Hoy los protagonistas más capaces del PRI, como los que se encuentran en el gobierno, o Manlio Fabio Beltrones y David Penchyna en el Congreso, reconocen de una manera u otra que quizás la reforma de fondo ahora aprobada pudiera haberlo sido doce o seis años antes. Saben bien, porque allí estuvieron, que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, con las habilidades y torpezas de cada uno, se propusieron una abertura a la inversión privada en CFE y Pemex, y que fracasaron porque el PRI no quiso regalarles esa medalla. Especialistas de gran talento y simpatía por México como Daniel Yergin postulan, posiblemente con razón, que sólo un presidente del PRI hubiera podido enterrar la herencia del PRI: Nixon en China, como nos lo anunció Enrique Peña Nieto en La hora de opinar hace casi dos años. Todos concluyen, de alguna manera, que fue una lástima que todo esto -lo cual, como ya dije, aplaudo y aquilato- no haya sucedido antes, pero lo esencial es que haya acontecido ahora. ¿Y si no? ¿Podrá pasar lo mismo que con la transición a la democracia, o la apertura de la economía?

Algunos, desde el 2003, sostuvimos que México debía encontrar el mecanismo jurídico, financiero y de gestión de proyectos, para incrementar de modo dramático nuestra producción y exportación de hidrocarburos en el corto plazo. Argumentamos que con los recursos procedentes de ese aumento, debíamos construir la infraestructura, la educación y la red de protección social que el país exigía y merecía. Planteamos que por diversas razones -los precios, el cambio climático, el descubrimiento de otros yacimientos en otros países, con otras tecnologías- no disponíamos de una eternidad para “sembrar” nuestro petróleo y gas natural. Pocos -y mucho menos que nadie, yo- sabíamos nada del shale, ni podíamos prever que los precios del crudo se mantendrían a los niveles de hoy tanto tiempo o que bajaran los del gas como ha ocurrido. Pero sí parecía evidente que necesitábamos crecer más; que carecíamos de los recursos necesarios para invertir con esa meta; y que sólo el petróleo y el gas, en las aguas profundas del Golfo, en el litoral de Tabasco, en Lancahuaza, y quizás en la Cuenca de Burgos, nos podía suministrar esos recursos. Y que únicamente en asociación con capital extranjero podríamos sacarlo y venderlo.

Por muchos motivos, como dice mi amigo Joel Ortega, si antes tal vez éramos la última Coca Cola del desierto, hoy hay miles. La reforma energética es una condición necesaria para sacar los hidrocarburos que hay -no creo que sepamos bien a bien cuánto- pero me salta la duda si no se nos pasó también de tueste, y que ya no sea una condición suficiente. Nada de esto es culpa de Enrique Peña Nieto, que ha hecho toda la tarea cuando ha podido hacerla, pero sí de su partido, que se negó sistemáticamente a hacerla cuando pudo. ¿Cómo quedaría el ejercicio contra-factual? ¿Dónde se encontraría México si el PRI, o una parte por lo menos, hubiera accedido a una reforma de esta naturaleza al arranque del sexenio de Vicente Fox o del de Felipe Calderón? ¿Cómo nos hubiera ido con Diego Fernández de Cevallos de presidente en el 94, o con la inversión extranjera en hidrocarburos o electricidad en el 2001 o el 2007? Nunca lo sabremos, pero si dentro de cinco años efectuamos un primer balance del sexenio de EPN, tendremos que hacernos la pregunta. La respuesta encierra un doble enigma. ¿Es infinita la paciencia del tiempo histórico? ¿Los responsables del retraso mexicano se reconocen a sí mismos? Feliz año nuevo a todos.

Lo que sí conocemos ya es el resultado de las encuestas al año de haber tomado posesión Enrique Peña Nieto. Además de la de esta casa, se pueden consultar la de Ulises Beltrán, en Excélsior; la de Francisco Abundis y Parametría; la de Jorge Buendía, en El Universal, y algunas otras de radio o privadas. Todas reflejan la misma tendencia, con campos de variación mayores o menores según la ficha técnica de cada sondeo. Los números son malos y deben ser preocupantes. La aprobación y calificación del presidente y del gobierno han caído entre una cuarta y quinta parte; la evaluación del desempeño gubernamental en temas específicos también, y los augurios negativos para el futuro se han elevado.

La razón inmediata de estas pésimas cifras es obviamente el estado que guarda la economía mexicana. La gente le da más importancia a los problemas económicos que a los de la violencia o la inseguridad, a diferencia del sexenio anterior, salvo en 2009. Ninguno de los acontecimientos del año transcurrido sirven para contrarrestar esta preocupación: ni la detención de Elba Esther Gordillo, ni el Pacto por México, ni las reformas, y en todo caso la llamada reforma hacendaria sólo ha agravado las cosas. Hasta aquí no hay mucho nuevo que decir ni que analizar; un mal año económico genera malos resultados en las encuestas, y punto final. En cambio, las cosas se complican cuando se trata de avanzar un poco más.

Conviene recordar que el mediocre desempeño de la economía, si bien se ha manifestado a lo largo de todo el año, empezó a percibirse con claridad apenas al terminar el primer semestre. Los números de Peña Nieto nunca fueron demasiado buenos: pasó del 38% en la elección presidencial a ligeramente más del 50% días después de la toma de posesión, para estabilizarse en esos niveles hasta que comienza su desplome entre agosto y noviembre. Nunca alcanzó los niveles de Vicente Fox o de Felipe Calderón al arranque de su mandato. Aquí puede hallarse el secreto de su desventura demoscópica.

Desde 1997, el PRI en México tiene un piso electoral -el 25% de Madrazo en 2006- y un techo: entre 40% y 43%, sin el Partido Verde y otros aliados en un par de elecciones de medio periodo. Con su buen comienzo y el optimismo inmortal del mexicano, EPN logró incluso superar esos niveles en las encuestas, aunque por poco y durante poco tiempo. Rápidamente volvió al nivel de confort del PRI, o un poco arriba de ello, en alrededor de 45%. Algunos pueden creer que, para romper ese techo, el PRI tiene que hacer bien las cosas. Yo creo que, para superar ese umbral, el PRI tiene que hacerle olvidar a la gente que es el PRI.

A pesar de los aplausos que en algunos sectores le ha traído a EPN el volver al solemne ritual priísta/presidencialista, mi impresión es que eso sólo complace al entre 40% y 45% que no aborrece al “partidazo”. A todos los demás, el rito PRI les recuerda… al PRI, es decir, fortalece la sensación de que volvieron los de siempre. Los de ahora actúan, por lo menos en las formas, que según ellos son esenciales, como los de antes. Si esto es así, a mayor comportamiento priísta, a mayor ritual solemne, a mayor reverencia por la investidura y los peculiares y anacrónicos estilos de gobernar de un partido del siglo pasado, mayor rigidez del techo y menores probabilidades de corregir esta situación.

Primera: pocos siguen pensando que la reforma constitucional enviada en agosto y que preveía únicamente la posibilidad de compartir utilidades con empresas privadas funcione para detonar el alud de inversiones en el sector energético y más allá del mismo. Todo parece indicar que el gobierno deberá sustituir esa reforma por una de dos: la del PAN que incluye concesiones (disfrazadas de licencias) acomodar al PRD, a saber, quedarse en utilidades compartidas y suprimir los cambios al artículo 28 constitucional. De confirmarse la primera vía, probablemente sería muy bien recibida por los mercados, las empresas petroleras y de servicios, y el sector privado mexicano, pero pésimamente por la izquierda unida que volverá a ser vencida. En cambio, si EPN opta por tratar una vez más de convencer a Cuauhtémoc Cárdenas y a una parte del PRD de aceptar un cambio constitucional acotado, estoy seguro de que no logrará entusiasmar a los mercados.

Segunda: tendrá que haber una reforma político electoral antes que la energética, ya que el paso del tiempo ha demostrado, sorpresivamente para mí, que todo el PAN y buena parte del PRD en el Congreso se han mantenido firmes. Sin una serie de cambios políticos (reelección), electorales (anulación, algún tipo de INE, chequera única) sus votos al gobierno para ningún tipo de reforma energética, ni siquiera para la del propio PAN. Lo cual, confieso, me da buena espina, porque siendo partidario de una reforma energética de fondo, también lo soy de los cambios político electorales. No creo que exista la más remota posibilidad de conseguir los segundos si se le entregan al gobierno antes los votos a la primera.

Tercera: difícilmente podrá excluirse del conjunto de reformas político electorales la legislación secundaria de las modificaciones constitucionales de agosto de 2012, relativas a candidaturas independientes, iniciativa popular y referéndum. Aunque el gobierno y el PRI (que conviene recordarlo: aprobó las reformas de 2012) quisieran excluir la iniciativa popular, ni el PRD ni el PAN están dispuestos a aceptar esta hipótesis. Se entiende por qué el gobierno la busca: cree que sin legislación secundaria, no habrá referéndum en 2015 sobre la reforma energética que se aprobaría ahora o a principios del año entrante. Pero además de que es improbable convencer al PAN de que abandone al PRD en esta materia, eso no impediría el referéndum. Se antoja difícil que la Suprema Corte le dé la razón a una argucia jurídica mezquina, por encima de la evidente intención del Constituyente permanente de agosto de 2012 en lo relativo a estas figuras.

Cuarta: resulta difícil imaginar un escenario en el que no se celebre en algún momento, pero a más tardar en julio de 2015, un referéndum sobre la reforma energética constitucional. La izquierda sí conseguirá las firmas, la reforma constitucional ciudadana de 2012 es una realidad y es demasiado peligrosa para el gobierno y para quien pretenda impedir ese referéndum sobre un asunto de esta envergadura, con tecnicismos leguleyos de clásica estirpe priísta.

La pregunta pertinente es ésta: ¿no le conviene más al país celebrar el referéndum antes, para que si ganamos los que queremos que se abra Pemex, logremos los efectos deseados desde ahora, y si perdemos lo sepamos de una vez? ¿O conviene más esperar año y medio a sabiendas, como ya se ha dicho por varios colegas en estas páginas, que nadie va a invertir un centavo en plataformas de aguas profundas o en fracking, mientras exista el riesgo de que exista una reversión en el 2015?

La primera fue la reacción de la Cámara de los Comunes en Inglaterra ante la solicitud del primer ministro Cameron de acompañar a Estados Unidos, a Francia y a otros países de la OTAN en una acción militar contra el régimen de Al Assad en Siria. Después de un largo debate, Cameron, que dispone de una mayoría en el Parlamento, vio rechazada su solicitud. Hará lo que cualquier gobierno democrático: aceptar su derrota, reagrupar fuerzas, buscar cambiar la correlación de fuerzas y volver a la carga. Tomando en cuenta las dudas esgrimidas por los parlamentarios escépticos.

En un segundo momento, algo parecido le sucedió a Obama ya listo para anunciar el inicio del bombardeo de instalaciones militares sirias. Después de perder el apoyo británico y al percatarse de la oposición interna en la opinión pública y en el Congreso, Obama dio marcha atrás. Prefirió emplazar al Congreso, al pedir permiso para una intervención militar, subrayando que no la consideraba legalmente indispensable. Optó por llevar su propuesta a través de un despliegue de cabildeo y de persuasión como no se había visto en su mandato desde su primera campaña. Todo indica que encontrará el apoyo necesario, pero menguado, restringido y condicionado. Lo reconoce Obama y así lo reconocen y agradecen los distintos sectores de la sociedad norteamericana.

El tercer caso, que no ha funcionado hasta ahora, es el de Francia. El presidente Hollande considera que no requiere autorización de parte de la Asamblea Nacional para actuar junto con Estados Unidos y la OTAN en Siria. Pero un gran número de parlamentarios franceses piensa lo contrario. En este juego de vencidas es difícil saber quién va a ganar, pero a Hollande le está yendo menos bien que a Obama y a Cameron en sus duelos respectivos.

El cuarto caso es, en menor escala, y por razones distintas, la reacción del gobierno de Enrique Peña Nieto a “la calle” de la Ciudad de México (nutrida por los caminos de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y otras entidades). Más allá de las ventajas e inconvenientes de la “reforma educativa” del gobierno y de los méritos o deméritos de la oposición de la CNTE y otros sectores del magisterio a dicha “reforma”, el hecho es que el Congreso no podía dejarse amedrentar por la “calle”, pero el gobierno no podía dejar de tomar en cuenta los sentimientos de “la calle”. Creo que el desenlace, que es una solución de compromiso, ha sido bueno. Se desactivó la protesta, se aprobó la legislación reglamentaria sobre el Servicio Profesional Docente, obviamente con concesiones importantes a “la calle”, y esta etapa del conflicto comienza a superarse. Todo mundo puede sentirse satisfecho del resultado.

Sin embargo, a diferencia de México, las instituciones no se niegan a reconocer que se vieron obligadas a hacerle caso a la “calle”, mientras que en México, las instituciones y los poderes fácticos (Elba Esther no era el único) parecen renuentes a reconocer que hubo una negociación tácita o explícita donde cada quien puso de su parte. Tratar de hacernos creer que la legislación secundaria de la llamada reforma educativa es perfecta, revolucionaria e impoluta, me parece iluso y pueril. EPN haría mejor en seguir el camino de Obama y Cameron que el de Hollande; lo digo a pesar de toda mi francofilia.

Quienes llevamos más de 10 años Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o independientes, o ciudadanas (hacer del término un litigio es infantil) siempre hemos sostenido que si bien a nivel presidencial una candidatura independiente puede revestir un gran interés al colocar temas a debate que candidatos “viables” inevitablemente callan, donde realmente este esquema introduce una mayor dosis de competencia en la arena electoral es a escala local y estatal. En México hay elecciones municipales o para gobiernos y legislaturas estatales cada cinco minutos; el que no se disponga del marco jurídico federal y de los códigos electorales de los estados para que ya puedan presentarse candidatos independientes a presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y gobernadores de los estados es una manera retorcida pero eficaz de burlar tanto la intención del Congreso como los sentimientos de la opinión pública según las encuestas, y los distintos litigios jurídicos nacionales e internacionales que se han dado en estos años.

Ahora bien, pareciera que ya está agendada la aprobación de las leyes reglamentarias federales para las candidaturas independientes para el período extraordinario del 21 al 23 de agosto, tanto de diputados como senadores. Como no se sabe a ciencia cierta qué van a discutir los legisladores en ese período, ni si estarán listos los dictámenes, por ejemplo en esta materia, ni siquiera si ambas Cámaras tendrán la misma agenda, o incluso si realmente habrá período extraordinario, es imposible saber si todo esto va suceder. De no ser así, el asunto se pasaría al período ordinario que empieza el 1o de septiembre y la legislación puede aprobarse algún día en el muy lejano futuro. En ese caso seguiría vigente en los hechos la prohibición mexicana a las candidaturas independientes.

Han circulado versiones tanto en la prensa y en los pasillos de las Cámaras como en la iniciativa que reforma el Cofipe presentada el 24 de julio de 2013 por senadores del PAN y PRD, que ya hay un acuerdo sobre los tres puntos más importantes de esta legislación: el número de firmas necesario para inscribir una candidatura independiente, que sería 0.13% del padrón de la entidad en cuestión (República, estado, municipio, o distrito electoral federal o estatal); acceso a financiamiento (una parte indexado al porcentaje del voto que obtuvo el candidato de menor votación en los comicios anteriores); y acceso a medios (una fórmula semejante cuyo detalle desconozco). Se calcula que para inscribir una candidatura independiente a la Presidencia se necesitarían 240,000 firmas, una cantidad accesible.

Si esto sucede en el período extraordinario, habrá culminado lo que en mi caso y en el de los abogados Gonzalo Aguilar Zinser, Fabián Aguinaco y Santiago Corcuera ha sido un proceso, en el que nos han acompañado muchos amigos, frustrante, arduo y al final gratificante. Habrá tardado más de lo que yo esperaba; se habrá consumado por una vía algo retorcida; pero al fin lo que se decía que no era factible ni deseable, se habrá impuesto. El tiempo nos dio gusto y, a la mejor, hasta la razón.