La explicación legal del flujo es sencilla. Desde 2002, cualquier menor de edad detenido en Estados Unidos sin papeles debe ser remitido al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), a más tardar a 72 horas de haber sido aprehendido. En menos de un mes en promedio, debido a la exigüidad de los centros de detención para un flujo de esta magnitud, son liberados y entregados a familiares en EEUU, mientras se lleva a cabo su juicio de migración. Para todos los fines prácticos, cualquier menor de edad que entre a EEUU sin papeles tiene una muy alta probabilidad de permanecer ahí durante años antes de ser deportado, y en condiciones de legalidad. En el ejercicio pasado, de los 50 mil migrantes menores de edad detenidos por la Patrulla Fronteriza, sólo 2 mil fueron devueltos a sus países de origen.

Cuando los gobiernos de Estados Unidos y México anuncian que los polleros engañan a los pollos al esparcir el rumor de que los niños enviados a EEUU podrán permanecer ahí legalmente, engañan también. Si llegan a la frontera y se entregan a las autoridades norteamericanas, habrán logrado lo que millones de adultos indocumentados aún no logran: la legalización en EEUU. En las últimas semanas, un número creciente de menores de edad, acompañados por sus madres u otros familiares femeninos, han atiborrado los centros de detención acondicionados para ese propósito por Washington y los gobiernos estatales.

Hace bastante sentido que un coyote, si es parte del crimen organizado, divulgue la buena nueva de que, pagando de 6 a 7 mil pesos, una madre hondureña o salvadoreña puede mandar a sus hijos a Estados Unidos con buenas posibilidades de llegar sanos y salvos. O no tan sanos ni tan salvos, ya que en el camino les suceden todo tipo de atrocidades. Pero de alguna manera, con cínica resignación ante las privaciones que imperan en sus países, los padres descuentan este costo y lo incorporan al precio que se le paga al coyote.

Se entiende que el gobierno de Obama no encuentre solución interna al problema. Las únicas posibilidades jurídicas implicarían o bien la derogación de la ley de Bush de 2002, que obliga a remitir a los menores de edad al HHS, o bien cambiar el procedimiento y realizar la comparecencia al principio de la estancia en EEUU, como sucede con adultos. Esto entrañaría un enorme aumento en el número de jueces, de abogados defensores pro bono, y encontrar a quién entregar a los niños en sus países de origen.

En vista de estas dificultades, es comprensible que Washington prefiera que el problema se atienda en Centroamérica, o en el país de tránsito: México. Como difícilmente van a cambiar las circunstancias vigentes en Centroamérica -violencia, inseguridad, desempleo, pandillas- el vicepresidente Biden les pidió seguramente a los mandatarios centroamericanos que detengan la salida y entrada de menores de edad de sus respectivos países. Tal vez, Obama le pidió lo mismo a Peña Nieto en su conversación telefónica.

Nada de esto es posible ni deseable. Ninguno de los países puede sellar sus fronteras. Si accediéramos a hacer el trabajo sucio de los norteamericanos, proliferaría la corrupción, la extorsión, las violaciones a derechos humanos, por parte de aparatos estatales inaptos para estos propósitos. Que Estados Unidos resuelva su problema, ya que saben muy bien cómo: una ambiciosa reforma migratoria, en lugar de extender la guerra contra las drogas a la guerra contra los niños.

Para empezar, como lo señaló el comunicado emitido por la SRE el 9 de junio, y como lo dijo el mismo Peña Nieto en su intervención este lunes, se trata de un cargo pro bono u honorario, es decir, sin remuneración alguna por parte de México o de Francia. En segundo lugar, es un cargo sin prestaciones, y sin financiamiento de gastos por los gobiernos de México y Francia. Éste fue el caso también del llamado Grupo de Alto Nivel que se creó a principios del sexenio anterior y que se desempeñó con éxito hasta que sucediera la debacle Cassez. No tengo nada en contra de ejercer cargos remunerados y con prestaciones en el sector público; lo he hecho y no me haría de la boca chica si surgiera una nueva oportunidad de hacerlo. Pero en esta ocasión no es el caso.

Me propuse contribuir a reparar y posteriormente a mejorar las relaciones económicas, financieras, culturales, educativas, y en su caso políticas, entre México y Francia porque soy uno de los últimos francófilos de verdad en este país. Dependiendo de la manera en que se hagan las cuentas, se puede estimar que hoy el número de becarios mexicanos en Francia no alcanza la cifra de 150; más turistas mexicanos visitaron Francia el año pasado que franceses a México, según explicó Peña Nieto en Palacio el lunes. Cada día son menos las personas de mi edad o mayores que cursaron estudios de secundaria, preparatoria, licenciatura y doctorado en Francia, que mantengan una relación afectiva, familiar o profesional con Francia, o que hayan intervenido en los momentos estelares de la cooperación franco-mexicana en cualquiera de los ámbitos que mencionamos. Con el fallecimiento de Carlos Fuentes el año pasado, desapareció quizás el último gran intelectual mexicano “afrancesado”, en el mejor sentido del término.

Después de mis estudios y mis años vividos en París, pude participar en los dos momentos sobresalientes de la cooperación diplomática entre México y Francia en los últimos 35 años: la declaración franco-mexicana de 1981 sobre El Salvador, y el trabajo al alimón en el Consejo de Seguridad en 2002 y en 2003 con Francia ante la inminente guerra en Irak. En lo tocante a lo primero, Salvador Samayoa, el principal negociador salvadoreño de la declaración, escribió en su libro: “la idea original [de la declaración franco-mexicana] fue elaborada, con gran sentido de oportunidad, por el hijo del canciller de México, Jorge Castañeda…”. Y la relación que desarrollé con mi colega Dominique de Villepin desde Tlatelolco y después fue la base de la postura común de ambos países en el Consejo de Seguridad, de no brindarle a Estados Unidos la cobertura legal de la ONU para su ya resuelta intervención en Irak.

Pude incidir de manera más indirecta y mucho menos decisiva en el desenlace del affaire Cassez, y probablemente no habrá opciones en el futuro para volver a influir como lo pude hacer antes. Pero lo bailado con Francia no me lo quita nadie, y por eso quiero seguir por lo menos tarareando La Marseillaise.