El intento de reformar el Código Penal data del año 2012, cuando el kirchnerismo todavía se aferraba a “Cristina eterna”; ahora se trata del “legado” que pretende dejar una década de “puras ganancias”. El anteproyecto fue consensuado con la UCR y hasta con el PRO, y también pasó por el cedazo de la Iglesia.
Este producto tardío es, antes que nada, el canto del cisne del garantismo. Predicado, por un lado, como un refuerzo de los derechos del ciudadano ante las arbitrariedades y “armados” de las fuerzas de represión y, por el otro, como sustituto de la pena o el castigo por la reeducación y la reinserción social, el garantismo choca con todas las tendencias reaccionarias que caracterizan al capitalismo en descomposición. De una parte, choca con el incremento de la violencia social y política, como se manifiesta en el crecimiento de las guerras de opresión, en la multiplicación de los crímenes de guerra y en el desarrollo del delito y del crimen organizado; de otra parte, con el crecimiento de los aparatos del Estado que operan en las sombras y por el despotismo en aumento de los que tienen legalidad constitucional. Los bombardeos a Serbia, Irak, Afganistán, Libia, Sudán, por caso, o la cárcel de Guantánamo y las cárceles clandestinas de la CIA, son la metáfora del derecho moderno. Existe una Corte Penal Internacional que avala todos los delitos que comete la democracia, en nombre, o no, de la lucha contra el terrorismo. La Corte norteamericana ha avalado la tortura y la jurisdicción de la justicia militar para civiles, o sea que ha consagrado el estado de excepción. En Argentina, esa metáfora está representada por la ley antiterrorista, el espionaje X, las torturas en las comisarías, el gatillo fácil y la desaparición (trata) de personas. El código de Zaffaroni sería una especie de cortina de humo del espionaje de Milani.