Según las estadísticas gubernamentales el número de homicidios dolosos en el 2013 bajó alrededor de 15% con relación al 2012, año en el cual a su vez se produjo un decremento con relación al 2011, el año pico de la guerra. Esperaré los análisis de colegas como Fernando Escalante y Eduardo Guerrero sobre la validez y exactitud de las cifras proporcionadas, sobre todo en lo que toca a su valor comparativo frente a años anteriores. Si dos noticias publicadas por un diario nacional son ciertas, sería lógico, o por lo menos consistente con la explicación que algunos hemos dado del incremento de la violencia, que empiecen a disminuir por lo menos los homicidios dolosos. El día 6 de septiembre, Milenio informó que según la Sedena, desde principios de año y de nuevo en marzo, las Fuerzas Armadas desmantelaron más de la mitad de sus retenes. Pasaron de 126 a 81 el 21 de diciembre, y en marzo a solamente el 50% de los de 2012.

Si el detonante de la violencia fue la declaración de guerra de Calderón y no el crecimiento desmedido del narco en los sexenios anteriores, y si se concluye que los retenes militares fueron uno de los detonantes de la violencia al tratarse de los puntos de mayor fricción con la sociedad, desmontar los retenes puede contribuir a un menor número de muertes, cualesquiera que hayan sido las condiciones exactas de los mismos.

Asimismo, el 2 de noviembre, el Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en 2012 descendió en un 74% el número de denuncias por crímenes vinculados al narcotráfico: “De enero a agosto se han reportado 6 mil 242 delitos relacionados con la manufactura, fabricación, elaboración, preparación o acondicionamiento de algún narcótico, así como por su comercialización, venta y compra [...] En 2012 se tenía registro de 24 mil 177 delitos de este tipo…”.

Hay dos posibilidades: que la producción, el comercio y el consumo de drogas haya menguado en ese mismo porcentaje y por eso ha caído el número de denuncias -algo no poco probable: imposible- o que los gobiernos federal y estatales hayan tomado una decisión más o menos deliberada de “irle bajando” a la guerra contra el narco. Si reducir la persecución de denuncias vinculadas a la droga no equivale a negociar con el narco o entregarles la plaza, sí puede responder a una decisión de dedicarle menos recursos humanos y materiales y menos voluntad política a ese esfuerzo. De ser el caso, también sería lógico que disminuyera el número de homicidios y la violencia en general.

En pocas palabras, si la estrategia ha consistido en retirarse de la guerra y concentrarse en algunos casos específicos como Michoacán, lo sorprendente no sería que cayera el número de homicidios dolosos, sino que subiera. No hay ninguna seguridad de que esta tendencia se sostenga, y es posible que por distintas razones las ejecuciones vuelvan a proliferar. Los ejecutómetros de periódicos como éste y otros siguen reflejando una tendencia a la baja y a la vez incrementos esporádicos inesperados y difíciles de explicar.

Asimismo, es posible que el gobierno de Enrique Peña Nieto no resista las presiones procedentes de varios frentes para volver a la carga, y que vuelva a la guerra. Por lo pronto, si estas noticias son ciertas y se confirma el descenso del número de homicidios dolosos por 100 mil habitantes, será parte de un balance positivo de Peña Nieto. Con dos salvedades: seguimos muy por arriba de 2006, 2007, 2008 y 2009. Y no hay muchos elementos adicionales de balance positivo.