria del oficialismo e incluso el cierre del proceso electoral en la primera vuelta, Daniel Scioli sólo pudo imponerse por 2,5 puntos porcentuales por encima de Mauricio Macri, por lo que dejó abierta la posibilidad de que el 22 de noviembre el candidato de Cambiemos se convierta en presidente de Argentina.

Este nuevo escenario no fue indiferente para los mercados. Hasta el jueves pasado, la Bolsa porteña había subido un asombroso 7,7%, con aumentos de algunas acciones que superaron el 30 por ciento. Por otro lado, el dólar blue cayó 24 centavos el día después de la elección y se mantuvo en esos niveles durante toda la semana.

El riesgo país, un indicador del riesgo que implica prestarle dinero al Gobierno argentino, también cayó con fuerza (más de cincuenta puntos) y quedó por primera vez desde principios de 2011 por debajo de los quinientos puntos.

¿A qué se debe semejante euforia? El economista Javier Milei dio una pista en Twitter, cuando afirmó que lo que se estaba viendo era el “rugido de los mercados cuando se aleja el fantasma de la destrucción del capital”.

Es que si hay algo que empieza a quedar claro a partir del domingo es que el kirchnerismo que gobernó durante los últimos 12 años y que “profundizó el modelo” durante los últimos 4 concluye sus días de poder en Argentina.

El modelo económico del kirchnerismo se caracterizó por un creciente desequilibrio fiscal. Esta diferencia en aumento entre ingresos y gastos hizo que, dado el aislamiento internacional del país, se tuviera que recurrir a la emisión monetaria para su financiamiento. El resultado lo vemos reflejado hoy en una de las inflaciones más altas del mundo.

No contentos con esto, en el Gobierno no tuvieron mejor idea que comenzar a regular los precios como remedio al problema que ellos mismos estaban generando. Así, no sólo se congelaron las tarifas de servicios públicos, sino que también se reguló el precio de la carne, el trigo, las naftas y demás bienes de la economía. Por último, el control de precios también se aplicó al dólar, lo que dio lugar a un cepo cambiario que ya lleva 4 años.

Todas estas medidas, sumadas a las sucesivas estatizaciones, más legislación antiliberal y el nuevo default de la deuda producto del incumplimiento del fallo judicial en el caso de los holdouts, contribuyeron a generar la parálisis económica y la huida de las inversiones. Y sin ahorro e inversión no hay posibilidad de progreso a futuro.

Entre la decadencia y la resurrección

Más allá de lo que suceda el domingo 22 de noviembre, cuando tenga lugar la segunda vuelta electoral, lo cierto es que la esperanza de que el intervencionismo que asfixió a la economía se termine está generando un muy favorable cambio de expectativas.

Sin embargo, hay que advertir que, por sí sólo, esto no será suficiente para encauzar al país en una senda de crecimiento sostenible. Los desajustes que deja el Gobierno actual son muy grandes y se requerirá de mucha convicción y pericia para realizar los cambios necesarios que confirmen las expectativas positivas de los inversores.

Si esto efectivamente sucede, Argentina podría quebrar un proceso de decadencia que ya lleva 85 años. Caso contrario, nos enfrentaremos nuevamente a la frustración de vivir otra oportunidad perdida.

Por el contrario, solamente el 16% indicó que la mayor fortuna dependía de la mejor educación y únicamente el 13% afirmó que ser más rico tiene relación directa con el esfuerzo personal.

La respuesta de la corrupción se entiende en un país como el nuestro. Gran parte de la dirigencia política combina, por un lado, un enorme patrimonio y, por el otro, cantidades industriales de denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito. Además, es innegable que existe un entramado empresarial que se enriquece gracias a licitaciones poco transparentes y los contratos amigos, lo que contribuye a la malversación de los fondos que el Gobierno toma de los contribuyentes.

En tanto, la percepción acerca de que la herencia es una de las principales fuentes de la riqueza es una mirada con amplio consenso no sólo en nuestro país, sino también en muchos ámbitos académicos a nivel mundial. El francés Thomas Piketty, de hecho, sostiene que vivimos en un mundo cada vez más desigual en el que los ricos se vuelven cada vez más ricos, ya que al ser poseedores de capital pueden invertirlo a una tasa de retorno superior a la del crecimiento de la economía. En este marco, la herencia de ese capital se convierte en una ventaja fundamental en el inicio de la “carrera” hacia la riqueza y el bienestar, lo que genera desigualdad entre los distintos competidores.

Hay una serie de cuestionamientos a este planteo, pero tal vez un indicador más que cualquier otro pueda servir para demostrar su falsedad: la lista de las fortunas más grandes en personas menores de 40 años alrededor del mundo elaborada por la revista Forbes.

Sin dudas, muchos de los jóvenes multimillonarios que allí aparecen son herederos de fortunas creadas en el pasado. Tal es el caso de los hermanos Tom y Karl-Johan Persson y Charlotte Söderström, herederos de la marca H&M, que fundó su abuelo, o de Scott Duncan, heredero de Enterprise Inc., un gigante del sector petrolero norteamericano.

Sin embargo, también aparecen entre los jóvenes más ricos del mundo una cantidad de innovadores que, sin haber heredado grandes fortunas (ni estar envueltos en escándalos de corrupción), le están cambiando la vida a la gente en todo el mundo. Mark Zuckerberg, creador de Facebook, está al tope de esa lista, con una fortuna estimada en 33 mil millones de dólares. Junto a él se ubican sus ex socios, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz y Sean Parker, cuya fortuna conjunta supera los 15 mil millones.

Otros innovadores tecnológicos que están cambiando la vida de las personas son el fundador de Whatsapp, Jan Koum, el fundador de Twitter, Jack Dorsey, los creadores de Uber, Garret Camp y Travis Kalanick y los fundadores de Airbnb, Brian Chesky y Joe Gebbia.

Esta realidad nos lleva a pensar que algo falló en el momento de la elaboración de la encuesta. Es que estos multimillonarios jóvenes sin lugar a dudas dedicaron tiempo y creatividad a fundar estos grandes inventos que hoy disfrutan miles de millones alrededor del planeta. Pero es muy vaga la definición de “esfuerzo”, ya que todos los empresarios y los trabajadores del mundo se “esfuerzan” día a día para mejorar y prosperar.

Para una próxima edición, debería incluirse entre las causas de la riqueza el haber fabricado un producto o servicio que sea valorado por la gente, independientemente del “esfuerzo” o “sacrificio” invertido.

Finalmente, a eso debemos apuntar en nuestro país: a llenarlo de innovadores y creativos listos a generar mayores cantidades de productos y servicios que mejoren la vida de la gente. Si se consigue esto, se combate la corrupción y se diseña mejor la encuesta en el futuro, es probable que las respuestas cambien.

En el mejor de los casos, los argentinos entenderemos que la riqueza no es producto de la corrupción o de la herencia, sino de la creación de valor por parte de empresarios ávidos de ganancias, quienes no tienen otra alternativa que competir en el mercado libre y ganar la carrera por la mejora de la calidad de vida de sus compatriotas.

Uno pensaría que para ser miembro del directorio de un banco, nada menos que la posición de mayor responsabilidad dentro de la institución, no solamente hace falta haber estudiado, sino también contar con experiencia en el sector. Por ejemplo, en la misma página web del Nación puede verse un espacio donde jóvenes estudiantes y jóvenes graduados pueden dejar su CV para comenzar su carrera laboral en la entidad. Y de eso se trata, de comenzar la carrera, desde los puestos de menor jerarquía hacia los de mayor jerarquía, de manera de ir conociendo no solo el funcionamiento del banco, sino también las características de la industria, los clientes, etcétera.

Pero nada de eso sucedió en el caso de la hija de Rossi. El expediente, tal como explicó Aníbal Fernández, llegó al escritorio del jefe de gabinete y este lo firmó “con mucho orgullo”.

Es simple: la designación de Delfina Rossi no dependió de la capacidad, ni del estudio, ni de la experiencia de la joven, sino de la firma de Aníbal Fernández, a quien tampoco se le conoce experiencia en el manejo bancario.

Ahora bien, alguno podrá argumentar que también en el ámbito privado sucede, a menudo, que el que ocupa cargos de jerarquía no es el más idóneo, sino aquel que tiene mejor relación con el de arriba. Es cierto, a veces hay factores intangibles que pesan en estas decisiones y la confianza o la afinidad pueden derivar en un ascenso laboral. Sin embargo, la diferencia está en que, en el sector privado, si la persona contratada o ascendida no resulta apta para el cargo, el costo es asumido por el dueño de la compañía.

En el caso de la administración pública y sus organismos, la situación es diferente. Dado que el Banco Nación tiene acceso ilimitado al presupuesto público por ser una empresa estatal, el costo de las malas decisiones administrativas no es afrontado por nadie en particular, sino por todos los argentinos, que financiamos coactivamente con nuestros impuestos las aventuras de dicha empresa.

El caso de Delfina Rossi no es el único. De hecho, el directorio del Nación también está conformado por un compañero de colegio de Máximo Kirchner, el consuegro de Julio de Vido, y una militante de La Cámpora (organización que logró una verdadera colonización del Estado). Además, hace poco también se conoció que Alejandro Vanoli, presidente del Banco Central, nombró a su pareja y a su hijo en la planta permanente del organismo.

Es que esta es una característica intrínseca del modelo de Estado presente que patrocina el kirchnerismo. A mayor Estado, más y mayores son las empresas estatales, más y mayores son los fondos públicos administrados por funcionarios, más y mayores son las regulaciones y, finalmente, más y mayores son las posibilidades de que aparezcan la discrecionalidad y el nepotismo.

El caso de la hija de Rossi es uno más de esos que nos indigna y nos preocupa como sociedad. Y hasta que no haya un cambio profundo de sistema seguiremos indignándonos con los eternos beneficiarios de la prebenda y el privilegio.