En agosto del año pasado, los consejeros superiores de La Mella presentamos un proyecto por el acceso y la permanencia en la Universidad de Buenos Aires.

Este se enfocó en el Ciclo Básico Común, que se ha establecido hace ya 30 años y requiere de manera urgente una reforma.

El CBC es hoy la unidad académica más grande de la Universidad de Buenos Aires, contando con casi un cuarto de los estudiantes que forman parte de esta casa de estudios. Asimismo, es el CBC el que cuenta con los mayores índices de deserción, oscilando entre un 50% y 60% en el primer año. A la vez, aproximadamente el 80% de los estudiantes no logra completar este ciclo en un año. Vemos así cómo el acceso irrestricto constituye una condición necesaria aunque no suficiente para contar con una universidad verdaderamente masiva.

Por eso entendemos que debe eliminarse la llamada correlatividad “en bloque”. Este sistema impide que los estudiantes accedan a cursar materias de primer año de las carreras hasta tanto aprueben todas las materias del CBC. Esto no sigue ningún criterio pedagógico ni académico, sino que constituye una traba estrictamente burocrática que hace que haya estudiantes que deban permanecer seis meses o un año cursando tan solo una materia. Esa situación de frustración lleva a que muchos terminen abandonando la universidad. Creemos por eso que la contraposición de “Excelencia vs. Masividad” constituye en realidad un falso debate, que en realidad pretende mantener un statu quo en el que muchos estudiantes terminan siendo expulsados de la universidad.

Frente a esto proponemos que la correlatividad sea “por contenidos”, permitiendo que por ejemplo un alumno que en el CBC aprobó Principios Generales del Derecho Latinoamericano pero adeuda Introducción al Pensamiento Científico, pueda empezar a cursar en la Facultad de Derecho las materias de primer año de Abogacía.

Otro aspecto importante que propusimos es el de la implementación de un programa de tutorías en el cual los estudiantes avanzados, siendo debidamente remunerados por su tarea, puedan dar apoyo a los aquellos que dan sus primeros pasos en la universidad. Hay experiencias de este tipo muy auspiciosas, como la realizada en la Facultad de Ciencias Exactas.

Asimismo, entendemos que las condiciones de cursada son centrales en esta discusión, por lo que propusimos la instalación de comedores universitarios que permitan a los estudiantes -el 56% somos además trabajadores- poder comer en la facultad con menúes al costo sin que esto implique un gasto que les impida continuar sus estudios. En el mismo sentido está la discusión por la implementación de un Boleto Educativo, que consideramos de gran relevancia.

El rector Alberto Barbieri dio muestras de querer avanzar en una reforma del CBC aunque de espaldas a la comunidad universitaria, sin presentar cuál es en realidad su proyecto.

La crisis institucional de la UBA

Resulta por demás interesante el contexto en el cual se desarrolla este debate, que es el de una verdadera crisis institucional en la UBA.

La reciente renuncia del vicerrector Darío Richarte, ex nº 2 de la SIDE abrió una grieta en el bloque de conducción de la UBA, que continuó con la renuncia del ahora ex decano de Económicas, José Luis Giusti.

Giusti ha sido denunciado en distintos medios periodísticos por sus supuestas vinculaciones con la droguería que provee a los hospitales universitarios Clínicas y Roffo, además de contar con un patrimonio que sería incompatible con sus ingresos como funcionario de la UBA. 

Las denuncias periodísticas apuntan también a otros funcionarios de alto rango, como el Secretario de Hacienda y presidente de la UCR CABA, Emiliano Yacobitti y hasta al propio rector Alberto Barbieri, quienes deben dar explicaciones por estas acusaciones, que de comprobarse implicarían un agravamiento casi sin precedentes de la crisis que hoy atraviesa nuestra universidad.

El debate por esta reforma del CBC expresa modelos opuestos de universidad, encontrándonos a los estudiantes nuevamente defendiendo a la educación pública y al acceso irrestricto.

El problema de fondo sigue siendo la discusión de quiénes gobiernan la universidad. Este verdadero escándalo deja aún más claro que de continuar este régimen en el cual unos pocos profesores definen los rumbos de la UBA, la universidad va a seguir siendo noticia por estos hechos lamentables. Es hora de conquistar la democracia en la UBA.

Esa autarquía le permitía desempeñar un importante rol, debido a que su Consejo Directivo contaba con una mayoría de organismos y personalidades que han luchado por la memoria, la verdad y la justicia por años. En la actualidad estaba conformado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Servicio Paz y Justicia, presidido por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Además contaban con representación distintos bloques del legislativo porteño así como también del ejecutivo, y finalmente personalidades con reconocido compromiso en la defensa de los Derechos Humanos, como Alcira Argumedo, Víctor Basterra, Stella Calloni, Ana María Careaga, Lita Stantic y Beinusz Szmukler.

En la última sesión, con votos del PRO y del kirchnerismo, se aprobó la disolución del IEM haciendo oídos sordos a la campaña contra el cierre que venía desarrollándose desde el movimiento de Derechos Humanos y diversas organizaciones del campo popular. De esta manera, los sitios de memoria pasarán a estar ahora en la órbita de Nación, sin participación de los organismos. Se abre así la puerta a que este o cualquier gobierno que venga en el futuro que decida dar marcha atrás con lo conquistado pueda hacerlo según le parezca. ¿Qué interés podrían tener por ejemplo Massa o Scioli en el desarrollo de una política activa de Derechos Humanos? Pierden así rápidamente validez los argumentos esgrimidos por la titular del bloque del FPV, que sostuvo con pretendido optimismo que “hay una política de Estado que va a trascender”.

Párrafo aparte merece el conflicto gremial en medio del cuál se tomó esta medida, que deja a los trabajadores del IEM en una situación de gran inestabilidad. Este hecho de enorme gravedad ha sido casi completamente invisiblizado por los grandes medios. Aquellos que son afines al gobierno sí denunciaron un “pacto espurio” entre FAUNEN y el PRO por la aprobación de la concesión de bares en espacios verdes pero nada dijeron de esta nefasta unión entre el FPV y el macrismo contra la memoria de nuestro pueblo. Salvo contadas excepciones, todos acataron la decisión partidaria.

Algo que a primera vista puede ser anecdótico, pero que resulta sumamente explicativo de lo que ocurrió en la Legislatura, es la negativa por parte de kirchneristas y macristas a otorgarle la palabra a la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas. Más allá de lo que pesará –o no- en las consciencias de aquellos que levantaron la mano para callar a esta incansable luchadora, resulta interesante pensar qué es lo que Norita podría decir que no quieran escuchar los señores legisladores.

En la respuesta a esa pregunta es justamente donde encontramos la explicación de esta medida. El Instituto Espacio para la Memoria, lejos de ser perfecto, con su propia dinámica interna y sus discusiones, era un espacio que más allá del gobierno de turno podía generar políticas públicas en materia de Derechos Humanos, así como también alzar su voz frente a los hechos de la realidad que merecen ser repudiados. Esto no fue obtenido por gracia divina, sino que se conquistó a través de una importante lucha que llevó años y enfrentamientos con distintas administraciones.

Debemos concluir entonces que este espacio molestaba. ¿Pero por qué? Porque molesta que puedan cuestionarse medidas como las leyes terroristas aprobadas en los últimos años, la propuesta de una ley antipiquetes, designaciones como la del “pistolero” Granados en la Provincia de Buenos Aires, o la de alguien cuestionado por su papel en la última dictadura como Milani, o el ascenso del “teniente coronel” Berni en la definición de las políticas de seguridad. Es así que un espacio autónomo, no alineado, representa una piedra en el zapato de quienes se presentaron como “el gobierno de los Derechos Humanos” y vienen en los últimos meses profundizando una línea cada vez más alejada de esa perspectiva.

De fondo podemos encontrar una discusión sobre la manera en la cual son concebidos los Derechos Humanos. Si se los entiende desde una visión utilitarista, partidaria, naturalmente que sostener un ámbito como el IEM, con organismos de Derechos Humanos que no responden a una directiva de un funcionario, sino a su propia historia de lucha va a convertirse eventualmente en un problema. En la negativa a escuchar lo que tenía para decir Nora Cortiñas, alguien que apoyó los avances que se produjeron, pero nunca ocultó las críticas ante las injusticias -lo que se dice ser consecuente- se ve entonces el fondo de la cuestión. Norita somos todos los que no nos conformamos con “lo que es posible” y queremos ir por una sociedad justa sin opresores ni oprimidos.

Quisieron callar a Norita. Cualquiera que la conozca sabe que es un intento condenado al fracaso.

Más allá de la discusión de este Código, la sociedad debe hacerse cargo de esos lugares oscuros en los cuales se apila a miles de pobres, en muchos casos hasta que mueran. El 70% de los presos están encerrados sin condena. El propio Estado reconoce que la tortura es una práctica sistemática en las cárceles tras 30 años de democracia. En resumen, la situación en los institutos penitenciarios de nuestro país es de emergencia. La tarea consiste en abrir las cárceles a la sociedad y sus organizaciones, con el horizonte de poder superar este paradigma, que no ha existido siempre y no tiene por qué prevalecer ad eternum.

Otros debates pendientes y también de enorme relevancia son el del Código Procesal Penal de la Nación, de claro corte inquisitivo, que ha sido en gran parte declarado inconstitucional, o la reforma de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales

Linchamientos, buenos, malos, y un debate que no debate

El último punto de los cuatro que venimos analizando desde la primera parte de este artículo, a los cuales se refiere el criminólogo Alessandro Baratta,  tiene que ver con la opinión pública. Es lo que podríamos llamar la “batalla de ideas”, y el debate que se está dando merece algunas reflexiones.

La sola presentación del anteproyecto desencadenó una furibunda campaña de de la oposición de derecha con fuerte apoyo mediático, que arrastró a prácticamente todos los partidos políticos -incluso aquellos que formaron parte de la comisión reformadora- presentando una situación de alarmismo social que pregona un supuesto abandono por parte del Estado de los ciudadanos “de bien” frente a “los otros”, quedando los primeros en estado de desprotección.

Clarísimo ejemplo de esto son los “linchamientos” que se produjeron en las últimas semanas, una práctica en la cual “vecinos” (no es casual que se use este término, que tiene una íntima relación con la de propietario, o al menos inquilino regular, introduciendo el factor de clase) atacan ferozmente no a una “persona”, sino a un presunto “delincuente”, motivo aparentemente suficiente para legitimar una virtual ejecución sumaria.

Ha tomado particular conocimiento público el caso de David Moreira, el joven linchado en Rosario por más de 50 personas. Esta práctica se asemeja al fusilamiento, en el cual se busca una responsabilidad difusa, ya que el peso de la muerte no recaería exclusivamente en ningún autor individual. Los sectores más reaccionarios han salido públicamente a explicar estos sucesos por a una “ausencia del Estado”, que estaría siendo deficiente en el ejercicio de su función represivo-punitiva, y una presunta “ruptura del consenso social”. A partir de esto último, cabría preguntarnos quiénes son los que conformaron tal consenso. El denominador común de los distintos casos de linchamiento es que tiene como víctimas a chicos pobres. Difícilmente estos hayan aceptado un “consenso” que implique su marginación, el trabajo precario, la violencia institucional, mientras los ricos son cada vez más ricos.

La “discusión” del Anteproyecto está planteada también en estos términos de buenos y malos. Más allá del oportunismo de algunos políticos, se han dicho verdaderas barbaridades en lo que respecta a esta reforma. Uno de los caballitos de batalla es la oposición a la eliminación de la pena de la reclusión y de “la perpetua”. Primero debe recordarse que la pena de reclusión estaba en su origen asociada a tratos degradantes totalmente opuestos a una perspectiva de Derechos Humanos, motivo por el cual ha sido derogada en los hechos hace más de 50 años.

Lo mismo ocurre con la prisión perpetua. No puede eliminarse lo que no existe. La máxima pena aplicable con el código vigente es de 35 años (plazo en el cual en realidad podría accederse a la libertad condicional), y lo que se hizo con el anteproyecto es adecuar la pena máxima al Estatuto de Roma, que prevé 30 años como pena para el genocidio.

También se planteó un debate sobre la reincidencia, a partir de la falacia de que de aprobarse el anteproyecto daría lo mismo si se delinque una o mil veces. Esto no es cierto, ya que las penas se acumulan. Lo que se hizo fue seguir la corriente jurisprudencial que determina la inconstitucionalidad de la reincidencia, que hoy constituye una agravante, por violar el principio de non bis in idem, o prohibición de juzgar dos veces por el mismo hecho. Se abandona así una institución propia del derecho penal de autor, para pasar a juzgar a las personas por lo que hacen y no por lo que son, o por sus antecedentes. Pese a esto, el proyecto no plantea eliminar el registro de reincidencia.

Todo esto se basa en una premisa falsa, que es la asociación automática entre dureza de las penas y la inseguridad. Vienen a decirnos que la reducción de las escalas penales se traduciría en más delitos. No existe ningún sustento empírico para realizar una aseveración como esa. No vamos a desarrollar este punto porque requeriría una o varias notas más, pero sí es importante marcar la centralidad de este tema. Sin abordar esto, no tenemos siquiera un punto de partida para un debate amplio y honesto sobre la cuestión criminal.

Si pretende discutirse la inseguridad seriamente no puede hacerse sin contener fundamentalmente la mirada de los sectores populares, las principales víctimas tanto del delito como del sistema penal. Es así que la participación policial en las grandes empresas criminales como la trata o el narcotráfico tiene que formar parte de esta discusión. Lo que es seguro es que si las organizaciones populares permanecen en silencio por ser este “un asunto de la derecha”, serán justamente estos los que impongan su programa reaccionario.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el sistema penal es selectivo, afectando particular y casi exclusivamente a los sectores populares, por lo que una reforma como esta no puede ser objeto de un análisis “neutral” o “aséptico”. El producto de este debate recaerá esencialmente sobre los sectores más postergados de la población, principales “clientes” del sistema penal. Es por eso que, más allá de la aclaración que realicemos, no da lo mismo contar con un Código respetuoso de las garantías, o que avancen los “impulsos punitivistas” que parecen haber despertado una gran pasión entre los grandes grupos mediáticos y distintos espectros políticos.

El Código vigente

Hechas estas aclaraciones, empecemos por ver la situación de la cual partimos. El Código Penal vigente, de 1921, ha sido objeto de numerosísimas modificaciones, producto de las discusiones que se sucedieron en estos casi cien años, que repercutieron en la legislación penal. Como consecuencia de esto, hoy tiene incongruencias y desproporcionalidades en lo relativo al monto de las penas, haciendo por ejemplo que ciertos delitos contra la libertad o contra la propiedad tengan penas más gravosas que delitos contra la vida, o que delitos culposos (aquellos cometidos por “imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos”) sean más duramente castigados que delitos dolosos (aquellos cometidos con conocimiento y voluntad). Esto tuvo que ver con las distintas iniciativas de política punitivista, como durante el auge de los robos de autos durante el menemismo, o tras el asesinato de Axel Blumberg al comienzo del gobierno kirchnerista.

Que cambia y que se mantiene en el anteproyecto

El criminólogo Alessandro Baratta propone cuatro puntos como “indicaciones estratégicas” para una política criminal alternativa. Si bien para ese autor la propuesta que nos ocupa sería probablemente insuficiente, por no contar con una perspectiva de superación de las actuales relaciones sociales, resultará práctico analizar este anteproyecto a la luz de estos postulados.

En primer lugar, hay que diferenciar la interpretación de las conductas disvaliosas de las clases dominantes por un lado, y de los sectores populares por otro. Responden a motivaciones distintas y tienen consecuencias diferentes. Es a partir de allí que debe apuntarse a un re-direccionamiento del poder punitivo para reprimir por ejemplo la criminalidad económica y el crimen organizado, o aumentar la tutela sobre cuestiones que hacen a los intereses de las grandes mayorías. En esta línea pueden interpretarse una serie de modificaciones que han sido introducidas. Ejemplo de esto podría ser la recepción por parte del anteproyecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (sociedades, asociaciones, fundaciones, etcétera).

Se crearon también varios delitos nuevos, de los cuales destacaremos algunos: el libro “De los delitos” comienza con la el delito de genocidio, que no está tipificado en el código hoy vigente. Además, se propone que respondan penalmente los funcionarios públicos por su conducta omisiva en el delito de desaparición forzada de personas y por la omisión de denuncia del delito de tortura. Se incorpora el delito de desabastecimiento (que estaba presente en una ley especial), se castigan las contrataciones y condiciones laborales ilegales, la omisión por parte del empleador de proveer medios de seguridad y salud al trabajador, se tipifica el cohecho financiero activo y bajo el tipo “otros crímenes contra la humanidad” se engloba la comisión de diversos delitos en el marco de un plan sistemático. Se pena a los funcionarios que concedan licencias o permisos ilegales para actividades contaminantes, y a aquellos fiscalizadores que toleren dichas conductas. Se castigan también delitos contra el ambiente, la flora y la fauna.

Por otra parte, se procedió a la despenalización de algunas conductas, como la tenencia de estupefacientes para consumo personal, diferentes conductas hasta ahora penadas vinculadas al matrimonio, y distintos delitos que hasta ahora suponen la pena de prisión, ahora tendrían multas. En este punto debe marcarse uno de los aspectos más criticables, ya que se sigue penalizando el aborto. La mantención de la ilegalidad lleva a que miles de mujeres sin recursos mueran en nuestro país víctimas de un circuito clandestino que lucra con sus necesidades y de un Estado que se niega a tratar esta cuestión, optando por la criminalización.

También se continúa penalizando el corte de ruta (aunque se requiere ahora el desobedecimiento de una intimación judicial), instrumento a partir del cual miles de luchadores populares han sido judicializados. En una siguiente columna, analizaremos las discusiones pendientes en cuanto a la cuestión criminal, así como también la forma en la cual se está dando el debate en la sociedad.