En este sentido, el informe intenta brindar una visión equilibrada entre los beneficios y los costos que tienen aparejados los progresos tecnológicos en materia de información y comunicaciones. De este modo, en el documento se hace un racconto de los potenciales impactos positivos que podrían derivar de ello, tales como: la promoción de la inclusión, el aumento de la eficiencia, el estímulo a la innovación, la promoción del comercio, la mejor utilización del capital, la mayor competencia, la creación de nuevos empleos, el aumento de la productividad de los trabajadores y el incremento del excedente del consumidor (bienestar individual derivado de la diferencia entre lo que se está dispuesto a pagar y lo que efectivamente se paga). A su vez, también se señala que: puede hacer que los Gobiernos sean más capaces y receptivos, que haya mayor participación, que se incremente la capacidad del sector público y que se fomente la voz ciudadana.

Paralelamente, dentro de los riesgos se señalan: la concentración del poder de mercado, el aumento de la desigualdad sin una contrapartida en materia de eficiencia y que, cuando los Gobiernos no rindan cuentas de sus actos, el resultado será un mayor control y no un aumento del empoderamiento y de la inclusión de la población. Si bien el primer punto podría haber sido una fuente de debate sobre la posibilidad de una tasa de crecimiento sostenida en el tiempo (fruto de los rendimientos crecientes a escala) y las desavenencias del herramental neoclásico al momento de trabajar con los monopolios, o, en cuanto al último de los puntos señalados, abrir la discusión sobre los riesgos del accionar del Estado en términos de pérdidas de libertades individuales, han sido los ludistas (movimiento de artesanos ingleses que durante la Revolución Industrial se opuso a las máquinas que restaban empleos) los que han alzado sus voces con mayor fuerza por los efectos potenciales sobre el empleo en lo concerniente al segundo de los riesgos.

Concretamente, en lo concerniente a la evolución del empleo, el informe señala que desde un punto de vista tecnológico, dos terceras partes de los empleos del mundo en desarrollo pueden automatizarse. Al mismo tiempo, el análisis del organismo señala que Argentina es el país con mayor potencial de automatización (más del 60% de su estructura de empleo), lo que supera muy ampliamente a otros países como la India, Sudáfrica, Uruguay, China y el promedio de todas las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Adicionalmente, el informe señala: “La redistribución de la renta entre factores de producción —del trabajo al capital— y la disminución de la proporción de empleos de nivel medio en muchos países, se debe, por lo menos en parte, a la creciente automatización incluso de muchos trabajos de oficina. Cuando los trabajadores tienen las habilidades necesarias para sacar provecho de las tecnologías, se vuelven más productivos y sus sueldos aumentan. Cuando no las tienen, compiten con otros por empleos de bajo nivel, y provocan así una mayor baja de los sueldos en estos trabajos”. De modo tal que dadas las implicancias distributivas, a las voces de los ludistas se sumó el coro de los resentidos, que claman por un distribución del ingreso “más justa”, sin darse cuenta de que el proceso de producción no es independiente de la distribución (para ello, ver Erika Kirsner, 2000, para tener conciencia de la disparatada idea al respecto de John Stuart Mill).

Si bien el argumento de la distribución del ingreso es altamente cuestionable desde un punto de vista ético (ya que la redistribución siempre implica un acto violento), es comprensible, porque el sentimiento de envidia ha acompañado al hombre a lo largo de todo su existencia. Sin embargo, menos aceptable (al menos para un economista de formación razonable) es incurrir en la falacia ludista del odio a la máquina. De hecho, si fuese cierto que la introducción de la maquinaria es causa de creciente desempleo y miseria, las deducciones lógicas asociadas serían revolucionarias, no sólo en el aspecto técnico, sino también en lo que se refiere a nuestro concepto global de la civilización. No sólo tendríamos que considerar calamitoso todo futuro progreso técnico, sino que deberíamos contemplar con igual horror los progresos técnicos alcanzados en el pasado.

Veamos la falacia con un muy simple ejemplo. Supongamos que un fabricante de telas tiene conocimiento de la existencia de una máquina capaz de confeccionar abrigos, empleando tan sólo la mitad de la mano de obra que anteriormente se precisaba. Así, instala la maquinaria y despide a la mitad del personal. Parece a primera vista que ha habido una evidente disminución de ocupación. Ahora bien, la propia máquina requirió mano de obra para ser fabricada, aunque dicho efecto no alcanza a compensar al precedente.

Ahora bien, la incorporación de la máquina al proceso productivo le permite al empresario producir los mismos abrigos pero a menor costo, lo cual deriva en un aumento extraordinario de las ganancias. Frente a esta situación, este se podría emplear de tres maneras: ampliación de sus instalaciones, con adquisición de nuevas máquinas para hacer un mayor número de abrigos; inversión en cualquier otra industria por la vía del ahorro; e incremento de su propio consumo. Por lo tanto, cualquiera de estas tres posibilidades ha de producir demanda de trabajo. En otras palabras, como resultado de sus economías, el fabricante obtiene un beneficio que no tenía antes. Cada centavo ahorrado en salarios directos, por haber podido disminuir el importe de sus nóminas, ha de ir a parar indirectamente a los obreros que construyen la nueva máquina, a los trabajadores de otras industrias o a aquellos que intervienen en la construcción de una nueva casa, automóvil o cualquier otro tipo de bien que consuma el fabricante de abrigos. En cualquier caso, proporciona indirectamente tantos empleos como los que directamente dejó de facilitar.

A su vez, estos beneficios extraordinarios para el productor harán que sus competidores imiten su accionar, por lo que no solamente se incrementará la demanda de maquinarias (y con ello el empleo en dicho sector), sino que además, al aumentar la oferta de abrigos, sus precios caerán, por lo que los consumidores podrán disfrutar de una mayor cantidad de abrigos y según sea la elasticidad precio de la demanda, de una mayor cantidad de otros bienes, por lo que con ello habrá mayor cantidad de puestos de trabajo.

En definitiva, las máquinas, los perfeccionamientos técnicos, las economías de escala y mayor eficiencia no dejan sin trabajo a los individuos, sino que incrementan el nivel de bienestar. Si llevamos la situación a un caso mucho más extremo: cada vez que se produce un avance en el campo de la medicina que prolonga la esperanza de vida se quedan sin empleo personas que trabajan en casas velatorias, sepultureros, trabajadores de los cementerios y los que se dedican a la producción de féretros. ¿Cómo tomaría usted si aparece algún economista ludista —al margen de la falacia— haciendo campaña por la muerte? Yo, en principio, le diría que se olvide del nefasto óptimo de Pareto. Usted dígale lo que quiera, aunque le pido que no me haga responsable de ello.

Sin embargo, pese a más de cinco mil años de evidencia empírica mundial, las lecciones monetarias de gigantes como Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Milton Friedman y Robert Lucas Jr., entre otros, y junto a la experiencia local de los últimos setenta años (momento en el cual Juan Domingo Perón nacionalizó el Banco Central), en los que se le quitaron trece ceros a la moneda, pasando por dos hiperinflaciones, resulta casi imposible de creer que no se haya aprendido nada sobre el tema. Es más, parecería que para la gran mayoría de los economistas argentinos es imposible de asimilar la famosa consigna del padre del monetarismo, que señalaba: “La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y esta se contuvo solamente cuando se impidió que la cantidad de dinero continuara creciendo demasiado rápidamente; y este remedio resultó eficaz, se hubieran adoptado o no otro tipo de medidas”.

Dentro de dicho debate ingresan las recientes definiciones del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, cuando afirmó: “Si quisiéramos terminar con la inflación en dos meses, la única receta sería la del ajuste, con la pérdida de fuentes de empleo y una menor actividad económica, pero nosotros no vamos a adoptar medidas que afecten a los más humildes”. En este sentido, la fase en cuestión no es más que una referencia directa a lo que técnicamente se conoce como la curva de Phillips, que intenta capturar la relación (supuestamente negativa) entre la tasa de inflación y el nivel de desempleo.

Dicha curva tiene su origen en un trabajo de William Phillips de 1958, quien, estudiando datos sobre la tasa de variación de los salarios nominales y la tasa de desempleo para Gran Bretaña durante el período que va desde 1861 a 1957, encontró una relación negativa. Así, en la medida en que la tasa de desempleo se achicaba, la tasa de variación de los salarios aumentaba. En función de esto, Richard Lipsey (1960), en perfecta sintonía con el capítulo 21 de la Teoría general de John M. Keynes, asumió que los precios se determinaban como una proporción fija por encima de los costos laborales, por lo que la relación pasó a vincular la tasa de inflación con la tasa de desempleo (creyendo que con ello daban respuesta al desafío lanzado por Milton Friedman, que señalaba la incapacidad del modelo keynesiano para dar respuesta a la tasa de inflación).

En ese mismo año, los keynesianos Paul Samuelson y Robert Solow dieron formato empírico para dicha recomendación tanto en los Estados Unidos como para Gran Bretaña. Así, con esta nueva herramienta, los políticos se lanzaron al diseño de políticas que les decían cuánto más de inflación se debía soportar si querían bajar el desempleo y viceversa.

Sin embargo, al igual que en otras tantas oportunidades, Milton Friedman se presentó para estropearles la fiesta a los keynesianos y, junto con ellos, a todos los políticos derrochones. En este sentido, el Coloso de Chicago afirmaba que los individuos no eran estúpidos, como sostenían de modo implícito los keynesianos, sino que en el medio aprendían cómo trabajaba la economía. De este modo, cuando el Banco Central aumentaba la tasa de creación de dinero, en el corto plazo las empresas creían que su precio relativo mejoraba, por lo que se lanzaban a producir más y con ello a contratar más trabajadores por un mayor salario. Los asalariados, creyendo que su salario real estaba subiendo, aumentaban la cantidad de horas trabajadas. Todo esto derivaba en un aumento transitorio de la producción (pasaje del punto 1 al punto A en la curva CPcp0 del gráfico, con una tasa de desempleo μ_A y una inflación Π_b). Ahora bien, cuando los agentes descubrían que la tasa de inflación había aumentado, incorporaban dicha información (las expectativas se adaptaban con el nuevo dato de inflación), lo cual generaba una nueva curva de Phillips de corto plazo (CPcp1), que implica volver a la original tasa natural de desempleo μ*, pero con una mayor tasa de inflación (punto 2). En el fondo, Milton Friedman sostenía que si bien existía una relación de intercambio entre inflación y desempleo, esta era de corto plazo y que, cuando los individuos se adaptaban a la nueva tasa de inflación, dicho efecto desaparecía (línea vertical para el largo plazo CPlp). Es más, en esta misma línea, Edmund Phelps (1968) sostenía que la única posibilidad de conseguir de modo sistemático que la tasa de desempleo se ubicara por debajo de la tasa natural era acelerando continuamente la tasa de inflación.

Finalmente, en el año 1972 (y validado empíricamente en el año 1973), apareció Robert Lucas para sepultar a la tristemente célebre curva de Phillips con el argumento de las expectativas racionales. Así, cuando los agentes forman sus expectativas de modo racional y conocen cómo diseña la regla de política monetaria el Banco Central (la fuente de generación de inflación), frente a un cambio de regla que conlleva una mayor emisión monetaria, la economía pasa del punto 1 al 2 sin ninguna ganancia en términos de actividad y nivel de empleo. En este sentido, la única forma de lograr una mejora de actividad y empleo es mediante el engaño deliberado por parte de la autoridad monetaria, efecto que no sólo duraría muy poco tiempo, sino que además su repetición sistemática en el tiempo dejaría cada vez menores dividendos.

En función de todo esto, lo que hemos aprendido la mayor parte de los economistas del mundo es que, cuando un Banco Central es creíble, podría bajar la tasa de inflación sin caídas en el nivel de empleo con el simple hecho de anunciar una nueva regla monetaria consistente. Por lo tanto, a la luz de las declaraciones del ministro surgen por lo menos dos alternativas: se encuentra abrazado a las erróneas premisas keynesianas previas a los resultados derivados por Milton Friedman y Robert Lucas Jr.; o considera que si lanzara un plan de ataque frontal contra la inflación, este no sería creíble. Esto es, en cualquiera de las dos situaciones, la señal es mala, ya sea porque implicaría haberse quedado en la teoría económica de los sesenta, o porque considera que carece de credibilidad suficiente como para lanzar un plan con las características que requiere la presente situación económica y social argentina.

Si bien es cierto que sería factible tener tipo de cambio fijo sin reservas, ello sólo sería posible si se cumpliera por lo menos una de las siguientes condiciones: (i) una demanda de dinero granítica a la baja —y, según el caso, hasta fuertemente creciente—, (ii) un acceso irrestricto e instantáneo al mercado de capitales, o (iii) una absoluta flexibilidad a la baja en el gasto público (para sacar pesos que sobran vía superávit). Naturalmente, Argentina no cumple ni por asomo con ninguno de estos puntos, por lo cual si optara por un tipo de cambio administrado, debería contar con una enorme cantidad de reservas, pero no las tiene.

Por lo tanto, el país deberá elegir entre la opción de una libre flotación del dólar o un fuerte aumento de los controles, los cuales no sólo hacen subir la tasa de interés, presionan sobre los precios y hacen caer el PIB per cápita, el empleo y el salario real, sino que además ponen en jaque las libertades individuales (como es el caso de Venezuela).

De este modo, y ante la inminente posibilidad de avanzar hacia la implementación de un sistema de flotación libre del peso, muchos economistas se han puesto a conjeturar sobre cuál podría ser el movimiento del tipo de cambio. En general, estos análisis están basados en el típico caso de un mercado que tiene un precio máximo (administrado) debajo del nivel de equilibrio, del cual se desprenden dos resultados: (i) al precio fijado existe escasez, dado que la cantidad demandada supera a la ofrecida y (ii) frente a la cantidad de divisas que los oferentes están dispuestos a llevar al mercado al precio oficial, existe la posibilidad de venderla en el mercado paralelo a un precio por encima del de equilibrio a los agentes con mayores voluntad de hacerse del bien. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, si la restricción sobre el precio administrado se eliminara, el precio del oficial debería subir y el del paralelo debería caer hasta que dichos precios se unifiquen en un punto intermedio, al tiempo que las cantidades transadas aumentarían. Puesto en blanco sobre negro, el tipo de cambio libre debería ubicarse en un nivel entre $9,7 y $16.

Estos análisis se complementan (y supuestamente se validan) con un trabajo basado en la aplicación del modelo de la paridad del poder de compra (ley del precio único para una economía abierta, PPP), donde, tomando una canasta de bienes en Argentina denominada en pesos y dividida por la misma canasta denominada en dólares en los Estados Unidos, se determina que los precios de la economía de Argentina están fijados con un dólar de $14. Por lo tanto, al conjugar este resultado con el anterior, se afirma que si se decide salir del cepo, ello sólo implicaría un salto en el tipo de cambio, que se ubicaría por encima del oficial sin efecto inflacionario.

Desafortunadamente, y pese a la euforia que genera la posibilidad de movernos hacia un nuevo Gobierno que no maltrate al capital como lo ha hecho el régimen kirchnerista en estos doce años (lo cual no requiere grandes esfuerzos), el análisis precedente tiene una gran cantidad de problemas. Por un lado, es un simple análisis de equilibrio parcial, donde, asumiendo que todo está constante, el precio en cuestión explicaría un equilibrio real traducido a un formato monetario. Naturalmente, si no se tiene en cuenta lo que podría estar pasando en otros mercados, tanto locales (donde entran preferencias, dotaciones de recursos, tecnología y sistema impositivo) como internacionales (en especial respecto a la tasa de interés internacional y los términos de intercambio, entre otras cosas), el análisis seguramente podría resultar insuficiente. Por otro lado, la absoluta omisión de las cuestiones de índole monetaria hace que se pase por alto el problema de la escala nominal. Esto es, dado un conjunto de precios relativos, los niveles en la cantidad de dinero tendrán asociados distintos niveles de precios nominales en la economía (entre ellos, el del dólar).

Adicionalmente, para que el análisis del tipo de cambio basado en la paridad del poder de compra sea cierto, la economía debería ser perfectamente abierta y tener equilibrio simultáneo en los mercados de trabajo, bienes y dinero. En este sentido, la cantidad de juicios en la Organización Mundial del Comercio, el mercado laboral, que no genera empleos genuinos desde hace ya cuatro años (se maquillan los datos de desempleo y se ha reclutado a un ejército de empleados públicos), en una economía estancada, con inflación creciente y un sobrante de dinero cercano al 3,7% del PIB (stock similar al observado durante los años 1959 y 1975), al que se le debería sumar el flujo emergente de la financiación monetaria del déficit fiscal y cuasi-fiscal (derivado de las posiciones en letras del Banco Central y en el mercado de dólar futuro), señalan que dicha visión es por lo menos temeraria.

En este sentido, más allá de lo importante de todos los desequilibrios de los mercados que desaconsejarían fuertemente el uso de la PPP para realizar una recomendación de política económica, el caso del mercado de dinero ocupa un lugar destacado. Así, si al abrirse el cepo, no mediara un extremadamente fuerte shock de confianza que hiciera subir la demanda de dinero (M1) y esta se contrajera hacia el equilibrio bueno (8,5% del PIB), la tasa inflación treparía a niveles del 150%, mientras que, en el caso malo (3,8% del PIB), la tasa de inflación podría ubicarse en torno al 450 por ciento. En este contexto, el nivel de actividad podría caer entre 3% y 6%, y la pobreza superaría el 50% de la población. De más está decir que bajo una dinámica nominal de semejantes características, la idea de hablar de un precio para el dólar queda fuertemente desdibujada.

Por lo tanto, dados los riesgos involucrados en el mercado de dinero, antes de abrir el cepo se debería eliminar el sobrante de pesos y poner en marcha un programa que ponga un freno a la emisión de dinero. Esto es, una formidable idea, como la de levantar el cepo, pero mal diseñada o llevada a cabo por incompetentes, podría terminar en un nuevo desastre social.