Se puede uno preguntar hoy si la demanda valió la pena; si el resultado justifica el esfuerzo empeñado; y si no hay algo que México pueda hacer en casos como éste. Primero los antecedentes. En el caso AVENA, en realidad se agrupaba a 51 mexicanos condenados a muerte en EU, y que no habían podido ejercer su derecho de que las autoridades estadounidenses notificaran al consulado de México más cercano de su detención y de los cargos imputados.

Esa demanda, que tuve el honor de diseñar, impulsar y firmar en mi último acto como secretario de Relaciones Exteriores, se basó en un principio parecido al que al final del día contribuyó a que Florence Cassez fuera liberada exactamente hace un año. Un mexicano en apariencia culpable, en manos de un defensor de oficio hostil e incompetente, sin traductor, sin apoyo de su familia o de los funcionarios consulares mexicanos, puede no gozar del debido proceso que tendría si contara con todas estas prerrogativas. Si Cassez hubiera tenido acceso al Consulado de Francia desde el primer momento de su arresto, otro gallo hubiera cantado. Por eso la ministra Olga Sánchez Cordero insistió tanto en este tema en su ponencia ante la SCJN a principios del 2013. Si Edgar Tamayo hubiera contado con la traducción, la asesoría legal y el apoyo en general del Consulado de México en Houston, quizás de igual manera hubiera sido condenado, más no a la pena capital, con la que concluyó su vida. Aguas: no se puede invocar la Convención de Viena allá, y despreciarla aquí.

La protección consular en México, en EU o en el mundo no es asunto menor. Tampoco lo es que Texas invoque una soberanía propia y una supuesta “no firma” suya de la Convención de Viena para ignorar la recomendación del secretario de Estado John Kerry, o en casos anteriores del presidente texano Bush, de por lo menos llevar a cabo, como lo indica el fallo de la CIJ, una revisión del caso, procurando determinar si la protección consular hubiera desembocado en un desenlace diferente. Es de suma importancia subrayar este aspecto. Nadie afirma que los 51 mexicanos afectados por el caso AVENA hayan sido culpables; se afirma que la pena de muerte es un castigo por definición irreversible, y no debe aplicarse sin el respeto a las obligaciones internacionales y nacionales del debido proceso.

En los casi 10 años transcurridos desde La Haya, “sólo” han sido ejecutados 4 mexicanos. Son 4 de más, pero también son 47 que no lo han sido. Tres gobiernos de México han hecho lo posible para que estas tragedias no se repitan. El actual alentó que las violaciones mexicanas a la Convención de Viena tuvieran consecuencias, en el caso Cassez. La Cancillería ha estudiado la forma de convencer -y en parte lo ha logrado- al gobierno de EU de que legisle en su Congreso la obligación para que los estados de la Unión Americana cumplan con los tratados firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Quizás a partir del trágico término de la vida de Edgar Tamayo, convenga insistir aún más en Washington, esto en el entendido de que pasarán años para que se logre. No sería un mal tema a tratar por Peña Nieto con Obama, al reunirse en Toluca el 19 de febrero.