Naturalmente, comprender este nefasto cúmulo de asociaciones entre el Gobierno de la ciudad, los taxistas y su sindicato en contra de Uber, los usuarios de servicios de traslado de pasajeros y la sociedad es un conjunto implica develar conceptos que, puestos todos juntos, dejan en evidencia la naturaleza violenta del Estado en detrimento del bienestar de los individuos. En función de ello, desarrollaremos los siguientes puntos: tipificación de la intervención violenta del Estado; naturaleza de los monopolios (o cárteles) y su impacto sobre el bienestar; tipos de intervención implícitos en el ataque frente a Uber y los ciudadanos y, a modo de conclusión, los daños emergentes sobre la sociedad derivados de la asociación entre taxistas, sindicato y Estado porteño.

La intervención violenta del Estado

La intervención consiste en el uso de la fuerza física agresiva dentro de la sociedad, de modo tal que se sustituyan las acciones voluntarias por la coacción. A su vez, en nada cambia que dicha aplicación de fuerza sea individual o grupal, ya que la naturaleza económica y las consecuencias de la acción son las mismas.

En el mundo real, son los Estados los que realizan la mayor cantidad de intervenciones, ya que, en la sociedad, el Estado es la única organización legalmente autorizada para hacer uso de la violencia y la única entidad que obtiene legalmente sus ingresos de una imposición compulsiva.

Sin embargo, podemos clasificar las intervenciones en tres grandes categorías. En primer lugar, tenemos la intervención autística, en la cual el agresor (el Estado) ejerce coerción (ordena a un individuo que hago o no haga ciertas cosas, restringir uso de sus bienes) sobre un sujeto sin que este reciba a cambio ningún bien o servicio. En segundo lugar, está la intervención binaria, en la que el Estado puede llevar a cabo de manera compulsiva un intercambio entre otro individuo y él mismo (por ejemplo, el pago de impuestos), u obligar a otro a que le proporcione un obsequio.

Por último, está la intervención triangular, donde se crea un relación hegemónica entre el invasor (el Estado) y dos sujetos que intentan realizar un intercambio real o potencial. Dentro de esta gama de intervenciones están los controles de precios y los de cantidades-productos, donde los últimos incluyen una gama de restricciones que implican la concesión de privilegios monopolísticos tales como: cárteles obligatorios, licencias, estándares de calidad y seguridad, aranceles, sanciones a estructuras de mercado, leyes de salario mínimo y sindicalización obligatoria, concesiones y servicios públicos, políticas en contra de los monopolios, por sólo mencionar algunas de las intervenciones que suele aplicar el Estado.

En este sentido, al momento de explorar los efectos de la intervención debemos tener en cuenta no sólo las consecuencias directas, sino también los efectos indirectos. En primer término, la intervención tendrá consecuencias directas e inmediatas sobre la utilidad de los que participan.

Así, cuando la sociedad es libre y no hay intervención, cada uno procederá de manera que su nivel de utilidad sea máximo. De este modo, la intervención coercitiva conlleva a una pérdida de utilidad, ya que los agentes están siendo obligados a realizar, por la fuerza, lo que de modo voluntario no hubieran hecho, motivo por el cual siempre se pierde utilidad como resultado de la intervención. Por otra parte, dado que estas intervenciones modifican el comportamiento del sujeto, esto afecta a su patrón de decisiones que se derraman sobre el resto de los mercados, lo cual da origen a los efectos indirectos (por ejemplo, un control de precios no sólo genera un exceso de demanda en el mercado de bienes, sino que además provoca un exceso de oferta en el mercado de dinero, lo que engendra el problema del sobrante monetario que, al liberarse el control, en general, produce fuertes episodios inflacionarios).

La naturaleza de los monopolios

Si bien respecto al monopolio existen varias definiciones, desde el punto de vista de una sociedad libre, la única definición satisfactoria es la expresada por Lord Coke, que sostiene: “Monopolio es el establecimiento u otorgamiento por parte del rey, mediante merced, concesión suya, o de otra manera […] a cualquier persona o personas, cuerpo políticos o corporativos, para la exclusiva venta, compra, fabricación, elaboración o uso de alguna cosa, por medio de lo cual cierta persona o personas, cuerpo políticos o corporativos, resultan restringidos en cuanto a libertades que anteriormente tenían, o entorpecidos en su legítimo comercio”.

Para internalizar lo que dicha definición significa, supongamos que nos encontramos frente a dos mercados, los cuales están caracterizados por la existencia de un solo productor, donde la única diferencia entre ellos es que en uno hay libre entrada, mientras que en el otro esta libertad está vedada por la intervención del Estado. En el segundo caso, la restricción impuesta por el Estado impide que otros productores puedan ofrecer un producto más barato y de mejor calidad; por ello, este monopolio tendrá una renta derivada de un privilegio, por lo cual es legítimo sostener que existe una explotación del consumidor, donde se paga mayores precios (fruto de ajustar las cantidades) para una menor calidad de producto. Por otra parte, cuando existe libre entrada al mercado, pero donde sólo existe un único productor, en un momento dado, esta posición específica es necesariamente resultado de los méritos particulares de ese productor y de su capacidad para satisfacer de modo eficiente las necesidades de los consumidores (el mercado).

De hecho, en este contexto, todo innovador es necesariamente un productor único y si resulta exitoso en su tarea, los mayores beneficios atraerán a nuevos competidores, que buscarán imitar o mejorar su producto y con ello reducir el precio y los beneficios.

Por lo tanto, la pregunta relevante es la siguiente: ¿resulta esta posición monopolista del uso de la fuerza o de la libre voluntad de los consumidores? De otro modo, ¿el productor único protege la situación impidiendo con la fuerza (del Estado), lo que justamente debe llamarse competencia de productores potenciales, o es él mismo el que está potencialmente amenazado y debe su posición únicamente a sus esfuerzos y a la calidad de la producción a los ojos de sus clientes?

Mecanismos de intervención involucrados en el caso de Uber

Bajo este marco analítico, quedan plenamente de manifiesto los daños causados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los taxistas y los sindicatos ligados a estos últimos, en detrimento del resto de los ciudadanos.

Por un lado, el servicio de taxis de CABA representa un esquema de cártel obligatorio, ya que obliga a todos los prestadores del servicio a formar parte de una organización, donde a los participantes se les imponen restricciones en la cantidad de horas de tránsito (ver al frente de los taxis el adhesivo con el horario para el cual está habilitado a circular). A esto se le debe sumar la presencia de un precio mínimo, el cual está impuesto por el Gobierno de la ciudad. Al mismo tiempo, un taxi, para construirse en un taxi, debe poseer una licencia, lo cual restringe de modo deliberado la oferta de trabajo, al tiempo que se imponen diversas reglas y requisitos para trabajar en dicho sector. Así, a aquellos que cumplan las normas determinadas unilateralmente por el Estado (entre ellas, el pago de la licencia, lo cual es un obstáculo enorme para competidores con poco capital) se les impide la entrada, a punto tal que el número de taxis dentro de la ciudad está fijo, sin consideración alguna sobre la demanda y su comportamiento en distintos momentos del día y de los contextos (por ejemplo, lluvias), lo cual deriva a un servicio extremadamente rígido, ineficiente y poco apto para responder a los cambiantes deseos de los consumidores.

En paralelo a todo este conjunto de restricciones, como un mecanismo de favorecer a los dueños de licencias, utilizando el argumento del monto del seguro de vida, se hizo uso del argumento de los “estándares de calidad y seguridad”, donde el Gobierno “protege” a los consumidores al asegurarles servicios de máxima calidad. En rigor, el término ‘calidad’ es muy elástico y, en definitiva, son los consumidores quienes lo fijan con sus acciones libre de mercado (al margen de que el parque automotor promedio de los taxis es el doble de viejo que el de Uber).

Naturalmente, los dispositivos violentos por parte del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (allanamientos a las oficinas de Uber) representan,  además del daño causado sobre los que desean tomar el servicio, una sanción a una estructura de mercado y a lo cual se deben sumar los actos violentos de los taxistas (en defensa de su monopolio o privilegio en el sentido más estricto en que se ha definido más arriba) sobre los prestadores del servicio de Uber.

De más está decir que las regulaciones en cuanto a las leyes de salario mínimo y sindicalización obligatoria, sobre concesiones y servicios públicos y las supuestas políticas en contra de los monopolios representan un amplio abanico de intervenciones violentas del Estado a favor de un grupo (políticos, taxistas y sindicalistas) y en contra de las libertades individuales de los que buscan brindar el servicio por la red de Uber, como contra los potenciales usuarios del servicio.

Reflexiones finales

Friedrich Von Hayek sostenía que la competencia es un proceso de descubrimiento, y cuando hay competencia, esto es, libertad de entrar y salir de un mercado, todo productor es incitado a producir mejor que los otros y a vender sus productos más baratos o más capaces de satisfacer las necesidades de quienes compran. Pues sólo obrando así continuamente podrá un productor mantenerse en el mercado, ganar cuotas de mercado o evitar la quiebra. La competencia es, en este sentido, un poderoso factor de innovación y de progreso económico, lo cual confirma, en el contrario, el subdesarrollo de las economías con fuertes grados de intervención, en las que la libertad de empresa está limitada o totalmente ausente.

En definitiva, la competencia y el mercado libre son elementos que no sólo maximizan el nivel de vida (utilidad) de los individuos, sino que además crean un círculo virtuoso de crecimiento y bienestar en el cual la coalición entre el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, los dueños de las licencias, los trabajadores taxistas y los sindicatos, amparados en el aparato represivo del Estado, están obrando en contra de los intereses, no sólo de Uber y sus prestadores, sino que lo están haciendo en contra de los ciudadanos de la ciudad. Al mismo tiempo, todo este conjunto de acciones llevadas a cabo por el Estado es una nueva edición del comportamiento ludista que cae en lo que se denomina el odio a la máquina, una pésima señal para todo aquel que quiere invertir en la ciudad utilizando tecnología de punta.

Por lo tanto, y a modo de reflexión final, tal como afirmara Herbert Spencer en su libro El hombre contra el Estado: “Cuando el poder estatal se aplica a propósitos sociales, su acción es siempre lenta, estúpida, extravagante, no adaptativa, corrupta y obstructiva”. Esperemos que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires recapacite por lo actuado en contra de Uber, sus prestadores y en especial hacia los ciudadanos, ya que, en su defecto, dejará de manifiesto un comportamiento del tipo fascista, el cual no difiere del llevado a cabo por el kirchnerismo, salvo por los modales y la brutal irracionalidad de estos últimos en el manejo de los asuntos públicos.

En este sentido, el informe intenta brindar una visión equilibrada entre los beneficios y los costos que tienen aparejados los progresos tecnológicos en materia de información y comunicaciones. De este modo, en el documento se hace un racconto de los potenciales impactos positivos que podrían derivar de ello, tales como: la promoción de la inclusión, el aumento de la eficiencia, el estímulo a la innovación, la promoción del comercio, la mejor utilización del capital, la mayor competencia, la creación de nuevos empleos, el aumento de la productividad de los trabajadores y el incremento del excedente del consumidor (bienestar individual derivado de la diferencia entre lo que se está dispuesto a pagar y lo que efectivamente se paga). A su vez, también se señala que: puede hacer que los Gobiernos sean más capaces y receptivos, que haya mayor participación, que se incremente la capacidad del sector público y que se fomente la voz ciudadana.

Paralelamente, dentro de los riesgos se señalan: la concentración del poder de mercado, el aumento de la desigualdad sin una contrapartida en materia de eficiencia y que, cuando los Gobiernos no rindan cuentas de sus actos, el resultado será un mayor control y no un aumento del empoderamiento y de la inclusión de la población. Si bien el primer punto podría haber sido una fuente de debate sobre la posibilidad de una tasa de crecimiento sostenida en el tiempo (fruto de los rendimientos crecientes a escala) y las desavenencias del herramental neoclásico al momento de trabajar con los monopolios, o, en cuanto al último de los puntos señalados, abrir la discusión sobre los riesgos del accionar del Estado en términos de pérdidas de libertades individuales, han sido los ludistas (movimiento de artesanos ingleses que durante la Revolución Industrial se opuso a las máquinas que restaban empleos) los que han alzado sus voces con mayor fuerza por los efectos potenciales sobre el empleo en lo concerniente al segundo de los riesgos.

Concretamente, en lo concerniente a la evolución del empleo, el informe señala que desde un punto de vista tecnológico, dos terceras partes de los empleos del mundo en desarrollo pueden automatizarse. Al mismo tiempo, el análisis del organismo señala que Argentina es el país con mayor potencial de automatización (más del 60% de su estructura de empleo), lo que supera muy ampliamente a otros países como la India, Sudáfrica, Uruguay, China y el promedio de todas las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Adicionalmente, el informe señala: “La redistribución de la renta entre factores de producción —del trabajo al capital— y la disminución de la proporción de empleos de nivel medio en muchos países, se debe, por lo menos en parte, a la creciente automatización incluso de muchos trabajos de oficina. Cuando los trabajadores tienen las habilidades necesarias para sacar provecho de las tecnologías, se vuelven más productivos y sus sueldos aumentan. Cuando no las tienen, compiten con otros por empleos de bajo nivel, y provocan así una mayor baja de los sueldos en estos trabajos”. De modo tal que dadas las implicancias distributivas, a las voces de los ludistas se sumó el coro de los resentidos, que claman por un distribución del ingreso “más justa”, sin darse cuenta de que el proceso de producción no es independiente de la distribución (para ello, ver Erika Kirsner, 2000, para tener conciencia de la disparatada idea al respecto de John Stuart Mill).

Si bien el argumento de la distribución del ingreso es altamente cuestionable desde un punto de vista ético (ya que la redistribución siempre implica un acto violento), es comprensible, porque el sentimiento de envidia ha acompañado al hombre a lo largo de todo su existencia. Sin embargo, menos aceptable (al menos para un economista de formación razonable) es incurrir en la falacia ludista del odio a la máquina. De hecho, si fuese cierto que la introducción de la maquinaria es causa de creciente desempleo y miseria, las deducciones lógicas asociadas serían revolucionarias, no sólo en el aspecto técnico, sino también en lo que se refiere a nuestro concepto global de la civilización. No sólo tendríamos que considerar calamitoso todo futuro progreso técnico, sino que deberíamos contemplar con igual horror los progresos técnicos alcanzados en el pasado.

Veamos la falacia con un muy simple ejemplo. Supongamos que un fabricante de telas tiene conocimiento de la existencia de una máquina capaz de confeccionar abrigos, empleando tan sólo la mitad de la mano de obra que anteriormente se precisaba. Así, instala la maquinaria y despide a la mitad del personal. Parece a primera vista que ha habido una evidente disminución de ocupación. Ahora bien, la propia máquina requirió mano de obra para ser fabricada, aunque dicho efecto no alcanza a compensar al precedente.

Ahora bien, la incorporación de la máquina al proceso productivo le permite al empresario producir los mismos abrigos pero a menor costo, lo cual deriva en un aumento extraordinario de las ganancias. Frente a esta situación, este se podría emplear de tres maneras: ampliación de sus instalaciones, con adquisición de nuevas máquinas para hacer un mayor número de abrigos; inversión en cualquier otra industria por la vía del ahorro; e incremento de su propio consumo. Por lo tanto, cualquiera de estas tres posibilidades ha de producir demanda de trabajo. En otras palabras, como resultado de sus economías, el fabricante obtiene un beneficio que no tenía antes. Cada centavo ahorrado en salarios directos, por haber podido disminuir el importe de sus nóminas, ha de ir a parar indirectamente a los obreros que construyen la nueva máquina, a los trabajadores de otras industrias o a aquellos que intervienen en la construcción de una nueva casa, automóvil o cualquier otro tipo de bien que consuma el fabricante de abrigos. En cualquier caso, proporciona indirectamente tantos empleos como los que directamente dejó de facilitar.

A su vez, estos beneficios extraordinarios para el productor harán que sus competidores imiten su accionar, por lo que no solamente se incrementará la demanda de maquinarias (y con ello el empleo en dicho sector), sino que además, al aumentar la oferta de abrigos, sus precios caerán, por lo que los consumidores podrán disfrutar de una mayor cantidad de abrigos y según sea la elasticidad precio de la demanda, de una mayor cantidad de otros bienes, por lo que con ello habrá mayor cantidad de puestos de trabajo.

En definitiva, las máquinas, los perfeccionamientos técnicos, las economías de escala y mayor eficiencia no dejan sin trabajo a los individuos, sino que incrementan el nivel de bienestar. Si llevamos la situación a un caso mucho más extremo: cada vez que se produce un avance en el campo de la medicina que prolonga la esperanza de vida se quedan sin empleo personas que trabajan en casas velatorias, sepultureros, trabajadores de los cementerios y los que se dedican a la producción de féretros. ¿Cómo tomaría usted si aparece algún economista ludista —al margen de la falacia— haciendo campaña por la muerte? Yo, en principio, le diría que se olvide del nefasto óptimo de Pareto. Usted dígale lo que quiera, aunque le pido que no me haga responsable de ello.

Sin embargo, si bien la respuesta del ministro Prat-Gay pulverizó el punto levantado por el diputado Kicillof (pese a sostener que su pregunta no ha sido contestada), el problema radica en que este último, en una muestra flagrante de su desconocimiento en la materia, realizó mal su pregunta al configurar a la economía como si se tratara de un modelo con tipo de cambio fijo, cuando en el presente estamos en un caso de tipo de cambio flexible.

En función de dicho debate, la idea del presente artículo es explorar las consecuencias sobre los precios (los cuales pueden apartarse de la PPP en el corto plazo, ya sea por la presencia de fricciones en el mercado de bienes o por la existencia de bienes no transables), el tipo de cambio y las reservas bajo cuatro alternativas, según sea el tipo de financiamiento del déficit fiscal y el esquema cambiario. En este sentido, supondremos que la forma en que el Gobierno financia su déficit puede ser: (i) con endeudamiento externo y (ii) emisión monetaria. A su vez, el esquema cambiario puede mostrar dos alternativas: (i) tipo de cambio flexible y (ii) tipo de cambio fijo. De todos modos, más allá de los resultados de corto plazo, el punto central es que, en el largo plazo, la estructura de precios relativos de la economía es independiente de la estructura de financiamiento (salvo que ello impacte sobre la tasa de interés).

Caso 1: Tipo de cambio flexible con financiamiento externo

Tal como lo mencionáramos, desde la salida del cepo y acorde a los comunicados del Banco Central (BCRA), las autoridades han optado por un esquema de tipo de cambio flexible. Naturalmente, cuando el tipo de cambio es plenamente flexible, al no existir intervención del BCRA, el nivel de reservas internacionales no varía, ya que todo el desequilibrio repercute sobre el tipo de cambio. En este esquema, cuando el Gobierno decide financiar su déficit fiscal con emisión de deuda, el ingreso de dólares al país, al tener que ser comercializados en el mercado de cambios sin que se modifique la cantidad de dinero en la economía, ello conduce a una caída en el precio de la divisa sin alteración alguna sobre el nivel de precios. Esto es, en el corto plazo, la moneda se aprecia en términos reales. En cuanto al largo plazo, dado que esta apreciación de la moneda se manifestará en un deterioro de las cuentas externas (fruto de menores exportaciones y mayores importaciones), ello impulsará una suba futura del tipo de cambio nominal hasta recomponer el equilibrio inicial.

Caso 2: Tipo de cambio flexible con financiamiento monetario

En cuanto al caso donde el déficit fiscal se financia con emisión monetaria, el resultado es un aumento tanto del nivel de precios como del tipo de cambio. En términos de causación, cuando la cantidad de dinero aumenta, los precios domésticos también lo hacen y como ello encarece los precios locales, el tipo de cambio sube para mantener el equilibrio las cuentas externas. Así, en este caso, no hay efectos reales, aunque la economía se escala en un nivel de precios y tipo de cambio más altos.

Caso 3: Tipo de cambio fijo con financiamiento externo

Respecto al tipo de cambio fijo, cuando se toma deuda en moneda extranjera en el exterior, ello implica un ingreso de dólares al país, los cuales deben ser comprados por el BCRA con emisión monetaria, al tiempo que aumentan las reservas internacionales. Así, en este contexto, la mayor emisión de dinero haría subir el nivel general de precios, por lo que, adicionalmente, en el corto plazo, habría una apreciación cambiaria. Sin embargo, en la medida en que dicho proceso se consolida, las cuentas externas se deterioran, se comienzan a perder reservas, cae la cantidad de dinero y los precios se retraen hasta volver a la situación inicial. Por lo tanto, en este caso, salvo que el proceso de ajuste en los precios sea instantáneo, la mayor preocupación, dado el déficit fiscal, es el movimiento descendente que deberían mostrar los precios en el largo plazo para no generar desempleo.

Caso 4: Tipo de cambio fijo con financiamiento monetario

Por último, si dado el tipo de cambio fijo se decidiera financiar el déficit con emisión de dinero, en el corto plazo, los precios subirían. Esto, a su vez, apreciaría la moneda y, con ello, habría un deterioro de las cuentas externas, con lo cual, en el largo plazo, caerían las reservas y la cantidad de dinero se ajustaría al nivel inicial (determinado por la demanda de dinero); los precios deberían volver a su situación de inicio. Nuevamente, al igual que en el caso anterior, las velocidades de ajuste involucradas en cada uno de estos pasos no resultan triviales.

Dada la tipificación precedente y tomando las declaraciones del Dr. Axel Kicillof, resulta claro que su pregunta estaría encuadrada en el caso 3, donde si bien el ministro Alfonso Prat-Gay le contestó con magistral solvencia (asumiendo velocidades de ajuste instantáneas), el problema es que la pregunta fue desatinada por el hecho de que el caso argentino se asimila con la situación 1.

Finalmente, y más allá de los fuertes errores conceptuales en lo que suele caer el diputado Kicillof, que ya bastante daño nos ha causado con su paso por el Ministerio de Economía (ver), el punto central es si, dada la estrategia de financiamiento seleccionada por el ministro de Hacienda y Finanzas en conjunción con la política cambiaria del BCRA, es la mejor opción. En este sentido, es posible observar que si bien de largo plazo todas las estrategias de financiamiento no alteran los precios relativos, por lo que en este aspecto no hay diferencias, en el corto plazo sí las hay.

Así, resulta claro que de las cuatro alternativas, la mejor es la que se corresponde con el caso 1, ya que implica que no hay impacto en el nivel de precios en ningún plazo. A su vez, los casos 3 y 4 requieren de plena flexibilidad de precios a la baja que, de no presentarse de modo instantáneo, derivaría en desempleo y malestar social, por lo que habría una amplificación de riesgos (con lo cual el caso 3 domina al 4, dado el mayor nivel de reservas). Por último, debería ser claro que el peor de los casos es 2. En definitiva, más allá de los ribetes épicos de la jornada, lo que debería quedar claro es que la estrategia de Alfonso Prat-Gay es plenamente consistente (lo cual no asegura que sea alcanzable), algo que jamás ha podido mostrar Axel Kicillof en todo su paso por el Ministerio de Economía y ahora en la Honorable Cámara de Diputados.

En este sentido, a mediados del año pasado, junto a mis colegas Nicolás Federico Kerst y Diego Pablo Giacomini, desarrollamos un indicador al que llamamos “termómetro de riqueza”. El indicador en cuestión parte de la hipótesis de que la competitividad de un país viene dada por su capacidad de ganar dinero (esto es, generar riqueza). Para ello, partiendo de la Q de Tobin, se sintetiza toda la información sobre el futuro que resulta relevante para la toma de decisiones de inversión por parte de los agentes, ya que en su armado convergen las condiciones de equilibrio tanto del mercado de bienes (los ingresos resultan suficientes para cubrir todos los costos operativos, el fiscal y el del capital) como de capitales (el retorno de los activos se iguala con el costo de oportunidad del capital).

Al mismo tiempo, si uno asume que la economía bajo análisis es abierta y que a largo plazo se cumple la paridad del poder de compra (PPP), a partir de las condiciones de equilibrio en el modelo de la Q es posible determinar el tipo de cambio real de equilibrio, el cual vendrá dado por el salario real (salarios en términos de nivel general de precios) relativo a la productividad del trabajo, el costo de oportunidad del capital (que toma al apalancamiento de la economía, la tasa de interés de los Estados Unidos, el riesgo país y la devaluación esperada), la presión fiscal (el gasto público y su eficiencia) y la escala productiva, todo ello en relación con la economía de referencia (la de la moneda que se compara).

En términos prácticos, el termómetro de riqueza muestra que nunca en la historia del país se destruyó tanta riqueza como en el período que va de 2003 a 2013. Así, la política económica kirchnerista ha logrado una destrucción de 1,61 puntos del indicador, seguida por la economía de la dictadura durante 1977-1982 con 1,27 puntos, la salida de la convertibilidad (2000-2002), con 0,97 puntos, el rodrigazo (1973-1975), con 0,81 puntos y los años que van de 1945 a 1949 durante el primer Gobierno de Juan Domingo Perón, con 0,74 puntos. A su vez, el mismo estudio estadístico muestra que, cuando el indicador cae por debajo de 0,6, la probabilidad de crisis se acelera fuertemente. En otras palabras, cuando el indicador pierde 0,4 puntos respecto al nivel del promedio histórico, la economía ingresa en una crisis. Nuevamente, a partir de este análisis se confirma que el kirchnerismo ha sido peor Gobierno de la historia, ya que a lo largo de los últimos doce años ha generado una caída que podría haber generado cuatro crisis, de no ser por las reformas estructurales de los noventa, el ajuste realizado por Eduardo Duhalde y el mejor contexto internacional de la historia (para aquellos que estén interesados en la versión divulgación pueden ver en este mismo portal la siguiente nota).

Si bien los resultados en cuestión resultan por demás contundentes, puede que la lectura dura resulte algo abstracta, por lo que, para complementar estos resultados, a continuación se presentan los resultados en términos de PIB per cápita y de su correspondiente nivel asociado de riqueza (la cual se entiende como el valor presente del PIB por habitante futuro).

El punto de partida para medir la destrucción del kirchnerismo es el inicio del segundo mandato de la señora Cristina Fernández de Kirchner, junto a la llegada al Ministerio de Economía de la rutilante estrella del firmamento económico de la nación, el Dr. Axel Kicillof (tanto como viceministro, primero, como en tanto ministro después). Concretamente, pese a la adulteración de las estadísticas y la existencia de tipos de cambios múltiples, el PIB por habitante, cepo mediante, se estancó en torno a los diez mil dólares per cápita. Al mismo tiempo, dicho nivel representaba un 20% del PIB por habitante del mostrado por los Estados Unidos (país que se toma como referencia para realizar los ejercicios de convergencia).

En este sentido, si tenemos en cuenta que el presente proceso de decadencia lleva cerca de setenta años, lo cual nos ha hecho pasar de tener un PIB per cápita del 97% del de los Estados Unidos al presente 20%, pareciera normal asumir que nos llevaría otros setenta años volver al nivel del que nos quitó la instauración del populismo salvaje.

 Fuente: elaboración propia con base en Milei-Ferrelli Mazza (2016)

Suponiendo que el PIB por habitante en Estados Unidos crezca al 2,5% anual compuesto (alcanzando un nivel de 282 mil dólares en el año 2081), la tasa de crecimiento a la que debería crecer nuestro producto per cápita (incluyendo el efecto de la apreciación cambiaria producto del defasaje con el PIB de PPP, 1,13%) debería ubicarse en el 4,88% anual compuesto. Sin embargo, a la luz de que durante el período 2011-2015 el país ha disfrutado del mejor contexto internacional de la historia (los términos de intercambio más altos de la historia junto a tasas de interés en el mundo cercanas al 0%), el crecimiento debería haberse incrementado en unos 2,2 puntos porcentuales (acorde a Robert Barro, 1998) y podría haber llegado así al 7,19% anual. Naturalmente, desaparecido dicho efecto, la tasa de crecimiento se debería desacelerar a un nivel del 4,75%, de modo tal que se alcanzara el producto por habitante de los Estados Unidos en el año 2081.

En función de lo anterior, surge con claridad que la gestión económica del kirchnerismo nos ha costado el área comprendida entre los puntos ACB (resultado emergente de las distintas tasas de crecimiento), lo cual, puesto en términos de dólares junto a una tasa de capitalización del 5% anual (la que hubiéramos tenido en caso de normalizar el default de la deuda), asciende a 8.500 dólares por habitante, esto es, la mala gestión implicaría una pérdida equivalente al 85% del PIB actual. Si bien el número en cuestión parece alto, cuando se compara con lo que ha pasado con el resto de los países de la región (salvo Venezuela), la pérdida estaría en torno al 120 por ciento.

Sin embargo, el daño causado por el formidable binomio Cristina Fernández de Kirchner-Axel Kicillof no se termina ahí. Concretamente, aun cuando los daños causados fueran transitorios y la economía podría volver a crecer y alcanzar una tasa del 5,19% anual compuesto tal que en el 2081 se logre la convergencia, existe una pérdida adicional de riqueza equivalente al área BCD como fruto de partir de un producto por habitante menor. En este sentido, cuando se toma el diferencial de estos potenciales productos y se los descuenta al 5%, la pérdida de riqueza por habitante se ubicaría en torno a los 104 mil dólares, o lo que es lo mismo, unos 10,4 PIB por cada uno de los habitantes.

Finalmente, si sumamos la pérdida de riqueza del período por haber crecido menos (área ACB equivalente a unos 8.500 dólares per cápita) y los efectos de crecer hacia la convergencia desde un nivel de producto por habitante menor (área BCD equivalente a unos 104 mil dólares per cápita), la destrucción de riqueza por habitante asciende a 112.500 dólares (área ACDB), lo que ajustado por una población de 42 millones de argentinos arroja una pérdida total de 4,725 billones de dólares. Por lo tanto, si se encuentra con alguien y luego de explicarle estos números sigue sin creerle que el kirchnerismo ha sido, por lejos, el peor Gobierno de la historia del país, resulta altamente probable que esté frente a un caso de fanatismo extremo. Nunca se rinda, ármese de paciencia, sea muy tolerante y trátele de explicar nuevamente hasta que comprenda.

Sin embargo, pese a más de cinco mil años de evidencia empírica mundial, las lecciones monetarias de gigantes como Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Milton Friedman y Robert Lucas Jr., entre otros, y junto a la experiencia local de los últimos setenta años (momento en el cual Juan Domingo Perón nacionalizó el Banco Central), en los que se le quitaron trece ceros a la moneda, pasando por dos hiperinflaciones, resulta casi imposible de creer que no se haya aprendido nada sobre el tema. Es más, parecería que para la gran mayoría de los economistas argentinos es imposible de asimilar la famosa consigna del padre del monetarismo, que señalaba: “La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y esta se contuvo solamente cuando se impidió que la cantidad de dinero continuara creciendo demasiado rápidamente; y este remedio resultó eficaz, se hubieran adoptado o no otro tipo de medidas”.

Dentro de dicho debate ingresan las recientes definiciones del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, cuando afirmó: “Si quisiéramos terminar con la inflación en dos meses, la única receta sería la del ajuste, con la pérdida de fuentes de empleo y una menor actividad económica, pero nosotros no vamos a adoptar medidas que afecten a los más humildes”. En este sentido, la fase en cuestión no es más que una referencia directa a lo que técnicamente se conoce como la curva de Phillips, que intenta capturar la relación (supuestamente negativa) entre la tasa de inflación y el nivel de desempleo.

Dicha curva tiene su origen en un trabajo de William Phillips de 1958, quien, estudiando datos sobre la tasa de variación de los salarios nominales y la tasa de desempleo para Gran Bretaña durante el período que va desde 1861 a 1957, encontró una relación negativa. Así, en la medida en que la tasa de desempleo se achicaba, la tasa de variación de los salarios aumentaba. En función de esto, Richard Lipsey (1960), en perfecta sintonía con el capítulo 21 de la Teoría general de John M. Keynes, asumió que los precios se determinaban como una proporción fija por encima de los costos laborales, por lo que la relación pasó a vincular la tasa de inflación con la tasa de desempleo (creyendo que con ello daban respuesta al desafío lanzado por Milton Friedman, que señalaba la incapacidad del modelo keynesiano para dar respuesta a la tasa de inflación).

En ese mismo año, los keynesianos Paul Samuelson y Robert Solow dieron formato empírico para dicha recomendación tanto en los Estados Unidos como para Gran Bretaña. Así, con esta nueva herramienta, los políticos se lanzaron al diseño de políticas que les decían cuánto más de inflación se debía soportar si querían bajar el desempleo y viceversa.

Sin embargo, al igual que en otras tantas oportunidades, Milton Friedman se presentó para estropearles la fiesta a los keynesianos y, junto con ellos, a todos los políticos derrochones. En este sentido, el Coloso de Chicago afirmaba que los individuos no eran estúpidos, como sostenían de modo implícito los keynesianos, sino que en el medio aprendían cómo trabajaba la economía. De este modo, cuando el Banco Central aumentaba la tasa de creación de dinero, en el corto plazo las empresas creían que su precio relativo mejoraba, por lo que se lanzaban a producir más y con ello a contratar más trabajadores por un mayor salario. Los asalariados, creyendo que su salario real estaba subiendo, aumentaban la cantidad de horas trabajadas. Todo esto derivaba en un aumento transitorio de la producción (pasaje del punto 1 al punto A en la curva CPcp0 del gráfico, con una tasa de desempleo μ_A y una inflación Π_b). Ahora bien, cuando los agentes descubrían que la tasa de inflación había aumentado, incorporaban dicha información (las expectativas se adaptaban con el nuevo dato de inflación), lo cual generaba una nueva curva de Phillips de corto plazo (CPcp1), que implica volver a la original tasa natural de desempleo μ*, pero con una mayor tasa de inflación (punto 2). En el fondo, Milton Friedman sostenía que si bien existía una relación de intercambio entre inflación y desempleo, esta era de corto plazo y que, cuando los individuos se adaptaban a la nueva tasa de inflación, dicho efecto desaparecía (línea vertical para el largo plazo CPlp). Es más, en esta misma línea, Edmund Phelps (1968) sostenía que la única posibilidad de conseguir de modo sistemático que la tasa de desempleo se ubicara por debajo de la tasa natural era acelerando continuamente la tasa de inflación.

Finalmente, en el año 1972 (y validado empíricamente en el año 1973), apareció Robert Lucas para sepultar a la tristemente célebre curva de Phillips con el argumento de las expectativas racionales. Así, cuando los agentes forman sus expectativas de modo racional y conocen cómo diseña la regla de política monetaria el Banco Central (la fuente de generación de inflación), frente a un cambio de regla que conlleva una mayor emisión monetaria, la economía pasa del punto 1 al 2 sin ninguna ganancia en términos de actividad y nivel de empleo. En este sentido, la única forma de lograr una mejora de actividad y empleo es mediante el engaño deliberado por parte de la autoridad monetaria, efecto que no sólo duraría muy poco tiempo, sino que además su repetición sistemática en el tiempo dejaría cada vez menores dividendos.

En función de todo esto, lo que hemos aprendido la mayor parte de los economistas del mundo es que, cuando un Banco Central es creíble, podría bajar la tasa de inflación sin caídas en el nivel de empleo con el simple hecho de anunciar una nueva regla monetaria consistente. Por lo tanto, a la luz de las declaraciones del ministro surgen por lo menos dos alternativas: se encuentra abrazado a las erróneas premisas keynesianas previas a los resultados derivados por Milton Friedman y Robert Lucas Jr.; o considera que si lanzara un plan de ataque frontal contra la inflación, este no sería creíble. Esto es, en cualquiera de las dos situaciones, la señal es mala, ya sea porque implicaría haberse quedado en la teoría económica de los sesenta, o porque considera que carece de credibilidad suficiente como para lanzar un plan con las características que requiere la presente situación económica y social argentina.

Ante dicha situación inflacionaria, tanto el Presidente como algunos de sus ministros han realizado declaraciones altamente desafiantes hacia el empresariado; están buscando establecer un techo a las negociaciones salariales y, para ponerle la frutilla al postre, se ha deslizado la idea de lanzar un programa para vigilar los precios de los supermercados. Todo esto, puesto en blanco y negro, no es ni más ni menos que el típico programa keynesiano de políticas de ingresos que se ha venido ensayando en el país desde mediados del siglo XX hasta la fecha (salvo en los períodos de 1959-1962, 1967-1968 y 1991-2005, donde los precios fueron libres) y que siempre han fracasado, es más, sin ir más lejos, no es muy distinto (salvo por las formas, esperemos) de lo que hacía Guillermo Moreno.

Muchos Gobiernos, funcionarios públicos y un ejército de economistas heterodoxos, a pesar de la evidencia empírica adversa, sostienen que el control de precios es una medida efectiva para vigilar la inflación. Sin embargo, desde la quinta dinastía de Egipto (2830 a. C.), en Sumeria, en Babilonia, con el Código de Hammurabi, la Grecia antigua y en la Roma imperial, mediante el tristemente célebre edicto de Diocleciano, los soberanos respondieron repetidamente a las alzas de precios exactamente del mismo modo. Increparon a los “especuladores”, pidieron a los simples particulares que muestren un sentido de responsabilidad social y recurrieron a leyes u otros expedientes para fijar los precios y los salarios, y evitar así que los precios siguieran subiendo. Sin embargo, tal como se lo documenta en el libro 4.000 años de controles de precios y salarios, de Robert Schuettinger y Eamonn Butler (reeditado por el Grupo Unión, a la venta en el mes de marzo), los hechos muestran una secuencia uniforme de fracasos reiterados. De hecho, el libro concluye que no existe un solo caso en la historia en el que el control de precios haya detenido la inflación o haya superado el problema de la escasez de productos.

El origen de esta confusión entre el Gobierno, el público y los economistas heterodoxos (la gran mayoría con raíces keynesianas-estructuralistas-marxista), que no hacen más que complicar más el asunto, radica en tres grandes errores conceptuales: (1) falta de comprensión de lo que es el mercado, (2) error conceptual sobre la relación entre el precio y los costos y (3) negación sistemática de la inflación como un fenómeno monetario.

1. Falta de comprensión de lo que es el mercado

Respecto a este punto, lo primero que hay que comprender es que el mercado es un proceso de cooperación social puesto en marcha por las actuaciones de una gran cantidad de individuos que, buscando satisfacer sus propias necesidades, realizan intercambios voluntarios que conllevan a la división del trabajo, lo que a su vez potencia el crecimiento, vía una mayor productividad. Los juicios de valor de estas personas, así como las acciones engendradas por las aludidas apreciaciones, son las fuerzas que determinan la disposición —continuamente cambiante— del mercado. A su vez, la situación queda reflejada a cada momento en la estructura de precios, esto es, en el conjunto de tipos de cambio (conjunto de precios relativos) que genera la mutua actuación de todos aquellos que desean comprar o vender. Nada hay en el mercado de índole no humana, mítica o misteriosa. En definitiva, este proceso de cooperación social que denominamos mercado no es, ni más ni menos, que el resultado de un conjunto de acciones humanas que, buscando el bien individual, llevan a cabo intercambios voluntarios, lo que conduce a un mayor bienestar general.

En función de ello, la idea de fijar un precio en el mercado representa un acto de intervención violenta por parte del Gobierno. Así, siguiendo a Murray Rothbard, la intervención consiste en el uso de la fuerza dentro de la sociedad que intenta sustituir las acciones voluntarias por la coacción. De hecho, el Estado es la única organización que está legalmente autorizada (con leyes que él mismo sanciona) para hacer uso de la violencia. Así, dentro de dicha línea de análisis existen dos tipos de efectos derivados de la intervención: directos e indirectos. Respecto al primero de los casos, cuando no hay intervención y la sociedad es libre, cada uno procederá de la manera que considere que hará a su bienestar máximo, por lo que cualquier intervención coercitiva que impida la realización de los intercambios deseados deriva en una pérdida de bienestar. Por otra parte, en cuanto a los efectos indirectos, estos tienen que ver con los impactos no deseados sobre el resto del sistema, donde, al generarse un exceso de demanda por fijar un precio máximo debajo del nivel de equilibrio en una parte del sistema, ello deriva en un conjunto de excesos de oferta en el resto de toda la economía, lo cual se traduce en sistemáticas pérdidas de bienestar.

2) Error conceptual sobre la relación entre el precio y los costos

La idea de querer determinar los precios en función de los costos en los que se ha incurrido en cada uno de los pasos del proceso productivo (los marxistas por medio de la teoría del valor trabajo y los keynesianos por el margen de ganancia sobre el costo salarial neto de la productividad del trabajo) es reflejo de la obtusa percepción sobre cómo funciona el sistema económico. Es más, tal como fuera demostrado por Carl Menger en sus Principios de economía política mediante la ley de imputación, son los precios los que determinan los costos y no al revés. Los consumidores fijan no sólo los precios de los bienes de consumo, sino también de todos los factores de producción; establecen así los ingresos de cuantos operan en el ámbito de la economía de mercado. Son ellos, los consumidores, y no los empresarios ni los sindicalistas (y mucho menos un político), quienes, en definitiva, pagan por cada insumo y a cada trabajador su salario. Por lo tanto, si uno quisiera determinar las causas de por qué suben todos los precios monetarios de la economía, las causas no están en los costos, sino en el continuo aumento de la emisión monetaria.

3) Negación sistemática de la inflación como un fenómeno monetario

El problema económico central del dinero es su valor de cambio objetivo. En este sentido, si el valor de cambio objetivo de un bien es su poder para adquirir una cierta cantidad de otros bienes a cambio, su precio está dado por esta cantidad de otros bienes. Por lo tanto, el poder adquisitivo del dinero viene determinado por la posibilidad de obtener una cierta cantidad de bienes económicos a cambio de una determinada cantidad de dinero. A su vez, el dinero, como cualquier otra mercancía, tiene su propio mercado y su precio está dado por su poder adquisitivo. Así, cuando se incrementa la cantidad de dinero ofrecida, el poder de compra de la unidad monetaria se reduce y, por ende, la cantidad de bienes que pueden obtenerse por unidad de esa moneda se reduce también (inflación).

De este modo, tal como lo señalara Milton Friedman: “Puede que los empresarios sean voraces, los sindicatos ambiciosos, los consumidores despilfarradores, los jeques árabes hagan subir el precio del petróleo y las condiciones meteorológicas a menudo sean malas. Todo esto puede conducir a aumentos de precios de bienes individuales, pero no puede llevar a un incremento general de los precios de los productos. Pueden provocar una suba temporal de la tasa de inflación, pero no pueden ser la causa de una inflación continua por una razón muy simple: ninguno de estos aparentes culpables posee la máquina de imprimir estos trozos de papel que llevamos en nuestros bolsillos”. En este sentido, “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y esta se contuvo solamente cuando se impidió que la cantidad de dinero continuara creciendo demasiado rápidamente; y este remedio resultó eficaz, se hubieran adoptado o no otro tipo de medidas”.

Por lo tanto, más allá de sus efectos económicos directos e indirectos sobre la economía en su conjunto, la imposición de precios máximos amenaza el consenso de valores compartidos por la comunidad, lo cual constituye la base moral de una sociedad libre. Así, cuando en nombre de la responsabilidad social se exhorta al público a someterse a estos controles, aquellos que se someten se terminan dañando a sí mismos y a la comunidad. Es más, aquella conducta moralmente cuestionable —evadir los requerimientos de las autoridades y violar los controles de precios y salarios impuestos— es beneficiosa, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista social. En este sentido, tales medidas incuban en el público la falta de respeto por la ley y hacen que los funcionarios se sientan propensos a emplear poderes extralegales y pongan en jaque los propios cimientos de la libertad.

En definitiva, las políticas de controles de precios son dañinas, porque no sólo posponen en el tiempo las medidas efectivas para controlar la inflación, al tiempo que desorganizan tanto la producción como la distribución, sino que además crean una fuerte división social y fomentan la puesta en marcha de restricciones que amenazan la libertad política de los individuos. En definitiva, es muy poco lo que se gana (un efecto pasajero de corto plazo) respecto a los enormes costos económicos y riesgos sociales en los que pueden derivar. Esta situación ya la hemos vivido durante la gestión del régimen kirchnerista con Guillermo Moreno y Axel Kicillof como cabezas visibles del proceso. La experiencia no ha sido satisfactoria en lo más mínimo, por lo que si verdaderamente estamos interesados en bajar la inflación, debemos comenzar a mirar lo que esté haciendo el Banco Central de la República Argentina y los motivos por los cuales se ve obligado a emitir dinero. Hasta que eso no ocurra no habremos avanzado ni un solo paso en la lucha contra la inflación.

Naturalmente, al momento de analizar el nivel de salarios no sólo deberían considerarse los precios (y por ende su tasa de variación, inflación), sino también la evolución del nivel de la productividad (marginal) del trabajo, ya que el salario de equilibrio viene determinado por el producto entre estos últimos dos conceptos. Así, cuando la tasa de variación de los salarios nominales excede a la suma del crecimiento de los precios y de la productividad del trabajo, las ganancias de las empresas caen y así se reduce la demanda de trabajo, lo que genera desempleo (esto castiga en mayor medida a los trabajadores menos calificados del mercado, ya que son los que estarían dispuestos a trabajar por menores salarios reales).

Por otra parte, en el caso opuesto, las empresas tendrán rentas extraordinarias que podrán aplicar a: demandar más trabajo, o acumular capital, o ahorrar (lo que implica financiar la inversión en otros sectores de la economía), donde cada una de estas alternativas conlleva la creación de nuevos puestos de trabajo y mejores salarios reales.

Además, en dicho análisis debería quedar claro que no sólo intervienen las cuestiones presentes, ya que tanto la tasa de inflación (dados los rezagos en la política monetaria) como la productividad (el stock de capital físico fruto de la inversión realizada en los últimos años) vienen determinadas mayormente por decisiones hechas en el pasado. Puesto en otros términos, para el presente año, como el stock de capital del momento inicial está jugado, el Gobierno sólo podrá trabajar parcialmente en la tasa de inflación. Esto es, dado que la política monetaria tiene un rezago de 18 meses, un tercio de la inflación estará dada por lo actuado por Alejandro Vanoli (quien, al emitir al 40%, dejó un piso de inflación del 13%) y los dos tercios restantes por lo que emita Federico Sturzenegger. Al mismo tiempo, si el Banco Central (BCRA) se restringe al objetivo de inflación del 22,5% (valor medio de la banda) fijado por el ministro Alfonso Prat-Gay, la tasa de emisión no debería superar el 15 por ciento.

Sin embargo, el tema no es tan simple, ya que en medio de dicho proceso puede aflorar lo que los economistas llamamos el problema de la inconsistencia dinámica. Así, cuando el Gobierno anuncia una política, el público puede considerarla no creíble, bien porque la regla que es óptima en un período deja de serlo en un período posterior, bien porque contradice otros objetivos del Gobierno, de tal modo que los agentes privados esperarán que este desista de llevarla a cabo. Este último caso es el que se asemeja a la situación que deseamos analizar. Para ello, suponiendo que tanto el Banco Central como los sindicatos sienten el mismo rechazo (tienen la misma función de pérdida social) por la inflación, el desempleo y la caída del salario real (el peor de estos últimos dos), a continuación se presenta una matriz de resultados en términos de mercado de trabajo y de inflación.

En la parte superior de la matriz se presentan las opciones de política monetaria del BCRA, las cuales constan en seguir una estrategia dura o una laxa en materia de inflación. Por otra parte, en el lado izquierdo de la matriz están las opciones de los sindicatos (quienes no difieren de modo sustancial de las preferencias de la comunidad), que constan en pedir altas o bajas tasas de aumento salarial. En este sentido, cuando los sindicatos piden altos salarios y el BCRA es laxo (extremo superior izquierdo de la matriz), si bien no hay desempleo (μ), la tasa de inflación (π) es alta, tal que el salario real (w) queda constante. A su vez, en el caso opuesto (diagonal al caso anterior), si los sindicatos piden bajos salarios, tampoco hay desempleo, pero la inflación es más baja, sin cambios en el salario real, por lo que este resultado (mismo desempleo y salario real con menor inflación), desde el punto de vista social, es preferible al anterior. Por otra parte, si los sindicatos van por tasas de variación de salarios altas y el BCRA es duro en su política (extremo superior derecho de la matriz), si bien la tasa de inflación bajará, ello será con un alto costo social en materia de empleo (el cual crece cuanto mayor es la divergencia entre la variación de salarios y la tasa de emisión). En la situación opuesta, la laxitud del BCRA llevaría a pérdidas sociales tanto por la mayor inflación como por las caídas del salario real.

El juego que se presenta, en la literatura especializada, se conoce como batalla de los sexos, donde, frente a esta situación, surgirán dos equilibrios de Nash: (i) altas tasas de variación de salarios con una tasa de inflación alta y (ii) bajas tasas de variación de salarios con una tasa de inflación baja (la solución requiere de estrategias mixtas). Sin embargo, al igual que en el caso del juego mencionado, en el proceso de negociación salarial las decisiones no se toman de forma simultánea, sino en forma secuencial. Así, partiendo de la base de que los sindicatos moverán primero, el juego secuencial adopta el siguiente formato:

Bajo este nuevo diagrama, cuando los sindicatos prefieren reclamar altas tasas de variación de los salarios, el Banco Central debe elegir entre una política laxa o una dura, donde en el primer caso el salario real no varía frente a una alta inflación, mientras que en el segundo, si bien la tasa de inflación es baja, el desempleo es importante. De hecho, frente a esta situación, el Banco Central terminará cediendo (equilibrio de Nash número 1).

Por otra parte, si los sindicatos van por un requerimiento de bajas tasas de variación de salarios, el Banco Central elegirá una política monetaria dura, donde no sólo la tasa de inflación será baja, sino que tampoco habrá pérdidas en materia de mercado laboral (equilibrio de Nash número 2).

Dados estos dos equilibrio de Nash, debería resultar claro que el segundo es superior al primero (mismo nivel de empleo y salario real con menor inflación), por lo que, en caso de que existiera un escenario de credibilidad perfecta, los sindicatos deberían tomar la estrategia de pedir bajas tasas de variación de salarios. Sin embargo, dado que el programa económico anunciado por el ministro Prat-Gay requiere de un financiamiento de 7% del PIB (treinta mil millones de dólares), al tiempo que el BCRA debería soportar una carga financiera de otros 7,5% del PIB (resultante del roll-over de las letras del Banco Central, más la esterilización de intereses y la mitad de la emisión fiscal), ello hace que la credibilidad esté en jaque. Concretamente, si el Gobierno no logra conseguir estos niveles de endeudamiento, se vería forzado a recurrir a fuentes alternativas de financiamiento (Banco de la Nación Argentina y Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social), junto con una mayor emisión monetaria. Consecuentemente, la tasa de inflación sería más elevada, los salarios reales caerían y ello implicaría una fuerte pérdida a nivel social. Dado que los sindicatos tienen conciencia del nivel de desafío financiero, el segundo equilibrio de Nash no supera la prueba de credibilidad y resulta óptimo para los sindicatos y la sociedad ir al equilibrio de alta inflación, sin pérdidas de salario real ni empleo.

Aunque este resultado es robusto, no deja de ser ineficiente, ya que se podrían conseguir los mismos resultados en materia de empleo y salario real sin tanta inflación. Por lo tanto, una posibilidad de salir de esta trampa consta en achicar el período de negociación. Esto es, lo que podría proponer el Gobierno es particionar las paritarias a lo largo del año, al tiempo que se va monitoreando la evolución del escenario financiero del Gobierno y del Banco Central. De este modo, si las premisas del plan de Alfonso Prat-Gay se validan en los hechos, se habrá dado un fuerte golpe en la lucha contra la inflación. En su defecto, se habría puesto un límite al malestar social.

 Caracterización del programa

En cumplimiento de las promesas de campaña, se reduce la presión fiscal en 1,3% del PIB, al tiempo que se encara una reducción del gasto público de 2,3% del PIB, lo que permitirá mejorar el superávit fiscal en 1% en el 2016 y luego mejoraría en un 1,5% año a año hasta el 2019, para llevar el déficit primario de 5,8% del PIB a 0,3% del PIB. Al mismo tiempo, dicha dinámica, para el resultado primario, implicaría que el déficit fiscal global arranque en niveles cercanos al 7% del PIB y caiga gradualmente hasta el 3,4%. Si bien poco más de la mitad de deuda está en manos de agencias públicas y parte será financiado por el Banco Central (BCRA), implica una carga financiera del 7% del PIB (unos 30 mil millones de dólares anuales) que requerirá de un muy buen trabajo para que el programa llegue a buen puerto.

A su vez, el programa muestra los límites que impone la corporación política, ya que el grueso del ajuste recaerá sobre el sector privado, donde la parte más significativa de las mejoras fiscales es la reducción de los subsidios (en especial los vinculados a energía). Esta situación se volverá aún más relevante a partir del 2018, cuando el programa fiscal requiera de estar afectando partidas a la corporación política, tales como el gasto en las remuneraciones, en bienes y servicios, las transferencias a las provincias y otras partidas relacionadas con el gasto político.

Inflación y optimismo monetario

Al mismo tiempo, los supuestos en materia inflacionaria parecen muy exigentes. Concretamente, una inflación en el medio de la banda en torno al 22,5% parece una tarea difícil de cumplir. Dado que la política monetaria opera con un rezago de 18 meses entre que se emite y se genera inflación, Alejandro Vanoli ha dejado como herencia un piso de inflación del 13,5%, por lo que para que el BCRA cumpla el objetivo de Prat-Gay, la emisión de todo el año no debería superar el 15 por ciento. En este sentido, de cumplirse el objetivo del girar al Gobierno 160 mil millones de pesos, esto llevaría a la tasa de emisión al 25% anual, por lo que la inflación rondaría el 30% anual.

Naturalmente, el Banco Central podría recurrir a la esterilización. Sin embargo, ello demandaría un esfuerzo colosal, ya que a los 80 mil millones de pesos netos que se deberían esterilizar de la emisión fiscal habría que agregarle el déficit cuasifiscal emergente de los intereses de dichos instrumentos, por lo que el monto a esterilizar llegaría a unos 170 mil millones (2,5% del PIB). Todo esto en un marco en el que el stock de letras del Banco Central (Lebacs) a rollear representa cerca del 6% del PIB. De todos modos, el BCRA podría hacer parte de este trabajo vendiendo reservas o títulos públicos para quitar presión sobre las letras del BCRA.

Sin embargo, más allá de los esfuerzos necesarios para lograr la meta, siempre está el riesgo que implica el roll-over, tarea que se ha vuelto mucho más pesada como resultado de la esterilización de parte del sobrante de dinero y la absorción de los pesos emitidos para el pago de las pérdidas resultantes de las operaciones con futuros.

Reflexiones finales

En definitiva, la estrategia de salida del cepo sin colocar un bono que limpiara los desequilibrios monetarios ha generado una muy fuerte exigencia para el BCRA, motivo por el cual, si todo resulta exitoso, las tasas de interés bajarán de modo gradual, por lo que tardará en despegar la inversión y con ello el crecimiento. A su vez, esta exigencia de altas tasas en el plano de lo monetario durante la transición hace muy complicado atacar de lleno al déficit fiscal (verdadera causa de todos los males del país en los últimos setenta años), ya que si aumenta el ahorro sin una contrapartida de inversión, sufrirá el nivel de actividad, al tiempo que la solución del tipo gradualista termina exigiendo un cronograma para la colocación de deuda en los mercados muy ambicioso (115 mil millones en cuatro años).

En definitiva, a la luz de lo que se infiere del programa de Alfonso Prat-Gay, está diseñado de modo complaciente para con la corporación política, ya que los desequilibrios tenderían a eliminarse en tanto y en cuanto despegue la tasa de crecimiento y con ello bajar el peso de la política en el PIB sin pérdidas en términos reales. Esto es, el programa marcha por un delgado sendero que, si se le exige más a la política, el programa sucumbiría frente a los intereses de la corporación, mientras que, si es más ambicioso en lo financiero, se queda sin acceso a los mercados. Por lo tanto, la estrategia seleccionada finalmente implica una solución de muy baja calidad, ya que, dadas las modestas tasas de crecimiento y una tasa de inflación que desciente lentamente, sumadas a un muy importante, aunque manejable, riesgo monetario y financiero, la relación renta-riesgo del programa dista de ser la óptima.

El autor desea agradecer los valiosos comentarios del Dr. José Luis Espert.

Por otra parte, en cuanto a los efectos indirectos, se explican por los impactos sobre el resto del sistema. Así, el cepo cambiario equivalía a fijar un precio debajo del equilibrio de mercado, que al producir un exceso de demanda en dicho mercado generaba un exceso de oferta en el resto de la economía, lo que implicaba: altas tasas de interés (bonos), presión sobre los precios (dinero), retracción del nivel de actividad económica por habitante (bienes) y menor demanda de empleo productivo (trabajo), que se traducía en desempleo (que se ocultaba detrás de estadísticas con criterios artísticos y empleo público), caída del salario y precarización de las condiciones laborales. Por lo tanto, al levantarse la restricción cambiaria, si bien el precio de la moneda extranjera subirá, el exceso de demanda desaparecerá y con ello se cerrarán los excesos de oferta en el resto de los mercados, junto con sus efectos nefastos.

Sin embargo, a pesar de los beneficios que más tarde o más temprano traerá la medida, durante el período de normalización deberá librarse una dura batalla contra la inflación, esto es, cuánto de la devaluación nominal del peso puede tener como contrapartida un aumento en el nivel de precios (pass-through), lo cual nos obliga a un profundo análisis del mercado monetario. En este sentido, la evidencia empírica a nivel internacional muestra que en aquellos países donde se han puesto en marcha sistemas de metas de inflación de manera exitosa, las fluctuaciones en el precio de la moneda extranjera no ejercieron efecto alguno sobre la inflación (ver gráfico para América Latina).

Como es posible observar, en todos los países de la región, salvo en Argentina, las fluctuaciones en el tipo de cambio nominal no ejercen efecto alguno sobre la tasa de inflación, lo cual nos conduce a la pregunta obvia: ¿Por qué no se cumple en el caso argentino? Para contestar esto, supongamos que el precio de un bien de la economía subiera (el dólar o bienes expresados en dólares) y los individuos no están dispuestos a reducir la cantidad demandada (demanda inelástica). Ello derivaría en un aumento del gasto en dicho bien, por lo que el gasto en el resto de los bienes deberá caer y con ello sus precios, por lo que, en términos agregados, no habría inflación. Por lo tanto, de no existir convalidación monetaria que permitiera gastar más en un bien sin dejar de gastar en los otros, no habría inflación. De este modo, como los países de América Latina llevan a cabo una política monetaria focalizada en la inflación, su ritmo de emisión se gradúa en pos de alcanzar la meta (donde la tasa de interés induce a crear o destruir dinero) y, por ende, no genera una masa de dinero que convalide una inflación fuera de la meta.

En función de lo anterior, resulta claro que la dinámica que adopte la cantidad de dinero será un elemento clave para determinar qué pasará con los precios. De este modo, si la devaluación del peso respecto al dólar traerá aparejado un salto en la tasa de inflación, ello dependerá de si existe o no convalidación monetaria. A partir de esto, si bien la cuestión parecería reducirse a observar si la cantidad de dinero sube o no, implicaría únicamente hacer el foco sobre el flujo de emisión para el 2016, sin tener en cuenta lo que está pasando con el stock de dinero observado en la economía respecto al deseado (Money Overhang, ‘sobrante de dinero’). Esto es, aun cuando no se emitiera un solo peso más, si hay dinero excedente, la devaluación estará acompañada de una mayor tasa de inflación.

En el caso argentino, el dinero excedente proviene de dos fuentes. Por un lado, existe un sobrante de dinero de índole coyuntural y es el resultado de la cantidad de tiempo que tarda un aumento en la cantidad de dinero en traspasarse a precios. Así, cuando el dinero ingresa en la economía, los agregados monetarios en términos del PIB nominal suben y luego, cuando el dinero va pasando de mano en mano, suben los precios, proceso inflacionario que persiste hasta volver al nivel de inicio. Para nuestro país, este proceso demanda entre 12 y 24 meses, lo cual nos pone de cara a la política monetaria llevada a cabo durante los años 2014 y 2015. En este sentido, mientras que durante los primeros nueve meses de 2014 que estuvo Juan Carlos Fábrega la cantidad dinero crecía al 1,3% anual, durante la Presidencia de Alejandro Vanoli la tasa de crecimiento en la cantidad de dinero trepó a niveles del 40 por ciento. Por lo tanto, la política monetaria de los últimos 15 meses sin lugar a dudas se convertirá en un factor convalidante de mayores precios.

Al mismo tiempo, la instauración del cepo, al no permitir drenar contra dólares el sobrante de pesos durante cuatro años, hace que el problema del sobrante de dinero se amplifique hasta alcanzar un 4% del PIB. De este modo, a la convalidación monetaria que proviene del lado de la oferta de dinero rezagada se le sumaría una fuente de convalidación adicional por caída en la demanda de dinero hasta ubicarse en su nivel de equilibrio deseado. Esta situación, en nuestro país, tuvo lugar en dos oportunidades. La primera fue en el año 1959 y la otra en 1975 (Rodrigazo). Ninguno de los dos casos han sido experiencias agradables, ya que implicaron una sextuplicación de la tasa de inflación (de 20% y 30% a 120% y 180%) y fuertes caídas del PIB (6% en lo peor de cada una de estas crisis).

Frente a esta situación, el Ministerio de Hacienda y Finanzas y el Banco Central han encarado la apertura del cepo. Han atacado así el desequilibrio monetario-cambiario por varios frentes. En primer lugar, se ha decidido un salto del tipo de cambio nominal a un nivel en torno a los 14 pesos, lo cual comprime el excedente de pesos a 15 mil millones de dólares. En simultáneo, se ofrecerá un bono (o se dará un cronograma de pagos) para los importadores, el cual se estima que alcanzará los 5 mil millones de dólares, eliminando así un tercio del sobrante de pesos. Por otra parte, para hacer frente al resto del sobrante monetario, se han conseguido: (i) Diez mil millones de dólares fruto de canjear las letras intransferibles que vencían en enero 2016 por bonos líquidos (BONAR 22, 25 y 27), (ii) Una reducción de la posición de dólares de los bancos, (iii) Un préstamo con un conjunto de entidades financieras por unos nueve mil millones de dólares (promedio entre ocho mil y diez mil millones de dólares), (iv) La transformación de parte del swap con China a dólares, lo cual sumaría unos tres mil millones de dólares adicionales y (v) La desactivación de la bomba de pesos (cincuenta mil millones de pesos) derivada de la venta de dólares a futuros por un subyacente de 17 mil millones de dólares. Al mismo tiempo y aún sin efecto monetario definido, se ha conseguido la liquidación por parte de las cerealeras de seis mil millones de dólares (400 millones de dólares diarios durante tres semanas).

Por lo tanto, frente a un escenario de corrida cambiaria, mientras que, en principio, la demanda potencial sería de diez mil millones de dólares, los dólares disponibles para hacerle frente alcanzarían los 22 mil millones de dólares. A su vez, a la batería de dólares se le sumaría lo que se pueda absorber de pesos vía la suba en la tasa de interés y los efectos licuación del dinero por parte de la inflación residual de la política de la gestión anterior. En definitiva, se ha logrado diseñar una excelente estrategia monetaria que permitirá comprar tiempo para poner en marcha un programa de adecuación de la madre de todos los males: el desequilibrio fiscal. Si el nuevo Gobierno tiene éxito en dicha gestión, la economía acelerará su crecimiento de modo sustancial. Si no se logra, esperemos que se tome la conciencia y las fuerzas necesarias para hacerlo, de lo contrario, el sendero alternativo ya lo conocemos (y no es nada bueno).

Sin embargo, luego de la estatización del órgano de control monetario en el año 1946, la tasa de crecimiento promedio de la cantidad de dinero se disparó a niveles del 130%, mientras que las tasas de inflación y de devaluación treparon a niveles del 160 y 150 por ciento. Por lo tanto, el desempeño del Banco Central desde mediados del siglo XX ha sido altamente cuestionable. Además, sus marcas registran períodos de muy alta inflación, dos hiperinflaciones y la destrucción de cinco signos monetarios (en rigor, son seis si se tiene en cuenta que los actuales pesos dejaron de ser convertibles en el año 2002), motivo por el cual debería resultar claro que la misión del BCRA tiene que ser reconsiderada muy seriamente.

Si uno asumiera que en la economía existiera un único agente representativo, donde además los precios relativos son constante, tal que pueda pensarse en un único bien y que dado estos elementos no existieran efectos distributivos en términos de ingreso y riqueza (al margen de que las adiciones de dinero afectarían el nivel de utilidad del agente y, por ende, de su gasto), se podría definir que el único objetivo del BCRA debería ser el de preservar el valor de la moneda, esto es, defender su poder adquisitivo. En otros términos, dado el equilibrio del lado real de la economía, el BCRA debería minimizar la tasa de crecimiento de los precios de la economía, que bajo este encuadre significaría mantener una baja tasa de inflación.

Para lograr dicho objetivo, existen por lo menos dos metodologías. Por un lado, está el sistema de metas de inflación, el cual se ha estado aplicando en el mundo con gran éxito. Por otro lado, está el método basado en el control de los agregados monetarios, el cual ha caído en desuso desde mediados de los ochenta en los países desarrollados y en los emergentes luego de los noventa.

Si bien esto último parecería indicar que el método a seguir para reducir la inflación en la Argentina debería ser el sistema de metas de inflación, su implementación requiere de nueve condiciones que hoy no se cumplen : (i) marco institucional que asegure la independencia operativa del BCRA y sus responsabilidades, (ii) transparencia en la comunicación, (iii) expectativas de inflación ancladas, (iv) reputación y credibilidad, (v) transparencia de la política monetaria, (vi) transparencia de la información, (vii) presentación de un objetivo con metas piso y techo sobre un índice de precios confiable, (viii) coordinación con la política fiscal y (ix) desarrollo de modelos de predicción.

Al mismo tiempo, el supuesto éxito aludido a su uso durante 2002 y 2003 ha sido fruto de lo que se conoce como error tipo II (resultado deseado haciendo lo incorrecto), donde la fuerte iliquidez emergente a la salida de la convertibilidad, la exagerada devaluación de la moneda respecto al dólar y el homérico ajuste fiscal de Eduardo Duhalde fueron las bases del éxito logrado. De hecho, las condiciones de la economía hoy son radicalmente distintas: (i) el fisco es la más importante fuente de emisión de pesos, (ii) no existe sobrante de dólares y (iii) hay un apreciable exceso de pesos, motivo por el cual es imposible anclar las expectativas.

Por otra parte, acorde con una serie de trabajos que hemos publicado junto a Diego Giacomini (El nuevo BCRA y la reforma monetaria y Ensayos monetarios para economías abiertas: el caso argentino), existe una muy profunda relación causal entre M1 (circulante en poder del público, más depósitos a la vista) y el PIB nominal (existencia de cointegración), motivo por el cual la literatura especializada en la materia sugiere que la política monetaria, hasta que se reduzca la tasa de inflación y las expectativas queden ancladas, debería ser diseñada con base en metas cuantitativas sobre M1.

Esta importancia estadística de M1 sobre la determinación del PIB nominal, y dado el nivel que suele tener la tasa de crecimiento de la economía, amplifica el vínculo causal entre la tasa de crecimiento de dicho agregado monetario con la tasa de inflación. En este contexto es donde además se vuelve más relevante la discusión sobre la existencia de un sobrante de pesos.

Acorde con los trabajos mencionados, cuando se procede a estimar la demanda de dinero (M1) en términos del PIB en los últimos 70 años, la estimación sugiere que sobran pesos por cerca de 3,8% del PIB (unos doscientos mil millones de pesos). A su vez, el nivel de M1 en términos de PIB de Argentina supera en 3,9 puntos porcentuales el promedio de la región, donde además, mientras que la relación M1/M3 promedio de la región es del 20%, en nuestro país se ubica en el 50 por ciento. Por ende, todos los indicadores estarían dando cuenta de un fuerte sobrante de pesos (algo normal cuando se ponen restricciones como el cepo), lo que, además, se ha visto validado empíricamente al estudiar los residuos (parte no explicada de la estimación estadística) de la relación entre M1 y el PIB nominal.

Esta situación monetaria ya se ha observado dos veces en la economía del país. La primera tuvo lugar en 1959 y la segunda en 1975 (el Rodrigazo). En ambos casos, la tasa de inflación llegó a multiplicarse por seis veces y el PIB cayó un 6% en el momento más agudo de la crisis. Por lo tanto, frente a este riesgo, resulta recomendable la colocación de un bono en dólares suscribible en pesos, de modo tal que se retire el sobrante de pesos. A su vez, como dicha solución implica una manifestación de demanda potencial por moneda extranjera, al ser neutralizada se podría abrir el cepo cambiario de modo exitoso y sin corrida alguna.

Finalmente, desde el punto de vista de los riesgos, si los bonos en cuestión no tuvieran demanda, ello no sólo no tendría costos, sino que además implicaría una fuerte manifestación de confianza en la moneda local. Sin embargo, si, por el contrario, se trabajara con la hipótesis de que no hay sobrante de pesos y al abrirse el cepo la demanda de dinero local se derrumba y genera una corrida cambiaria, la economía podría replicar la experiencia del Rodrigazo. Consecuentemente, tanto en materia de diseño de la política monetaria como en términos de control de riesgos, las nuevas autoridades deberían abstenerse de apostar por el error tipo II, al tiempo que deberían intentar minimizar los riesgos. De confirmarse la existencia de un sobrante de pesos y no mediar una gran dosis de buena suerte, el resultado final podría ser muy negativo para el bienestar de los argentinos.