En momentos en que el país está sumido en un clima de inseguridad, a tal punto que el gobierno tuvo que recurrir a retirar las fuerzas de seguridad de las fronteras y enviarlas puertas adentro, la presidente Cristina Fernández de Kirchner no tuvo mejor idea que proponer una reforma al Código Penal, que en lugar de hacerse eco de la realidad, toma un camino decididamente opuesto, donde lejos de proponer soluciones para disuadir al delincuente pareciera alentarlo y garantizarle impunidad.

Desde mi lugar como intendente de este joven distrito, no voy a avanzar en  un análisis extenso y complejo, que compete a profesionales capacitados al respecto. Pero no pasaré por alto un punto que ha sido motivo de permanente discusión en nuestro país, la “edad de inimputabilidad de los menores”.

Mucho se ha escrito y discutido sobre la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años. Se esbozaron razones en pro y en contra, quedando hasta la fecha suspendida la decisión sobre la conveniencia o no de llevar adelante esta readecuación. Sin embargo, lo que nunca estuvo en debate fue la  “posibilidad” de elevar la edad de inimputabilidad. Pensar que hoy un “adulto” de 18 años no es una persona capaz de discernir sobre sus actos, mas allá de ser un insulto a nuestra inteligencia, pareciera una provocación más de las tantas a las que ya nos tiene acostumbrados este gobierno.

El proyecto de reforma del gobierno, dispone en su art. 4 inc. 2: “Este código se aplicará a los hechos cometidos por mayores de 18 años… El régimen penal de menores se establecerá en una ley especial”.

En otras palabras, sea porque son inimputables o porque están fuera del ámbito personal del Código, los menores de 18 años, para la reforma, son impunes. En lugar de adecuar la ley a los tiempos y realidades que corren, donde hoy nuestros jóvenes tienen un desarrollo y un manejo muy superior al de años anteriores, el proyecto del gobierno busca aumentar la edad de inimputabilidad.