En este tipo de dilemas, suele suceder con gran facilidad que la comentocracia nacional y extranjera proponga o critique medidas de manera muy simplista: “hay que…”; “no hay que…”; “basta con…”. La mayoría de estos desplantes son inútiles, exasperan a las autoridades y carecen de la más mínima viabilidad. Quienes hemos tenido el privilegio de ocupar responsabilidades gubernamentales, directa o indirectamente, sabemos que no hay buenas soluciones para una crisis como ésta y que lo último que sirve son ideales geniales sin información o reflexión. Todas las soluciones de corto plazo son malas, todas las buenas son de largo plazo; todas son caras y todas atraen conflictos con nuestros vecinos de frontera. Con este ánimo, me atrevo a formular algunas sugerencias muy generales:

1. Siempre fue falsa la tesis de que la reforma migratoria norteamericana es un asunto de política interna de aquel país, pero ahora la falacia aparece con mucha mayor claridad. Los niños se encuentran en albergues o centros de detención esparcidos a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, pero provienen de tres países centroamericanos y transitan por México. Tan sabe Washington que la crisis no tiene soluciones internas que despacharon al vicepresidente Biden a Guatemala para tratar con mandatarios de la región; Obama le habló a Peña Nieto para lo mismo; el embajador Wayne visitó la frontera sur de México para lo mismo; y los norteamericanos seguirán negociando con todos estos gobiernos semanas y meses para encontrar salidas México discute con Europa y con Centroamérica; ojalá pronto Peña Nieto se pronuncie al respecto dentro de Europa, de preferencia en Washington, pero si no por lo menos en California y Texas.

2. El peor enemigo de cualquier gobierno en este tipo de coyunturas es la opacidad o el silencio. Las autoridades mexicanas deben de avisar a la sociedad mexicana qué nos piden los norteamericanos; qué nos solicitan los centroamericanos; qué estamos dispuestos a aceptar de ambas demandas, y qué no. Tratar de mantener todo esto en secreto no sólo es inmoral, es contraproducente. Nadie controla las filtraciones procedentes de Washington, ni a la prensa norteamericana; si los medios y el Congreso de México no hacen su trabajo, allende el Bravo sí lo hacen. Si el gobierno de México no informa, cuando venga la primera concesión mexicana, o el primer conflicto con EU, se encontrará desarmado ante la opinión pública, que con razón lo censurará.

3. A todos los gobiernos les sucede que sus planes tan meticulosamente elaborados de prioridades y secuencias se ven trastornados por acontecimientos imprevistos. Nadie puede culpar a Obama por no haber vaticinado las crisis en Irak, Ucrania o Palestina, ni a Peña Nieto por la de los niños. Pero aferrarse al calendario y a la jerarquía previa de temas, una vez que esos sucesos inesperados se producen, es imprudente. Hoy es más importante en México atender este asunto que promover las reformas de Peña Nieto en Asia, Medio Oriente o sepa Dios dónde. Hoy es más urgente ir a Estados Unidos -a California y Texas pero también Washington y Nueva York-, que a otras partes del mundo, o a seguir multiplicando ad nauseam las reuniones de gabinete en eventos rituales, innecesarios y distractores. Hoy es más importante atender a Centroamérica que a Venezuela, a Honduras que a Cuba, a nuestros paisanos en Estados Unidos que a China, y a los niños migrantes que a los jeques de Jordania.

Entiendo la irritación que a muchos brasileños les provoca lo que podría parecer una campaña de la prensa internacional o, como dijo Lula, “de los medios norteamericanos y británicos en particular”, destacando los defectos, demoras o riesgos inherentes a la organización de dos eventos gigantescos: la Copa y la Olimpiada. Tienen algo de razón en molestarse por la superficialidad de la cobertura de las revistas y diarios de esos países, y también de la televisión, exceptuando a la BBC, y en exigirles que sean más serios y, sobre todo, empeñosos en su labor, y de no reportear únicamente desde el hotel sin salir a la calle. Creo que eso es lo que quiso decir Lula en su discurso en Porto Alegre hace días, cuando arremetió contra la prensa extranjera y, de paso, le dio un raspón al supuesto Mexican Moment de Enrique Peña Nieto. Lo cual, como era de esperarse, ha provocado todo tipo de reacciones indignadas en México.

Si Lula tiene razón en denostar hoy a la prensa extranjera, también la habría tenido hace cinco años, cuando la misma y, en particular, las publicaciones norteamericanas y británicas -Financial Times, Economist, New York Times, Wall Street Journal- pintaban un paisaje brasileño casi idílico y presentaban un caso mexicano desastroso. En aquella época -2009-, Héctor Aguilar Camín y yo nos permitimos señalar en uno de nuestros libros que los números mexicanos eran muy parecidos a los brasileños -a lo largo de los últimos 20 años, bastante mediocres- y que México superaba a Brasil en algunas categorías importantes, como el PIB per cápita, la tasa de inversión sobre el PIB, la menor violencia y un mayor Índice de Desarrollo Humano. También decíamos que Brasil ensanchaba su clase media a un ritmo más acelerado que México.

En el ínterin, la violencia en México subió hasta alcanzar, en 2011-2012, el mismo nivel de homicidios dolosos por 100 mil habitantes que Brasil. Si bien crecimos más que el Brasil del llamado “Milagro Brasileño”, en 2013 ellos crecieron al doble de nosotros. Pero, con el paso del tiempo, se parecen mucho los registros del electrocardiograma económico de ambos países: planos, con algunos años buenos. Hoy, Lula acierta en parte; hace 3 ó 4 años acertábamos nosotros, en parte. Una cosa, sin embargo, es la fabricación de una narrativa por los medios internacionales, y cómo los gobiernos llegan, primero, a promoverla; segundo, a congratularse de ella, y, tercero, a creérsela.

A aquellos en México que le responden a Lula que su crítica al desempeño económico mexicano es por ardor y el Mundial, me permitiría sugerirles que, al igual que Lula, dirijan parte de su ira contra esos medios que han reducido la calidad de sus corresponsales, han despachado a enviados especiales en lugar de corresponsales para ahorrarse dinero, agudizando la superficialidad de su cobertura, y se han unido a veces a manipulaciones en bolsa por bancos y empresas de sus países a quienes les puede convenir elevar o disminuir el valor del papel mexicano o brasileño. Espero no tener que leer dentro de algunos años una declaración de algún alto funcionario mexicano criticando a los medios extranjeros por exagerar su pesimismo sobre el panorama mexicano. El momento de juzgar a la prensa, la radio y la televisión internacional en su análisis de lo que sucede en México es ahora, no antes ni después.

“Recibo la orden del Águila Azteca con dos sentimientos que no suelen andar juntos: el orgullo y la gratitud. Se formaliza de este modo el vínculo entrañable que mi esposa y yo hemos establecido con este país que escogimos para vivir desde hace más de veinte años. Aquí han crecido mis hijos, aquí he escrito mis libros, aquí he sembrado mis árboles.  

“En los años sesenta, cuando ya no era feliz pero aún seguía siendo indocumentado, amigos mexicanos me brindaron su apoyo y me infundieron la audacia para seguir escribiendo, en circunstancias que hoy evoco como un capítulo que se me olvidó en Cien años de soledad. En el decenio pasado, cuando el éxito y la publicidad excesiva trataban de perturbar mi vida privada, la discreción y el tacto legendario de los mexicanos me permitieron encontrar el sosiego interior y el tiempo inviolable para proseguir sin descanso mi duro oficio de carpintero. No es, pues, una segunda patria, sino otra patria distinta que se me ha dado sin condiciones, y sin disputarle a la mía propia el amor y la fidelidad que le profeso, y la nostalgia con que me los reclama sin tregua.

“Pero … el honor que se confiere a mi persona no solo me conmueve por tratarse del país donde vivo y he vivido. Siento, señor presidente, que esta distinción de su gobierno honra también a todos los desterrados que se han acogido al amparo de México. Sé que no tengo representación alguna, y que mi caso es todo menos que típico. Sé también que las condiciones actuales de mi residencia en México no son las mismas de la inmensa mayoría de los perseguidos que en esta última década han encontrado en México un refugio providencial. Por desgracia, perduran aún en nuestro continente tiranías remotas y masacres vecinas que obligan a un destierro mucho menos voluntario y placentero que el mío. Hablo en nombre propio, pero sé que muchos se reconocerán en mis palabras.

Gracias, señor, por estas puertas abiertas. Que nunca se cierren, por favor, bajo ninguna circunstancia”.

En esos días de terrible crisis económica, también se debatía el país ante la llegada masiva de refugiados salvadoreños y guatemaltecos. Después de un serio tropiezo en 1981 cuando deportó a miles de guatemaltecos en Chiapas, JLP permitió la entrada de decenas de miles. A esos, a los españoles y cono sureños, se refiere GGM en su discurso. Cuando exhorta a JLP a nunca cerrar las puertas, se refería de manera previsora a lo que vendría después: la reubicación de los guatemaltecos y un mayor número de deportaciones. Era un discurso de agradecimiento, de reconocimiento y de advertencia.

A GGM no le gustaban los discursos. En particular, rara vez aparecían tantas referencias a sí mismo como en el aquí citado, más de tribuno francés que de novelista colombiano. Solía solicitarles a amigos notas o sugerencias para esos escasos discursos; a veces se ceñía al texto propuesto, a veces no. Sería interesante, ya que EPN lo cita tan atinadamente, saber si a alguien le pidió notas para ese discurso, y si las incluyó.

Entonces, ¿por qué las rigideces tan severas en materia de encuestas y de desempeño de la economía en su conjunto? Hay algo aquí que conviene analizar aunque sólo sea de manera preliminar, entendiendo que no llevamos ni medio sexenio de EPN pero tampoco sólo unos meses. Empecemos por las encuestas.

Leo Zuckermann ya lo ha explicado en su columna. Los últimos números de EPN no sólo siguen siendo malos, sino que han caído por debajo de sus niveles anteriores. Tanto en aprobación como en calificación y en desempeño por distintos quehaceres gubernamentales, las cifras se mantienen cerca de donde se encontraban al principio del sexenio, y análogas al techo de simpatías priístas en el país, que desde hace 17 años no rebasa el 40% de los mexicanos. Obviamente hay muchas explicaciones de este fenómeno, y la más importante es la económica, pero también el marcado perfil priísta del peñismo. Entre más se acerque EPN al PRI, más se gana la antipatía de los antipriístas, que no lo juzgan como presidente: lo malquieren por priísta.

La misma rigidez se observa en el comportamiento de la economía. En la toma de posesión, se pronosticaba un sólido crecimiento para 2013; conforme transcurrió el año, las estimaciones se redujeron y proliferaron las explicaciones: la debilidad de la recuperación en Estados Unidos, el insuficiente gasto público, la crisis de la industria de la construcción, entre otras. Hacia el último trimestre de 2013, de nuevo brilló la esperanza: ahora sí vamos a crecer, se terminó el subejercicio del gasto público, va a llegar la inversión extranjera y se van a reponer las vivienderas. Al acercarnos al final del primer trimestre del segundo año, nada de eso ha sucedido. Las cifras siguen malas. ¿Qué tan malas? No lo sabemos todavía, más que por indicadores adelantados, como las ventas de Walmart, la creación de nuevos empleos, los datos que el propio gobierno ha entregado de inversión extranjera directa (restando la venta de modelo del año pasado) y el prolongado letargo del crecimiento económico norteamericano. Esto puede cambiar, pero por ahora no se vislumbra un crecimiento este año ni siquiera de 3%; algunos pronósticos sugieren una tasa más cercana al 2.5%. Si esto sucede, el primer tercio del sexenio de EPN habrá tenido un crecimiento anual promedio de menos de 2%.

¿Qué pasa? Difícil saberlo a ciencia cierta, más que si repetimos los lugares comunes, innegables pero insuficientes: la violencia y la inseguridad, la baja productividad mexicana, la magra inversión pública, una relativa huelga de inversión del sector privado, la falta de confianza del empresariado nacional e internacional ante un futuro incierto. De la misma manera que puede haber una especie de tope estructural en lo tocante a la simpatía priísta en México, es muy probable que nos encontremos hoy, ya después de 20 años del TLCAN, de 8 años priístas y 12 panistas, de un entorno internacional favorable -1994 a 2000- y desfavorable -crisis 2008- ante un techo estructural del crecimiento mexicano. EPN y su equipo han apostado que las reformas bastarán para demolerlo. Es posible. Pero el puro anuncio de las reformas ni siquiera lo astilló.

Se trata de un cambio importante y positivo. No sé cuántos seamos, pero algunos estamos totalmente a favor de la reforma energética de Peña Nieto, y a la vez a que se someta a una consulta popular vinculante. La discusión jurídica sobre la misma tendrá lugar en los meses que vienen y en caso de no haber un acuerdo político, será zanjada por la Suprema Corte. Pero si se llegara a un entendimiento entre por lo menos una parte de la izquierda y el gobierno sobre los puntos torales, representaría un gran avance para todo el mundo.

Algunos buenos amigos legisladores priístas me han comentado que independientemente de lo que diga el nuevo artículo 35 de la Constitución, fracción VIII, tercer párrafo, la Constitución no puede ser modificada por la vía de la consulta popular. La razón que esgrimen es que el artículo 135, sólo prevé una vía para cambiar el documento de 1917, a saber, “por el voto de las dos terceras partes [del Congreso de la Unión] y por la mayoría de las legislaturas de los Estados”. Pero esta interpretación presupone otra, no necesariamente correcta.

El nuevo artículo 35, fracción VIII, segundo párrafo dice así: “Cuando la participación total corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales…”. El Congreso se vería obligado a modificar la Constitución o las leyes por mandato de la consulta, aunque la consulta en sí misma no modifique ni la Constitución ni las leyes. Agradezco a Guadalupe Acosta Naranjo esta aclaración. Ahora bien, ¿por qué puede uno pensar que las nuevas disposiciones del artículo 35 se aplican a reformas constitucionales? Por la redacción del tercer párrafo de la misma fracción del mismo artículo: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”.

Si la Constitución estipula qué partes de sí misma no pueden ser objeto de consulta, por definición todas las demás sí pueden serlo. Si insistiera el gobierno y el PRI en rechazar la consulta sobre energía, su único argumento sería por “ingresos y gastos del Estado”. Como Pemex paga impuestos -y muchos-, y como gasta dinero -y mucho-, y pertenece al Estado, podría en una interpretación muy laxa de estas palabras entenderse que la consulta no fuera aplicable.

Pero esta interpretación, además de ser marrullera y éticamente dese-chable -casi todo en la vida tiene implicaciones fiscales-, abre la puerta a un escenario aún peor. Como lo explicó hace unos días en “Es la hora de opinar”, Carlos Elizondo, si el artículo 35 no se aplica a la Constitución, entonces por fuerza se aplica a las leyes secundarias, ya que no tendría sentido una reforma que no se aplicara a nada. En ese caso se podría recurrir a la consulta popular para cambiar todas las leyes secundarias que en teoría aprobará pronto el Congreso en materia energética. Se trataría de una verdadera pesadilla para el Congreso, para los inversionistas, y sobre todo para el país. Prefiero una consulta sobre la Constitución y que la reforma de EPN pase la prueba del añejo: la de las urnas.

Como ya se ha comentado aquí, concentrar los recursos humanos y materiales disponibles en la lucha contra el secuestro, la extorsión, el asalto en vía pública y en domicilio, en un país con recursos escasos, implica cambiar el acento y de alguna manera replegarse en la lucha contra el narco. No sabemos si esto ha sucedido, en parte por buenas razones -el gobierno no tiene por qué andarlo diciendo-, en parte porque los medios no hacen su trabajo -no nos reportan cuántos retenes se han desmontado, cuántas tropas siguen en las carreteras y fuera de sus cuarteles, en dónde se encuentran los contingentes de la Policía Federal- y en parte porque los resultados de esta posible táctica novedosa tardarán en notarse. Ojalá así sea: nada tendría más sentido que combatir la extorsión, en particular en Michoacán, y dejar que los narcos, grandes o chicos, desarrollen con la mayor libertad posible su vocación originaria: cultivar amapola y marihuana, e instalar laboratorios de metanfetaminas.

Pero hay dos problemas, más o menos serios. Todos los datos disponibles sugieren que durante estos 14 meses, los secuestros y la extorsión han aumentado, tal vez incluso de manera dramática, mientras que no sabemos si la presión sobre el narco ha disminuido, y los homicidios dolosos en general y vinculados a la guerra contra el crimen organizado apenas han disminuido, y más bien lo han hecho siguiendo la tendencia iniciada en 2012. La mejor prueba de ello es el anuncio por parte del secretario de Gobernación de una “nueva estrategia contra el secuestro”, la enésima, y el nombramiento de un nuevo “zar antisecuestros”, y una imaginativa mecánica antiextorsión en Michoacán, a saber, aliar al Ejército con las autodefensas para golpear a Los Templarios extorsionadores. Para que funcione la estrategia de combatir la violencia que afecta a la gente y poner en un segundo plano el combate al narco, necesitamos algunos comprobantes: que disminuyan los secuestros y la extorsión con relación a 2012, que disminuyan los decomisos y quemas de estupefacientes ilegales, que aumenten las exportaciones de origen nacional o in bond a Estados Unidos y que se produzca una reducción significativa de los homicidios dolosos en relación ya no sólo al pico de 2011, sino a los años previos a la guerra de Felipe Calderón.

El segundo problema es que esta nueva estrategia, para verse realmente eficaz, tendría que explicar el origen y la lógica del incremento de los secuestros y de la extorsión. Ambos son inconfesables. Por una sencilla razón: no parece haber explicación alterna al aumento de secuestros y de la extorsión que la propia guerra, incluso, si se quiere, su éxito paradójico. Es altamente probable que el crimen organizado, al verse presionado en su actividad más lucrativa y preferida, a saber, el narcotráfico, optó por desplazarse hacia el secuestro y la extorsión, entre otras maldades. La pregunta que muchos en México nos hacemos hace varios años es: ¿para qué diablos tener un éxito así? ¿No era preferible el fracaso?

Hoy los protagonistas más capaces del PRI, como los que se encuentran en el gobierno, o Manlio Fabio Beltrones y David Penchyna en el Congreso, reconocen de una manera u otra que quizás la reforma de fondo ahora aprobada pudiera haberlo sido doce o seis años antes. Saben bien, porque allí estuvieron, que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, con las habilidades y torpezas de cada uno, se propusieron una abertura a la inversión privada en CFE y Pemex, y que fracasaron porque el PRI no quiso regalarles esa medalla. Especialistas de gran talento y simpatía por México como Daniel Yergin postulan, posiblemente con razón, que sólo un presidente del PRI hubiera podido enterrar la herencia del PRI: Nixon en China, como nos lo anunció Enrique Peña Nieto en La hora de opinar hace casi dos años. Todos concluyen, de alguna manera, que fue una lástima que todo esto -lo cual, como ya dije, aplaudo y aquilato- no haya sucedido antes, pero lo esencial es que haya acontecido ahora. ¿Y si no? ¿Podrá pasar lo mismo que con la transición a la democracia, o la apertura de la economía?

Algunos, desde el 2003, sostuvimos que México debía encontrar el mecanismo jurídico, financiero y de gestión de proyectos, para incrementar de modo dramático nuestra producción y exportación de hidrocarburos en el corto plazo. Argumentamos que con los recursos procedentes de ese aumento, debíamos construir la infraestructura, la educación y la red de protección social que el país exigía y merecía. Planteamos que por diversas razones -los precios, el cambio climático, el descubrimiento de otros yacimientos en otros países, con otras tecnologías- no disponíamos de una eternidad para “sembrar” nuestro petróleo y gas natural. Pocos -y mucho menos que nadie, yo- sabíamos nada del shale, ni podíamos prever que los precios del crudo se mantendrían a los niveles de hoy tanto tiempo o que bajaran los del gas como ha ocurrido. Pero sí parecía evidente que necesitábamos crecer más; que carecíamos de los recursos necesarios para invertir con esa meta; y que sólo el petróleo y el gas, en las aguas profundas del Golfo, en el litoral de Tabasco, en Lancahuaza, y quizás en la Cuenca de Burgos, nos podía suministrar esos recursos. Y que únicamente en asociación con capital extranjero podríamos sacarlo y venderlo.

Por muchos motivos, como dice mi amigo Joel Ortega, si antes tal vez éramos la última Coca Cola del desierto, hoy hay miles. La reforma energética es una condición necesaria para sacar los hidrocarburos que hay -no creo que sepamos bien a bien cuánto- pero me salta la duda si no se nos pasó también de tueste, y que ya no sea una condición suficiente. Nada de esto es culpa de Enrique Peña Nieto, que ha hecho toda la tarea cuando ha podido hacerla, pero sí de su partido, que se negó sistemáticamente a hacerla cuando pudo. ¿Cómo quedaría el ejercicio contra-factual? ¿Dónde se encontraría México si el PRI, o una parte por lo menos, hubiera accedido a una reforma de esta naturaleza al arranque del sexenio de Vicente Fox o del de Felipe Calderón? ¿Cómo nos hubiera ido con Diego Fernández de Cevallos de presidente en el 94, o con la inversión extranjera en hidrocarburos o electricidad en el 2001 o el 2007? Nunca lo sabremos, pero si dentro de cinco años efectuamos un primer balance del sexenio de EPN, tendremos que hacernos la pregunta. La respuesta encierra un doble enigma. ¿Es infinita la paciencia del tiempo histórico? ¿Los responsables del retraso mexicano se reconocen a sí mismos? Feliz año nuevo a todos.

Enrique Peña Nieto (EPN) y su equipo le apostaron todo a la reforma energética, y más allá del éxito que encuentre, o de la magnitud del boom de inversiones que pueda arrojar, han mostrado una concentración y una disciplina suficiente para lograr su objetivo, que es encomiable. El PAN, por su lado, ha insistido desde un principio en que no habría reforma energética sin reforma político-electoral, y al aferrarse por lo menos en algunas de sus demandas tradicionales más importantes en materia político-electoral, y no rajarse, mostró también que se le ha ido quitando lo miedoso o lo pusilánime. Asimismo, hay que reconocer, aunque en menor medida, el esfuerzo de algunos senadores del PRD que supieron ayudar a hacer avanzar la reforma político-electoral, aun estando en contra de la reforma energética.

Lo esencial de la reforma político-electoral estriba, para mí, en la reelección de diputados, senadores y presidentes municipales, absurdamente acotada por los prejuicios del PRI a propósito de trásfugas o renegados; en el principio del INE, más allá de sus detalles, que pueden adolecer de todos los vicios que se han descrito con elocuencia en estas páginas; y de la legislación secundaria de las cartas ciudadanas constitucionales del año pasado, que si bien no forman stricto sensu parte del paquete actual, sí constituyen avances muy importantes: consulta popular y candidaturas independientes (todavía pendiente).

De haber sido requerido para expresar mi opinión, le hubiera sugerido al PAN plantarse en la segunda vuelta en su proyecto, o al menos en una versión intermedia que, en vista del compromiso de EPN con la reforma energética, tal vez sí hubiera salido. No es lo de menos pero los partidarios de esta reforma debemos darnos por bien servidos, incluso sin segunda vuelta. Ante todo, si el nexo entre ambas reformas, a saber, la consulta sobre PEMEX en el 2015, se celebra sin cortapisas. Votaré a favor, pero quienes se oponen deben tener el derecho de votar en contra.

Falta que los priístas no hagan trampas: ni con la consulta, ni con las candidaturas independientes, ni metiéndole más limitaciones a la reelección, que debió haber sido inmediata. El prurito de que no se legisla para el bien propio es en parte cierto y en parte falso. Hasta donde recuerdo, todos los cambios en América Latina desde mediados de los años ochenta, que permitieron la reelección presidencial -Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Cardoso en Brasil, Uribe en Colombia, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia, Ortega en Nicaragua-, para bien o para mal, se aplicaron a los presidentes salientes. No legislaron pero sí firmaron.

Lo esencial de la reforma energética, en mi opinión, son obviamente las licencias y/o concesiones o como se les quiera llamar. Creo que el PRD y Ernesto Cordero tienen razón: licencias=concesiones. Y qué bueno. Sin eso, la reforma quedaba trunca. Del mismo modo, la salida del sindicato del Consejo de Administración de PEMEX, sin ser suficiente, es un paso hacia la gestión de una empresa como cualquier otra, con la excepción de que el accionista único o mayoritario es el Estado. Ya veremos si todo esto funciona. Pero por lo menos ahora sí ya hay algo sustantivo que puede o no funcionar. Es un gran cambio, frente al pasado inmediato, y sobre todo frente al pasado desde principios de los años noventa. Bienvenido.

Lo que sí conocemos ya es el resultado de las encuestas al año de haber tomado posesión Enrique Peña Nieto. Además de la de esta casa, se pueden consultar la de Ulises Beltrán, en Excélsior; la de Francisco Abundis y Parametría; la de Jorge Buendía, en El Universal, y algunas otras de radio o privadas. Todas reflejan la misma tendencia, con campos de variación mayores o menores según la ficha técnica de cada sondeo. Los números son malos y deben ser preocupantes. La aprobación y calificación del presidente y del gobierno han caído entre una cuarta y quinta parte; la evaluación del desempeño gubernamental en temas específicos también, y los augurios negativos para el futuro se han elevado.

La razón inmediata de estas pésimas cifras es obviamente el estado que guarda la economía mexicana. La gente le da más importancia a los problemas económicos que a los de la violencia o la inseguridad, a diferencia del sexenio anterior, salvo en 2009. Ninguno de los acontecimientos del año transcurrido sirven para contrarrestar esta preocupación: ni la detención de Elba Esther Gordillo, ni el Pacto por México, ni las reformas, y en todo caso la llamada reforma hacendaria sólo ha agravado las cosas. Hasta aquí no hay mucho nuevo que decir ni que analizar; un mal año económico genera malos resultados en las encuestas, y punto final. En cambio, las cosas se complican cuando se trata de avanzar un poco más.

Conviene recordar que el mediocre desempeño de la economía, si bien se ha manifestado a lo largo de todo el año, empezó a percibirse con claridad apenas al terminar el primer semestre. Los números de Peña Nieto nunca fueron demasiado buenos: pasó del 38% en la elección presidencial a ligeramente más del 50% días después de la toma de posesión, para estabilizarse en esos niveles hasta que comienza su desplome entre agosto y noviembre. Nunca alcanzó los niveles de Vicente Fox o de Felipe Calderón al arranque de su mandato. Aquí puede hallarse el secreto de su desventura demoscópica.

Desde 1997, el PRI en México tiene un piso electoral -el 25% de Madrazo en 2006- y un techo: entre 40% y 43%, sin el Partido Verde y otros aliados en un par de elecciones de medio periodo. Con su buen comienzo y el optimismo inmortal del mexicano, EPN logró incluso superar esos niveles en las encuestas, aunque por poco y durante poco tiempo. Rápidamente volvió al nivel de confort del PRI, o un poco arriba de ello, en alrededor de 45%. Algunos pueden creer que, para romper ese techo, el PRI tiene que hacer bien las cosas. Yo creo que, para superar ese umbral, el PRI tiene que hacerle olvidar a la gente que es el PRI.

A pesar de los aplausos que en algunos sectores le ha traído a EPN el volver al solemne ritual priísta/presidencialista, mi impresión es que eso sólo complace al entre 40% y 45% que no aborrece al “partidazo”. A todos los demás, el rito PRI les recuerda… al PRI, es decir, fortalece la sensación de que volvieron los de siempre. Los de ahora actúan, por lo menos en las formas, que según ellos son esenciales, como los de antes. Si esto es así, a mayor comportamiento priísta, a mayor ritual solemne, a mayor reverencia por la investidura y los peculiares y anacrónicos estilos de gobernar de un partido del siglo pasado, mayor rigidez del techo y menores probabilidades de corregir esta situación.

Según las estadísticas gubernamentales el número de homicidios dolosos en el 2013 bajó alrededor de 15% con relación al 2012, año en el cual a su vez se produjo un decremento con relación al 2011, el año pico de la guerra. Esperaré los análisis de colegas como Fernando Escalante y Eduardo Guerrero sobre la validez y exactitud de las cifras proporcionadas, sobre todo en lo que toca a su valor comparativo frente a años anteriores. Si dos noticias publicadas por un diario nacional son ciertas, sería lógico, o por lo menos consistente con la explicación que algunos hemos dado del incremento de la violencia, que empiecen a disminuir por lo menos los homicidios dolosos. El día 6 de septiembre, Milenio informó que según la Sedena, desde principios de año y de nuevo en marzo, las Fuerzas Armadas desmantelaron más de la mitad de sus retenes. Pasaron de 126 a 81 el 21 de diciembre, y en marzo a solamente el 50% de los de 2012.

Si el detonante de la violencia fue la declaración de guerra de Calderón y no el crecimiento desmedido del narco en los sexenios anteriores, y si se concluye que los retenes militares fueron uno de los detonantes de la violencia al tratarse de los puntos de mayor fricción con la sociedad, desmontar los retenes puede contribuir a un menor número de muertes, cualesquiera que hayan sido las condiciones exactas de los mismos.

Asimismo, el 2 de noviembre, el Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en 2012 descendió en un 74% el número de denuncias por crímenes vinculados al narcotráfico: “De enero a agosto se han reportado 6 mil 242 delitos relacionados con la manufactura, fabricación, elaboración, preparación o acondicionamiento de algún narcótico, así como por su comercialización, venta y compra [...] En 2012 se tenía registro de 24 mil 177 delitos de este tipo…”.

Hay dos posibilidades: que la producción, el comercio y el consumo de drogas haya menguado en ese mismo porcentaje y por eso ha caído el número de denuncias -algo no poco probable: imposible- o que los gobiernos federal y estatales hayan tomado una decisión más o menos deliberada de “irle bajando” a la guerra contra el narco. Si reducir la persecución de denuncias vinculadas a la droga no equivale a negociar con el narco o entregarles la plaza, sí puede responder a una decisión de dedicarle menos recursos humanos y materiales y menos voluntad política a ese esfuerzo. De ser el caso, también sería lógico que disminuyera el número de homicidios y la violencia en general.

En pocas palabras, si la estrategia ha consistido en retirarse de la guerra y concentrarse en algunos casos específicos como Michoacán, lo sorprendente no sería que cayera el número de homicidios dolosos, sino que subiera. No hay ninguna seguridad de que esta tendencia se sostenga, y es posible que por distintas razones las ejecuciones vuelvan a proliferar. Los ejecutómetros de periódicos como éste y otros siguen reflejando una tendencia a la baja y a la vez incrementos esporádicos inesperados y difíciles de explicar.

Asimismo, es posible que el gobierno de Enrique Peña Nieto no resista las presiones procedentes de varios frentes para volver a la carga, y que vuelva a la guerra. Por lo pronto, si estas noticias son ciertas y se confirma el descenso del número de homicidios dolosos por 100 mil habitantes, será parte de un balance positivo de Peña Nieto. Con dos salvedades: seguimos muy por arriba de 2006, 2007, 2008 y 2009. Y no hay muchos elementos adicionales de balance positivo.