Un indicador que tardó más en recuperarse fue la inversión privada, que recién superó los niveles previos a la crisis en 1946, una vez finalizada la guerra, dando lugar a una recuperación verdadera y sostenible que impactó directamente en la calidad de vida de la población. ¿Por qué tardó tanto la inversión privada en recuperarse y, por tanto, en sentar las bases para la recuperación sostenible? Para el economista Robert Higgs, se debió a la “incertidumbre de régimen”, es decir, a la “preocupación por parte de los inversores privados de que los derechos de propiedad sobre su capital y la renta que este produce serán atacados por la acción del gobierno. Tales ataques pueden surgir de muchas fuentes, que van desde simples aumentos de impuestos, a la imposición de nuevos tipos de impuestos, a la confiscación directa de la propiedad privada. Muchas amenazas intermedias pueden surgir de diversos tipos de regulación, por ejemplo, de los mercados de valores, del mercado de trabajo y los mercados de productos. En cualquier caso, la seguridad de los derechos de propiedad no descansa tanto en la letra de la ley sino en el carácter del gobierno que hace cumplir o amenaza esos presuntos derechos de propiedad”.

Como puede verse, Higgs no habla de otra cosa que de lo que conocemos como “seguridad jurídica” o “calidad institucional” y atribuye, nada menos que a este concepto, la demora de los Estados Unidos en recuperarse de la Crisis del 30. El tema no es menor ya que, por estos lares, el gobierno no parece entender bien la importancia de brindar seguridad jurídica o certidumbre de régimen. Para el Ministro de Economía, Axel Kicillof, el concepto en sí mismo es “
horrible” y para la presidente Cristina Fernández son los empresarios y no el Gobierno los que tienen que “
generar confianza”.

En este sentido, no solo impulsan una modificación a la Ley de Abastecimiento para perseguir a las empresas con la excusa de que ponen precios altos y acaparan mercadería, sino que ya han ensayado con más medidas del estilo como las discrecionales
licencias de importación, las sucesivas
prohibiciones para exportar productos, la confiscación de los fondos de las AFJP y la imposición de un sistema de control de cambios, donde luego de su flexibilización, solo a la porción más rica de la población se le permite ahorrar en dólares oficiales y hasta el 20% de sus ingresos.

Por si esto fuera poco, en 
un país que estuvo en default el 52% de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno entra nuevamente en suspensión de pagos por negarse a pagarle a los holdouts y propone al Congreso una ley para que unilateralmente se cambie la jurisdicción de pago. Esto no solo afecta los derechos de propiedad de los tenedores de bonos, sino que implica un mayúsculo incumplimiento de la sentencia de la Justicia norteamericana, enviando el mensaje de que Argentina es un país que siempre respeta las sentencias a menos que sean en su contra.

Tanto el default -voluntario o involuntario- como las medidas de intervención que le dicen a los empresarios “ustedes van a ganar plata cómo y cuando yo quiera”, son todos elementos que contribuyen a generar incertidumbre de régimen con el consecuente desincentivo a la inversión.

Los resultados de estas políticas están a la vista y por eso es que no solo es necesario que el Congreso no respalde ninguna de estas iniciativas, sino que aquellos que están pensando en postularse para las elecciones del 2015 tengan esto en cuenta y hagan de la seguridad jurídica la piedra fundamental de su política económica. De no ser así, seguiremos la senda del deterioro que emprendimos hace más de 50 años.

Según Heritage, la libertad económica es “el derecho fundamental de todo ser humano de controlar su propio trabajo y propiedad. En una sociedad económicamente libre, los individuos son libres de trabajar, producir, consumir e invertir en todo lo que quieran”. En este sentido, el índice mide algunos conceptos que intentaremos poner en términos sencillos:

Imperio de la ley (derechos de propiedad y corrupción): supongamos que una persona, llamémosle Juan, quiere comenzar un emprendimiento. A Juan le será más fácil hacerlo si el gobierno no pone excesivas trabas burocráticas. Por otro lado, una vez comenzado el emprendimiento, Juan será más libre si no corre riesgo de sufrir expropiaciones o si el gobierno le deja comprar y vender a quien quiera y a los precios que desee. Por otro lado, si Juan tiene que pasar por un sinfín de “peajes y colaboraciones extras” para “aceitar trámites”, por ejemplo, el uso de su propiedad y trabajo se verá restringido, y su moral, dañada.

Gobierno limitado (libertad fiscal, gasto público): si Juan vive en un país en el que el gobierno gasta por encima de sus posibilidades, tendrá menos libertad económica. ¿Por qué pasa esto? Porque el gobierno puede financiarse de tres formas: o cobra impuestos o se endeuda o le pide al banco central que emita moneda. Esto quiere decir que un país con alto gasto público, Juan deberá pagar más impuestos, sufrir las consecuencias de una deuda que pueda convertirse en insostenible o padecer altos niveles de inflación.

Eficiencia en la regulación (libertad empresaria, libertad laboral y libertad monetaria): en un país libre, Juan podrá emprender libremente sin trabas burocráticas. Sin embargo, si el país sufre el síndrome de la hiperregulación, el comienzo de nuevas actividades productivas será cada vez más costoso. Por otro lado, si Juan fuera un ciudadano que buscara trabajo, la mayor cantidad de regulaciones laborales complicaría esta búsqueda, ya muchas veces funcionan como barreras de ingreso al mercado laboral. La eficacia en la regulación, también hace referencia a la “libertad monetaria”. Esto quiere decir que si el gobierno gasta más de lo que gana y para financiarse acude a la impresión de billetes del banco central, la moneda de Juan perderá progresivamente poder de compra, lo que terminará empobreciéndolo sin que él haya tomado ninguna mala decisión económica.

Apertura comercial (libertad de comercio, libertad de inversión, libertad financiera): ahora supongamos que Juan quiere comprar un insumo para su emprendimiento que se consigue muy barato en otro país. Supongamos que el gobierno decide arbitrariamente prohibir esa compra, ¿está Juan disponiendo libremente de su trabajo y propiedad? Supongamos ahora que Juan desea comprar dólares o alguna otra moneda extranjera para ahorrar y escapar de la inflación. Si el gobierno prohíbe arbitrariamente esta transacción ¿está Juan disponiendo libremente de su trabajo y propiedad? Como se ve, los anteriores son parámetros distintos para medir la capacidad de los individuos de un país para tomar decisiones económicas en libertad. En Argentina, el conjunto de estos dio, como en años anteriores, un mal resultado.

Cuando la libertad se pierde

Cuando los ciudadanos no pueden ejercer el derecho fundamental de controlar su trabajo y su propiedad, comienza a caer el incentivo para producir e invertir. En un sistema tal, los únicos que se arriesgan son los que tienen algún contacto con el gobierno y que, gracias a él, se aseguran privilegios que garantizan que su inversión no será tocada. Sin embargo, este será siempre un grupo reducido en relación con lo que pasaría si el país fuera económicamente más libre.

Como consecuencia, cae la producción y la inversión busca mejores destinos, lo que deja al país con un capital fijo (infraestructura eléctrica, vías férreas, rutas, antenas de celulares, tecnología en general) que no crece al ritmo que debería y que se consume hasta que, finalmente, no aguanta más.

Por otro lado, las empresas deciden operar en otros destinos, dejando al país con pocos contratantes, lo que presiona hacia abajo el salario real de los trabajadores, condenando a la pobreza a grandes porciones de la población.

Casos extremos de ausencia de libertad económica son la Unión Soviética, cuyo famoso muro cayó derribado a golpes por sus propios ciudadanos, y Cuba, donde la miseria y el atraso son el pan de cada día. Del otro lado está Hong Kong, donde las pocas trabas transformaron una pequeña península sin recursos en una potencia económica cuyos ciudadanos gozan de uno de los estándares de vida más altos del planeta.

El Frente Renovador

Por el lado del Frente Renovador de Sergio Massa, ya han anunciado que presentarán una propuesta para elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que ya alcanza a trabajadores que ganan por encima de 8000 pesos. Esta es una buena idea ya que liberaría del pago del impuesto a muchos empleados que, en realidad, no ganan más que antes sino que simplemente reciben un salario nominal más alto para poder hacerle frente a la inflación. Sin embargo, el mismo Massa declaró, en el programa de Alejandro Fantino, que esta modificación impositiva tiene que estar necesariamente acompañada de otra para “reemplazarle ese recurso al Estado”.

En este sentido, su equipo económico ya trabaja en una propuesta para gravar la renta financiera, algo que ya existe y que el mismo kirchnerismo se apuró a reflotar. Poco queda de Renovador en el Frente de Massa.

El PRO

Otro partido que lanzó su campaña con propuestas económicas fue el PRO que, en Capital Federal, lleva al presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, como candidato a diputado.

En una entrevista, Sturzenegger sorprende gratamente cuando afirma que la Argentina está llena de oportunidades y que “el crecimiento lo hace la gente. La cuestión es darle libertad y la economía florecerá sola”. Además, también afirma que la inflación es un impuesto que debe eliminarse.

Sin embargo, sugiere que la eliminación implicará la creación de algún nuevo impuesto para sustituir la fuente de ingresos que generaba la inflación: “el Gobierno debe sustituir ese impuesto, muy regresivo por cierto, por otros impuestos. Tiene que dar la cara y explicarle a la sociedad en qué gasta, y convencer al Congreso de subir los impuestos necesarios para sostener ese gasto”. Lo extraño del caso es que Sturzenegger siempre sostiene que bajar la inflación es un factor de reactivación de la economía porque equivale, justamente, a reducir un impuesto. Pero si en lugar de bajar un impuesto se lo sustituye por otro, ¿cómo espera que vaya a haber una reactivación?

Devolverle la economía a la gente

Ambos candidatos muestran buenas intenciones pero también una llamativa preocupación por mantener las fuentes de financiamiento del Estado como si éstas fueran sacrosantas. Lo cierto, no obstante, es que las fuentes de financiamiento del Estado son la principal causa, primero, de que la Argentina tenga un índice de inflación récord a nivel mundial y, en segundo lugar, que la presión tributaria sea la más alta de la historia del país (pasando del 24% del PBI en 2003 al 45% en la actualidad).

En los diez años de kirchnerismo, el Estado aumentó su gasto 450% medido en dólares. Eso disparó la inflación, aumentó los impuestos en todas las provincias, fue el origen de la estatización de los fondos jubilatorios, de la polémica resolución 125 y hoy está poniendo en riesgo las finanzas tanto de la ANSES como del Banco Central.

Sin embargo, ni el PRO ni Massa plantean lo saludable que sería, además de bajar los impuestos, bajar el gasto público. La oposición coincide con el kirchnerismo porque ambos operan bajo la premisa de que bajar el gasto público daría lugar a una catástrofe y una recesión, ignorando que lo que ocurriría sería todo lo contrario.

De hecho, eso es lo que pasó en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Luego del cese de hostilidades, el gasto público en EEUU cayó del 55% al 16% del PBI dando lugar a las predicciones más oscuras. Sin embargo, ninguna se cumplió y el consumo y la inversión se dispararon a medida que el sector privado generaba empleo para los millones de desafectados del ejército.

¿Qué pasó? Que se le devolvió la economía, altamente dirigida y controlada por el gobierno durante la guerra, a los privados y éstos son los que más saben cómo satisfacer las necesidades del público consumidor.

Los altos impuestos y el elevado gasto público desalientan la inversión y dan lugar a un consumo que necesariamente es ineficiente porque no responde a las preferencias de los consumidores sino a las preferencias políticas de los funcionarios y eso, en el tiempo, no es sostenible, dando lugar a crisis, hiperinflaciones, o a situaciones de largo estancamiento y decadencia.

Volviendo a la escena nacional, los candidatos deberían abandonar la demagogia de prometer lo imposible y comprometerse, en serio, con el crecimiento futuro del país. Ese futuro requiere, por supuesto, de una menor carga tributaria. Pero requiere también de su necesaria contrapartida, la reducción del gasto público, de manera que (junto con una inescapable mejora del ambiente institucional) se le devuelva la economía a la gente para que esta tenga más libertad y la economía florezca sola.