Las razones que esgrime el diario dejan en evidencia que cualquier arreglo con los fondos buitre podría desencadenar una ola de juicios de parte de los acreedores que entraron en los canjes de 2005/10, en virtud de la cláusula que les permite reclamar las ventajas económicas que se concedan a aquellos. Un día antes, el jefe editorial del Financial Times había puesto en duda que esa cláusula fuera inaplicable para el caso de que el arreglo con los fondos buitre fuera el resultado de una decisión judicial y no de un acuerdo “voluntario”. Una extensión del arreglo con los buitres a todos los acreedores duplicaría de una vez el monto total de la deuda externa de Argentina. A la vista de este resultado, el Financial Times califica de “extorsión” la orden de pagar al mismo tiempo a los buitres y a los acreedores regulares, y descalifica el criterio de ‘pari passu’ (igual trato) aplicado por la Justicia norteamericana.

En resumen, Argentina se encuentra en un laberinto: si no cumple con el fallo entra en default, y si lo hace se arriesga a una serie de procesos judiciales que la arrastrarían al default. Defensor del capital financiero internacional, el Financial Times recomienda arreglar con los ‘buitres’ y afrontar el riesgo de juicios ruinosos. El planteo de que el pago a los buitres, en el caso de una orden judicial, sería inocuo, no es más que una triquiñuela mediática que pondría a la Argentina en un estado de vulnerabilidad financiera y política sin precedentes, en la larga historia de claudicaciones de las clases dominantes del país.

La advertencia condicional del Financial Times es compartida por el gobierno K, el cual sigue, sin embargo, la ruta de arreglar con los buitres con un pago en títulos del Estado, lo cual significaría, de entrada, un aumento de la deuda externa en 15 mil millones de dólares. Procede de esta manera bajo la presión de los intereses de clase que representa: la burguesía nacional reclama el restablecimiento del financiamiento internacional para ella y para los proyectos de gas y petróleo. La burguesía nacional, que posee asimismo gran parte de la deuda externa, quiere cobrar y de ningún modo ser víctima de una cesación de pagos.

Desde un punto de vista más amplio, un default como el que sugiere el Financial Times requeriría de inmediato medidas internas de fondo para contrarrestar un boicot financiero internacional. Nos referimos a la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para aplicar el ahorro y los recursos nacionales a un plan de inversiones y desarrollo económico y social. Argentina establecería, en esas condiciones, una contabilidad nacional única, lo cual implica la apertura de los libros de las compañías grandes y el control obrero de los monopolios capitalistas. En oposición completa a esta alternativa, el gobierno “nacional y popular” ha preferido reforzar su acción de “pagador serial”, mediante el cierre de acuerdos ruinosos con Repsol y el Club de París y en el Ciadi (Banco Mundial), que han incrementado la deuda externa -sin contar los intereses- en cerca de 20 mil millones de dólares.

El tema de los fondos buitre y los fallos antijurídicos de la Justicia norteamericana ha ocultado el latrocinio económico y jurídico que tiene lugar en el Ciadi, donde las empresas privatizadas bajo el menemo-kirchnerismo, reclaman la redolarización de las tarifas que fueran pesificadas en 2002. De acuerdo con El Cronista, el monto en litigio es de 22 mil millones de dólares. La aceptación de las sentencias del Ciadi, por parte del gobierno K, no solamente lleva al país a la bancarrota, sino que es un atropello descomunal de la soberanía argentina y una violación del orden jurídico. Ocurre que la pesificación fue legitimada por una acordada de la Corte Suprema de Argentina, que es colocada por el propio gobierno argentino por debajo de un tribunal arbitral de un banco internacional. La Corte no ha abierto la boca sobre esto. ¿Cómo protestar contra las vejaciones de la Justicia norteamericana cuando el mismo gobierno nacional autoriza la degradación de las instituciones jurídicas del país y, por lo tanto, de la Constitución Nacional? 

Mientras la City de Londres admite la conveniencia de una declaración de default, la City porteña y el establishment político que la representa reclaman cumplir los fallos coloniales y re-endeudar otras diez veces al Tesoro nacional. Se ha formado un frente nacional a favor de un arreglo con los buitres desde los K hasta Massa, Binner, Cobos, Macri, Carrió. Los K alegan que lo hacen para defender el modelo y los otros para superar los desequilibrios, como si el resultado de un nuevo endeudamiento masivo pudiera ser otro que la confiscación de los ingresos y de las condiciones de vida de los trabajadores.

Nuestra posición es: rechazo del fallo yanqui y de cualquier acuerdo con los buitres y de los arreglos en el Ciadi; repudio de la deuda usuraria; adopción de las medidas de nacionalización y control obrero necesarias para establecer una contabilidad y un plan económico de industrialización y de mejora de las condiciones de las masas. Que el pueblo decida: por un plebiscito sobre el fallo yanqui y la deuda externa.

Aceptar este fallo y contraer una nueva deuda externa enorme llevará a corto plazo a una mega devaluación del peso. La única forma de pagar semejante hipoteca es mediante la ruina económica de los trabajadores y los jubilados.

El fallo norteamericano constituye un atropello de primera magnitud. Por un lado violenta los mecanismos regulatorios de quiebras bajo el capitalismo, esto al dar la razón al 7% de los acreedores y forzar a que se les pague de la misma cuenta bancaria que es utilizada para el pago al 93% de los acreedores restantes. El fallo contrasta con las operaciones de rescate de la deuda pública de Grecia y de los bancos de Chipre, donde la Comisión Europea obligó a los acreedores y accionistas, respectivamente, a pagar una parte de la factura. Este “bail-in”, en su expresión en inglés, no privó de beneficios a los acreedores, que compraron deuda pública a precios de remate. Por otro lado, es un respaldo a la llamada ‘solución de mercado’ de las bancarrotas estatales, a través, precisamente, de la compra de deudas ‘en default’ por fondos especializados en estos menesteres.

Desde el punto de vista político, el fallo pretende reafirmar a la Justicia de Estados Unidos como tribunal internacional. Expresa la aspiración de la banca norteamericano a enseñorarse con los bancos rivales a medida que son afectados por la crisis mundial.

La deuda externa de Argentina es un caso flagrante de anatocismo, una figura que describe a las deudas que resultan de una acumulación de intereses, o sea que son usurarias. Argentina acumula una deuda en divisas de casi u$s 200 mil millones sin haber recibido ningún préstamo internacional significativo. Cualquier tribunal imparcial la declararía inválida. Una gran parte de ella representa la  estatización de deudas privadas. Los déficits a repetición del Tesoro nacional son el resultado del peso de la deuda externa y sus intereses impagables.

Una proporción enorme de esta deuda externa representa a acreedores argentinos que reingresan como crédito internaccional gran parte de la fuga de capitales. El llamado “ahorro externo” no es otra cosa que ahorro nacional que es transformado en financiamiento internacional.

En oposición a las negociaciones que el gobierno ha iniciado con los fondos buitres, respaldado por toda la oposición tradicional, planteamos el repudio a la deuda usuraria, acompañado por una movilización internacional contra el conjunto de la deuda mundial, que supera los mil billones de dólares. Esta deuda mundial opera como un factor poderoso de crisis industrial y de los centenares de millones de desocupados en el mundo entero.