Sin embargo, pese a más de cinco mil años de evidencia empírica mundial, las lecciones monetarias de gigantes como Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Milton Friedman y Robert Lucas Jr., entre otros, y junto a la experiencia local de los últimos setenta años (momento en el cual Juan Domingo Perón nacionalizó el Banco Central), en los que se le quitaron trece ceros a la moneda, pasando por dos hiperinflaciones, resulta casi imposible de creer que no se haya aprendido nada sobre el tema. Es más, parecería que para la gran mayoría de los economistas argentinos es imposible de asimilar la famosa consigna del padre del monetarismo, que señalaba: “La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y esta se contuvo solamente cuando se impidió que la cantidad de dinero continuara creciendo demasiado rápidamente; y este remedio resultó eficaz, se hubieran adoptado o no otro tipo de medidas”.

Dentro de dicho debate ingresan las recientes definiciones del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, cuando afirmó: “Si quisiéramos terminar con la inflación en dos meses, la única receta sería la del ajuste, con la pérdida de fuentes de empleo y una menor actividad económica, pero nosotros no vamos a adoptar medidas que afecten a los más humildes”. En este sentido, la fase en cuestión no es más que una referencia directa a lo que técnicamente se conoce como la curva de Phillips, que intenta capturar la relación (supuestamente negativa) entre la tasa de inflación y el nivel de desempleo.

Dicha curva tiene su origen en un trabajo de William Phillips de 1958, quien, estudiando datos sobre la tasa de variación de los salarios nominales y la tasa de desempleo para Gran Bretaña durante el período que va desde 1861 a 1957, encontró una relación negativa. Así, en la medida en que la tasa de desempleo se achicaba, la tasa de variación de los salarios aumentaba. En función de esto, Richard Lipsey (1960), en perfecta sintonía con el capítulo 21 de la Teoría general de John M. Keynes, asumió que los precios se determinaban como una proporción fija por encima de los costos laborales, por lo que la relación pasó a vincular la tasa de inflación con la tasa de desempleo (creyendo que con ello daban respuesta al desafío lanzado por Milton Friedman, que señalaba la incapacidad del modelo keynesiano para dar respuesta a la tasa de inflación).

En ese mismo año, los keynesianos Paul Samuelson y Robert Solow dieron formato empírico para dicha recomendación tanto en los Estados Unidos como para Gran Bretaña. Así, con esta nueva herramienta, los políticos se lanzaron al diseño de políticas que les decían cuánto más de inflación se debía soportar si querían bajar el desempleo y viceversa.

Sin embargo, al igual que en otras tantas oportunidades, Milton Friedman se presentó para estropearles la fiesta a los keynesianos y, junto con ellos, a todos los políticos derrochones. En este sentido, el Coloso de Chicago afirmaba que los individuos no eran estúpidos, como sostenían de modo implícito los keynesianos, sino que en el medio aprendían cómo trabajaba la economía. De este modo, cuando el Banco Central aumentaba la tasa de creación de dinero, en el corto plazo las empresas creían que su precio relativo mejoraba, por lo que se lanzaban a producir más y con ello a contratar más trabajadores por un mayor salario. Los asalariados, creyendo que su salario real estaba subiendo, aumentaban la cantidad de horas trabajadas. Todo esto derivaba en un aumento transitorio de la producción (pasaje del punto 1 al punto A en la curva CPcp0 del gráfico, con una tasa de desempleo μ_A y una inflación Π_b). Ahora bien, cuando los agentes descubrían que la tasa de inflación había aumentado, incorporaban dicha información (las expectativas se adaptaban con el nuevo dato de inflación), lo cual generaba una nueva curva de Phillips de corto plazo (CPcp1), que implica volver a la original tasa natural de desempleo μ*, pero con una mayor tasa de inflación (punto 2). En el fondo, Milton Friedman sostenía que si bien existía una relación de intercambio entre inflación y desempleo, esta era de corto plazo y que, cuando los individuos se adaptaban a la nueva tasa de inflación, dicho efecto desaparecía (línea vertical para el largo plazo CPlp). Es más, en esta misma línea, Edmund Phelps (1968) sostenía que la única posibilidad de conseguir de modo sistemático que la tasa de desempleo se ubicara por debajo de la tasa natural era acelerando continuamente la tasa de inflación.

Finalmente, en el año 1972 (y validado empíricamente en el año 1973), apareció Robert Lucas para sepultar a la tristemente célebre curva de Phillips con el argumento de las expectativas racionales. Así, cuando los agentes forman sus expectativas de modo racional y conocen cómo diseña la regla de política monetaria el Banco Central (la fuente de generación de inflación), frente a un cambio de regla que conlleva una mayor emisión monetaria, la economía pasa del punto 1 al 2 sin ninguna ganancia en términos de actividad y nivel de empleo. En este sentido, la única forma de lograr una mejora de actividad y empleo es mediante el engaño deliberado por parte de la autoridad monetaria, efecto que no sólo duraría muy poco tiempo, sino que además su repetición sistemática en el tiempo dejaría cada vez menores dividendos.

En función de todo esto, lo que hemos aprendido la mayor parte de los economistas del mundo es que, cuando un Banco Central es creíble, podría bajar la tasa de inflación sin caídas en el nivel de empleo con el simple hecho de anunciar una nueva regla monetaria consistente. Por lo tanto, a la luz de las declaraciones del ministro surgen por lo menos dos alternativas: se encuentra abrazado a las erróneas premisas keynesianas previas a los resultados derivados por Milton Friedman y Robert Lucas Jr.; o considera que si lanzara un plan de ataque frontal contra la inflación, este no sería creíble. Esto es, en cualquiera de las dos situaciones, la señal es mala, ya sea porque implicaría haberse quedado en la teoría económica de los sesenta, o porque considera que carece de credibilidad suficiente como para lanzar un plan con las características que requiere la presente situación económica y social argentina.

Ante dicha situación inflacionaria, tanto el Presidente como algunos de sus ministros han realizado declaraciones altamente desafiantes hacia el empresariado; están buscando establecer un techo a las negociaciones salariales y, para ponerle la frutilla al postre, se ha deslizado la idea de lanzar un programa para vigilar los precios de los supermercados. Todo esto, puesto en blanco y negro, no es ni más ni menos que el típico programa keynesiano de políticas de ingresos que se ha venido ensayando en el país desde mediados del siglo XX hasta la fecha (salvo en los períodos de 1959-1962, 1967-1968 y 1991-2005, donde los precios fueron libres) y que siempre han fracasado, es más, sin ir más lejos, no es muy distinto (salvo por las formas, esperemos) de lo que hacía Guillermo Moreno.

Muchos Gobiernos, funcionarios públicos y un ejército de economistas heterodoxos, a pesar de la evidencia empírica adversa, sostienen que el control de precios es una medida efectiva para vigilar la inflación. Sin embargo, desde la quinta dinastía de Egipto (2830 a. C.), en Sumeria, en Babilonia, con el Código de Hammurabi, la Grecia antigua y en la Roma imperial, mediante el tristemente célebre edicto de Diocleciano, los soberanos respondieron repetidamente a las alzas de precios exactamente del mismo modo. Increparon a los “especuladores”, pidieron a los simples particulares que muestren un sentido de responsabilidad social y recurrieron a leyes u otros expedientes para fijar los precios y los salarios, y evitar así que los precios siguieran subiendo. Sin embargo, tal como se lo documenta en el libro 4.000 años de controles de precios y salarios, de Robert Schuettinger y Eamonn Butler (reeditado por el Grupo Unión, a la venta en el mes de marzo), los hechos muestran una secuencia uniforme de fracasos reiterados. De hecho, el libro concluye que no existe un solo caso en la historia en el que el control de precios haya detenido la inflación o haya superado el problema de la escasez de productos.

El origen de esta confusión entre el Gobierno, el público y los economistas heterodoxos (la gran mayoría con raíces keynesianas-estructuralistas-marxista), que no hacen más que complicar más el asunto, radica en tres grandes errores conceptuales: (1) falta de comprensión de lo que es el mercado, (2) error conceptual sobre la relación entre el precio y los costos y (3) negación sistemática de la inflación como un fenómeno monetario.

1. Falta de comprensión de lo que es el mercado

Respecto a este punto, lo primero que hay que comprender es que el mercado es un proceso de cooperación social puesto en marcha por las actuaciones de una gran cantidad de individuos que, buscando satisfacer sus propias necesidades, realizan intercambios voluntarios que conllevan a la división del trabajo, lo que a su vez potencia el crecimiento, vía una mayor productividad. Los juicios de valor de estas personas, así como las acciones engendradas por las aludidas apreciaciones, son las fuerzas que determinan la disposición —continuamente cambiante— del mercado. A su vez, la situación queda reflejada a cada momento en la estructura de precios, esto es, en el conjunto de tipos de cambio (conjunto de precios relativos) que genera la mutua actuación de todos aquellos que desean comprar o vender. Nada hay en el mercado de índole no humana, mítica o misteriosa. En definitiva, este proceso de cooperación social que denominamos mercado no es, ni más ni menos, que el resultado de un conjunto de acciones humanas que, buscando el bien individual, llevan a cabo intercambios voluntarios, lo que conduce a un mayor bienestar general.

En función de ello, la idea de fijar un precio en el mercado representa un acto de intervención violenta por parte del Gobierno. Así, siguiendo a Murray Rothbard, la intervención consiste en el uso de la fuerza dentro de la sociedad que intenta sustituir las acciones voluntarias por la coacción. De hecho, el Estado es la única organización que está legalmente autorizada (con leyes que él mismo sanciona) para hacer uso de la violencia. Así, dentro de dicha línea de análisis existen dos tipos de efectos derivados de la intervención: directos e indirectos. Respecto al primero de los casos, cuando no hay intervención y la sociedad es libre, cada uno procederá de la manera que considere que hará a su bienestar máximo, por lo que cualquier intervención coercitiva que impida la realización de los intercambios deseados deriva en una pérdida de bienestar. Por otra parte, en cuanto a los efectos indirectos, estos tienen que ver con los impactos no deseados sobre el resto del sistema, donde, al generarse un exceso de demanda por fijar un precio máximo debajo del nivel de equilibrio en una parte del sistema, ello deriva en un conjunto de excesos de oferta en el resto de toda la economía, lo cual se traduce en sistemáticas pérdidas de bienestar.

2) Error conceptual sobre la relación entre el precio y los costos

La idea de querer determinar los precios en función de los costos en los que se ha incurrido en cada uno de los pasos del proceso productivo (los marxistas por medio de la teoría del valor trabajo y los keynesianos por el margen de ganancia sobre el costo salarial neto de la productividad del trabajo) es reflejo de la obtusa percepción sobre cómo funciona el sistema económico. Es más, tal como fuera demostrado por Carl Menger en sus Principios de economía política mediante la ley de imputación, son los precios los que determinan los costos y no al revés. Los consumidores fijan no sólo los precios de los bienes de consumo, sino también de todos los factores de producción; establecen así los ingresos de cuantos operan en el ámbito de la economía de mercado. Son ellos, los consumidores, y no los empresarios ni los sindicalistas (y mucho menos un político), quienes, en definitiva, pagan por cada insumo y a cada trabajador su salario. Por lo tanto, si uno quisiera determinar las causas de por qué suben todos los precios monetarios de la economía, las causas no están en los costos, sino en el continuo aumento de la emisión monetaria.

3) Negación sistemática de la inflación como un fenómeno monetario

El problema económico central del dinero es su valor de cambio objetivo. En este sentido, si el valor de cambio objetivo de un bien es su poder para adquirir una cierta cantidad de otros bienes a cambio, su precio está dado por esta cantidad de otros bienes. Por lo tanto, el poder adquisitivo del dinero viene determinado por la posibilidad de obtener una cierta cantidad de bienes económicos a cambio de una determinada cantidad de dinero. A su vez, el dinero, como cualquier otra mercancía, tiene su propio mercado y su precio está dado por su poder adquisitivo. Así, cuando se incrementa la cantidad de dinero ofrecida, el poder de compra de la unidad monetaria se reduce y, por ende, la cantidad de bienes que pueden obtenerse por unidad de esa moneda se reduce también (inflación).

De este modo, tal como lo señalara Milton Friedman: “Puede que los empresarios sean voraces, los sindicatos ambiciosos, los consumidores despilfarradores, los jeques árabes hagan subir el precio del petróleo y las condiciones meteorológicas a menudo sean malas. Todo esto puede conducir a aumentos de precios de bienes individuales, pero no puede llevar a un incremento general de los precios de los productos. Pueden provocar una suba temporal de la tasa de inflación, pero no pueden ser la causa de una inflación continua por una razón muy simple: ninguno de estos aparentes culpables posee la máquina de imprimir estos trozos de papel que llevamos en nuestros bolsillos”. En este sentido, “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y esta se contuvo solamente cuando se impidió que la cantidad de dinero continuara creciendo demasiado rápidamente; y este remedio resultó eficaz, se hubieran adoptado o no otro tipo de medidas”.

Por lo tanto, más allá de sus efectos económicos directos e indirectos sobre la economía en su conjunto, la imposición de precios máximos amenaza el consenso de valores compartidos por la comunidad, lo cual constituye la base moral de una sociedad libre. Así, cuando en nombre de la responsabilidad social se exhorta al público a someterse a estos controles, aquellos que se someten se terminan dañando a sí mismos y a la comunidad. Es más, aquella conducta moralmente cuestionable —evadir los requerimientos de las autoridades y violar los controles de precios y salarios impuestos— es beneficiosa, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista social. En este sentido, tales medidas incuban en el público la falta de respeto por la ley y hacen que los funcionarios se sientan propensos a emplear poderes extralegales y pongan en jaque los propios cimientos de la libertad.

En definitiva, las políticas de controles de precios son dañinas, porque no sólo posponen en el tiempo las medidas efectivas para controlar la inflación, al tiempo que desorganizan tanto la producción como la distribución, sino que además crean una fuerte división social y fomentan la puesta en marcha de restricciones que amenazan la libertad política de los individuos. En definitiva, es muy poco lo que se gana (un efecto pasajero de corto plazo) respecto a los enormes costos económicos y riesgos sociales en los que pueden derivar. Esta situación ya la hemos vivido durante la gestión del régimen kirchnerista con Guillermo Moreno y Axel Kicillof como cabezas visibles del proceso. La experiencia no ha sido satisfactoria en lo más mínimo, por lo que si verdaderamente estamos interesados en bajar la inflación, debemos comenzar a mirar lo que esté haciendo el Banco Central de la República Argentina y los motivos por los cuales se ve obligado a emitir dinero. Hasta que eso no ocurra no habremos avanzado ni un solo paso en la lucha contra la inflación.

Naturalmente, al momento de analizar el nivel de salarios no sólo deberían considerarse los precios (y por ende su tasa de variación, inflación), sino también la evolución del nivel de la productividad (marginal) del trabajo, ya que el salario de equilibrio viene determinado por el producto entre estos últimos dos conceptos. Así, cuando la tasa de variación de los salarios nominales excede a la suma del crecimiento de los precios y de la productividad del trabajo, las ganancias de las empresas caen y así se reduce la demanda de trabajo, lo que genera desempleo (esto castiga en mayor medida a los trabajadores menos calificados del mercado, ya que son los que estarían dispuestos a trabajar por menores salarios reales).

Por otra parte, en el caso opuesto, las empresas tendrán rentas extraordinarias que podrán aplicar a: demandar más trabajo, o acumular capital, o ahorrar (lo que implica financiar la inversión en otros sectores de la economía), donde cada una de estas alternativas conlleva la creación de nuevos puestos de trabajo y mejores salarios reales.

Además, en dicho análisis debería quedar claro que no sólo intervienen las cuestiones presentes, ya que tanto la tasa de inflación (dados los rezagos en la política monetaria) como la productividad (el stock de capital físico fruto de la inversión realizada en los últimos años) vienen determinadas mayormente por decisiones hechas en el pasado. Puesto en otros términos, para el presente año, como el stock de capital del momento inicial está jugado, el Gobierno sólo podrá trabajar parcialmente en la tasa de inflación. Esto es, dado que la política monetaria tiene un rezago de 18 meses, un tercio de la inflación estará dada por lo actuado por Alejandro Vanoli (quien, al emitir al 40%, dejó un piso de inflación del 13%) y los dos tercios restantes por lo que emita Federico Sturzenegger. Al mismo tiempo, si el Banco Central (BCRA) se restringe al objetivo de inflación del 22,5% (valor medio de la banda) fijado por el ministro Alfonso Prat-Gay, la tasa de emisión no debería superar el 15 por ciento.

Sin embargo, el tema no es tan simple, ya que en medio de dicho proceso puede aflorar lo que los economistas llamamos el problema de la inconsistencia dinámica. Así, cuando el Gobierno anuncia una política, el público puede considerarla no creíble, bien porque la regla que es óptima en un período deja de serlo en un período posterior, bien porque contradice otros objetivos del Gobierno, de tal modo que los agentes privados esperarán que este desista de llevarla a cabo. Este último caso es el que se asemeja a la situación que deseamos analizar. Para ello, suponiendo que tanto el Banco Central como los sindicatos sienten el mismo rechazo (tienen la misma función de pérdida social) por la inflación, el desempleo y la caída del salario real (el peor de estos últimos dos), a continuación se presenta una matriz de resultados en términos de mercado de trabajo y de inflación.

En la parte superior de la matriz se presentan las opciones de política monetaria del BCRA, las cuales constan en seguir una estrategia dura o una laxa en materia de inflación. Por otra parte, en el lado izquierdo de la matriz están las opciones de los sindicatos (quienes no difieren de modo sustancial de las preferencias de la comunidad), que constan en pedir altas o bajas tasas de aumento salarial. En este sentido, cuando los sindicatos piden altos salarios y el BCRA es laxo (extremo superior izquierdo de la matriz), si bien no hay desempleo (μ), la tasa de inflación (π) es alta, tal que el salario real (w) queda constante. A su vez, en el caso opuesto (diagonal al caso anterior), si los sindicatos piden bajos salarios, tampoco hay desempleo, pero la inflación es más baja, sin cambios en el salario real, por lo que este resultado (mismo desempleo y salario real con menor inflación), desde el punto de vista social, es preferible al anterior. Por otra parte, si los sindicatos van por tasas de variación de salarios altas y el BCRA es duro en su política (extremo superior derecho de la matriz), si bien la tasa de inflación bajará, ello será con un alto costo social en materia de empleo (el cual crece cuanto mayor es la divergencia entre la variación de salarios y la tasa de emisión). En la situación opuesta, la laxitud del BCRA llevaría a pérdidas sociales tanto por la mayor inflación como por las caídas del salario real.

El juego que se presenta, en la literatura especializada, se conoce como batalla de los sexos, donde, frente a esta situación, surgirán dos equilibrios de Nash: (i) altas tasas de variación de salarios con una tasa de inflación alta y (ii) bajas tasas de variación de salarios con una tasa de inflación baja (la solución requiere de estrategias mixtas). Sin embargo, al igual que en el caso del juego mencionado, en el proceso de negociación salarial las decisiones no se toman de forma simultánea, sino en forma secuencial. Así, partiendo de la base de que los sindicatos moverán primero, el juego secuencial adopta el siguiente formato:

Bajo este nuevo diagrama, cuando los sindicatos prefieren reclamar altas tasas de variación de los salarios, el Banco Central debe elegir entre una política laxa o una dura, donde en el primer caso el salario real no varía frente a una alta inflación, mientras que en el segundo, si bien la tasa de inflación es baja, el desempleo es importante. De hecho, frente a esta situación, el Banco Central terminará cediendo (equilibrio de Nash número 1).

Por otra parte, si los sindicatos van por un requerimiento de bajas tasas de variación de salarios, el Banco Central elegirá una política monetaria dura, donde no sólo la tasa de inflación será baja, sino que tampoco habrá pérdidas en materia de mercado laboral (equilibrio de Nash número 2).

Dados estos dos equilibrio de Nash, debería resultar claro que el segundo es superior al primero (mismo nivel de empleo y salario real con menor inflación), por lo que, en caso de que existiera un escenario de credibilidad perfecta, los sindicatos deberían tomar la estrategia de pedir bajas tasas de variación de salarios. Sin embargo, dado que el programa económico anunciado por el ministro Prat-Gay requiere de un financiamiento de 7% del PIB (treinta mil millones de dólares), al tiempo que el BCRA debería soportar una carga financiera de otros 7,5% del PIB (resultante del roll-over de las letras del Banco Central, más la esterilización de intereses y la mitad de la emisión fiscal), ello hace que la credibilidad esté en jaque. Concretamente, si el Gobierno no logra conseguir estos niveles de endeudamiento, se vería forzado a recurrir a fuentes alternativas de financiamiento (Banco de la Nación Argentina y Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social), junto con una mayor emisión monetaria. Consecuentemente, la tasa de inflación sería más elevada, los salarios reales caerían y ello implicaría una fuerte pérdida a nivel social. Dado que los sindicatos tienen conciencia del nivel de desafío financiero, el segundo equilibrio de Nash no supera la prueba de credibilidad y resulta óptimo para los sindicatos y la sociedad ir al equilibrio de alta inflación, sin pérdidas de salario real ni empleo.

Aunque este resultado es robusto, no deja de ser ineficiente, ya que se podrían conseguir los mismos resultados en materia de empleo y salario real sin tanta inflación. Por lo tanto, una posibilidad de salir de esta trampa consta en achicar el período de negociación. Esto es, lo que podría proponer el Gobierno es particionar las paritarias a lo largo del año, al tiempo que se va monitoreando la evolución del escenario financiero del Gobierno y del Banco Central. De este modo, si las premisas del plan de Alfonso Prat-Gay se validan en los hechos, se habrá dado un fuerte golpe en la lucha contra la inflación. En su defecto, se habría puesto un límite al malestar social.

 Caracterización del programa

En cumplimiento de las promesas de campaña, se reduce la presión fiscal en 1,3% del PIB, al tiempo que se encara una reducción del gasto público de 2,3% del PIB, lo que permitirá mejorar el superávit fiscal en 1% en el 2016 y luego mejoraría en un 1,5% año a año hasta el 2019, para llevar el déficit primario de 5,8% del PIB a 0,3% del PIB. Al mismo tiempo, dicha dinámica, para el resultado primario, implicaría que el déficit fiscal global arranque en niveles cercanos al 7% del PIB y caiga gradualmente hasta el 3,4%. Si bien poco más de la mitad de deuda está en manos de agencias públicas y parte será financiado por el Banco Central (BCRA), implica una carga financiera del 7% del PIB (unos 30 mil millones de dólares anuales) que requerirá de un muy buen trabajo para que el programa llegue a buen puerto.

A su vez, el programa muestra los límites que impone la corporación política, ya que el grueso del ajuste recaerá sobre el sector privado, donde la parte más significativa de las mejoras fiscales es la reducción de los subsidios (en especial los vinculados a energía). Esta situación se volverá aún más relevante a partir del 2018, cuando el programa fiscal requiera de estar afectando partidas a la corporación política, tales como el gasto en las remuneraciones, en bienes y servicios, las transferencias a las provincias y otras partidas relacionadas con el gasto político.

Inflación y optimismo monetario

Al mismo tiempo, los supuestos en materia inflacionaria parecen muy exigentes. Concretamente, una inflación en el medio de la banda en torno al 22,5% parece una tarea difícil de cumplir. Dado que la política monetaria opera con un rezago de 18 meses entre que se emite y se genera inflación, Alejandro Vanoli ha dejado como herencia un piso de inflación del 13,5%, por lo que para que el BCRA cumpla el objetivo de Prat-Gay, la emisión de todo el año no debería superar el 15 por ciento. En este sentido, de cumplirse el objetivo del girar al Gobierno 160 mil millones de pesos, esto llevaría a la tasa de emisión al 25% anual, por lo que la inflación rondaría el 30% anual.

Naturalmente, el Banco Central podría recurrir a la esterilización. Sin embargo, ello demandaría un esfuerzo colosal, ya que a los 80 mil millones de pesos netos que se deberían esterilizar de la emisión fiscal habría que agregarle el déficit cuasifiscal emergente de los intereses de dichos instrumentos, por lo que el monto a esterilizar llegaría a unos 170 mil millones (2,5% del PIB). Todo esto en un marco en el que el stock de letras del Banco Central (Lebacs) a rollear representa cerca del 6% del PIB. De todos modos, el BCRA podría hacer parte de este trabajo vendiendo reservas o títulos públicos para quitar presión sobre las letras del BCRA.

Sin embargo, más allá de los esfuerzos necesarios para lograr la meta, siempre está el riesgo que implica el roll-over, tarea que se ha vuelto mucho más pesada como resultado de la esterilización de parte del sobrante de dinero y la absorción de los pesos emitidos para el pago de las pérdidas resultantes de las operaciones con futuros.

Reflexiones finales

En definitiva, la estrategia de salida del cepo sin colocar un bono que limpiara los desequilibrios monetarios ha generado una muy fuerte exigencia para el BCRA, motivo por el cual, si todo resulta exitoso, las tasas de interés bajarán de modo gradual, por lo que tardará en despegar la inversión y con ello el crecimiento. A su vez, esta exigencia de altas tasas en el plano de lo monetario durante la transición hace muy complicado atacar de lleno al déficit fiscal (verdadera causa de todos los males del país en los últimos setenta años), ya que si aumenta el ahorro sin una contrapartida de inversión, sufrirá el nivel de actividad, al tiempo que la solución del tipo gradualista termina exigiendo un cronograma para la colocación de deuda en los mercados muy ambicioso (115 mil millones en cuatro años).

En definitiva, a la luz de lo que se infiere del programa de Alfonso Prat-Gay, está diseñado de modo complaciente para con la corporación política, ya que los desequilibrios tenderían a eliminarse en tanto y en cuanto despegue la tasa de crecimiento y con ello bajar el peso de la política en el PIB sin pérdidas en términos reales. Esto es, el programa marcha por un delgado sendero que, si se le exige más a la política, el programa sucumbiría frente a los intereses de la corporación, mientras que, si es más ambicioso en lo financiero, se queda sin acceso a los mercados. Por lo tanto, la estrategia seleccionada finalmente implica una solución de muy baja calidad, ya que, dadas las modestas tasas de crecimiento y una tasa de inflación que desciente lentamente, sumadas a un muy importante, aunque manejable, riesgo monetario y financiero, la relación renta-riesgo del programa dista de ser la óptima.

El autor desea agradecer los valiosos comentarios del Dr. José Luis Espert.

Por otra parte, en cuanto a los efectos indirectos, se explican por los impactos sobre el resto del sistema. Así, el cepo cambiario equivalía a fijar un precio debajo del equilibrio de mercado, que al producir un exceso de demanda en dicho mercado generaba un exceso de oferta en el resto de la economía, lo que implicaba: altas tasas de interés (bonos), presión sobre los precios (dinero), retracción del nivel de actividad económica por habitante (bienes) y menor demanda de empleo productivo (trabajo), que se traducía en desempleo (que se ocultaba detrás de estadísticas con criterios artísticos y empleo público), caída del salario y precarización de las condiciones laborales. Por lo tanto, al levantarse la restricción cambiaria, si bien el precio de la moneda extranjera subirá, el exceso de demanda desaparecerá y con ello se cerrarán los excesos de oferta en el resto de los mercados, junto con sus efectos nefastos.

Sin embargo, a pesar de los beneficios que más tarde o más temprano traerá la medida, durante el período de normalización deberá librarse una dura batalla contra la inflación, esto es, cuánto de la devaluación nominal del peso puede tener como contrapartida un aumento en el nivel de precios (pass-through), lo cual nos obliga a un profundo análisis del mercado monetario. En este sentido, la evidencia empírica a nivel internacional muestra que en aquellos países donde se han puesto en marcha sistemas de metas de inflación de manera exitosa, las fluctuaciones en el precio de la moneda extranjera no ejercieron efecto alguno sobre la inflación (ver gráfico para América Latina).

Como es posible observar, en todos los países de la región, salvo en Argentina, las fluctuaciones en el tipo de cambio nominal no ejercen efecto alguno sobre la tasa de inflación, lo cual nos conduce a la pregunta obvia: ¿Por qué no se cumple en el caso argentino? Para contestar esto, supongamos que el precio de un bien de la economía subiera (el dólar o bienes expresados en dólares) y los individuos no están dispuestos a reducir la cantidad demandada (demanda inelástica). Ello derivaría en un aumento del gasto en dicho bien, por lo que el gasto en el resto de los bienes deberá caer y con ello sus precios, por lo que, en términos agregados, no habría inflación. Por lo tanto, de no existir convalidación monetaria que permitiera gastar más en un bien sin dejar de gastar en los otros, no habría inflación. De este modo, como los países de América Latina llevan a cabo una política monetaria focalizada en la inflación, su ritmo de emisión se gradúa en pos de alcanzar la meta (donde la tasa de interés induce a crear o destruir dinero) y, por ende, no genera una masa de dinero que convalide una inflación fuera de la meta.

En función de lo anterior, resulta claro que la dinámica que adopte la cantidad de dinero será un elemento clave para determinar qué pasará con los precios. De este modo, si la devaluación del peso respecto al dólar traerá aparejado un salto en la tasa de inflación, ello dependerá de si existe o no convalidación monetaria. A partir de esto, si bien la cuestión parecería reducirse a observar si la cantidad de dinero sube o no, implicaría únicamente hacer el foco sobre el flujo de emisión para el 2016, sin tener en cuenta lo que está pasando con el stock de dinero observado en la economía respecto al deseado (Money Overhang, ‘sobrante de dinero’). Esto es, aun cuando no se emitiera un solo peso más, si hay dinero excedente, la devaluación estará acompañada de una mayor tasa de inflación.

En el caso argentino, el dinero excedente proviene de dos fuentes. Por un lado, existe un sobrante de dinero de índole coyuntural y es el resultado de la cantidad de tiempo que tarda un aumento en la cantidad de dinero en traspasarse a precios. Así, cuando el dinero ingresa en la economía, los agregados monetarios en términos del PIB nominal suben y luego, cuando el dinero va pasando de mano en mano, suben los precios, proceso inflacionario que persiste hasta volver al nivel de inicio. Para nuestro país, este proceso demanda entre 12 y 24 meses, lo cual nos pone de cara a la política monetaria llevada a cabo durante los años 2014 y 2015. En este sentido, mientras que durante los primeros nueve meses de 2014 que estuvo Juan Carlos Fábrega la cantidad dinero crecía al 1,3% anual, durante la Presidencia de Alejandro Vanoli la tasa de crecimiento en la cantidad de dinero trepó a niveles del 40 por ciento. Por lo tanto, la política monetaria de los últimos 15 meses sin lugar a dudas se convertirá en un factor convalidante de mayores precios.

Al mismo tiempo, la instauración del cepo, al no permitir drenar contra dólares el sobrante de pesos durante cuatro años, hace que el problema del sobrante de dinero se amplifique hasta alcanzar un 4% del PIB. De este modo, a la convalidación monetaria que proviene del lado de la oferta de dinero rezagada se le sumaría una fuente de convalidación adicional por caída en la demanda de dinero hasta ubicarse en su nivel de equilibrio deseado. Esta situación, en nuestro país, tuvo lugar en dos oportunidades. La primera fue en el año 1959 y la otra en 1975 (Rodrigazo). Ninguno de los dos casos han sido experiencias agradables, ya que implicaron una sextuplicación de la tasa de inflación (de 20% y 30% a 120% y 180%) y fuertes caídas del PIB (6% en lo peor de cada una de estas crisis).

Frente a esta situación, el Ministerio de Hacienda y Finanzas y el Banco Central han encarado la apertura del cepo. Han atacado así el desequilibrio monetario-cambiario por varios frentes. En primer lugar, se ha decidido un salto del tipo de cambio nominal a un nivel en torno a los 14 pesos, lo cual comprime el excedente de pesos a 15 mil millones de dólares. En simultáneo, se ofrecerá un bono (o se dará un cronograma de pagos) para los importadores, el cual se estima que alcanzará los 5 mil millones de dólares, eliminando así un tercio del sobrante de pesos. Por otra parte, para hacer frente al resto del sobrante monetario, se han conseguido: (i) Diez mil millones de dólares fruto de canjear las letras intransferibles que vencían en enero 2016 por bonos líquidos (BONAR 22, 25 y 27), (ii) Una reducción de la posición de dólares de los bancos, (iii) Un préstamo con un conjunto de entidades financieras por unos nueve mil millones de dólares (promedio entre ocho mil y diez mil millones de dólares), (iv) La transformación de parte del swap con China a dólares, lo cual sumaría unos tres mil millones de dólares adicionales y (v) La desactivación de la bomba de pesos (cincuenta mil millones de pesos) derivada de la venta de dólares a futuros por un subyacente de 17 mil millones de dólares. Al mismo tiempo y aún sin efecto monetario definido, se ha conseguido la liquidación por parte de las cerealeras de seis mil millones de dólares (400 millones de dólares diarios durante tres semanas).

Por lo tanto, frente a un escenario de corrida cambiaria, mientras que, en principio, la demanda potencial sería de diez mil millones de dólares, los dólares disponibles para hacerle frente alcanzarían los 22 mil millones de dólares. A su vez, a la batería de dólares se le sumaría lo que se pueda absorber de pesos vía la suba en la tasa de interés y los efectos licuación del dinero por parte de la inflación residual de la política de la gestión anterior. En definitiva, se ha logrado diseñar una excelente estrategia monetaria que permitirá comprar tiempo para poner en marcha un programa de adecuación de la madre de todos los males: el desequilibrio fiscal. Si el nuevo Gobierno tiene éxito en dicha gestión, la economía acelerará su crecimiento de modo sustancial. Si no se logra, esperemos que se tome la conciencia y las fuerzas necesarias para hacerlo, de lo contrario, el sendero alternativo ya lo conocemos (y no es nada bueno).

Sin embargo, luego de la estatización del órgano de control monetario en el año 1946, la tasa de crecimiento promedio de la cantidad de dinero se disparó a niveles del 130%, mientras que las tasas de inflación y de devaluación treparon a niveles del 160 y 150 por ciento. Por lo tanto, el desempeño del Banco Central desde mediados del siglo XX ha sido altamente cuestionable. Además, sus marcas registran períodos de muy alta inflación, dos hiperinflaciones y la destrucción de cinco signos monetarios (en rigor, son seis si se tiene en cuenta que los actuales pesos dejaron de ser convertibles en el año 2002), motivo por el cual debería resultar claro que la misión del BCRA tiene que ser reconsiderada muy seriamente.

Si uno asumiera que en la economía existiera un único agente representativo, donde además los precios relativos son constante, tal que pueda pensarse en un único bien y que dado estos elementos no existieran efectos distributivos en términos de ingreso y riqueza (al margen de que las adiciones de dinero afectarían el nivel de utilidad del agente y, por ende, de su gasto), se podría definir que el único objetivo del BCRA debería ser el de preservar el valor de la moneda, esto es, defender su poder adquisitivo. En otros términos, dado el equilibrio del lado real de la economía, el BCRA debería minimizar la tasa de crecimiento de los precios de la economía, que bajo este encuadre significaría mantener una baja tasa de inflación.

Para lograr dicho objetivo, existen por lo menos dos metodologías. Por un lado, está el sistema de metas de inflación, el cual se ha estado aplicando en el mundo con gran éxito. Por otro lado, está el método basado en el control de los agregados monetarios, el cual ha caído en desuso desde mediados de los ochenta en los países desarrollados y en los emergentes luego de los noventa.

Si bien esto último parecería indicar que el método a seguir para reducir la inflación en la Argentina debería ser el sistema de metas de inflación, su implementación requiere de nueve condiciones que hoy no se cumplen : (i) marco institucional que asegure la independencia operativa del BCRA y sus responsabilidades, (ii) transparencia en la comunicación, (iii) expectativas de inflación ancladas, (iv) reputación y credibilidad, (v) transparencia de la política monetaria, (vi) transparencia de la información, (vii) presentación de un objetivo con metas piso y techo sobre un índice de precios confiable, (viii) coordinación con la política fiscal y (ix) desarrollo de modelos de predicción.

Al mismo tiempo, el supuesto éxito aludido a su uso durante 2002 y 2003 ha sido fruto de lo que se conoce como error tipo II (resultado deseado haciendo lo incorrecto), donde la fuerte iliquidez emergente a la salida de la convertibilidad, la exagerada devaluación de la moneda respecto al dólar y el homérico ajuste fiscal de Eduardo Duhalde fueron las bases del éxito logrado. De hecho, las condiciones de la economía hoy son radicalmente distintas: (i) el fisco es la más importante fuente de emisión de pesos, (ii) no existe sobrante de dólares y (iii) hay un apreciable exceso de pesos, motivo por el cual es imposible anclar las expectativas.

Por otra parte, acorde con una serie de trabajos que hemos publicado junto a Diego Giacomini (El nuevo BCRA y la reforma monetaria y Ensayos monetarios para economías abiertas: el caso argentino), existe una muy profunda relación causal entre M1 (circulante en poder del público, más depósitos a la vista) y el PIB nominal (existencia de cointegración), motivo por el cual la literatura especializada en la materia sugiere que la política monetaria, hasta que se reduzca la tasa de inflación y las expectativas queden ancladas, debería ser diseñada con base en metas cuantitativas sobre M1.

Esta importancia estadística de M1 sobre la determinación del PIB nominal, y dado el nivel que suele tener la tasa de crecimiento de la economía, amplifica el vínculo causal entre la tasa de crecimiento de dicho agregado monetario con la tasa de inflación. En este contexto es donde además se vuelve más relevante la discusión sobre la existencia de un sobrante de pesos.

Acorde con los trabajos mencionados, cuando se procede a estimar la demanda de dinero (M1) en términos del PIB en los últimos 70 años, la estimación sugiere que sobran pesos por cerca de 3,8% del PIB (unos doscientos mil millones de pesos). A su vez, el nivel de M1 en términos de PIB de Argentina supera en 3,9 puntos porcentuales el promedio de la región, donde además, mientras que la relación M1/M3 promedio de la región es del 20%, en nuestro país se ubica en el 50 por ciento. Por ende, todos los indicadores estarían dando cuenta de un fuerte sobrante de pesos (algo normal cuando se ponen restricciones como el cepo), lo que, además, se ha visto validado empíricamente al estudiar los residuos (parte no explicada de la estimación estadística) de la relación entre M1 y el PIB nominal.

Esta situación monetaria ya se ha observado dos veces en la economía del país. La primera tuvo lugar en 1959 y la segunda en 1975 (el Rodrigazo). En ambos casos, la tasa de inflación llegó a multiplicarse por seis veces y el PIB cayó un 6% en el momento más agudo de la crisis. Por lo tanto, frente a este riesgo, resulta recomendable la colocación de un bono en dólares suscribible en pesos, de modo tal que se retire el sobrante de pesos. A su vez, como dicha solución implica una manifestación de demanda potencial por moneda extranjera, al ser neutralizada se podría abrir el cepo cambiario de modo exitoso y sin corrida alguna.

Finalmente, desde el punto de vista de los riesgos, si los bonos en cuestión no tuvieran demanda, ello no sólo no tendría costos, sino que además implicaría una fuerte manifestación de confianza en la moneda local. Sin embargo, si, por el contrario, se trabajara con la hipótesis de que no hay sobrante de pesos y al abrirse el cepo la demanda de dinero local se derrumba y genera una corrida cambiaria, la economía podría replicar la experiencia del Rodrigazo. Consecuentemente, tanto en materia de diseño de la política monetaria como en términos de control de riesgos, las nuevas autoridades deberían abstenerse de apostar por el error tipo II, al tiempo que deberían intentar minimizar los riesgos. De confirmarse la existencia de un sobrante de pesos y no mediar una gran dosis de buena suerte, el resultado final podría ser muy negativo para el bienestar de los argentinos.

Si bien es cierto que sería factible tener tipo de cambio fijo sin reservas, ello sólo sería posible si se cumpliera por lo menos una de las siguientes condiciones: (i) una demanda de dinero granítica a la baja —y, según el caso, hasta fuertemente creciente—, (ii) un acceso irrestricto e instantáneo al mercado de capitales, o (iii) una absoluta flexibilidad a la baja en el gasto público (para sacar pesos que sobran vía superávit). Naturalmente, Argentina no cumple ni por asomo con ninguno de estos puntos, por lo cual si optara por un tipo de cambio administrado, debería contar con una enorme cantidad de reservas, pero no las tiene.

Por lo tanto, el país deberá elegir entre la opción de una libre flotación del dólar o un fuerte aumento de los controles, los cuales no sólo hacen subir la tasa de interés, presionan sobre los precios y hacen caer el PIB per cápita, el empleo y el salario real, sino que además ponen en jaque las libertades individuales (como es el caso de Venezuela).

De este modo, y ante la inminente posibilidad de avanzar hacia la implementación de un sistema de flotación libre del peso, muchos economistas se han puesto a conjeturar sobre cuál podría ser el movimiento del tipo de cambio. En general, estos análisis están basados en el típico caso de un mercado que tiene un precio máximo (administrado) debajo del nivel de equilibrio, del cual se desprenden dos resultados: (i) al precio fijado existe escasez, dado que la cantidad demandada supera a la ofrecida y (ii) frente a la cantidad de divisas que los oferentes están dispuestos a llevar al mercado al precio oficial, existe la posibilidad de venderla en el mercado paralelo a un precio por encima del de equilibrio a los agentes con mayores voluntad de hacerse del bien. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, si la restricción sobre el precio administrado se eliminara, el precio del oficial debería subir y el del paralelo debería caer hasta que dichos precios se unifiquen en un punto intermedio, al tiempo que las cantidades transadas aumentarían. Puesto en blanco sobre negro, el tipo de cambio libre debería ubicarse en un nivel entre $9,7 y $16.

Estos análisis se complementan (y supuestamente se validan) con un trabajo basado en la aplicación del modelo de la paridad del poder de compra (ley del precio único para una economía abierta, PPP), donde, tomando una canasta de bienes en Argentina denominada en pesos y dividida por la misma canasta denominada en dólares en los Estados Unidos, se determina que los precios de la economía de Argentina están fijados con un dólar de $14. Por lo tanto, al conjugar este resultado con el anterior, se afirma que si se decide salir del cepo, ello sólo implicaría un salto en el tipo de cambio, que se ubicaría por encima del oficial sin efecto inflacionario.

Desafortunadamente, y pese a la euforia que genera la posibilidad de movernos hacia un nuevo Gobierno que no maltrate al capital como lo ha hecho el régimen kirchnerista en estos doce años (lo cual no requiere grandes esfuerzos), el análisis precedente tiene una gran cantidad de problemas. Por un lado, es un simple análisis de equilibrio parcial, donde, asumiendo que todo está constante, el precio en cuestión explicaría un equilibrio real traducido a un formato monetario. Naturalmente, si no se tiene en cuenta lo que podría estar pasando en otros mercados, tanto locales (donde entran preferencias, dotaciones de recursos, tecnología y sistema impositivo) como internacionales (en especial respecto a la tasa de interés internacional y los términos de intercambio, entre otras cosas), el análisis seguramente podría resultar insuficiente. Por otro lado, la absoluta omisión de las cuestiones de índole monetaria hace que se pase por alto el problema de la escala nominal. Esto es, dado un conjunto de precios relativos, los niveles en la cantidad de dinero tendrán asociados distintos niveles de precios nominales en la economía (entre ellos, el del dólar).

Adicionalmente, para que el análisis del tipo de cambio basado en la paridad del poder de compra sea cierto, la economía debería ser perfectamente abierta y tener equilibrio simultáneo en los mercados de trabajo, bienes y dinero. En este sentido, la cantidad de juicios en la Organización Mundial del Comercio, el mercado laboral, que no genera empleos genuinos desde hace ya cuatro años (se maquillan los datos de desempleo y se ha reclutado a un ejército de empleados públicos), en una economía estancada, con inflación creciente y un sobrante de dinero cercano al 3,7% del PIB (stock similar al observado durante los años 1959 y 1975), al que se le debería sumar el flujo emergente de la financiación monetaria del déficit fiscal y cuasi-fiscal (derivado de las posiciones en letras del Banco Central y en el mercado de dólar futuro), señalan que dicha visión es por lo menos temeraria.

En este sentido, más allá de lo importante de todos los desequilibrios de los mercados que desaconsejarían fuertemente el uso de la PPP para realizar una recomendación de política económica, el caso del mercado de dinero ocupa un lugar destacado. Así, si al abrirse el cepo, no mediara un extremadamente fuerte shock de confianza que hiciera subir la demanda de dinero (M1) y esta se contrajera hacia el equilibrio bueno (8,5% del PIB), la tasa inflación treparía a niveles del 150%, mientras que, en el caso malo (3,8% del PIB), la tasa de inflación podría ubicarse en torno al 450 por ciento. En este contexto, el nivel de actividad podría caer entre 3% y 6%, y la pobreza superaría el 50% de la población. De más está decir que bajo una dinámica nominal de semejantes características, la idea de hablar de un precio para el dólar queda fuertemente desdibujada.

Por lo tanto, dados los riesgos involucrados en el mercado de dinero, antes de abrir el cepo se debería eliminar el sobrante de pesos y poner en marcha un programa que ponga un freno a la emisión de dinero. Esto es, una formidable idea, como la de levantar el cepo, pero mal diseñada o llevada a cabo por incompetentes, podría terminar en un nuevo desastre social.

Actualmente, en la economía argentina, por liberación cambiaria o por inconsistencias que llevan a la no sostenibilidad del actual esquema, se da por descontado que más temprano que tarde habrá una devaluación de la moneda local. Asociado a ello y a la luz de la traumática historia de las devaluaciones en nuestro país, se ha comenzado a discutir entre los economistas profesionales sobre el traspaso a precios (pass-through) de la medida. Sin embargo, dicho debate está contaminado por el uso del herramental analítico keynesiano, el cual, como de costumbre, es desacertado y su formato conceptual es equivalente a sostener que el Sol brilla más fuerte sólo porque los empresarios heladeros han decidido reabrir sus locales de ventas.

Siguiendo a John Maynard Keynes (capítulo 21 de la Teoría general): “El nivel general de precios depende, en parte, de la tasa de remuneración de los factores productivos que entran en el costo marginal y, en parte, de la escala de producción como un todo, es decir (considerando conocidos el equipo y la técnica), del volumen de ocupación”. Por lo tanto, bajo esta óptica, muchos economistas toman el precio del dólar como un determinante del nivel general de precios, por lo que cuando el tipo de cambio sube (la moneda se deprecia), habría un traspaso a precios.

Sin embargo, a pesar de lo razonable que podría sonar el argumento en el contexto de una lectura muy ligera y carente de rigurosidad, dicho esquema analítico es erróneo. Así, tanto en el plano teórico como en el empírico, el mecanismo de determinación del nivel general de precios del keynesianismo es una falacia grotesca, lo cual es extendible a los análisis de traspaso a precios de la devaluación.

Keynesianismo e inexistencia de pass-through

Naturalmente, y como era de esperar, la respuesta analíticamente correcta es la que el propio John Maynard Keynes, quien tomó solamente un único curso de economía (con Alfred Marshall), intentó descalificar. En este sentido, el padre de la macroeconomía señalaba: “Mientras los economistas que se ocupan de lo que se llama la teoría del valor han acostumbrado enseñar que los precios están regidos por las condiciones de la oferta y la demanda, cuando pasan […] a la teoría del dinero y de los precios […] nos trasladamos a un mundo donde los precios están gobernados por la cantidad de dinero”.

Por lo tanto, si en línea totalmente opuesta al pensamiento keynesiano consideramos que los precios nominales están guiados por la interacción entre la oferta y la demanda de dinero, mientras que los precios relativos dependerán de la configuración real de la economía en su conjunto, en aquellos países donde el Banco Central tiene por objetivo una baja tasa de inflación el pass-through debería ser insignificante.

En función de lo anterior, si uno toma el caso de los Estados Unidos comparando con Europa y los casos de Chile y Perú con la máxima potencial mundial, la evidencia es contundente. Por ejemplo, para el caso de los Estados Unidos y la relación dólar-euro, si se toma la inflación de un semestre y la devaluación semestral desfasada en un período durante los últimos 15 años, se observa que la depreciación del dólar fue seguida de una mayor inflación el 57% de las veces, mientras que en el 43% restante el movimiento fue el opuesto. A su vez, si se promedian las variaciones, estas han sido negativas. En términos estadísticos, sólo el 3% de la inflación está explicado por la devaluación. Esto es, en los Estados Unidos, la devaluación del dólar no tiene nada para decir sobre la inflación.

Por otra parte, la evidencia empírica de los últimos 20 años en Chile y Perú indican casi los mismos resultados. En Chile, una devaluación fue seguida de mayor inflación sólo en el 55% (cayó en un 45% de ocasiones) de las veces, mientras que en Perú fue el 53% (es decir, 47% de las veces cayó). Por otra parte, el promedio de las variaciones en Chile ha sido ligeramente positivo (4%), mientras que en caso de Perú ha sido negativo (-1,5%). Finamente, el nivel de explicación se ubica en un 9% y 1%, respectivamente. Por lo que los datos dan cuenta de la pobreza empírica del instrumental keynesiano.

Carl Menger, la ley de imputación y Milton Friedman

Esta falta de sustentación empírica para el pass-through es el resultado de suponer que son los costos los que determinan los precios (en línea con David Ricardo y Karl Marx) y no al revés, tal como lo demostró Carl Menger en su ley de imputación. Así, bajo dicho postulado, son los precios los que determinan los costos y no al revés. De hecho, los consumidores no sólo determinan los precios de los bienes de consumo, sino también el de todos los factores de producción; fijan de este modo todos los ingresos de cuantos operan en el ámbito de la economía de mercado. Son ellos, no los empresarios ni los sindicalistas (y mucho menos un político), quienes, en definitiva, pagan por cada insumo utilizado y a cada trabajador su salario.

Por lo tanto, si uno quisiera determinar las causas de la suba de todos los precios de la economía (y entre ellos el de la moneda extranjera, el dólar), estas no están en los costos, sino en el continuo aumento de la emisión monetaria por sobre la demanda de dinero. Puesto en otros términos, si los precios de los bienes de la economía están determinados en unidades monetarias, al emitirse una cantidad de dinero que supere a su demanda, esto hará que el valor relativo de la moneda caiga o, lo que es lo mismo, que el precio de los bienes expresados en dinero suba. De ahí la famosa frase de Milton Friedman (el verdugo de los keynesianos): “La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”.

La devaluación nominal como fenómeno monetario

En función de todo lo anterior, resulta por demás evidente que los precios relativos del sistema vienen dados por las preferencias de los individuos y la escasez, mientras que los precios nominales vienen determinados por las condiciones del mercado monetario. Dicho de otro modo, las variaciones en el tipo de cambio no afectan la tasa de inflación, ya que esta última depende de las condiciones monetarias y no de los cambios de precios relativos. Esto es, si el Banco Central no deja de emitir dinero por encima de la demanda, la moneda perderá valor contra todos los bienes de la economía, y como la moneda extranjera es un bien como cualquier otro, la devaluación será inexorable.

A su vez, el caso argentino presenta una complicación adicional como consecuencia de la presencia de un exceso de dinero en la economía de 3,7% del PIB (fruto del cepo y el déficit fiscal financiado con emisión). Esto es, al problema de flujos por la emisión de cada período (cuya solución requiere de un programa integral) se le suma un problema de stock. Por lo tanto, si se abriera el cepo sin eliminar el sobrante de pesos y se apostara a que la confianza traerá las divisas suficientes como para que el dólar se ubique en un pseudoequilibrio en torno a los 14 pesos por dólar, es por lo menos temerario. Así, en caso de que no mediara un fuerte shock de confianza y la demanda de dinero (M1) se ajustara en busca del equilibrio bueno (8,5% del PIB), la tasa de inflación treparía a niveles del 150%; mientras que para el caso malo (3,8% del PIB, lo más probable), la de inflación podría ubicarse en torno al 450 por ciento. En este contexto, el nivel de actividad caería entre 3% y 6% y la pobreza superaría el 50% de la población. En definitiva, una formidable idea como la de levantar el cepo, pero mal estructurada o llevada a cabo por incompetentes, podría terminar en un nuevo desastre social.

El punto de partida de un proceso de crecimiento y desarrollo sostenido en el tiempo implica entender que durante los últimos doce años no ha existido crecimiento genuino, sino que solo hemos sido testigo de una recuperación cíclica, o como se suele denominar en finanzas a este tipo de movimientos: el rebote del gato muerto. Esta situación se vuelve por evidente cuando se observa que el PIB en dólares por habitante se ubica por debajo del que se registró en el año 1998 (15.000 dólares a moneda constante), que además tenemos casi el doble de pobreza y la misma distribución del ingreso. A su vez, si el país hubiera logrado mantenerse en su tendencia de largo plazo, el PIB por habitante sería el doble y el triple si se toma en cuenta que hemos vivido el mejor contexto internacional de la historia.

Este desempeño tan precario en términos de crecimiento es muy fácil de comprender cuando se revisa la evidencia empírica internacional. En este sentido, economías con baja inflación crecen 3 puntos porcentuales más que las que tienen una inflación elevada. A su vez, la presencia de mercados paralelos cuesta 2 puntos en la tasa de crecimiento. Por otra parte, el déficit fiscal implica un lastre de 1,5 puntos, mientras que el cierre comercial detrae otros 1,5 puntos. Naturalmente, a la luz de dichos resultados, no resulta extraño el mal desempeño en la materia durante el kirchnerismo, ya que todas las medidas de política económica se han movido en la dirección opuesta a lo que demanda el crecimiento.

Además, una condición necesaria (pero no suficiente) para volver a crecer y con ello emprender el desarrollo es levantar el cepo cambiario. La medida en cuestión equivale a fijar el precio de la moneda extranjera debajo del equilibrio, la cual no solo arroja un exceso de demanda en dicho mercado, sino que su contrapartida es un exceso de oferta en el resto del sistema. Así, en el mercado de bonos se deprimen los precios y con ello suben las tasas de interés. En el mercado de dinero, aun con un aumento artificial de la demanda (money overhang), por no poder drenar el sobrante de pesos contra reservas (o modificarse el tipo de cambio), las necesidades de financiamiento del fisco generan un exceso de oferta que deriva en una tasa de inflación elevada. Por otra parte, en el mercado de bienes se retrae el nivel de actividad económica por habitante, cuya consecuencia natural en el mercado de trabajo es la destrucción del empleo privado, la caída en el salario real y el deterioro de las condiciones laborales, maquillado con empleo público y mintiendo el dato de la población económicamente activa (PEA) para esconder el desempleo. En este sentido, de levantarse el cepo, el tipo de cambio buscaría su nivel de equilibrio (bajo un sistema de precios relativos armonioso), eliminaría el exceso de demanda y con ello se cerrarían los excesos de oferta del resto de la economía, por lo que bajaría la tasa de interés, habría menor presión sobre los precios (solo por los efectos derivados de la nueva emisión), aumentaría el PIB y con ello mejoraría el empleo y el salario real.

Sin embargo, si bien resulta claro que salir del cepo es clave para destrabar el funcionamiento del sistema económico, dicha tarea no es materia para inexpertos. De ahí que los menos dotados en materia monetaria rechacen de plano dicha acción. El punto central radica en que dentro de la economía existiría un sobrante de pesos de 3,7 % del PBI, esto es, unos 200.000 millones de pesos. Por lo tanto, de abrirse el cepo sin eliminar dicho exceso de pesos estos se dirigirían a la compra de moneda extranjera, lo que podría replicar situaciones como la de los años 1959 y 1975, donde la tasa de inflación se sextuplicó y el nivel de actividad se contrajo cerca de un 6 % en el momento más agudo del episodio. A su vez, mantener el cepo implica seguir estancados con mayor inflación y una brecha cambiaria creciente. Por lo tanto, la clave para volver a crecer es limpiar el exceso de pesos en la economía con un instrumento que minimice su impacto sobre la tasa de interés.

Una vez corregidos los problemas monetarios que traban el funcionamiento de la economía, el foco se traslada sobre el proceso de acumulación de capital en todas sus definiciones. Sin embargo, los daños causados en este aspecto durante los últimos doce años, propios de procesos populistas, no es una cuestión trivial. Así, en materia de capital físico Argentina invierte menos de 20 % del PIB (para crecer a tasas chinas, los chinos invierten 40 % de su PIB), al tiempo que pese a la mayor presión fiscal de la historia, la inversión en infraestructura de calidad brilla por su ausencia. En cuanto al capital humano, no solo no paramos de perder posiciones en las pruebas PISA, sino que además, en nuestro país, hoy existen niños que no alcanzan los niveles mínimos de alimentación, lo cual nos pone de cara un futuro muy comprometido.

Por otra parte, en materia institucional, empezando por la Constitución Nacional, no se ha dejado de avanzar sobre cuanta institución exista que no le fuera funcionalmente adicta al Poder Ejecutivo, siendo los casos más emblemáticos los del Poder Judicial, el Banco Central, los derechos de propiedad y las libertades individuales. Por último, la lógica del amigo-enemigo produjo una fragmentación del capital social, donde hoy ya no se discute la grieta, sino la posibilidad de comenzar a votar con los pies o la forma de poner en marcha la rebelión de Atlas.

Por lo tanto, para volver a crecer y alcanzar el desarrollo será necesario llevar a cabo un fuerte proceso de inversión, el cual debe tener como contrapartida un mayor ahorro. Sin embargo, ello implica un cambio copernicano en el diseño de la política económica. Respecto a la utilización del ahorro externo, parece difícil hacerse de crédito cuando el país cuenta con la mayor cantidad de juicios perdidos en la Organización Mundial del Comercio, no ha cumplido con la deuda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y aún no se le ha dado una solución definitiva al problema de los holdouts. Por otra parte, respecto al ahorro doméstico, el problema no es que el sector privado no ahorre, sino que el sector público lo dilapida, lo cual es la contraparte del abultado déficit fiscal. Por lo tanto, en el plano interno, si no se reduce el déficit fiscal, un mayor ahorro privado requiere redistribuir ingresos desde los más humildes a los que más tienen, lo cual, con una sociedad que se arroga tantos derechos no parece factible.

En este sentido, los muchachos buenos de la película, que sostienen que lograrán hacer crecer la economía sin hacer el ajuste fiscal y redistribuyendo ingreso hacia los más humildes, deberían dar una clara señal al mundo para que nos aporte infinitas montañas de dinero para que logren sostener en el tiempo tamañas inconsistencias y de paso crecer. Ahora bien, supongamos que llegara David Copperfield y los problemas de ahorro se corrigieran por arte de magia haciendo aparecer los fondos. Sin embargo, el problema es cómo transformar ese ahorro en inversión, ya que durante los años del régimen kirchnerista se ha destrozado la capacidad de generar riqueza como nunca en la historia argentina, donde el déficit fiscal como impulsor del riesgo país y la inflación junto a la presión impositiva han sido clave para destrozar cuanta iniciativa privada existiera. Por lo tanto, enunciar que la continuidad del modelo económico ahora traerá crecimiento y desarrollo por una mejora en las formas y no en la base del diseño de la política económica no es más que una ingenua expresión de deseos, que al estar vacía de contenido nos pondrá de cara a un nuevo fracaso.

El decreto en cuestión no solo contradice las propias leyes de inteligencia que reglamenta y es inconstitucional, sino que además permite el espionaje sobre actividades lícitas. Concretamente, en el anexo I, donde se tipifica la nueva doctrina de inteligencia nacional, se habilita el espionaje sobre grupos económicos o financieros, bancos, empresas y compañías financieras que impulsen terrorismo o desestabilización de Gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimiento y golpes de mercado.

Más allá de los ribetes totalitarios esgrimidos por el Gobierno a lo largo de estos casi doce años, las leyes en cuestión dejan de total manifiesto la feroz brutalidad de los keynesianos-marxistas en el entendimiento del sistema económico y, por ende, en el diseño de una política económica que promueva el crecimiento y el bienestar. La prueba más contundente de ello es, entre otras cosas, la referencia al golpe de mercado. Probablemente, habría que explicarle a este grupo de economistas que el mercado no es ni un lugar, ni una cosa, ni una asociación. El mercado es un proceso de cooperación social puesto en marcha por las actuaciones de una gran cantidad de individuos que, buscando satisfacer sus propias necesidades, realizan intercambios voluntarios que conllevan a la división del trabajo, lo que a su vez potencia el crecimiento, vía una mayor productividad. Los juicios de valor de estas personas, así como las acciones engendradas por las aludidas apreciaciones, son las fuerzas que determinan la disposición -continuamente cambiante- del mercado. A su vez, la situación queda reflejada a cada momento en la estructura de precios, esto es, en el conjunto de tipos de cambio que genera la mutua actuación de todos aquellos que desean comprar o vender. Nada hay en el mercado de índole no humana, mítica o misteriosa. En definitiva, este proceso de cooperación social que denominamos mercado, no es ni más ni menos que el resultado de un conjunto de acciones humanas que, buscando el bien individual, conducen al mayor bienestar general.

Al mismo tiempo, la idea de querer determinar los precios en función de los costos en los que se ha incurrido en cada uno de los pasos del proceso productivo (los marxistas por medio de la teoría del valor trabajo y los keynesianos por el margen de ganancia sobre el costo salarial neto de la productividad del trabajo, motivo por el cual siempre ven a sindicalistas y empresarios como los responsables de la suba de precios) es reflejo de la obtusa percepción sobre cómo funciona el sistema económico. Es más, tal como fuera demostrado por Carl Menger en sus Principios de Economía mediante la ley de imputación, son los precios los que determinan los costos y no al revés. Los consumidores determinan no solo los precios de los bienes de consumo, sino también de todos los factores de producción, fijan los ingresos de cuantos operan en el ámbito de la economía de mercado. Son ellos, no los empresarios ni los sindicalistas (y mucho menos un político), quienes, en definitiva, pagan por cada insumo y a cada trabajador su salario. Por lo tanto, si uno quisiera determinar las causas de por qué suben todos los precios de la economía (y entre ellos el de la moneda extranjera, el tipo de cambio y el dólar) las causas no están en los costos, sino en el continuo aumento de la emisión monetaria. Puesto en otros términos, si los precios de los bienes de la economía están determinados en unidades monetarias, al emitirse una cantidad de dinero que supere a su demanda, esto hará que el valor relativo de la moneda caiga o, lo que es lo mismo, que el precio de los bienes expresados en dinero suba. De ahí surge la famosa frase de Milton Friedman (el verdugo de los keynesianos): “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”.

Es más, el control de precios y salarios no detiene la inflación; sencillamente lo que hace es desplazar la presión a otra parte y adormece algunas de sus manifestaciones. Además, la intervención estatal en los menores detalles de la actividad económica puede destruir el sistema de libre empresa y a la libertad política. El mal estriba en que el intento de control impide que obre libremente el sistema de precios, donde el Gobierno termina suministrando un remedio aún peor que la enfermedad. De esta manera, cuanto mayor sea la inventiva de los individuos para eludir los controles de precios y cuanto mayor sea la tolerancia de los funcionarios en cerrar los ojos a esas evasiones, tanto menor será el daño producido. Por otra parte, cuanto más obedientes a “la ley” sean los ciudadanos y cuanto más rígida y efectiva sea la imposición de la maquinaria gubernamental, tanto mayor será el daño.

Finalmente, tenemos las consecuencias de la intervención violenta del mercado por parte del Gobierno. Siguiendo a Murray Rothbard, la intervención consiste en el uso de la fuerza dentro de la sociedad que intenta sustituir las acciones voluntarias por la coacción. De hecho, el Estado es la única organización que está legalmente autorizada (leyes que él mismo sanciona) para hacer uso de la violencia y es la única entidad que legalmente obtiene sus ingresos de manera compulsiva. Dentro de dicha línea de análisis (y restringiéndonos al caso planteado) existen dos tipos de efectos: directos e indirectos. Respecto al primero de los casos, cuando no hay intervención y la sociedad es libre, cada uno procederá de la manera que considere que hará a su bienestar máximo, por lo que cualquier intervención coercitiva que impida la realización de los intercambios deseados deriva en una pérdida de bienestar. Por otra parte, en cuanto a los efectos indirectos, tienen que ver con los impactos no deseados sobre el resto del sistema.

Así, a modo de ejemplo, el cepo cambiario equivale a fijar un precio debajo del equilibrio de mercado, que al producir un exceso de demanda en dicho mercado genera un exceso de oferta en el resto de la economía, lo que implica: altas tasas de interés (bonos), presión sobre los precios (dinero), retracción del nivel de actividad económica por habitante (bienes) y menor demanda de empleo productivo (trabajo), que se traduce en desempleo, caída del salario y precarización de las condiciones laborales.

Por lo tanto, más allá de sus efectos económicos, las políticas impulsadas por el kirchnerismo amenazan la base moral de una sociedad libre. En nombre de la responsabilidad social se exhorta al público a someterse a ellas, donde aquellos que se someten se dañan a sí mismos y dañan a la comunidad. La conducta moralmente cuestionable -evadir los requerimientos de las autoridades- es beneficiosa, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista social. Tales medidas incuban en el público la falta de respeto por la ley y hacen que los funcionarios se sientan propensos a emplear poderes extralegales, lo que pone en jaque los propios cimientos de la libertad. En definitiva, el gobierno kirchnerista ya nos ha hecho perder la mejor oportunidad histórica en materia de crecimiento económico (hoy tenemos un tercio del producto per cápita que deberíamos tener). Esperemos que este comportamiento autoritario no se extienda hasta el punto que dañe aún más a nuestra libertad.