Sin embargo, si bien la respuesta del ministro Prat-Gay pulverizó el punto levantado por el diputado Kicillof (pese a sostener que su pregunta no ha sido contestada), el problema radica en que este último, en una muestra flagrante de su desconocimiento en la materia, realizó mal su pregunta al configurar a la economía como si se tratara de un modelo con tipo de cambio fijo, cuando en el presente estamos en un caso de tipo de cambio flexible.

En función de dicho debate, la idea del presente artículo es explorar las consecuencias sobre los precios (los cuales pueden apartarse de la PPP en el corto plazo, ya sea por la presencia de fricciones en el mercado de bienes o por la existencia de bienes no transables), el tipo de cambio y las reservas bajo cuatro alternativas, según sea el tipo de financiamiento del déficit fiscal y el esquema cambiario. En este sentido, supondremos que la forma en que el Gobierno financia su déficit puede ser: (i) con endeudamiento externo y (ii) emisión monetaria. A su vez, el esquema cambiario puede mostrar dos alternativas: (i) tipo de cambio flexible y (ii) tipo de cambio fijo. De todos modos, más allá de los resultados de corto plazo, el punto central es que, en el largo plazo, la estructura de precios relativos de la economía es independiente de la estructura de financiamiento (salvo que ello impacte sobre la tasa de interés).

Caso 1: Tipo de cambio flexible con financiamiento externo

Tal como lo mencionáramos, desde la salida del cepo y acorde a los comunicados del Banco Central (BCRA), las autoridades han optado por un esquema de tipo de cambio flexible. Naturalmente, cuando el tipo de cambio es plenamente flexible, al no existir intervención del BCRA, el nivel de reservas internacionales no varía, ya que todo el desequilibrio repercute sobre el tipo de cambio. En este esquema, cuando el Gobierno decide financiar su déficit fiscal con emisión de deuda, el ingreso de dólares al país, al tener que ser comercializados en el mercado de cambios sin que se modifique la cantidad de dinero en la economía, ello conduce a una caída en el precio de la divisa sin alteración alguna sobre el nivel de precios. Esto es, en el corto plazo, la moneda se aprecia en términos reales. En cuanto al largo plazo, dado que esta apreciación de la moneda se manifestará en un deterioro de las cuentas externas (fruto de menores exportaciones y mayores importaciones), ello impulsará una suba futura del tipo de cambio nominal hasta recomponer el equilibrio inicial.

Caso 2: Tipo de cambio flexible con financiamiento monetario

En cuanto al caso donde el déficit fiscal se financia con emisión monetaria, el resultado es un aumento tanto del nivel de precios como del tipo de cambio. En términos de causación, cuando la cantidad de dinero aumenta, los precios domésticos también lo hacen y como ello encarece los precios locales, el tipo de cambio sube para mantener el equilibrio las cuentas externas. Así, en este caso, no hay efectos reales, aunque la economía se escala en un nivel de precios y tipo de cambio más altos.

Caso 3: Tipo de cambio fijo con financiamiento externo

Respecto al tipo de cambio fijo, cuando se toma deuda en moneda extranjera en el exterior, ello implica un ingreso de dólares al país, los cuales deben ser comprados por el BCRA con emisión monetaria, al tiempo que aumentan las reservas internacionales. Así, en este contexto, la mayor emisión de dinero haría subir el nivel general de precios, por lo que, adicionalmente, en el corto plazo, habría una apreciación cambiaria. Sin embargo, en la medida en que dicho proceso se consolida, las cuentas externas se deterioran, se comienzan a perder reservas, cae la cantidad de dinero y los precios se retraen hasta volver a la situación inicial. Por lo tanto, en este caso, salvo que el proceso de ajuste en los precios sea instantáneo, la mayor preocupación, dado el déficit fiscal, es el movimiento descendente que deberían mostrar los precios en el largo plazo para no generar desempleo.

Caso 4: Tipo de cambio fijo con financiamiento monetario

Por último, si dado el tipo de cambio fijo se decidiera financiar el déficit con emisión de dinero, en el corto plazo, los precios subirían. Esto, a su vez, apreciaría la moneda y, con ello, habría un deterioro de las cuentas externas, con lo cual, en el largo plazo, caerían las reservas y la cantidad de dinero se ajustaría al nivel inicial (determinado por la demanda de dinero); los precios deberían volver a su situación de inicio. Nuevamente, al igual que en el caso anterior, las velocidades de ajuste involucradas en cada uno de estos pasos no resultan triviales.

Dada la tipificación precedente y tomando las declaraciones del Dr. Axel Kicillof, resulta claro que su pregunta estaría encuadrada en el caso 3, donde si bien el ministro Alfonso Prat-Gay le contestó con magistral solvencia (asumiendo velocidades de ajuste instantáneas), el problema es que la pregunta fue desatinada por el hecho de que el caso argentino se asimila con la situación 1.

Finalmente, y más allá de los fuertes errores conceptuales en lo que suele caer el diputado Kicillof, que ya bastante daño nos ha causado con su paso por el Ministerio de Economía (ver), el punto central es si, dada la estrategia de financiamiento seleccionada por el ministro de Hacienda y Finanzas en conjunción con la política cambiaria del BCRA, es la mejor opción. En este sentido, es posible observar que si bien de largo plazo todas las estrategias de financiamiento no alteran los precios relativos, por lo que en este aspecto no hay diferencias, en el corto plazo sí las hay.

Así, resulta claro que de las cuatro alternativas, la mejor es la que se corresponde con el caso 1, ya que implica que no hay impacto en el nivel de precios en ningún plazo. A su vez, los casos 3 y 4 requieren de plena flexibilidad de precios a la baja que, de no presentarse de modo instantáneo, derivaría en desempleo y malestar social, por lo que habría una amplificación de riesgos (con lo cual el caso 3 domina al 4, dado el mayor nivel de reservas). Por último, debería ser claro que el peor de los casos es 2. En definitiva, más allá de los ribetes épicos de la jornada, lo que debería quedar claro es que la estrategia de Alfonso Prat-Gay es plenamente consistente (lo cual no asegura que sea alcanzable), algo que jamás ha podido mostrar Axel Kicillof en todo su paso por el Ministerio de Economía y ahora en la Honorable Cámara de Diputados.

Sin embargo, pese a más de cinco mil años de evidencia empírica mundial, las lecciones monetarias de gigantes como Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Milton Friedman y Robert Lucas Jr., entre otros, y junto a la experiencia local de los últimos setenta años (momento en el cual Juan Domingo Perón nacionalizó el Banco Central), en los que se le quitaron trece ceros a la moneda, pasando por dos hiperinflaciones, resulta casi imposible de creer que no se haya aprendido nada sobre el tema. Es más, parecería que para la gran mayoría de los economistas argentinos es imposible de asimilar la famosa consigna del padre del monetarismo, que señalaba: “La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y esta se contuvo solamente cuando se impidió que la cantidad de dinero continuara creciendo demasiado rápidamente; y este remedio resultó eficaz, se hubieran adoptado o no otro tipo de medidas”.

Dentro de dicho debate ingresan las recientes definiciones del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, cuando afirmó: “Si quisiéramos terminar con la inflación en dos meses, la única receta sería la del ajuste, con la pérdida de fuentes de empleo y una menor actividad económica, pero nosotros no vamos a adoptar medidas que afecten a los más humildes”. En este sentido, la fase en cuestión no es más que una referencia directa a lo que técnicamente se conoce como la curva de Phillips, que intenta capturar la relación (supuestamente negativa) entre la tasa de inflación y el nivel de desempleo.

Dicha curva tiene su origen en un trabajo de William Phillips de 1958, quien, estudiando datos sobre la tasa de variación de los salarios nominales y la tasa de desempleo para Gran Bretaña durante el período que va desde 1861 a 1957, encontró una relación negativa. Así, en la medida en que la tasa de desempleo se achicaba, la tasa de variación de los salarios aumentaba. En función de esto, Richard Lipsey (1960), en perfecta sintonía con el capítulo 21 de la Teoría general de John M. Keynes, asumió que los precios se determinaban como una proporción fija por encima de los costos laborales, por lo que la relación pasó a vincular la tasa de inflación con la tasa de desempleo (creyendo que con ello daban respuesta al desafío lanzado por Milton Friedman, que señalaba la incapacidad del modelo keynesiano para dar respuesta a la tasa de inflación).

En ese mismo año, los keynesianos Paul Samuelson y Robert Solow dieron formato empírico para dicha recomendación tanto en los Estados Unidos como para Gran Bretaña. Así, con esta nueva herramienta, los políticos se lanzaron al diseño de políticas que les decían cuánto más de inflación se debía soportar si querían bajar el desempleo y viceversa.

Sin embargo, al igual que en otras tantas oportunidades, Milton Friedman se presentó para estropearles la fiesta a los keynesianos y, junto con ellos, a todos los políticos derrochones. En este sentido, el Coloso de Chicago afirmaba que los individuos no eran estúpidos, como sostenían de modo implícito los keynesianos, sino que en el medio aprendían cómo trabajaba la economía. De este modo, cuando el Banco Central aumentaba la tasa de creación de dinero, en el corto plazo las empresas creían que su precio relativo mejoraba, por lo que se lanzaban a producir más y con ello a contratar más trabajadores por un mayor salario. Los asalariados, creyendo que su salario real estaba subiendo, aumentaban la cantidad de horas trabajadas. Todo esto derivaba en un aumento transitorio de la producción (pasaje del punto 1 al punto A en la curva CPcp0 del gráfico, con una tasa de desempleo μ_A y una inflación Π_b). Ahora bien, cuando los agentes descubrían que la tasa de inflación había aumentado, incorporaban dicha información (las expectativas se adaptaban con el nuevo dato de inflación), lo cual generaba una nueva curva de Phillips de corto plazo (CPcp1), que implica volver a la original tasa natural de desempleo μ*, pero con una mayor tasa de inflación (punto 2). En el fondo, Milton Friedman sostenía que si bien existía una relación de intercambio entre inflación y desempleo, esta era de corto plazo y que, cuando los individuos se adaptaban a la nueva tasa de inflación, dicho efecto desaparecía (línea vertical para el largo plazo CPlp). Es más, en esta misma línea, Edmund Phelps (1968) sostenía que la única posibilidad de conseguir de modo sistemático que la tasa de desempleo se ubicara por debajo de la tasa natural era acelerando continuamente la tasa de inflación.

Finalmente, en el año 1972 (y validado empíricamente en el año 1973), apareció Robert Lucas para sepultar a la tristemente célebre curva de Phillips con el argumento de las expectativas racionales. Así, cuando los agentes forman sus expectativas de modo racional y conocen cómo diseña la regla de política monetaria el Banco Central (la fuente de generación de inflación), frente a un cambio de regla que conlleva una mayor emisión monetaria, la economía pasa del punto 1 al 2 sin ninguna ganancia en términos de actividad y nivel de empleo. En este sentido, la única forma de lograr una mejora de actividad y empleo es mediante el engaño deliberado por parte de la autoridad monetaria, efecto que no sólo duraría muy poco tiempo, sino que además su repetición sistemática en el tiempo dejaría cada vez menores dividendos.

En función de todo esto, lo que hemos aprendido la mayor parte de los economistas del mundo es que, cuando un Banco Central es creíble, podría bajar la tasa de inflación sin caídas en el nivel de empleo con el simple hecho de anunciar una nueva regla monetaria consistente. Por lo tanto, a la luz de las declaraciones del ministro surgen por lo menos dos alternativas: se encuentra abrazado a las erróneas premisas keynesianas previas a los resultados derivados por Milton Friedman y Robert Lucas Jr.; o considera que si lanzara un plan de ataque frontal contra la inflación, este no sería creíble. Esto es, en cualquiera de las dos situaciones, la señal es mala, ya sea porque implicaría haberse quedado en la teoría económica de los sesenta, o porque considera que carece de credibilidad suficiente como para lanzar un plan con las características que requiere la presente situación económica y social argentina.

Naturalmente, al momento de analizar el nivel de salarios no sólo deberían considerarse los precios (y por ende su tasa de variación, inflación), sino también la evolución del nivel de la productividad (marginal) del trabajo, ya que el salario de equilibrio viene determinado por el producto entre estos últimos dos conceptos. Así, cuando la tasa de variación de los salarios nominales excede a la suma del crecimiento de los precios y de la productividad del trabajo, las ganancias de las empresas caen y así se reduce la demanda de trabajo, lo que genera desempleo (esto castiga en mayor medida a los trabajadores menos calificados del mercado, ya que son los que estarían dispuestos a trabajar por menores salarios reales).

Por otra parte, en el caso opuesto, las empresas tendrán rentas extraordinarias que podrán aplicar a: demandar más trabajo, o acumular capital, o ahorrar (lo que implica financiar la inversión en otros sectores de la economía), donde cada una de estas alternativas conlleva la creación de nuevos puestos de trabajo y mejores salarios reales.

Además, en dicho análisis debería quedar claro que no sólo intervienen las cuestiones presentes, ya que tanto la tasa de inflación (dados los rezagos en la política monetaria) como la productividad (el stock de capital físico fruto de la inversión realizada en los últimos años) vienen determinadas mayormente por decisiones hechas en el pasado. Puesto en otros términos, para el presente año, como el stock de capital del momento inicial está jugado, el Gobierno sólo podrá trabajar parcialmente en la tasa de inflación. Esto es, dado que la política monetaria tiene un rezago de 18 meses, un tercio de la inflación estará dada por lo actuado por Alejandro Vanoli (quien, al emitir al 40%, dejó un piso de inflación del 13%) y los dos tercios restantes por lo que emita Federico Sturzenegger. Al mismo tiempo, si el Banco Central (BCRA) se restringe al objetivo de inflación del 22,5% (valor medio de la banda) fijado por el ministro Alfonso Prat-Gay, la tasa de emisión no debería superar el 15 por ciento.

Sin embargo, el tema no es tan simple, ya que en medio de dicho proceso puede aflorar lo que los economistas llamamos el problema de la inconsistencia dinámica. Así, cuando el Gobierno anuncia una política, el público puede considerarla no creíble, bien porque la regla que es óptima en un período deja de serlo en un período posterior, bien porque contradice otros objetivos del Gobierno, de tal modo que los agentes privados esperarán que este desista de llevarla a cabo. Este último caso es el que se asemeja a la situación que deseamos analizar. Para ello, suponiendo que tanto el Banco Central como los sindicatos sienten el mismo rechazo (tienen la misma función de pérdida social) por la inflación, el desempleo y la caída del salario real (el peor de estos últimos dos), a continuación se presenta una matriz de resultados en términos de mercado de trabajo y de inflación.

En la parte superior de la matriz se presentan las opciones de política monetaria del BCRA, las cuales constan en seguir una estrategia dura o una laxa en materia de inflación. Por otra parte, en el lado izquierdo de la matriz están las opciones de los sindicatos (quienes no difieren de modo sustancial de las preferencias de la comunidad), que constan en pedir altas o bajas tasas de aumento salarial. En este sentido, cuando los sindicatos piden altos salarios y el BCRA es laxo (extremo superior izquierdo de la matriz), si bien no hay desempleo (μ), la tasa de inflación (π) es alta, tal que el salario real (w) queda constante. A su vez, en el caso opuesto (diagonal al caso anterior), si los sindicatos piden bajos salarios, tampoco hay desempleo, pero la inflación es más baja, sin cambios en el salario real, por lo que este resultado (mismo desempleo y salario real con menor inflación), desde el punto de vista social, es preferible al anterior. Por otra parte, si los sindicatos van por tasas de variación de salarios altas y el BCRA es duro en su política (extremo superior derecho de la matriz), si bien la tasa de inflación bajará, ello será con un alto costo social en materia de empleo (el cual crece cuanto mayor es la divergencia entre la variación de salarios y la tasa de emisión). En la situación opuesta, la laxitud del BCRA llevaría a pérdidas sociales tanto por la mayor inflación como por las caídas del salario real.

El juego que se presenta, en la literatura especializada, se conoce como batalla de los sexos, donde, frente a esta situación, surgirán dos equilibrios de Nash: (i) altas tasas de variación de salarios con una tasa de inflación alta y (ii) bajas tasas de variación de salarios con una tasa de inflación baja (la solución requiere de estrategias mixtas). Sin embargo, al igual que en el caso del juego mencionado, en el proceso de negociación salarial las decisiones no se toman de forma simultánea, sino en forma secuencial. Así, partiendo de la base de que los sindicatos moverán primero, el juego secuencial adopta el siguiente formato:

Bajo este nuevo diagrama, cuando los sindicatos prefieren reclamar altas tasas de variación de los salarios, el Banco Central debe elegir entre una política laxa o una dura, donde en el primer caso el salario real no varía frente a una alta inflación, mientras que en el segundo, si bien la tasa de inflación es baja, el desempleo es importante. De hecho, frente a esta situación, el Banco Central terminará cediendo (equilibrio de Nash número 1).

Por otra parte, si los sindicatos van por un requerimiento de bajas tasas de variación de salarios, el Banco Central elegirá una política monetaria dura, donde no sólo la tasa de inflación será baja, sino que tampoco habrá pérdidas en materia de mercado laboral (equilibrio de Nash número 2).

Dados estos dos equilibrio de Nash, debería resultar claro que el segundo es superior al primero (mismo nivel de empleo y salario real con menor inflación), por lo que, en caso de que existiera un escenario de credibilidad perfecta, los sindicatos deberían tomar la estrategia de pedir bajas tasas de variación de salarios. Sin embargo, dado que el programa económico anunciado por el ministro Prat-Gay requiere de un financiamiento de 7% del PIB (treinta mil millones de dólares), al tiempo que el BCRA debería soportar una carga financiera de otros 7,5% del PIB (resultante del roll-over de las letras del Banco Central, más la esterilización de intereses y la mitad de la emisión fiscal), ello hace que la credibilidad esté en jaque. Concretamente, si el Gobierno no logra conseguir estos niveles de endeudamiento, se vería forzado a recurrir a fuentes alternativas de financiamiento (Banco de la Nación Argentina y Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social), junto con una mayor emisión monetaria. Consecuentemente, la tasa de inflación sería más elevada, los salarios reales caerían y ello implicaría una fuerte pérdida a nivel social. Dado que los sindicatos tienen conciencia del nivel de desafío financiero, el segundo equilibrio de Nash no supera la prueba de credibilidad y resulta óptimo para los sindicatos y la sociedad ir al equilibrio de alta inflación, sin pérdidas de salario real ni empleo.

Aunque este resultado es robusto, no deja de ser ineficiente, ya que se podrían conseguir los mismos resultados en materia de empleo y salario real sin tanta inflación. Por lo tanto, una posibilidad de salir de esta trampa consta en achicar el período de negociación. Esto es, lo que podría proponer el Gobierno es particionar las paritarias a lo largo del año, al tiempo que se va monitoreando la evolución del escenario financiero del Gobierno y del Banco Central. De este modo, si las premisas del plan de Alfonso Prat-Gay se validan en los hechos, se habrá dado un fuerte golpe en la lucha contra la inflación. En su defecto, se habría puesto un límite al malestar social.

 Caracterización del programa

En cumplimiento de las promesas de campaña, se reduce la presión fiscal en 1,3% del PIB, al tiempo que se encara una reducción del gasto público de 2,3% del PIB, lo que permitirá mejorar el superávit fiscal en 1% en el 2016 y luego mejoraría en un 1,5% año a año hasta el 2019, para llevar el déficit primario de 5,8% del PIB a 0,3% del PIB. Al mismo tiempo, dicha dinámica, para el resultado primario, implicaría que el déficit fiscal global arranque en niveles cercanos al 7% del PIB y caiga gradualmente hasta el 3,4%. Si bien poco más de la mitad de deuda está en manos de agencias públicas y parte será financiado por el Banco Central (BCRA), implica una carga financiera del 7% del PIB (unos 30 mil millones de dólares anuales) que requerirá de un muy buen trabajo para que el programa llegue a buen puerto.

A su vez, el programa muestra los límites que impone la corporación política, ya que el grueso del ajuste recaerá sobre el sector privado, donde la parte más significativa de las mejoras fiscales es la reducción de los subsidios (en especial los vinculados a energía). Esta situación se volverá aún más relevante a partir del 2018, cuando el programa fiscal requiera de estar afectando partidas a la corporación política, tales como el gasto en las remuneraciones, en bienes y servicios, las transferencias a las provincias y otras partidas relacionadas con el gasto político.

Inflación y optimismo monetario

Al mismo tiempo, los supuestos en materia inflacionaria parecen muy exigentes. Concretamente, una inflación en el medio de la banda en torno al 22,5% parece una tarea difícil de cumplir. Dado que la política monetaria opera con un rezago de 18 meses entre que se emite y se genera inflación, Alejandro Vanoli ha dejado como herencia un piso de inflación del 13,5%, por lo que para que el BCRA cumpla el objetivo de Prat-Gay, la emisión de todo el año no debería superar el 15 por ciento. En este sentido, de cumplirse el objetivo del girar al Gobierno 160 mil millones de pesos, esto llevaría a la tasa de emisión al 25% anual, por lo que la inflación rondaría el 30% anual.

Naturalmente, el Banco Central podría recurrir a la esterilización. Sin embargo, ello demandaría un esfuerzo colosal, ya que a los 80 mil millones de pesos netos que se deberían esterilizar de la emisión fiscal habría que agregarle el déficit cuasifiscal emergente de los intereses de dichos instrumentos, por lo que el monto a esterilizar llegaría a unos 170 mil millones (2,5% del PIB). Todo esto en un marco en el que el stock de letras del Banco Central (Lebacs) a rollear representa cerca del 6% del PIB. De todos modos, el BCRA podría hacer parte de este trabajo vendiendo reservas o títulos públicos para quitar presión sobre las letras del BCRA.

Sin embargo, más allá de los esfuerzos necesarios para lograr la meta, siempre está el riesgo que implica el roll-over, tarea que se ha vuelto mucho más pesada como resultado de la esterilización de parte del sobrante de dinero y la absorción de los pesos emitidos para el pago de las pérdidas resultantes de las operaciones con futuros.

Reflexiones finales

En definitiva, la estrategia de salida del cepo sin colocar un bono que limpiara los desequilibrios monetarios ha generado una muy fuerte exigencia para el BCRA, motivo por el cual, si todo resulta exitoso, las tasas de interés bajarán de modo gradual, por lo que tardará en despegar la inversión y con ello el crecimiento. A su vez, esta exigencia de altas tasas en el plano de lo monetario durante la transición hace muy complicado atacar de lleno al déficit fiscal (verdadera causa de todos los males del país en los últimos setenta años), ya que si aumenta el ahorro sin una contrapartida de inversión, sufrirá el nivel de actividad, al tiempo que la solución del tipo gradualista termina exigiendo un cronograma para la colocación de deuda en los mercados muy ambicioso (115 mil millones en cuatro años).

En definitiva, a la luz de lo que se infiere del programa de Alfonso Prat-Gay, está diseñado de modo complaciente para con la corporación política, ya que los desequilibrios tenderían a eliminarse en tanto y en cuanto despegue la tasa de crecimiento y con ello bajar el peso de la política en el PIB sin pérdidas en términos reales. Esto es, el programa marcha por un delgado sendero que, si se le exige más a la política, el programa sucumbiría frente a los intereses de la corporación, mientras que, si es más ambicioso en lo financiero, se queda sin acceso a los mercados. Por lo tanto, la estrategia seleccionada finalmente implica una solución de muy baja calidad, ya que, dadas las modestas tasas de crecimiento y una tasa de inflación que desciente lentamente, sumadas a un muy importante, aunque manejable, riesgo monetario y financiero, la relación renta-riesgo del programa dista de ser la óptima.

El autor desea agradecer los valiosos comentarios del Dr. José Luis Espert.