Con la crisis como escenario que había destruido al sector de la construcción, con miles de obras y contratos paralizados o cancelados y su consecuencia sobre los puestos de trabajo, al asumir Néstor Kirchner el Gobierno en 2003 -como parte de las políticas redistributivas implementadas- la recomposición de la obra pública como dinamizadora de la economía impulsó un abanico de operatorias fundamentalmente dirigidas a la recuperación del trabajo y a la disminución del déficit habitacional en los sectores más desprotegidos y a la recuperación del rol activo del Estado.

En una primera etapa se planteó el objetivo de dar un rápido impulso a la reinserción laboral y a la industria mediante los planes “Reactivación de Obras Fonavi” (significó 44.000 viviendas y 78.000 puestos de trabajo) y “Techo y Trabajo” y “Emergencia Habitacional”, dirigidos éstos a la formación de Cooperativas de Trabajo. En 2004 se implementó el Programa Federal de Construcción de Viviendas (PFCV) como eje de un conjunto de subprogramas orientados a satisfacer las diferentes demandas y en el marco de una fuerte decisión de reposicionar al Estado en su rol de abastecedor de soluciones habitacionales múltiples. En este sentido es para remarcar la acción del Subprograma de urbanización de villas y asentamientos precarios fundamentalmente en el AMBA, que entre sus objetivos tiene el de respetar la localización de la la población en el sitio en el que viven, legítima aspiración de quienes desde hace años han conformado su hábitat a partir del esfuerzo y la acción de los habitantes y muchas veces en lucha contra los intereses inmobiliarios y la estigmatización; es decir, se regulariza la situación de propiedad y se elimina la condición de discriminación social sobre su población actuando simultáneamente sobre el espacio urbano del lugar. A través de esta operatoria se han terminado 9.800 viviendas y están en construcción otras 13.000.

Dado que el déficit habitacional tiene como componente mayoritario en cuanto a la condición de la vivienda (sobre un total de 2.145.224 unidades 1.668.330 son recuperables) a las que solo necesitan mejoras, se creó el Programa Federal de Mejoramiento Habitacional Mejor Vivir que junto con el Programa de Mejoramiento de Barrios pusieron en valor la situación de 394.974 unidades.

Entre todas las operatorias en estos 10 años se terminaron 729.105 soluciones habitacionales (379.131 de ellas nuevas) y están en ejecución 289.672; o sea 1.020.635 que llegan a una población de más de 4.000.000 de personas. Mientras la población creció un 10,4% la cantidad de viviendas lo hizo un 16,5% y el número de viviendas en buen estado pasó del 78,3% a 82,4%, o sea que las políticas aplicadas han mejorado la situación de aquellos que se encontraban en peores condiciones y hacia allí apuntan también hoy las prioridades.

Queda todavía por avanzar en políticas para resolver el problema de aquellos sectores (fundamentalmente clases medias) que no acceden al crédito hipotecario para resolver el acceso a la primera vivienda o a resolver situaciones de hacinamiento por crecimiento familiar o cohabitación. Para parte de estos sectores se instrumentó el Plan Pro.Cre.Ar, del que debe señalarse la utilización de tierras fiscales avanzando sobre el mayor problema que tiene la formulación de una política de vivienda que es la falta de regulación sobre el suelo urbano.

Podemos sintetizar lo realizado en que ha sido muy exitosa la política de construcción de metros cuadrados (de vivienda y de la infraestructura que debe acompañarla) con un fuerte inversión dirigida hacia los sectores más vulnerables; hacia el futuro será necesario atender a la diversidad cultural de un territorio tan variado como el argentino, impulsar diversas modalidades de producción atendiendo a las posibilidades de la economía social en el sector, incorporar a la comunidad académica (universidades presentes en todas las regiones) y fundamentalmente a los propios destinatarios.

Hoy la CABA sigue teniendo similar cantidad de población, pero en una ciudad apoyada en la promoción del mercado inmobiliario y la privatización del espacio público, en la que la dinámica de lo privado se ha impuesto sobre el interés público reemplazando (dictadura cívico-militar y neoliberalismo actual mediante) toda expresión de identidad común en un territorio definido por la desigualdad y la inequidad espacial.

Heredero confeso de las políticas urbanas demoledoras y expulsivas desplegadas por la dictadura, el gobierno macrista reafirma en cada acto que en su Buenos Aires imaginada no hay lugar para igualar las oportunidades de sus ciudadanos, para una discusión democrática y participativa que ponga en cuestión cómo y por quiénes se produce y se utiliza el espacio urbano, y fundamentalmente con qué grado de justicia se distribuyen los enormes recursos con los que cuenta la ciudad más rica y desigual del país.

Es sólo desde esta postura que puede Mauricio Macri proponer una población de 6 millones de habitantes como solución a los problemas del transporte, o la construcción de 300 millones de metros cuadrados a partir de proyectos privados sobre tierras públicas definiendo a la Ciudad como “un gran desarrollo inmobiliario”, y se plantee un “Modelo Territorial 2060” que, partiendo de una idílica ciudad sin problemas de infraestructura y sin actores sociales, se refiere sólo a los objetivos físicos como parámetros de una “ciudad sustentable” resultante de una suma de indicadores internacionales formales, excluyendo de su análisis el derecho al acceso a la salud, la educación, el suelo urbano y la vivienda, la movilidad, la información, o sea, el derecho a la Ciudad del que hoy está privado un gran sector de la población.

Hacer realidad este derecho, construir nuestra sustentabilidad urbana, sólo puede alcanzarse apelando al principal recurso que tenemos: los habitantes y el tejido de sus relaciones, una convivencia que reconozca el derecho de todos a participar en la definición de la Ciudad, y especialmente que los resultados de esta cooperación sean efectivamente reflejados en políticas y decisiones públicas.