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Inflación: el arte de discutir lo indiscutible

Probablemente pocas cosas resulten más frustrantes, no ya para un especialista en temas monetarios, sino para un simple economista de formación básica, que tener que estar discutiendo sobre las causas de la inflación. De hecho, la simple observación de que los precios que ingresan en el índice de precios al consumidor (y también en el resto) están denominados en unidades monetarias debería ser una muestra más que suficiente para que los economistas keynesianos-estructuralistas-marxistas locales pudieran comprender la naturaleza monetaria del proceso. Esto es, así como cuando aumenta la oferta de cualquier bien por encima de su demanda (dado todo lo demás como constante), su precio respecto al resto de los bienes cae, con el dinero pasa exactamente lo mismo. De este modo, cuando sube la cantidad de dinero por encima de su demanda, el poder de compra de la unidad monetaria se reduce y, con ello, la cantidad de dinero que se necesita para comprar la misma cantidad de bienes sube. Así, cuando esta suba en los precios monetarios (pérdida del valor del dinero) es persistente en el tiempo, se define como inflación.

Sin embargo, pese a más de cinco mil años de evidencia empírica mundial, las lecciones monetarias de gigantes como Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Milton Friedman y Robert Lucas Jr., entre otros, y junto a la experiencia local de los últimos setenta años (momento en el cual Juan Domingo Perón nacionalizó el Banco Central), en los que se le quitaron trece ceros a la moneda, pasando por dos hiperinflaciones, resulta casi imposible de creer que no se haya aprendido nada sobre el tema. Es más, parecería que para la gran mayoría de los economistas argentinos es imposible de asimilar la famosa consigna del padre del monetarismo, que señalaba: “La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y esta se contuvo solamente cuando se impidió que la cantidad de dinero continuara creciendo demasiado rápidamente; y este remedio resultó eficaz, se hubieran adoptado o no otro tipo de medidas”. Continuar leyendo →

Mala la foto y peor la película

Desde hace tres años la economía nacional y popular keynesiana-estructuralista está estancada, el producto por habitante cae de modo permanente, la inflación ocupa el podio mundial y las restricciones cambiarias derivadas del empeño de fijar el tipo de cambio por debajo del nivel de equilibrio (con sus consecuentes excesos de oferta en el resto del sistema económico) no sólo no ha logrado frenar la caída de las reservas netas, sino que además empuja a un racionamiento de divisas que comprime al nivel de actividad vía caída de las importaciones. El origen de todo esto es el creciente desequilibrio fiscal y por ende, si no hacemos el ajuste por las buenas, lo hará el mercado por las malas. Al mismo tiempo, la lógica del ciclo político y la caracterización estructural de cara al crecimiento de largo plazo muestra que si la foto es mala, la película sería mucho peor.

En la coyuntura de corto plazo, la macroeconomía muestra cuatro desequilibrios fundamentales que definen la foto. En primer lugar, y sin lugar a dudas la madre de todos los males, está en el déficit fiscal. Pese a contar con la presión fiscal más alta de toda la historia argentina (y que ahoga al sector privado imposibilitando crecer), el déficit primario neto de transferencias del BCRA y ANSES durante 2015 alcanzaría el 6% del PIB, lo que sumado a los intereses y el cuasi-fiscal (déficit del BCRA) ubica al desbalance fiscal en torno al 9%-10% del producto. En este contexto, ante la imposibilidad de financiar con deuda semejante desajuste, ello deriva en una mayor emisión de dinero, lo cual presiona sobre el nivel de precios y la tasa de inflación.

El segundo de los desequilibrios de corto plazo es el del mercado monetario. En este sentido, la nueva cúpula del BCRA muestra un claro cambio en el diseño de la política monetaria. Así, durante el último trimestre de 2014, Alejandro Vanoli emitió en tres meses 16 veces lo emitido por Juan Carlos Fábrega en nueve meses. Esta tendencia expansionista se ha confirmado durante el primer trimestre del presente año. Mientras durante los tres primeros de 2014 la base monetaria se contrajo en $ 28MM, en lo que va del presente la cantidad primaria de dinero solo se expandió en $ 3,8MM (dato al 1º de abril). Este cambio de signo en la política monetaria está impulsado por la financiación del déficit fiscal, la cual ha sido 8 veces superior a la del mis período de 2014. Naturalmente, este accionar licúa las defensas sobre que Vanoli durante el 4° trimestre del año pasado sólo había emitido más que Fábrega por una cuestión estacional. En este sentido, todo esto nos lleva a una aceleración en la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero a niveles del 32,5%. A su vez, cuando se tienen en cuenta los límites de la esterilización monetaria, dicho crecimiento sobrepasar el 40% anual de manera holgada en una economía que en el mejor de los casos quedaría estancada.

En tercer lugar tenemos el plano externo. Por el lado comercial, en los dos primeros meses del año las exportaciones cayeron un 21%, lo cual, dado el precario nivel de reservas netas (USD 17MM), induce a una mayor caída en actividad por la vía de menores importaciones. Si a ello le sumamos que la tasa de interés en los EEUU comenzará a subir, los términos de intercambio caerán y el combo brasilero de menor nivel de actividad y depreciación de su moneda se empieza a sentir, todo indica que será necesario emprender grandes cambios para que ello no derive en una crisis (en especial con el sobrante de dinero que está gestando el BCRA).

Por último, estamos frente a un desequilibrio de precios relativos casi sin precedente para la historia argentina. En este sentido, si no se avanza en una corrección que permita readecuar la ecuación económica financiera de las prestadoras de servicios públicos no sólo complicará la prestación de los mismos, sino que enviará una mala señal para las inversiones futuras.

Si bien la foto de inicio del año es muy mala, la dinámica 2015, dado que estamos en un año electoral, es aún peor. En este sentido, el Gobierno tiene dos alternativas. Por un lado, emprender un ajuste fiscal que permita estabilizar la economía. Sin embargo, dado que esta administración carece de reputación y por ende no es creíble, si procede a una mejora del ahorro ello no tendrá como contrapartida un mayor nivel de inversión, por lo que si bien logrará bajar la tasa de inflación y descomprimirá al mercado cambiario, la contracara será menor actividad, menor empleo, caída del salario real y menores votos. La otra alternativa es aprovechar los efectos positivos de lo que fue la política monetaria de Fábrega (que hoy explica la desaceleración en la tasa de inflación y “estabilidad” del tipo de cambio) y acelerar el deterioro fiscal-monetario junto a un recrudecimiento de los controles, apostando a que los beneficios de corto se presenten durante este año y que los costos (dados los rezagos con que opera la política económica) caigan en la próxima administración. Si al Gobierno todo le sale bien, hará una buena elección (hasta podría retener el poder) y si le sale mal tendrá los mismos votos que hubiera tenido con el ajuste. De este modo, el sistema de incentivos conduce a que en términos cantidad de votos esperados, la estrategia de exacerbar los desequilibrios resulta óptima.

Finalmente, pensando más allá del 2015, la perspectiva tampoco es alentadora. Para crecer hay que acumular capital y este Gobierno ha destrozado cuanta definición del mismo exista. Por el lado del capital físico, Argentina invierte muy poco, en especial si lo comparamos con aquellos países que crecen mucho como ser China (42% del PIB que brinda sustento sólido a tasas de crecimiento elevado) y Corea del Sur (31%). Por otra parte, en lo que tiene que ver con el capital humano, no sólo hay personas con serios problemas de alimentación, sino que nuestro desempeño en las pruebas PISA dejan de manifiesto la profunda decadencia de la educación, donde 70% de los evaluados no alcanzan los niveles mínimos de exigencia, sólo el 0,5% logra ubicarse en el pelotón de excelencia y el desempeño agregado es propio de un país de USD 4.000 per-cápita. Respecto al capital institucional, los niveles registrados en libertad económica son propios de un país altamente reprimido, donde dicho guarismo se asemeja al de países con ingreso por habitante 67% menor al nuestro y con niveles de pobreza que oscilan entre el 25% y 30%. Al mismo tiempo, el nivel de riesgo país (medido por el Credit Default Swap de 5 años) promedio durante la gestión de CFK, implicaría que en unas pocas décadas, nuestro producto por habitante respecto del de EEUU pasara del 20% a menos del 10% (cuando a mediados del Siglo XX estábamos en un 97%). Por último, el capital social, dado el nivel de enfrentamiento entre los distintos estratos sociales (la grieta), hace que sea muy complejo entablar un marco de cooperación que potencie la división del trabajo y el crecimiento.

Por lo tanto, dada la mala foto del presente que brinda la macro de corto plazo, la presencia de incentivos perversos para el 2015 y las malas perspectivas desde la óptica del crecimiento a largo plazo, todo ello deja en claro que si no emprendemos un verdadero cambio copernicano, al país le resultará muy complicado volver a crecer.

Cómo retornar a la senda del crecimiento

Desafortunadamente para nuestro país, la irresponsabilidad fiscal keynesiana (ver capítulo 22 de la Teoría General de Keynes), los delirios monetarios de los estructuralistas y la idea de lucha de clases marxista no sólo se han llevado puesto 5 o 6 signos monetarios, sino que han logrado hacer de un país rico uno de frontera, menos que un emergente. A mediados del siglo XX, nuestro país tenía un producto por habitante que representaba el 97% del de los Estados Unidos, mientras que hoy, no sólo que estamos en torno al 20% (medido al tipo de cambio oficial) sino que además, la destrucción del capital físico, humano, institucional y social nos pone en un sendero que, de no modificarse, haría que en 50 años caigamos irreductiblemente a la categoría de país pobre. En este sentido, Argentina, junto a Venezuela, se ha convertido en uno de esos casos raros en los que no se cumple la convergencia (mayor crecimiento del producto per-cápita en los países de menores ingresos que de largo plazo tienden a igualarse con los desarrollados), siendo la base de dicho fracaso el desmadre de la política fiscal.

Al igual que para el resto de la historia argentina, esta década no ha sido la excepción. Desde el año 2004 en adelante, el resultado fiscal primario sin rentas en términos del PIB no ha parado de caer. Así, desde una posición inicial superavitaria de 2,3% del PIB hoy nos encontramos con un déficit del 4,7%, pese a contar con la mayor presión tributaria de toda la historia argentina y con el empuje recaudatorio de toda recuperación cíclica. A su vez, si este déficit fiscal primario se corrigiera por la nueva medición del PIB, el mismo se ubicaría en 3,7%. Puesto en blanco y negro, dado que la capacidad de pago viene dada por el valor presente de los superávits primarios futuros, ello implica que, de no cambiar la política fiscal, el país es insolvente.

Argentina hoy presenta un stock de deuda en torno a los USD 270.000 millones, mientras que el PIB se ubica en los USD 600.000 millones, esto es, la relación deuda-producto de la economía es del 45%. A su vez, si uno toma el riesgo país promedio histórico y una tasa de interés libre de riesgo del 3,5%, la tasa de la deuda sería del 9% (un supuesto optimista a la luz del fracaso en el intento de canje reciente). Bajo este conjunto de hipótesis y tomando un crecimiento de largo plazo para el PIB del 3%, el país, para alcanzar la solvencia intertemporal (repago de la deuda) necesitaría lograr un superávit primario en términos del PIB del 2,6%. En otras palabras, si Argentina no hace un ajuste de 6,3 puntos porcentuales, más temprano que tarde, terminará cayendo en un nuevo default. Por otra parte, si la idea fuera convivir con una tasa de inflación en torno al 5%, el ajuste podría reducirse a 5,6% del PIB. Alternativamente, frente a este esquema de ajuste de shock, con un gobierno con reputación y que resulte creíble, se podría instrumentar un ajuste gradual que implicaría una mejora del resultado primario de USD 4.000 millones año tras año, que puesto en términos del PIB representaría un salto inicial de 0,7%, donde dicha carga iría disminuyendo en la medida que la economía crezca.

En función de lo anterior, vuelve al centro del debate las ventajas y desventajas de las políticas de shock sobre las gradualistas. Sin embargo, desde mi punto de vista, esa discusión solo tiene sentido en el marco de la falacia keynesiana -motivo por el cual perdió escandalosamente en el debate con los monetaristas y la corriente principal de la profesión trabaja sobre el marco de una economía intertemporal- pero no en la vida real. En cuanto a este punto, la experiencia argentina es contundente. Nuestro país ensayó programas antiinflacionarios de shock en los años 1952, 1959, 1967, 1973, 1985 y 1991 (los programas de 1976 y 79 fueron gradualistas) y salvo el de 1959, ninguno fue recesivo. Es más, en el caso de los programas a cargo de los Ministros de Economía Krieger Vasena (1967), Gelbard (1973), Sourrouille (1985) y Cavallo (1991) no sólo no fueron recesivos, sino que además fueron expansivos. Por otra parte, el ajuste de 1959, la esencia de dicho plan fue una devaluación acompañada por un apretón monetario que, dado el salto inicial de los precios, redujo el poder de compra de los agentes y ello deprimió la demanda agregada generando una recesión. Sin embargo, esta situación no es asimilable con el presente de nuestro país, ya que en el plano monetario existe un exceso de pesos del orden de 5% del PIB, el cual actuaría como una suerte de colchón sobre las tenencias reales de dinero.

En cuanto al ajuste del gasto el mismo tendría dos partes. Por un lado se deberían cortar de cuajo los subsidios económicos (¡no los sociales!), lo cual permitiría ahorrar cerca de 5% del PIB, al tiempo que el resto vendría por la licuación de partidas, que deberían crecer 4% por debajo de la inflación. Este ajuste no será recesivo ya que elimina las transferencias a un grupo de agentes que consumen solo una fracción de sus ingresos, para dejar de cercenarle vía el impuesto inflacionario el ingreso disponible al grupo de bajos ingresos quienes consumen prácticamente todo su ingreso. En este contexto, dada la transferencia entre agentes, el consumo de la economía aumentaría. Por otra parte, la suba de tarifas permitirá que las inversiones queden a manos de las empresas, las cuales no sólo serán seleccionadas con mejores criterios que el utilizado por el sector público, sino que al eliminar la transferencias entre sectores, el flujo de fondos de las firmas aumentará potenciando la inversión. Naturalmente, habría un impulso extra derivado de la caída de la tasa de interés por el menor riesgo país. Por lo tanto, este programa no sólo que no será recesivo, ya que la mejor distribución del ingreso impulsará el consumo y las señales de precios impulsarán a la inversión, sino que además al extirpar la inflación y frenar el drenaje de divisas, permitirá levantar el traumático cepo cambiario.

Si bien el programa mencionado permitiría bajar la inflación sin tener que enfrentar una caída del nivel de actividad y del empleo, ello no será suficiente para volver a crecer de una manera vigorosa. Para retornar a la senda del crecimiento será necesario que la economía recomponga la competitividad y que a su vez aumente el ahorro para financiar una mayor inversión. En cuanto a la competitividad, esta viene dada por la presencia de economías de escala, bajas tasas de interés, salarios alineados con la productividad y baja presión fiscal. De más está decir que la política económica de la última década cerrando la economía, tasas de interés exorbitantes a causa del riesgo país, mecanismo de aumentos de salarios en un contexto distorsionado por la inflación y una presión fiscal que asfixia al sector privado (sin una contrapartida de calidad en el gasto público) no han ayudado en lo más mínimo para favorecer un mayor crecimiento.

Finalmente, trabajando con el modelo de Jones-Manuelli (el cual conjuga crecimiento de largo plazo y presencia de convergencia) calibrado para el caso argentino, la tasa de crecimiento anual compuesto para los próximos diez años en el caso de shock sería del 6,6%, mientras que para el caso gradual sería del 6,2%. Al mismo tiempo, si el tamaño del sector público se lo llevara a los niveles de la década del 90 la tasa se incrementaría a niveles del 7,6%. En este contexto, el PIB per-cápita durante la próxima década se incrementaría en un 108,7%. Por último, si sumamos a ello que la caída en el riesgo país aceleraría la convergencia del tipo de cambio real a los valores de equilibrio de largo plazo (cerrando 1/3 de la brecha), el producto per-cápita se ubicaría dentro de una década en torno a los USD 33.000. Por lo tanto, estos ejercicios dejan de manifiesto que no existe conflicto entre ajuste fiscal y bienestar de la población. Lo que si hay es un conflicto de intereses entre aquellos que se benefician del gasto público y los que deben implementar el ajuste.

Cuanto más tarde el ajuste, más difícil será encauzar la economía

Los heterodoxos y keynesianos locales mienten de manera flagrante cuando acusan al Banco Central de haber metido a la economía en una recesión, lo que es toda una paradoja para los adoradores del gasto público que desprecian la efectividad de la política monetaria. Puede que ello se deba a la necesidad de lavar culpas por permanecer callados, o hasta por mostrarse eufóricos, mientras el gasto público volaba. Alternativamente, puede que acorde a su tradición de vivir de espaldas a los datos, desconocían que la economía se venía desacelerando desde fines de 2013 y que la recesión era número puesto. Es más, de tanto haber criticado a Milton Friedman, por osmosis deberían haber asimilado que la política monetaria opera con largos rezagos y que además los mismos son variables. Por último, pese a vivir en un país de alta tradición inflacionaria, siguen confundiendo la tasa de interés real con la nominal. Casi les faltaría afirmar que el Presidente Alfonsín fue el que más hizo por los trabajadores en la historia, llegando a subir los salarios en el año 1989 un 3.954,2% anual.

El déficit fiscal financiado con emisión monetaria aceleró la tasa de inflación, donde al no tener como contraparte un movimiento similar en el precio de la moneda extranjera terminó ajustando sobre el nivel de reservas del BCRA. La respuesta, propia de quien no cree en sistema de precios, fue inducir a un ajuste de cantidades vía la instauración del cepo cambiario, el cual, no sólo no frenó el drenaje de divisas, sino que bloqueó el ingreso de dólares para financiar una cuenta corriente negativa. La contracara monetaria de dicho proceso fue la gestación de un sobrante de pesos por el equivalente a 5% del PIB, que alimentaban la fantasía de haber encontrado sustento empírico para la trampa de la liquidez al tiempo que aumentaba la base imponible del impuesto inflacionario.

Frente a estos profundos y crecientes desequilibrios, el público atacó las reservas para sacarse los pesos de encima. En este contexto, Juan Carlos Fábrega, como un digno hijo de Urano y Gea, se puso el traje de cíclope. Sin más alternativa devaluó la moneda un 25%, subió la tasa de interés al 30%, piso el pago de importaciones, adelantó dólares de los sojeros, recibió fondos de Chevron e YPF y obligó a los bancos a liquidar posiciones en moneda extranjera.

Es más, entre la suba del PIB nominal (ajustado sobre la base anterior) y el apretón monetario previo a la financiación del Sector Público, el sobrante de pesos cayó en 3,5% del PIB, lo cual redujo un 70% de la tasa de inflación potencial. Por lo tanto, de no ser por el BCRA, el exceso de pesos hubiera derivado en un nuevo Rodrigazo, donde no sólo la caída del producto hubiera sido más aguda sino que la tasa de inflación estaría en niveles insoportables.

Simultáneamente, en el frente externo se anuncio el pago a los juicios en el CIADI, se llegó a un acuerdo con Repsol y el Club de París por la regularización de la deuda y se llevó adelante una adecuación de las estadísticas del IPC y de las cuentas nacionales que serían supervisadas por el FMI. Es más, como parte de dicho proceso se redujo el cómputo del crecimiento del PIB, lo cual permitiría ahorrar al país en concepto del cupón ligado con actividad una importante cantidad de divisas.

Sin embargo, aún falta la verdadera prueba de amor de un programa ortodoxo: el ajuste del gasto público. La inacción en materia de reducción del gasto público no solo se está consumiendo el valioso tiempo comprado por el BCRA, sino que la profundización de los desequilibrios macroeconómicos aumenta cada día. A su vez, las cuentas públicas suelen empeorar hacia final del año, muy especialmente en el último trimestre. Por otra parte, en lo monetario, la deuda del Banco Central habrá que renovarla y, de no cambiar la política fiscal, su costo será cada vez mayor (por lo que al final del proceso, el nivel de precios puede terminar siendo más alto -desagradable aritmética monetarista).

Es más, cuanto más tiempo se tarde en hacer el ajuste, cada vez será menos posible encauzar la economía sin costos. De hecho, el exagerado nivel de consumo ha diezmado la capacidad productiva de la economía (retracción de la frontera de posibilidades de la producción), por lo que si no cae el salario real no habrá empleo para todos y si se cubre con empleo público habrá reparto de pérdidas masivo. Por lo tanto, aplicar el manual keynesiano de políticas expansivas con una oferta que se contrae sería como tirar más nafta al fuego inflacionario.

Por el momento, pareciera que la única estrategia consta en esperar que caigan del cielo una lluvia de dólares que permitan construir un puente verde hasta el último trimestre de 2015. De ser este el caso, resulta importante el monto involucrado. En este sentido, con el mismo modelo que usamos en “Política Económica Contrarreloj” y parados en enero 2014, para llegar hasta octubre eran necesarios USD 20.000M. A su vez, el no pago del cupón atado al PIB, los fondos de Chevron y la colocación de deuda por parte de YPF redujo las necesidades a USD 13.000M. Sin embargo, para que la suma sea suficiente, el fondeo del BCRA al tesoro no debería superar los $ 100.000M y el desequilibrio del fisco para 2015 (en dólares) debería estar en línea con la balanza comercial.

El problema radica en que el balance comercial está cayendo y de ubicarse en los USD 6.000M, manteniendo la brecha financiera del fisco de USD 12.000M, harían falta otros USD 6.000M. Por ende, para cerrar la diferencia entre el lado comercial y el fiscal, una posibilidad es que mejore el precio de la soja un 26%, en un contexto donde las tasas de interés internacionales parecieran estar poniendo un techo al mismo. Otra posibilidad es que, a precios dados, las importaciones caigan cerca de un 10%, lo cual generaría una retracción del PIB y el empleo. Por último, se podría devaluar la moneda, lo cual no sólo mejoraría la balanza comercial, sino que además bajaría el desequilibrio fiscal en dólares. Sin embargo, esto último generaría un nuevo salto inflacionario.

Finalmente, los nuevos descubrimientos hechos por YPF, a lo que se le podría agregar una solución favorable tanto con el Club de París como con los holdouts, dado el bajo nivel de endeudamiento del país, se podría abrir una ventana de financiamiento por los USD 19.000M necesarios para evitar sobresaltos. Por lo tanto, existe una solución en la que no hay ajuste fiscal sin crisis. El tema central es, al margen de la herencia a futuro, su probabilidad de ocurrencia sin que en el medio se caiga la demanda de dinero.

La costosa factura heterodoxa

Todos los experimentos populistas tienen el mismo final: un plan de ajuste. Luego de la euforia inicial que generan los aumentos de demanda sobre el nivel de actividad y el empleo sin mayor impacto en precios, la expansión se debilita, la inflación se acelera y comienzan a insinuarse las inconsistencias. Ignorar las señales de precios y profundizar el intervencionismo deriva en la restricción externa que, al deteriorarse las expectativas de los agentes lleva a la desmonetización y a un ataque especulativo contra la moneda. Lo sorprendente del caso argentino es que todo esto ha sucedido pese a contar con el mejor contexto internacional (bajas tasas de interés y altos términos de intercambio) y la mayor presión tributaria de la historia. Esto es, todas las fuerzas del dios Eolo soplando de cola, no pudo torcer el lacerante destino de la mano heterodoxa.

El sesgo expansivo de la política fiscal acumulado durante la última década requiere una corrección de corto plazo en el gasto público de 7 puntos del PBI. En este contexto, los subsidios económicos .los cuales representan 5 puntos del PBI- que favorecen al grupo de mayores ingresos y que se financia con un impuesto inflacionario que recae sobre la población más humilde, tenían todos los números en la ruleta del ajuste. Por otra parte, en la transición hacia el nuevo equilibrio se necesita de una política monetaria austera como para comprar tiempo hasta que las medidas fiscales surtan efecto. En este sentido, el BCRA actuó (al menos durante el primer bimestre) de manera correcta, mientras que el Ministerio de Economía recién ahora se ha percatado que la pelota está en su campo.

Más allá de que todavía queda mucho por recortar del gasto público, de modo tal que esta insinuación de programa de ajuste pueda ser definido como un giro ortodoxo, una arista tan importante como el propio diseño del programa está relacionada con la forma en que se lo implementa y se lo comunica.

En concreto, ante la actual situación de inconsistencia fiscal-monetaria-cambiaria las autoridades pueden optar por “no hacer nada”, con lo cual la corrección será aguda en términos de inflación, actividad, empleo, pobreza e indigencia (crisis). Sin embargo, si se opta por implementar un plan de estabilización, el gobierno aún se encuentra ante dos alternativas a saber: (i) anunciar el plan o (ii) llevarlo a cabo de manera implícita. Así, la diferencia entre los resultados de uno u otro curso de acción está en la manera en que se ven afectadas las expectativas y en cómo los agentes incorporan la nueva información para tomar decisiones.

Si no se anuncia (o peor aún, se niega o se hacen manifestaciones en sentido contrario), los agentes necesitarán de una mayor cantidad de tiempo para inferir el programa y por ende puede que determinen sus acciones futuras de acuerdo a una matriz de información no consistente con el plan. Por lo tanto, el “descalce” de los datos generará la necesidad de realizar correcciones futuras con las consecuentes pérdidas en términos de asignación de recursos, constituyendo así el peor resultado en materia de actividad y empleo.

Por otro lado, el gobierno puede anunciar la implementación del programa. Sin embargo, aun bajo este escenario, todavía el resultado depende de si los agentes creen o no en la factibilidad del plan. Si los agentes creen en el programa y este se lleva a cabo, entonces sus decisiones estarán alineadas con el marco generado por el plan y el mismo sería exitoso en alejar al fantasma de la crisis, bajar la inflación y sostener el nivel de actividad y empleo. Alternativamente, si los agentes no creen en el plan, los resultados en términos de actividad serían menos eficientes que si el programa fuese creído, pero aún así serían mejores que aquellos que resultan del caso de no anunciarlo.

Por lo tanto, en función de lo señalado anteriormente deberían quedar en claro al menos dos de los costos que nos ha infringido el manejo heterodoxo de la economía. En primer lugar la necesidad de llevar a cabo un plan de estabilización frente al mejor contexto de la historia en materia de sector externo y recaudación tributaria. En este sentido, el costo directo surgirá de cuan creíble resulte el programa y la convicción que le imponga a su defensa un Ministro de Economía que dedicó toda su vida académica al cultivo de una visión heterodoxa de la economía basada en el desborde del gasto público. En cuanto al segundo costo de la heterodoxia, el mismo viene dado por el hecho de que a duras penas estamos manteniéndonos sobre el nivel del PBI de tendencia, cuando con el contexto internacional de la última década podríamos haber acelerado nuestra convergencia hacia un país desarrollado.

Sin embargo, de nada sirve llorar sobre la leche derramada. Luego de esta nueva experiencia, lo mejor que nos podría pasar es asimilar la lección de que las sirenas heterodoxas siempre nos conducirán al mismo resultado. Estos experimentos no sólo nos han llevado a una continua decadencia relativa en el ranking de naciones, sino que además dejamos de ser un país rico para ser uno de ingresos medios que lucha para no caer en la pobreza. Esperemos capitalizar esta experiencia y con ello volver a retomar la senda del crecimiento que nos regrese a la posición de país rico.