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¿Quién paga la pelea con los buitres?

La denuncia de Cristina Kirchner acerca de una conspiración se llevó puesto al titular del Banco Central, viejo amigo de la familia K y custodio de muchos de sus secretos. Fábrega fue eyectado por haber advertido a los banqueros para que vendieran sus valores en dólares, cuando supo que deberían entregarlos al Central al tipo de cambio oficial. Hizo lo que haría cualquier banquero central -rescatar a la banca.

Lo curioso es que, en su reemplazo, fue designado Alejandro Vanoli, quien es todavía incluso más responsable de las operaciones ‘non sanctas’ en el mercado paralelo de la Bolsa, en su condición de titular del Mercado de Valores. Por esta vía, los capitalistas ingresaban dólares a 15 pesos y fugaban capitales que -se supone- están registrados legalmente. Vanoli ha repetido en forma pública que el litigio con los fondos buitre se superará a partir de enero próximo -o sea pagando.

Juan Carlos Fábrega se va dejando al Banco Central con una deuda de 230 mil millones de pesos, al 30 por ciento anual, lo que equivale a la totalidad de las reservas internacionales. El Banco Central está quebrado y la moneda nacional es un papel pintado.

Desmadre

La avalancha de denuncias de CFK obedece, precisamente, a que la situación financiera y monetaria se ha desmadrado. El enojo apunta al gobierno norteamericano, que no impidió la victoria judicial de los fondos buitre cuando se lo había prometido si normalizaba la deuda de Argentina en el Ciadi, con el Club de París, y con el arreglo con Repsol -el cual viabilizaba la entrega de los hidrocarburos a Chevron. En medio de los sofocones con la embajada norteamericana, los K apuran la aprobación de la ley petrolera Galuccio-Chevron-Exxon-Soros. Los kirchneristas parecen convencidos de que este núcleo los va a sostener en el poder contra viento y marea, del mismo modo que hiciera con Obama si hacía los arreglos externos ya mencionados.

Que el Gobierno despida al presidente del Banco Central, cuyas relaciones con los banqueros conocía de sobra y fueron la razón para que fuese nombrado, en primer lugar, revela que la crisis financiera y monetaria llega a su fase terminal. Es lo que explica el derrumbe de la Bolsa, el miércoles 1º, a pesar de que venía en suba cómoda acompañando la devaluación paralela del peso. También explica el colapso de la cotización de YPF en Nueva York, la niña mimada de los pulpos petroleros y los capitales financieros. La crisis tampoco termina siquiera con un arreglo con los buitres, sino con una devaluación de la moneda, lo que a su vez implica un torniquete brutal de los salarios y gastos sociales.

Si el Gobierno mantiene su lógica, deberá intervenir la Bolsa para controlar las operaciones cambiarias disimuladas como movimientos de capitales. Una consecuencia de esto sería la completa ilegalización del mercado de cambios. Una alternativa sería que desdoble ese mercado de cambios y convierta al paralelo en un mercado oficial financiero, con la yapa de un incentivo a los sojeros para que vendan la cosecha retenida. Esta operación podría servir para llegar a fin de año, aunque con una inflación de precios siempre mayor. El avance de la entrega petrolera depende de la sanción de la ley de hidrocarburos y de una devaluación en regla. Ni siquiera Chevron piensa financiar sus inversiones con dólares a 8,45 pesos.

No es la primera vez que CFK denuncia que los especuladores buscan bloquear la deuda reestructurada, que aceptó el 92 por ciento de los acreedores. Horacio Verbitsky, hace más de un mes, dijo lo contrario -que era el Gobierno quien quería volver a reestructurar esa deuda. Hay algo muy simple: los K no tienen la plata para pagar los vencimientos de 2015 (por eso aplicaron el plan Obama de arreglar con todo el mundo), ni tienen ahora dónde hacerlo, porque ninguna plaza financiera se ofrece a actuar como agente de pago. Después de enero se verán obligados a hacer las dos cosas: el canje de la deuda de 2015 y encontrar un refugio para pagar, apenas les pague a los buitres.

Crisis polìtica

El poder político del kirchnerismo cuelga de un hilo, ahora que se apresta a hacer bingo con la renuncia de Capitanich y las penurias cada vez mayores de Boudou. El patio de las palmeras se ha convertido en el reducto del poder, en momentos en que todas las fracciones de la burguesía temen a la reacción popular que provocaría una nueva devaluación y, probablemente, la primera de varias otras. Ni Lavagna se anima, en un clima como éste, a rememorar el ‘rodrigazo’.

La caracterización no es completa si no se añade la desvalorización del real brasileño, la que presiona fuerte hacia la devaluación del peso. Brasil no tiene solamente una deuda externa pública importante: de mayor importancia es la deuda privada con el extranjero y el volumen de capitales móviles en la Bolsa paulista. Brasil sufre, precisamente, una nueva fuga de capitales, que podría ser temeraria por su magnitud.

El “quid” de la cuestión es quién va a pagar esta crisis. La devaluación no es una necesidad para el desarrollo de la economía y el empleo, sino una operación financiera para pagar la deuda externa y acelerar la entrega petrolera. Toda la tendencia de la crisis y la política K es que será cargada sobre las espaldas de los trabajadores. Es sobre esto que los trabajadores deben centrar su atención, no en los discursos distraccionistas de CFK ni en la ‘serenidad’ mentirosa del cuartero de Scioli, Massa, Macri, Cobos-Binner. Todos ellos plantean una componenda con los buitres y un mayor endeudamiento para pagar la deuda impagable.

Una nueva oleada de luchas

Gestamp, Cables Lear, línea Sarmiento, alimenticia Calsa, paro activo de la UOM Córdoba y la huelga próxima en la siderurgia, huelga pendiente de choferes, peleas crecientes en las empresas que suspenden, huelga azucarera en Salta, paros de bancarios, paritarias sin arreglo en camioneros, alimentación, neumáticos, lucha contra el impuesto al salario en Aluar y numerosas empresas.

Hemos ingresado en una etapa crucial de luchas, como consecuencia de la crisis industrial, el ajuste, la inflación y la perspectiva de crisis provinciales y un derrumbe financiero. La acumulación de deudas del Banco Central con la banca local y las cerealeras e importadores, para frenar la inflación, acentúan la recesión económica y anuncian una nueva devaluación fuerte a corto o mediano plazo.

La crisis industrial opera como un factor de ataque al movimiento obrero, luego de las grandes huelgas docentes en Buenos Aires y Salta, la ocupación de Valeo, la ex Ligget y Rieter en Córdoba y el enorme paro nacional del 10 de abril pasado. La firma de convenios a la baja, por parte de los burócratas de la CGT de Caló, por un lado, y la decisión de Moyano de desensillar (aunque no aclare), por el otro, pesan como un lastre sobre la pelea que los trabajadores empeñan en sus lugares de trabajo -mediante ocupaciones y/o cortes de ruta. Asimismo, queda más clara la función de la ley antipiquetes de los K, que ha sido apoyada por sus supuestos rivales: Berni ha estado haciendo un despliegue descomunal de la Gendarmería, por afuera de cualquier agenda de “inseguridad”.

El empeño de la burocracia por acompañar el ajuste capitalista choca, sin embargo, con la envergadura de la crisis que el ajuste ha provocado. Es precisamente lo que demuestran la crisis metalúrgica en Córdoba o el enfrentamiento de la UOM con Techint y Acindar-Arcelor. El reclamo salarial de la UTA forzaría al gobierno a aumentar los subsidios al transporte y agravar el grave déficit fiscal, o producir un aumento descomunal del boleto. Si la burocracia de la UTA sigue dando largas al reclamo, como lo viene haciendo desde enero, estallarán huelgas en numerosas líneas de colectivos. En el tramo final de la experiencia kirchnerista, se asiste a una crisis de conjunto que impacta con fuerza en la lucha de clases como no se registra desde hace tiempo.

El gobierno no encuentra paliativos para esta crisis, porque se ha quedado sin recursos. El Banco Central no puede salir en su socorro, por la simple razón de que se encuentra en quiebra; financia al Estado a fondo perdido, lo que incrementa la inflación y lleva las tasas de interés, para la producción o el crédito al consumo, a tasas usurarias. Un rescate internacional, por parte de la gran banca, condiciona una gran devaluación del peso y los tarifazos. La crisis industrial e inflacionaria desembocará en una crisis política.

En estas condiciones, podríamos atravesar el Mundial de Fútbol “a la brasileña” -con huelgas, cortes y movilizaciones. La huelga del pasado 10 de abril y la huelga activa de la UOM, en Córdoba, demuestran que es posible movilizar a los grandes contingentes de los sindicatos. Al lado de la lucha por empresa o rama está planteado el reclamo de una huelga general de advertencia, en principio por 24 horas, para parar las suspensiones y despidos, y ajustar los salarios, mensualmente, a la inflación. Llamamos a iniciar una campaña por una huelga general por estas reivindicaciones.

La crisis no deben pagarla los trabajadores. Si cae la producción, que se repartan las horas de trabajo entre todo el personal sin reducción del salario promedio real de los últimos seis meses. Que se abran los libros de las empresas para conocer los costos y planes de producción, y las ganancias capitalistas acumuladas. Que se abran las cuentas de las financistas de esas empresas y de los bancos, que revelarán los costos usurarios que se cargan a los clientes.

Los trabajadores necesitamos un programa de conjunto. Por eso es importante que se convoque a un Congreso de delegados del conjunto del movimiento obrero, con mandatos de asamblea.

Llamamos a todo el activismo y la juventud a unir fuerzas en defensa de las luchas en curso, que están aisladas, mediante una gran agitación por la huelga general de los sindicatos en conflicto y de las CGT y las CTA, que consista en marchas, cortes, volanteadas. Llamamos la atención de todos los luchadores acerca de la necesidad de discutir la ocupación de las empresas que suspendan, despidan o cierren, para prepararlas debidamente y como parte de un plan de conjunto.

Mega devaluación y bendición papal

En medio de ‘guarimbas’ y ‘trancazos’ (cortes de calles y barricadas) y conspiraciones, el gobierno chavista acabó anunciando una devaluación de la moneda que es, a la vez, descomunal y ambigua, y que echará más leña a la caldera de la crisis. En realidad, se ha creado un nuevo mercado de cambios, que debutó con una cotización de 55 bolívares por dólar, que contrasta con los 6 y 11 bs de los otros mercados oficiales y con los 80 bs del mercado negro. De 0,09 dólares se pasó a 0,045 dólares por bolívar -una devaluación del 50 por ciento. No es claro todavía qué rubros del comercio exterior podrán ser transados en este nuevo mercado, pero seguramente abarcará una gran parte de la importación, con un impacto descomunal sobre los precios, cuando la inflación alcanza un 55% anual. Por otro lado, el nuevo mercado habilita la compra y venta de divisas, lo cual estaba prohibido, de modo que ya ha acaparado una buena parte de las transacciones que se hacían en negro -el paralelo cayó a 70 bs. De ahora en más, se podrán comprar títulos públicos en dólares con bolívares, que luego podrán revendidos en Nueva York. Este mecanismo permite la salida de capitales por medio de una deuda pública mayor.

La megadevaluación enfrenta al gobierno con su verdadero espectro: el descontento y la rebelión de las masas chavistas. El nuevo mercado ofrece al principal exportador de Venezuela, la petrolera PDVSA, la posibilidad de sacar una mejor tajada de sus dólares, pero esto significa, al mismo tiempo, financiar la fuga de capitales con los ingresos que PDVSA necesita para pagar su deuda y financiar sus inversiones. De acuerdo a numerosos analistas, la deuda de PDVSA es sencillamente enorme, en especial con China y con las empresas que le brindan servicios tecnológicos o realizan operaciones periféricas. PDVSA financia los grandes planes sociales del gobierno, incluso es ella misma la que se hace cargo de ellos en muchos casos. Luego de la gran batalla de 2002 con la oligarquía local por la dirección de la petrolera estatal, se vuelve a plantear ahora la redefinición de su destino. En la mesa de la crisis, luego de la devaluación se plantea un aumento del precio interno del petróleo que, según algunos, podría ser fatal. PDVSA es la propietaria formal de la cuenca del Orinoco, el mayor reservorio mundial de petróleo, la que para explotar en asociación con capitales extranjeros requiere un saneamiento (traumático) de sus finanzas. La pelea por PDVSA pondrá en juego la situación de los obreros del petróleo.

La inminencia de esta crisis ha sido el factor más importante en la decisión de una fracción de la oposición de proceder a un planteo golpista, con la consigna explícita de “la salida está en las calles”. No es solamente el golpismo opositor quien se ha lanzado a llenar el vacío político que deja planteada la crisis en un país donde la carestía y el desabastecimiento crecen con desmesura. También tomó la posta el núcleo fundamental de la burguesía venezolana, aunque con una línea diferente. El pulpo de las comunicaciones -Gustavo Cisneros, de DirecTv- y el de la alimentación -Polar, a cargo de Mario Mendoza- se han delimitado del golpismo, para impulsar una mediación papal. Cisneros, un amigo íntimo de George Bush, llegó hace tiempo a un arreglo con el propio Hugo Chávez, lo cual le ahorró las incomodidades que sufrieran Caracas RTV y Globovisión. Este conspicuo representante del capital internacional acaba de abandonar su perfil político bajo para publicar en el Financial Times, El País y La Nación, entre muchos otros, una caracterización terminal de la crisis venezolana.

Sobre la base de este diagnóstico reclamó la intervención del Vaticano, la cual presenta como la última carta o recurso para una salida política. Cisneros no recibió hasta ahora la réplica combativa que el chavismo propina a sus opositores; al contrario, el gobierno ha iniciado una serie de “conferencias de paz”, en cuya versión económica incorpora al grupo Cisneros, a Polar y a Fedecámaras -la entidad que piloteó el golpe de 2002. Los empresarios se han distanciado de las ‘guarimbas’, pero no de sus objetivos; en esas conferencias han exigido la devaluación, con un éxito todavía a medias; una liquidación de la protección legal del empleo y una salida para la crisis de PDVSA.

Es muy probable que la convocatoria papal de Cisneros ya contara con un visto bueno del Papa nacional y popular, pero lo cierto es que se abrió camino a toda velocidad, y el ex nuncio en Venezuela, Parolín, se declaró dispuesto a ejercer el oficio. La agenda de la mediación está cargada de cuestiones estratégicas, toda vez que la oposición exige la independencia del Poder Judicial -un callejón que no tiene salida, además, claro, de la libertad de los presos. Maduro solamente ha aceptado esa mediación en apariencia, pues la limita a una condición de “testigo” de conversaciones entre el oficialismo y la oposición, sin ninguna condición previa. Los “amigos” de la Unasur también han ejercido acciones mediadoras, lo cual coloca en el mismo plano al gobierno legal con la oposición que pretende, explícita o implícitamente, acortar el mandato del chavismo. Las “conferencias de paz” con la gran burguesía denuncian la búsqueda de una salida ajena a las masas explotadas de Venezuela.

El movimiento obrero no parece advertir la dirección que están tomando los acontecimientos; reina una enorme confusión. Marea Socialista, un agrupamiento que encabeza Stalin Pérez, se queja por la ausencia de una representación obrera en las “conferencias de paz”, es decir que sigue llevado de las narices por el chavismo. La crisis que enfrenta Venezuela, de proporciones históricas, recién comienza.

Chipre: alerta roja en el sistema financiero mundial

Es cierto que la isla de Chipre no fue nunca, en el último siglo y medio, un lugar especialmente pacífico, cruzada por dos guerras mundiales, el desmembramiento del imperio turco, las crisis de Medio Oriente y las revoluciones y guerras civiles en los Balcanes. ¿Podría ahora añadir a sus laureles el desencadenamiento de una corrida bancaria en Europa y un poco más allá? Es lo que creen muchos que no tienen el hábito de dejarse llevar por el pánico. Por de pronto, las autoridades chipriotas han decidido no correr más riesgos, por lo que establecieron un corralito bancario, que ha sido prorrogado en forma sucesiva hasta el próximo martes. ¿Pero cuál es el ‘tamaño’ del problema? En principio no debería ser inquietante, pues el PBI de la isla es de apenas 20 mil millones de euros, un 4% del de Argentina -y, como sabemos, la humanidad sobrevivió al ‘defol’ criollo del 2001.

Ocurre, sin embargo, que Chipre no solamente es un paraíso de la naturaleza sino también un “paraíso fiscal”. Por eso, los depósitos en sus bancos son superiores a los 80 mil millones de euros, un 350% del PBI-¡un monto superior al del sistema bancario de Argentina, en 2001! Así que en materia de magnitudes, el sistema bancario de la isla equivale al de toda la Argentina en la época de la convertibilidad. En Chipre se lava dinero ilegal de todo el mundo: unos 25 mil millones de euros provienen del extranjero- sin incluir a Rusia, que suma otros 30 mil millones. Es plata de la evasión fiscal y del narcotráfico. Una buena parte de los fondos restantes responden a ciudadanos griegos, que cruzaron el mar para curarse en salud. Precisamente porque opera más como un ‘paraíso fiscal’ que como una nación, ese dinero se encuentra invertido en cualquier lado menos en Chipre, incluida la deuda pública de Grecia.

Parte del ‘defol’ bancario obedece a esto, ya que la deuda pública de Grecia fue ‘defolteada’ varias veces. El capital financiero es un sistema de vasos comunicantes, no solamente cuando se empina sino especialmente cuando se desploma. A toda esta hipoteca, hay que añadir la deuda pública de la propia Chipre, apenas inferior a los 20 mil millones de euros de su PBI- lo cual excluye la posibilidad de que las finanzas chipriotas puedan ir al rescate de los bancos. En tanto la deuda bancaria en títulos privados es reducida -menos de dos mil millones de euros- con la deuda pública ocurre lo contrario. No es casual entonces que la Comisión Europea se haya lanzado, para enjugar la bancarrota, sobre los depósitos bancarios, dejando a los bonistas fuera de la tormenta.

Impuesto a los depósitos

Lo que desata el alerta roja en el sistema bancario mundial, es la decisión del FMI y del Banco Central Europeo de financiar el rescate de los bancos con un impuesto a los depósitos, incluidos aquellos inferiores a cien mil euros, que se encuentran asegurados por ley en los países de la zona euro. El monto necesario para el rescate fue evaluado en 17 mil millones de euros, de los cuales los depositantes deberían poner siete mil millones. La carga establecida inicialmente fue de 9,70% sobre los depósitos no asegurados y un 6,5% sobre los que sí lo están. Para casi la totalidad de los analistas financieros la medida rompe un compromiso legal en toda Europa y amenaza con producir una corrida bancaria, como la que ya ocurre en Chipre, en las naciones más golpeadas de la zona monetaria del euro. El primer ministro de Rusia, Medvedev, anticipó que tomaría represalias por los perjuicios que debería ocasionar a los ciudadanos de su país -sin la menor mención a que serían evasores impositivos de su propio Estado. La población chipriota ha vaciado las cajas automáticas de los bancos hasta lo posible, y ha empezado a salir a la calle. Es que nadie asegura tampoco que la cifra estimada del rescate sea la final, lo cual proyecta nuevas confiscaciones. El banco Laiki, por ejemplo, segundo en tamaño, está quebrado sin remedio. En estas condiciones, el corralito bancario deberá convertirse en definitivo y Chipre deberá arreglarse con ‘patacones’. Sería una salida indecorosa y anárquica del euro, sin que medie una decisión soberana ni un plan alternativo.

La crisis chipriota deja en evidencia que los depósitos bancarios han quedado a merced de la crisis y que el Estado tampoco puede cumplir con su promesa de rescate con los depósitos inferiores a los cien mil euros. “El rescate de Chipre ha demostrado -dice un columnista del Financial Times (18/3)- que las naciones acreedoras insistirán para que de ahora en más cualquier rescate bancario deba ser co-financiado por los depositantes”. Esta conclusión es una invitación al retiro en masa de los depósitos en los bancos. Los casos de España e Italia son contundentes, pues no tienen la menor posibilidad de salir a un rescate de sus propios bancos; a falta de dinero público, el rescate del Bankia en España, por ejemplo, se realizó mediante garantías ofrecidas por el Estado español al BCE – que una correcta contabilidad debería incorporar al monto de la deuda pública española. Desde el lanzamiento del rescate, sin embargo, el Bankia no hace sino perder dinero. Existe, por otro lado, una relación simbiótica entre bancos y Estados, pues los primeros tienen en sus tesoros las deudas públicas de los gobiernos que deberían encargarse de rescatarlos.

Una corrida bancaria dejaría a los bancos y al Estado colgados de un pincel. La deuda pública española, bien contada, supera el ciento por ciento del PBI, mientras que la privada es de arriba del 250% del mismo. Los depósitos asegurados en toda Europa alcanzan la friolera de siete billones de euros (siete millones de millones). “Desde la crisis de 2007, el endeudamiento de los gobiernos, las empresas no financieras y las familias aumentó en treinta billones de dólares -informa el diario paulista Valor (18/3)- (lo cual) representa un 40% del PBI mundial”. Como ocurre con el cuento del kirchnerismo, el pregonado desendeudamiento mundial (‘deleveraging’) resultó en un aumento fenomenal de la deuda pública y privada.

Unión bancaria

La confiscación chipriota tampoco es un rayo en cielo sereno. La ‘troika’ constituida por la Comisión Europea, el FMI y el BCE, ya venía advirtiendo que el dinero público y la emisión de moneda no podían seguir asumiendo las operaciones de rescate. En España, por ejemplo, fueron confiscadas unas llamadas acciones preferentes del Bankia, que no eran otra cosa que dinero de depositantes que fueron ‘persuadidos’ de convertirlas en acciones. En Holanda, el gobierno no pagó los bonos no asegurados cuando procedió en febrero a la nacionalización de uno de sus bancos. El rescate del Anglo Irish, en Irlanda, se financió en parte con el dinero de bonistas ‘senior’- o sea asegurados. Es cierto que, en algunos casos, la quita a los bonistas es ficticia, porque sus bonos ya se cotizaban a nivel basura como consecuencia de la crisis. Lo de Chipre es, sin embargo, un gran salto hacia adelante, y por eso no es casual que se experimente con una economía menor.

Lo que está en juego en todo esto es el diseño del sistema bancario europeo en el curso de la presente crisis. Los países de la zona euro están discutiendo una “unión bancaria”, que por un lado es predicada como el establecimiento de un seguro continental de los depósitos de los bancos, pero por el otro apunta a establecer una ley de quiebras para el conjunto bancario de la zona euro. Chipre es un conejillo de Indias de la “unión bancaria”; por eso el Financial Times (18/3) asegura que “el destino de la Isla fue sellado en Alemania”. Lo que se busca es concentrar el negocio bancario, o sea liquidar a la entidades que no puedan financiar el seguro contra quiebras, y a partir de aquí proceder a una “unión fiscal”, que colocaría la deuda pública bajo la supervisión de los grandes bancos. Una corrida bancaria, en las circunstancias actuales, podría dar por tierra con estos planes, pero al mismo tiempo sería la vía ‘rápida’ para concretarlos.

La época de las concentraciones bancarias graduales está superada. El capital no tiene otra alternativa que jugar con fuego. Un editorial del Financial Times advierte que la confiscación de depósitos en Chipre, “no va a llevar a los bancos a una reestructuración inmediata”.

Es cierto que los diarios traducen optimismo cuando se trata de Estados Unidos y China, pero se trata de una operación de ‘lobby’. Un ex funcionario de finanzas de Clinton y de Obama observa que “en el recuerdo, las crisis son un concatenamiento de desastres. Pero en los hechos se desenvuelven como momentos de pánico separados por espacios de tiempo largos separados por una calma aparente” (FT, 18/3). Alude a la supuesta calma que se adjudica al momento actual, y aprovecha para advertir sobre el peligro inminente que representa Francia. El Banco de Basilea, que supervisa al sistema bancario internacional, es menos condescendiente, pues advierte que sus “datos están señalando una continua debilidad macroeconómica en las economías más avanzadas”
(Financial Times).

Vasos comunicantes

Las crisis de la envergadura de la que se inició en 2007 tienen una lógica interna que no es reconocida por la mayoría de los observadores. Desde el momento en que plantean una reestructuración en profundidad de las relaciones entre las clases (o sea, un sometimiento en mayor escala de la fuerza de trabajo), los períodos de ‘calma’ o incluso de ‘recuperación’, además de inevitables, entran en contradicción con la necesidad íntima de la crisis. Es que al debilitar la ofensiva de ajuste, austeridad y reestructuración, las llamadas ‘calmas’ o ‘recuperaciones’ ofrecen una posibilidad de recuperación al movimiento obrero, allí donde este no haya podido enfrentar con suceso, hasta ese momento, la ofensiva capitalista. También otorga algún respiro a la pequeña burguesía, mientras prepara, por esos medios, los nuevos estallidos. Lejos de ser un anticipo de la salida a la crisis, anuncian por el contrario su agudización. Los vasos comunicantes también valen para las masas: después de haberse convertido en refugio para el dinero que escapaba de Grecia, la bancarrota de Chipre, cuya población es en su mayoría griega, ha reanimado la crisis política en Grecia. En el plano político ocurre otro tanto: los regímenes políticos acentúan su corrosión en los periodos de aparente tregua.
Como diría un cuervo convertido en Papa de los cuervos: la procesión va por dentro.