Un acuerdo contra la memoria popular

El pasado miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados  la disolución del Instituto Espacio para la Memoria (IEM). Unos días antes, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había dado el visto bueno a la iniciativa. El IEM fue creado por la misma legislatura mediante la ley de la Ciudad 961 durante la gestión de Anibal Ibarra como jefe de Gobierno. Nació como una institución autárquica y autónoma, que tenía entre sus funciones la de gestionar los espacios de la Ciudad que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar.

Esa autarquía le permitía desempeñar un importante rol, debido a que su Consejo Directivo contaba con una mayoría de organismos y personalidades que han luchado por la memoria, la verdad y la justicia por años. En la actualidad estaba conformado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Servicio Paz y Justicia, presidido por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Además contaban con representación distintos bloques del legislativo porteño así como también del ejecutivo, y finalmente personalidades con reconocido compromiso en la defensa de los Derechos Humanos, como Alcira Argumedo, Víctor Basterra, Stella Calloni, Ana María Careaga, Lita Stantic y Beinusz Szmukler.

En la última sesión, con votos del PRO y del kirchnerismo, se aprobó la disolución del IEM haciendo oídos sordos a la campaña contra el cierre que venía desarrollándose desde el movimiento de Derechos Humanos y diversas organizaciones del campo popular. De esta manera, los sitios de memoria pasarán a estar ahora en la órbita de Nación, sin participación de los organismos. Se abre así la puerta a que este o cualquier gobierno que venga en el futuro que decida dar marcha atrás con lo conquistado pueda hacerlo según le parezca. ¿Qué interés podrían tener por ejemplo Massa o Scioli en el desarrollo de una política activa de Derechos Humanos? Pierden así rápidamente validez los argumentos esgrimidos por la titular del bloque del FPV, que sostuvo con pretendido optimismo que “hay una política de Estado que va a trascender”.

Párrafo aparte merece el conflicto gremial en medio del cuál se tomó esta medida, que deja a los trabajadores del IEM en una situación de gran inestabilidad. Este hecho de enorme gravedad ha sido casi completamente invisiblizado por los grandes medios. Aquellos que son afines al gobierno sí denunciaron un “pacto espurio” entre FAUNEN y el PRO por la aprobación de la concesión de bares en espacios verdes pero nada dijeron de esta nefasta unión entre el FPV y el macrismo contra la memoria de nuestro pueblo. Salvo contadas excepciones, todos acataron la decisión partidaria.

Algo que a primera vista puede ser anecdótico, pero que resulta sumamente explicativo de lo que ocurrió en la Legislatura, es la negativa por parte de kirchneristas y macristas a otorgarle la palabra a la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas. Más allá de lo que pesará –o no- en las consciencias de aquellos que levantaron la mano para callar a esta incansable luchadora, resulta interesante pensar qué es lo que Norita podría decir que no quieran escuchar los señores legisladores.

En la respuesta a esa pregunta es justamente donde encontramos la explicación de esta medida. El Instituto Espacio para la Memoria, lejos de ser perfecto, con su propia dinámica interna y sus discusiones, era un espacio que más allá del gobierno de turno podía generar políticas públicas en materia de Derechos Humanos, así como también alzar su voz frente a los hechos de la realidad que merecen ser repudiados. Esto no fue obtenido por gracia divina, sino que se conquistó a través de una importante lucha que llevó años y enfrentamientos con distintas administraciones.

Debemos concluir entonces que este espacio molestaba. ¿Pero por qué? Porque molesta que puedan cuestionarse medidas como las leyes terroristas aprobadas en los últimos años, la propuesta de una ley antipiquetes, designaciones como la del “pistolero” Granados en la Provincia de Buenos Aires, o la de alguien cuestionado por su papel en la última dictadura como Milani, o el ascenso del “teniente coronel” Berni en la definición de las políticas de seguridad. Es así que un espacio autónomo, no alineado, representa una piedra en el zapato de quienes se presentaron como “el gobierno de los Derechos Humanos” y vienen en los últimos meses profundizando una línea cada vez más alejada de esa perspectiva.

De fondo podemos encontrar una discusión sobre la manera en la cual son concebidos los Derechos Humanos. Si se los entiende desde una visión utilitarista, partidaria, naturalmente que sostener un ámbito como el IEM, con organismos de Derechos Humanos que no responden a una directiva de un funcionario, sino a su propia historia de lucha va a convertirse eventualmente en un problema. En la negativa a escuchar lo que tenía para decir Nora Cortiñas, alguien que apoyó los avances que se produjeron, pero nunca ocultó las críticas ante las injusticias -lo que se dice ser consecuente- se ve entonces el fondo de la cuestión. Norita somos todos los que no nos conformamos con “lo que es posible” y queremos ir por una sociedad justa sin opresores ni oprimidos.

Quisieron callar a Norita. Cualquiera que la conozca sabe que es un intento condenado al fracaso.