En principio, para un Estado, extraditar a un nacional para ser juzgado por delitos cometidos en su propio país, con independencia de los efectos que dichos delitos puedan surtir en otra sociedad, es una abdicación de un elemento esencial de soberanía: la administración de justicia. Junto con la defensa de las fronteras, la expedición de una moneda, la exigencia de asegurar ciertos elementos mínimos de ciudadanía, la administración de la justicia es una función fundamental de cualquier Estado. La extradición -insisto- de un nacional a un tercer país por delitos cometidos en su propio país equivale a renunciar a esa prerrogativa.

Sin embargo, muchos Estados desde hace tiempo aceptan la extradición de sus nacionales por razones que resultan válidas. Además de los casos conocidos de Colombia, Bolivia y otras naciones latinoamericanas, existen ejemplos dentro de la Unión Europea. Las razones de violar este principio general son muy conocidas. En primer lugar la dificultad y el costo de un juicio en el país de origen: para ciertos sistemas judiciales puede resultar difícil u oneroso juzgar a un nacional bajo ciertas condiciones. Es el caso, por ejemplo, del debido proceso, los recursos ilimitados del acusado y no del Estado, abogados más truchos que en el Ministerio Público local, y una situación social difícil de administrar. Otro motivo es el riesgo de que el acusado pueda fugarse: sucedió con el propio Chapo, pero también con Caro Quintero y otros. Lo mismo ocurrió con Pablo Escobar en Colombia a principios de los años noventa. Una razón adicional es la imposibilidad de cercenar todos los lazos que puedan existir entre una persona encarcelada con el mundo exterior. Pero también puede tratarse de los nexos con los medios de comunicación, familiares, mafias de otro tipo, etcétera. De tal suerte que Estados democráticos, transparentes, con instituciones sólidas, en distintos momentos han preferido extraditar a un nacional aún cuando tenga cuentas con la justicia de su propio país.

Frente a este argumento, que no es despreciable, personas afines al actual gobierno de México y el propio presidente Santos de Colombia han sugerido que la extradición es un mal negocio para el país que lo efectúa. Se cortan líneas de comunicación que pueden ser de interés para el gobierno, por ejemplo como las que tiene un capo de medio pelo con sus colaboradores fuera de la cárcel. El gobierno de México, o de Colombia, o de Perú o de Bolivia, o de cualquier país, puede aprovechar esta comunicación para negociar acuerdos tácitos, apretar o aflojar la persecución, extraer información a cambio de un mejor trato, imponer el respeto de reglas no escritas. Asimismo, la extradición puede volverse un pretexto para que la otra parte, es decir Estados Unidos en la mayoría de los casos, sea quien lleve a cabo esa negociación: testigos protegidos y plea bargaining, a cambio de información valiosa. Existen entonces buenas razones abstractas para negar la extradición por principio; buenas razones concretas y pragmáticas para otorgarla casuísticamente, y buenas razones para negarla, también casuísticamente. No existen reglas generales de validez universal y perpetua.

En el caso de El Chapo vale la pena agregar un elemento adicional. Los últimos tres gobiernos de México han dedicado recursos considerables -humanos, militares, de inteligencia, diplomáticos, financieros- a su captura. No sé si el resultado se halle a la altura de los recursos invertidos y del tiempo transcurrido. Pero en todo caso, me parece difícil decirle a la sociedad mexicana “ahora que hemos gastado todo esto y entregado todos estos esfuerzos para capturar a este señor, debemos aceptar que no lo podemos juzgar en México. Mejor lo entregamos a los norteamericanos para que lo hagan ellos”. No parece ser una gran idea ni en México ni en Sinaloa.

Enrique Peña Nieto (EPN) y su equipo le apostaron todo a la reforma energética, y más allá del éxito que encuentre, o de la magnitud del boom de inversiones que pueda arrojar, han mostrado una concentración y una disciplina suficiente para lograr su objetivo, que es encomiable. El PAN, por su lado, ha insistido desde un principio en que no habría reforma energética sin reforma político-electoral, y al aferrarse por lo menos en algunas de sus demandas tradicionales más importantes en materia político-electoral, y no rajarse, mostró también que se le ha ido quitando lo miedoso o lo pusilánime. Asimismo, hay que reconocer, aunque en menor medida, el esfuerzo de algunos senadores del PRD que supieron ayudar a hacer avanzar la reforma político-electoral, aun estando en contra de la reforma energética.

Lo esencial de la reforma político-electoral estriba, para mí, en la reelección de diputados, senadores y presidentes municipales, absurdamente acotada por los prejuicios del PRI a propósito de trásfugas o renegados; en el principio del INE, más allá de sus detalles, que pueden adolecer de todos los vicios que se han descrito con elocuencia en estas páginas; y de la legislación secundaria de las cartas ciudadanas constitucionales del año pasado, que si bien no forman stricto sensu parte del paquete actual, sí constituyen avances muy importantes: consulta popular y candidaturas independientes (todavía pendiente).

De haber sido requerido para expresar mi opinión, le hubiera sugerido al PAN plantarse en la segunda vuelta en su proyecto, o al menos en una versión intermedia que, en vista del compromiso de EPN con la reforma energética, tal vez sí hubiera salido. No es lo de menos pero los partidarios de esta reforma debemos darnos por bien servidos, incluso sin segunda vuelta. Ante todo, si el nexo entre ambas reformas, a saber, la consulta sobre PEMEX en el 2015, se celebra sin cortapisas. Votaré a favor, pero quienes se oponen deben tener el derecho de votar en contra.

Falta que los priístas no hagan trampas: ni con la consulta, ni con las candidaturas independientes, ni metiéndole más limitaciones a la reelección, que debió haber sido inmediata. El prurito de que no se legisla para el bien propio es en parte cierto y en parte falso. Hasta donde recuerdo, todos los cambios en América Latina desde mediados de los años ochenta, que permitieron la reelección presidencial -Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Cardoso en Brasil, Uribe en Colombia, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia, Ortega en Nicaragua-, para bien o para mal, se aplicaron a los presidentes salientes. No legislaron pero sí firmaron.

Lo esencial de la reforma energética, en mi opinión, son obviamente las licencias y/o concesiones o como se les quiera llamar. Creo que el PRD y Ernesto Cordero tienen razón: licencias=concesiones. Y qué bueno. Sin eso, la reforma quedaba trunca. Del mismo modo, la salida del sindicato del Consejo de Administración de PEMEX, sin ser suficiente, es un paso hacia la gestión de una empresa como cualquier otra, con la excepción de que el accionista único o mayoritario es el Estado. Ya veremos si todo esto funciona. Pero por lo menos ahora sí ya hay algo sustantivo que puede o no funcionar. Es un gran cambio, frente al pasado inmediato, y sobre todo frente al pasado desde principios de los años noventa. Bienvenido.

Para empezar, ¿por qué uno de los gobiernos más pobres de América Latina tiene un avión presidencial Dassault Falcon 900 de fabricación francesa con autonomía de vuelo de 7,400 kilómetros? Uno puede legítimamente preguntarse si un país que padece el atraso de Bolivia debe enviar a su presidente a decenas de miles de kilómetros de distancia a una conferencia, por importante que sea, en avión privado. De haber viajado en avión de línea, nada de esto le hubiera sucedido a Evo.

Suponiendo que efectivamente los países europeos en cuestión, a saber Francia, Italia, España y Portugal, le negaron o le revocaron a Morales los permisos de sobrevuelo y/o de aterrizaje para reabastecimiento de combustible, ¿por qué lo hicieron? La explicación más fácil es la de la izquierda troglodita: porque Washington los presionó o, como dijo el vicepresidente Álvaro García Linera, porque Morales ”ha sido secuestrado por el imperialismo y está retenido en Europa’’. Una respuesta menos simplista, pero quizás más interesante, podría subrayar el interés de los propios europeos por evitar que Snowden siguiera filtrando información. Es perfectamente posible que en sus cuatro laptops aparezcan datos sobre la complicidad de los servicios de inteligencia europeos con la NSA estadounidense en vigilar y en su caso castigar a supuestos terroristas, actuales o potenciales. Snowden en Moscú de alguna manera está bajo control: es Putin el que decide si habla o no habla, si filtra o no filtra, si denuncia o no denuncia. Y tanto los europeos como Washington pueden entenderse con Putin, como lo hicieron durante los 40 años de la Guerra Fría con la dirigencia soviética. En cambio Snowden suelto en los países del ALBA -Cuba, Venezuela, Ecuador o Bolivia- puede volverse inmanejable, salvo tal vez por una hipotética residencia en La Habana. No estoy convencido de que los europeos carezcan de un interés propio consistente en evitar el traslado de Snowden a los paraísos antiimperialistas de América Latina.

¿Dónde está Nicolás Maduro y en qué avión viajó a la Cumbre de Países Exportadores de Gas en Moscú? ¿Usó el Airbus 319CJ que compró Hugo Chávez en 2002 y que tiene un autonomía de vuelo de 11,650 kilómetros? ¿Puede ese avión volar de Moscú a Caracas o al noreste brasileño sin escalas, sin sobrevolar Europa Occidental, o vía África haciendo escala en sobre algún país amigo del ALBA?

Si Estados Unidos es ya una potencia declinante, incapaz de ejercer su anterior hegemonía en un mundo multipolar, a punto de ser rebasado por China, la India, Brasil y otros países emergentes como actor mundial, ¿por qué al mes de haber empezado la aventura de Snowden ningún país le ha otorgado asilo: ni China, ni Rusia, ni Cuba, ni Ecuador, ni Venezuela, ni Bolivia, ni Nicaragua? Ninguno come lumbre. La saga sigue. El desenlace permanece incierto. Y la perplejidad y el entretenimiento que todo esto nos ofrece resultan irresistibles.