Hoy los protagonistas más capaces del PRI, como los que se encuentran en el gobierno, o Manlio Fabio Beltrones y David Penchyna en el Congreso, reconocen de una manera u otra que quizás la reforma de fondo ahora aprobada pudiera haberlo sido doce o seis años antes. Saben bien, porque allí estuvieron, que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, con las habilidades y torpezas de cada uno, se propusieron una abertura a la inversión privada en CFE y Pemex, y que fracasaron porque el PRI no quiso regalarles esa medalla. Especialistas de gran talento y simpatía por México como Daniel Yergin postulan, posiblemente con razón, que sólo un presidente del PRI hubiera podido enterrar la herencia del PRI: Nixon en China, como nos lo anunció Enrique Peña Nieto en La hora de opinar hace casi dos años. Todos concluyen, de alguna manera, que fue una lástima que todo esto -lo cual, como ya dije, aplaudo y aquilato- no haya sucedido antes, pero lo esencial es que haya acontecido ahora. ¿Y si no? ¿Podrá pasar lo mismo que con la transición a la democracia, o la apertura de la economía?

Algunos, desde el 2003, sostuvimos que México debía encontrar el mecanismo jurídico, financiero y de gestión de proyectos, para incrementar de modo dramático nuestra producción y exportación de hidrocarburos en el corto plazo. Argumentamos que con los recursos procedentes de ese aumento, debíamos construir la infraestructura, la educación y la red de protección social que el país exigía y merecía. Planteamos que por diversas razones -los precios, el cambio climático, el descubrimiento de otros yacimientos en otros países, con otras tecnologías- no disponíamos de una eternidad para “sembrar” nuestro petróleo y gas natural. Pocos -y mucho menos que nadie, yo- sabíamos nada del shale, ni podíamos prever que los precios del crudo se mantendrían a los niveles de hoy tanto tiempo o que bajaran los del gas como ha ocurrido. Pero sí parecía evidente que necesitábamos crecer más; que carecíamos de los recursos necesarios para invertir con esa meta; y que sólo el petróleo y el gas, en las aguas profundas del Golfo, en el litoral de Tabasco, en Lancahuaza, y quizás en la Cuenca de Burgos, nos podía suministrar esos recursos. Y que únicamente en asociación con capital extranjero podríamos sacarlo y venderlo.

Por muchos motivos, como dice mi amigo Joel Ortega, si antes tal vez éramos la última Coca Cola del desierto, hoy hay miles. La reforma energética es una condición necesaria para sacar los hidrocarburos que hay -no creo que sepamos bien a bien cuánto- pero me salta la duda si no se nos pasó también de tueste, y que ya no sea una condición suficiente. Nada de esto es culpa de Enrique Peña Nieto, que ha hecho toda la tarea cuando ha podido hacerla, pero sí de su partido, que se negó sistemáticamente a hacerla cuando pudo. ¿Cómo quedaría el ejercicio contra-factual? ¿Dónde se encontraría México si el PRI, o una parte por lo menos, hubiera accedido a una reforma de esta naturaleza al arranque del sexenio de Vicente Fox o del de Felipe Calderón? ¿Cómo nos hubiera ido con Diego Fernández de Cevallos de presidente en el 94, o con la inversión extranjera en hidrocarburos o electricidad en el 2001 o el 2007? Nunca lo sabremos, pero si dentro de cinco años efectuamos un primer balance del sexenio de EPN, tendremos que hacernos la pregunta. La respuesta encierra un doble enigma. ¿Es infinita la paciencia del tiempo histórico? ¿Los responsables del retraso mexicano se reconocen a sí mismos? Feliz año nuevo a todos.

Enrique Peña Nieto (EPN) y su equipo le apostaron todo a la reforma energética, y más allá del éxito que encuentre, o de la magnitud del boom de inversiones que pueda arrojar, han mostrado una concentración y una disciplina suficiente para lograr su objetivo, que es encomiable. El PAN, por su lado, ha insistido desde un principio en que no habría reforma energética sin reforma político-electoral, y al aferrarse por lo menos en algunas de sus demandas tradicionales más importantes en materia político-electoral, y no rajarse, mostró también que se le ha ido quitando lo miedoso o lo pusilánime. Asimismo, hay que reconocer, aunque en menor medida, el esfuerzo de algunos senadores del PRD que supieron ayudar a hacer avanzar la reforma político-electoral, aun estando en contra de la reforma energética.

Lo esencial de la reforma político-electoral estriba, para mí, en la reelección de diputados, senadores y presidentes municipales, absurdamente acotada por los prejuicios del PRI a propósito de trásfugas o renegados; en el principio del INE, más allá de sus detalles, que pueden adolecer de todos los vicios que se han descrito con elocuencia en estas páginas; y de la legislación secundaria de las cartas ciudadanas constitucionales del año pasado, que si bien no forman stricto sensu parte del paquete actual, sí constituyen avances muy importantes: consulta popular y candidaturas independientes (todavía pendiente).

De haber sido requerido para expresar mi opinión, le hubiera sugerido al PAN plantarse en la segunda vuelta en su proyecto, o al menos en una versión intermedia que, en vista del compromiso de EPN con la reforma energética, tal vez sí hubiera salido. No es lo de menos pero los partidarios de esta reforma debemos darnos por bien servidos, incluso sin segunda vuelta. Ante todo, si el nexo entre ambas reformas, a saber, la consulta sobre PEMEX en el 2015, se celebra sin cortapisas. Votaré a favor, pero quienes se oponen deben tener el derecho de votar en contra.

Falta que los priístas no hagan trampas: ni con la consulta, ni con las candidaturas independientes, ni metiéndole más limitaciones a la reelección, que debió haber sido inmediata. El prurito de que no se legisla para el bien propio es en parte cierto y en parte falso. Hasta donde recuerdo, todos los cambios en América Latina desde mediados de los años ochenta, que permitieron la reelección presidencial -Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Cardoso en Brasil, Uribe en Colombia, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia, Ortega en Nicaragua-, para bien o para mal, se aplicaron a los presidentes salientes. No legislaron pero sí firmaron.

Lo esencial de la reforma energética, en mi opinión, son obviamente las licencias y/o concesiones o como se les quiera llamar. Creo que el PRD y Ernesto Cordero tienen razón: licencias=concesiones. Y qué bueno. Sin eso, la reforma quedaba trunca. Del mismo modo, la salida del sindicato del Consejo de Administración de PEMEX, sin ser suficiente, es un paso hacia la gestión de una empresa como cualquier otra, con la excepción de que el accionista único o mayoritario es el Estado. Ya veremos si todo esto funciona. Pero por lo menos ahora sí ya hay algo sustantivo que puede o no funcionar. Es un gran cambio, frente al pasado inmediato, y sobre todo frente al pasado desde principios de los años noventa. Bienvenido.

Lo que sí conocemos ya es el resultado de las encuestas al año de haber tomado posesión Enrique Peña Nieto. Además de la de esta casa, se pueden consultar la de Ulises Beltrán, en Excélsior; la de Francisco Abundis y Parametría; la de Jorge Buendía, en El Universal, y algunas otras de radio o privadas. Todas reflejan la misma tendencia, con campos de variación mayores o menores según la ficha técnica de cada sondeo. Los números son malos y deben ser preocupantes. La aprobación y calificación del presidente y del gobierno han caído entre una cuarta y quinta parte; la evaluación del desempeño gubernamental en temas específicos también, y los augurios negativos para el futuro se han elevado.

La razón inmediata de estas pésimas cifras es obviamente el estado que guarda la economía mexicana. La gente le da más importancia a los problemas económicos que a los de la violencia o la inseguridad, a diferencia del sexenio anterior, salvo en 2009. Ninguno de los acontecimientos del año transcurrido sirven para contrarrestar esta preocupación: ni la detención de Elba Esther Gordillo, ni el Pacto por México, ni las reformas, y en todo caso la llamada reforma hacendaria sólo ha agravado las cosas. Hasta aquí no hay mucho nuevo que decir ni que analizar; un mal año económico genera malos resultados en las encuestas, y punto final. En cambio, las cosas se complican cuando se trata de avanzar un poco más.

Conviene recordar que el mediocre desempeño de la economía, si bien se ha manifestado a lo largo de todo el año, empezó a percibirse con claridad apenas al terminar el primer semestre. Los números de Peña Nieto nunca fueron demasiado buenos: pasó del 38% en la elección presidencial a ligeramente más del 50% días después de la toma de posesión, para estabilizarse en esos niveles hasta que comienza su desplome entre agosto y noviembre. Nunca alcanzó los niveles de Vicente Fox o de Felipe Calderón al arranque de su mandato. Aquí puede hallarse el secreto de su desventura demoscópica.

Desde 1997, el PRI en México tiene un piso electoral -el 25% de Madrazo en 2006- y un techo: entre 40% y 43%, sin el Partido Verde y otros aliados en un par de elecciones de medio periodo. Con su buen comienzo y el optimismo inmortal del mexicano, EPN logró incluso superar esos niveles en las encuestas, aunque por poco y durante poco tiempo. Rápidamente volvió al nivel de confort del PRI, o un poco arriba de ello, en alrededor de 45%. Algunos pueden creer que, para romper ese techo, el PRI tiene que hacer bien las cosas. Yo creo que, para superar ese umbral, el PRI tiene que hacerle olvidar a la gente que es el PRI.

A pesar de los aplausos que en algunos sectores le ha traído a EPN el volver al solemne ritual priísta/presidencialista, mi impresión es que eso sólo complace al entre 40% y 45% que no aborrece al “partidazo”. A todos los demás, el rito PRI les recuerda… al PRI, es decir, fortalece la sensación de que volvieron los de siempre. Los de ahora actúan, por lo menos en las formas, que según ellos son esenciales, como los de antes. Si esto es así, a mayor comportamiento priísta, a mayor ritual solemne, a mayor reverencia por la investidura y los peculiares y anacrónicos estilos de gobernar de un partido del siglo pasado, mayor rigidez del techo y menores probabilidades de corregir esta situación.

En mi versión, el problema radica en las consecuencias para el año entrante y en su caso para 2015, de una evolución aleatoria de las cuentas del gobierno. Ya he apuntado en estas líneas hace unas semanas que per se no me preocupa en exceso un año de déficit, ni me parece que 4,1%, en sí mismo, represente un nivel de endeudamiento excesivo para un solo año. Señalé que sólo me preguntaba si un déficit anunciado de esa magnitud no reflejaba en el fondo un relativo pesimismo del gobierno sobre el crecimiento del año entrante. Es decir que sólo recurriría a un gasto tan superior a los ingresos previstos si realmente pensara que en ausencia de un esquema contracíclico de esas dimensiones la economía seguiría estancada en 2014, o generando una expansión reducida. Pero este es sólo el primer motivo de mi escepticismo.

El segundo quizás sea más significativo. El déficit que resulte del comportamiento económico y del ejercicio del gasto a finales del año que viene dependerá de varios factores hoy vaticinados pero con una precisión que nunca puede ser milimétrica. Cuando el gobierno dice que el déficit total -los requerimientos financieros del sector público- será de 4,1%, está incluyendo en esa estimación otras estimaciones: el crecimiento de la economía, el precio del petróleo, el impacto de nuevos impuestos como el IVA en la frontera, quizás el único de la miscelánea fiscal que realmente incida en la recaudación. El gobierno puede tener razón en sus previsiones, o no. Siempre se incluye un colchón que subestima el precio del petróleo, y por tanto ese no es necesariamente el elemento más alarmante. El de la previsión del crecimiento sí.

En las cuentas de Hacienda, el crecimiento del PIB previsto para el año entrante es de 3,9%. Si el desempeño de la economía mexicana es superior, sin duda se recaudará más, e incluso el déficit puede ser menor. Lo mismo sucedería si llegara a dispararse el precio del petróleo, por una crisis en Venezuela, en Siria, o por un mayor enojo de los saudíes con Barack Obama. Pero lo contrario también es factible, que la economía mexicana crezca menos. De ser el caso, el gobierno recaudará menos; y salvo si esto se conjuga con factores venturosos impredecibles, el déficit será mayor.

La previsión de crecimiento del 2013, desde finales del año pasado -pero ya bajo la supervisión de las actuales autoridades hacendarias- fue de 3,8%. Sabemos que no existe hoy ninguna estimación de más de 1,5%, y que lo más probable es que la expansión de la economía mexicana sea inferior a 1%, es decir, la cuarta parte de lo esperado. Con independencia de los motivos de tal error, uno puede preguntarse si no sucederá lo mismo en 2014. Es decir, que nuestra economía se expanda a una tasa de 2% o 2,5%, pero de ninguna manera la que prevé Hacienda. De ser así, el déficit resultaría mucho más elevado, de 5 y quizás hasta 6% del PIB. Eso sí sería un peligro para México.

Después de los maestros de la CNTE, de los sectores más vociferantes de la clase media, de buena parte del empresariado, y de toda la izquierda energética unida (que así, siempre será vencida), el gobierno de EPN corre el riesgo de antagonizar a los mercados. Si todo esto viniera a cambio de reformas de gran envergadura, valdría la pena. Sin embargo, la tendencia parece ser provocar mega-oposiciones a mini-reformas. A la larga, es insostenible.

Sin apresurarse, busca una definición de la “marca México” más allá de la imagen turística. Habrá que esperar al año entrante para ver si se puede construir a través de Hollywood y la publicidad, de la literatura y de la televisión el prototipo del mexicano exitoso, honesto, que sea apreciado así por el resto del mundo. El esfuerzo vale la pena.

Para que prospere, debe acompañarse de algo que ha faltado. Me refiero a proyectos emblemáticos, de realización concreta, perceptible e ilustrativa de lo que se quiere hacer como país. En el pasado ya hubo: CU con Alemán, Antropología con López Mateos, las Olimpiadas de Díaz Ordaz, los aeropuertos de Echeverría y las plataformas petroleras de López Portillo. Sin una realización de este tipo, y que sirva como símbolo de lo que los mexicanos somos capaces de hacer, va a ser difícil construir esa marca. Hay muchas ideas, repito cinco interesantes.

Primera. Como le dijo un empresario a Aguilar Camín hace poco, con tres megaplantas de tratamiento en la zona metropolitana del Distrito Federal, se resuelve el problema de agua. En lugar de seguir trayéndola de abajo para regresarla después, hay que tratar la que ya subió y captar la que cae. El costo no pasa de 2 mmd por planta; la obra tardaría varios años pero cambiaría radicalmente la situación de una de las ciudades más grandes del mundo.

Segundo. El canal transístmico por Tehuantepec. El proyecto data desde Benito Juárez, sólo que ahora la tecnología, la logística y los precios del petróleo lo vuelven factible. Que Ortega y los chinos en Nicaragua también se vean tentados por ello no significa que sea una idiotez. Al contrario, en una de esas hace más sentido construir una plataforma multimodal de transporte a través del istmo, incluyendo un canal de gran calado, que en Nicaragua.

Tercera. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. No es sólo por saturación, sino de mostrar al mundo que somos capaces de realizar un proyecto de esa magnitud -cosa que pocos países se han propuesto en tiempos recientes. Implica una gestión del proyecto con muchos frentes: construcción, compra de tierra, transporte, etcétera. Una obra de cerca de 15 mmd.

Cuarto. La segunda etapa de Laguna Verde con dos reactores más, y otra planta en esa zona o en otra. Algo así está previsto desde los setenta pero no se ha hecho. Vamos a necesitar energía atómica algún día: es más segura, más limpia y más barata que cualquier otra. Tenemos la experiencia de más de 20 años funcionando sin incidentes. Los dos reactores más son obras de 3 o 4 mmd, y una planta nueva rondaría los 10 mmd.

Cinco. El que me atrae más: un gran museo de arte universal en la Ciudad de México. El otro día, gracias a la generosidad de la Oficina de la presidencia, un grupo de latinoamericanos, invitados por Aguilar Camín, Carlos Ominami y yo, realizamos una visita al Munal. El guía, orgulloso, nos explicó que el Munal era como el Louvre, el British o el Metropolitan de México. Me limité a preguntarle si había piezas de todo el mundo, y me dijo que no: “sólo de México”.

Tenemos uno de los museos más impactantes del mundo, Antropología, pero no uno donde los niños conozcan muestras del arte universal. No es fácil construir un museo universal; no vamos a saquear culturas de otros países. Pero tenemos dos activos: las colecciones privadas mexicanas, que de manera rotativa podrían ser prestadas a este museo; y la fantástica moneda de cambio que son las piezas precolombinas, y que en préstamo podríamos intercambiar con los grandes museos para que hubiera, como en el British, una sala mexicana en el Metropolitan, en el Louvre o en El Prado. Una realización concreta, visible, ambiciosa si se quiere; cara, sin duda, que exigiría una capacidad de gestión que no abunda en México. Pero que demostraría lo que somos capaces de hacer los mexicanos.

La primera fue la reacción de la Cámara de los Comunes en Inglaterra ante la solicitud del primer ministro Cameron de acompañar a Estados Unidos, a Francia y a otros países de la OTAN en una acción militar contra el régimen de Al Assad en Siria. Después de un largo debate, Cameron, que dispone de una mayoría en el Parlamento, vio rechazada su solicitud. Hará lo que cualquier gobierno democrático: aceptar su derrota, reagrupar fuerzas, buscar cambiar la correlación de fuerzas y volver a la carga. Tomando en cuenta las dudas esgrimidas por los parlamentarios escépticos.

En un segundo momento, algo parecido le sucedió a Obama ya listo para anunciar el inicio del bombardeo de instalaciones militares sirias. Después de perder el apoyo británico y al percatarse de la oposición interna en la opinión pública y en el Congreso, Obama dio marcha atrás. Prefirió emplazar al Congreso, al pedir permiso para una intervención militar, subrayando que no la consideraba legalmente indispensable. Optó por llevar su propuesta a través de un despliegue de cabildeo y de persuasión como no se había visto en su mandato desde su primera campaña. Todo indica que encontrará el apoyo necesario, pero menguado, restringido y condicionado. Lo reconoce Obama y así lo reconocen y agradecen los distintos sectores de la sociedad norteamericana.

El tercer caso, que no ha funcionado hasta ahora, es el de Francia. El presidente Hollande considera que no requiere autorización de parte de la Asamblea Nacional para actuar junto con Estados Unidos y la OTAN en Siria. Pero un gran número de parlamentarios franceses piensa lo contrario. En este juego de vencidas es difícil saber quién va a ganar, pero a Hollande le está yendo menos bien que a Obama y a Cameron en sus duelos respectivos.

El cuarto caso es, en menor escala, y por razones distintas, la reacción del gobierno de Enrique Peña Nieto a “la calle” de la Ciudad de México (nutrida por los caminos de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y otras entidades). Más allá de las ventajas e inconvenientes de la “reforma educativa” del gobierno y de los méritos o deméritos de la oposición de la CNTE y otros sectores del magisterio a dicha “reforma”, el hecho es que el Congreso no podía dejarse amedrentar por la “calle”, pero el gobierno no podía dejar de tomar en cuenta los sentimientos de “la calle”. Creo que el desenlace, que es una solución de compromiso, ha sido bueno. Se desactivó la protesta, se aprobó la legislación reglamentaria sobre el Servicio Profesional Docente, obviamente con concesiones importantes a “la calle”, y esta etapa del conflicto comienza a superarse. Todo mundo puede sentirse satisfecho del resultado.

Sin embargo, a diferencia de México, las instituciones no se niegan a reconocer que se vieron obligadas a hacerle caso a la “calle”, mientras que en México, las instituciones y los poderes fácticos (Elba Esther no era el único) parecen renuentes a reconocer que hubo una negociación tácita o explícita donde cada quien puso de su parte. Tratar de hacernos creer que la legislación secundaria de la llamada reforma educativa es perfecta, revolucionaria e impoluta, me parece iluso y pueril. EPN haría mejor en seguir el camino de Obama y Cameron que el de Hollande; lo digo a pesar de toda mi francofilia.

Hay motivos para pensar que la decisión de posponer la discusión y la votación de la Ley del Servicio Profesional Docente en la Cámara de Diputados fue tomada por EPN, e impuesta al liderazgo priísta en la Cámara baja, para mantener en vida un pacto por México agonizante. Hay razones para pensar que se decidió a última hora quizás dejar fuera de la reforma energética los contratos de producción compartida y las concesiones para mantener a bordo a Cuauhtémoc Cárdenas, quien no sólo no se dejó, sino que lanzó una cruzada tan hábil como eficaz contra el impacto posible de dicha reforma. Y es probable que el gobierno federal no ejerza mayor presión sobre el jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que desaloje/reprima/contenga/infiltre las actividades de la CNTE en la capital, para no violentar la relación con Miguel Ángel Mancera, aliado clave de EPN y pilar del pacto.

Por otro lado, todo sugiere que EPN no se resigna, ni mucho menos acepta de buena gana aceptar el principio de simultaneidad y paridad que propone ya todo el PAN pero que originalmente fue idea de sus senadores, de que no habrá reforma energética constitucional sin reforma política de fondo antes o al mismo tiempo. Por último, parece obvio que una estrategia política inteligente y exitosa durante el primer semestre del gobierno, con una expectativa de crecimiento económico relativamente elevado para todo el año (3.6% fue el vaticinio en enero), no puede funcionar a cabalidad en un entorno económico interno y externo muy diferente. No conozco a ningún analista económico privado que piense sinceramente que vamos a crecer a más de 1.5% este año, y muchos temen que al final no lleguemos ni al 1%.

Si todo esto es cierto, se antoja indispensable y deseable un golpe de timón que permita evitar en el futuro los errores que llevaron a la actual situación y sobre todo trazar un rumbo y una estrategia consonantes con la nueva situación económica y la nueva situación política. ¿En qué puede consistir? Resignarse al fin del pacto por México, que ya dio de sí y con creces. Al empecinarse el gobierno en rescatar a “los Chuchos”, rescatará sólo un membrete. Mientras que si opta por una alianza integral y de largo plazo con el PAN, puede lograr la aprobación de reformas que son anatemas para la izquierda -Pemex, IVA, educación a fondo, nuevo régimen político-, y restablecimiento del orden público mediante el uso prudente, legal y legítimo de la fuerza contra grupos cuyo financiamiento, entrenamiento, mando y control provienen de fuentes vinculadas a distintos sectores de la izquierda en su conjunto.

Seguir con el pacto es entrar al ámbito tradicional de la simulación, que sin duda se tragarán algunos ingenuos corresponsales extranjeros y uno que otro tonto útil nacional. Darle santo sepulcro y pasar a la etapa siguiente no es un camino exento de riesgos pero es mucho más prometedor que cualquier otro.

Nunca entendí el empecinamiento de EPN de invocar al general Lázaro Cárdenas. Es cierto que la redacción del párrafo sexto del artículo 27 versión de 1940 es distinta a la de 1960: la segunda afirma que “no se otorgarán ni concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado”, mientras que el primero sólo dice que no se “expedirán concesiones”; efectivamente la redacción de 2013 vuelve a la de 1940; se limita a decir que “no se expedirán concesiones”, enviando a la ley reglamentaria los detalles, tal y como sucede en la versión del 40 y del 60.

Pero la utilidad y el éxito de buscar al general Cárdenas para justificar la vuelta a 1940 en el 2013, corrigiendo así el cambio de 1960, dependen de dos consideraciones abstractas y una muy personal. En primer lugar, ¿qué pasó durante esos 20 años? ¿cuántos contratos hubo durante el lapso cuando se permitieron? ¿de qué magnitud fueron? ¿qué importancia revistieron en la producción total de hidrocarburos en el país? ¿le entraron las famosas 7 hermanas? ¿resultó atractivo el esquema para los gigantes de la industria petrolera mundial?

Segunda consideración abstracta, ¿qué dijo, qué pensó y qué quiso decir (Rubén Aguilar dixit) el general Cárdenas en 1960 ante la reforma constitucional de López Mateos? ¿le pareció bien o mal la supresión de las concesiones y de los contratos? ¿o hubiera preferido que siguiera vigente la posibilidad de que Pemex firmara contratos de utilidades o producción compartidas con empresas privadas?

La consideración personal ha sido ya subrayada por muchos, quizás con más claridad por Juan Ignacio Zavala en su artículo de ayer en Milenio. Intentar arrebatarle a Cuauhtémoc Cárdenas la facultad de interpretar o “decir la ley” del pensamiento de su padre parece, en el mejor de los casos, una tentativa fútil y, en el peor, un error con consecuencias. No digo que el ingeniero tenga el monopolio de la interpretación de los dichos del general; creo poder decir, conociéndolo desde hace un cuarto de siglo, que cree poseer una autoridad mayor que la de cualquiera para ese propósito. Quizás ese tiro le salió por la culata al gobierno.

De ahí quizás provenga la hábil y maligna poison pill de Cuauhtémoc, incluida en su propuesta de reforma esta semana: someter la eventual aprobación del cambio constitucional de EPN a un referéndum vinculante, coincidiendo con las elecciones federales de 2015. Gracias a las modificaciones constitucionales sobre participación ciudadana aprobadas hace un año, existe la posibilidad de someter ciertos cambios constitucionales a referéndum. Para ello se requiere un número de firmas equivalente al 2% del padrón, es decir, al día de hoy, más o menos 1.6 millones. No importa si la respuesta de la sociedad mexicana al referéndum de 2015 fuera un rotundo sí; de aquí a entonces se antoja difícil, si no imposible, que alguien quiera firmar un contrato con Pemex de cualquier índole, mientras penda la espada de Damocles del referéndum a dos años de distancia. Quizás esto contribuya en parte a que el bono Perpetuo de Petróleos Mexicanos de 6 5/8 % se encuentre hoy a un punto por arriba de par, habiendo llegado a 106 en enero de este año.

María Elena Morera, ex directora de México Unido Contra la Delincuencia, Héctor Aguilar Camín y cuatro ex miembros de los gabinetes de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón expusimos las razones por las cuales hemos decidido apoyar esta iniciativa, y las formas que hemos escogido para hacerlo. Quisiera aquí retomar algunos de los puntos que no pude desarrollar con la amplitud que hubiera deseado.

En primer lugar, es fundamental subrayar la dinámica internacional de la despenalización en el DF que puede traer. Como me señaló el editor de un periódico norteamericano, si el DF llegara a despenalizar el consumo de la marihuana, desde el punto de vista internacional, esto colocaría al gobierno mexicano en una situación a la vez compleja y favorable.

Difícilmente Peña Nieto podría mantener la postura prohibicionista, punitiva y terriblemente onerosa de los últimos 40 años, con las variaciones propias de cada sexenio, si la legislatura local de su propia capital diera un paso en sentido opuesto, por pequeño que fuere ese paso.

Si el gobierno federal se encontrara en dificultades para seguir siendo partidario de la postura prohibicionista lanzada por Richard Nixon en 1971, Washington perdería a uno de sus aliados más cercanos en la llamada ”guerra contra las drogas’’.

Es cierto que nada de esto es obligatorio, los márgenes siempre son más amplios. También es un hecho que EPN podría cuestionar la constitucionalidad de una decisión de esta naturaleza por las autoridades capitalinas, apartándose de la posición que ha seguido Obama frente a los estados de Washington y Colorado. Incluso tal vez ganaría un recurso si lo interpusiera. O, sin que eso sucediera, podría en teoría seguir fiel a la posición punitiva, quizás cuestionado, pero no necesariamente debilitado.

De cualquier manera, la consecuencia internacional de esa decisión sería enorme, y enterraría quizás para siempre la tesis de que México no puede avanzar en esta dirección si no lo hace Estados Unidos. Un segundo aspecto que sí fue discutido en la mesa de la Fundación Miguel Alemán y que merece un comentario adicional es aquel planteado por un ex subsecretario de Salud, José Campillo, y también por Aguilar Camín, sobre la posible hipocresía o futilidad de despenalizar el consumo, manteniendo la prohibición de producir, vender y comprar. Aunque esta es la vía que siguió Portugal hace unos años, con buenos resultados, es cierto que encierra una contradicción: ¿cómo se puede poseer o consumir algo legalmente si no se puede comprar, vender o producir legalmente?

Las respuestas a esta pregunta son múltiples, desde aquella, por ejemplo, promovida por Armando Santacruz de México Unido Contra la Delincuencia, entre otros, sobre los clubs de cannabis en la Ciudad de México. Estos fueron objeto ya de una solicitud de autorización ante la Secretaría de Gobernación y la Cofepris, ambas siendo denegadas, y ahora es objeto de un recurso de amparo ante la justicia federal.

Otra posibilidad radica en la propuesta inicial del gobierno de Uruguay, a saber el monopolio estatal de la producción de marihuana y la venta por el Estado de la misma. Esta solución no prosperó y fue sustituida y ayer aprobada la legalización de la producción, comercialización y consumo de marihuana, en Montevideo, Uruguay.

Los seis participantes en la mesa hemos pensado que conviene centrar este esfuerzo en la exclusiva despenalización del consumo, sólo de la marihuana, y sólo en el DF, aunque las declaraciones de Graco Ramírez, gobernador de Morelos, en el mismo foro desde el público fueron tan audaces y contundentes que posiblemente se abra también una posibilidad en ese estado vecino.

Siempre estuve en desacuerdo con esta opinión sobre los dos primeros puntos, pero entiendo la lógica de prudencia, temor o reflejo antiintervencionista trasnochado para adoptarla. La postura a propósito del tercer punto ya no es un asunto de opinión sino de hechos. Así como en 2006, Bush con los senadores McCain y Kennedy, lanzó el anzuelo de la construcción de los primeros 480 km de barda, muro o cerca para obtener los votos conservadores tanto en el Senado como en la Cámara Baja para aprobar la reforma migratoria integral de entonces, hoy ”La banda de los 8’‘, con el consentimiento tácito de Obama, ha aprobado la enmienda Corker-Hoeven de sellamiento de la frontera.

En 2006, México fue todavía muy explícito y vigoroso en la denuncia de la cerca, aunque no planteó claramente un quid pro quo: ¿cerca a cambio de qué? Nos quedamos como el perro del hortelano en peor: con la cerca y sin la reforma. Ahora corremos el riesgo de quedarnos con el sellamiento y sin la reforma, o con una reforma incompleta y el sellamiento.

Por eso he insistido, con muchos otros, y en particular mis tocayos Bustamante y Ramos, que México no debe aceptar el alegato de que la política migratoria de EU es un asunto interno. Es triplemente falsa la tesis. En primer lugar, porque no ha sido así en la historia de EU, en vista de tres ejemplos conocidos: el Gentlemen’s Agreement con Japón en 1907, el Acuerdo Bracero con México entre 1942 y 1964, y el acuerdo con Cuba de 1965 a la fecha.

En segundo lugar, porque es éticamente inaceptable. México no puede hacerse de la vista gorda sobre las deportaciones masivas de mexicanos, el daño a comunidades, al medio ambiente que implica la barda y al despilfarro de 46 mmd que podrían ser utilizados para mejorar la infraestructura fronteriza. En tercer lugar, no podemos abstenernos del debate porque no tenemos la certeza de que una decisión del Congreso de EU no entrañe consecuencias graves para México, como es el caso de la enmienda Corker-Hoeven.

No sé porque el gobierno de EPN no informa al respecto, ni cómo ni cuándo le avisó a EU que estas medidas eran hostiles, contraproducentes y contrarias al tipo de relación que en otros temas tanto México como EU quieren tener. No sé si lo países centroamericanos nos han dicho que alcemos la voz para evitar el sellamiento, creando un problema entre El Salvador, Honduras, Guatemala por una parte y México por la otra: los centroamericanos que se topen con el muro en la nuestra con EU no van a regresar a sus países, ni cruzarán fácilmente a EU. Permanecerán en México. Y no sé si los senadores demócratas o republicanos amigos de México saben, de viva voz del gobierno de México, que de la misma manera que ellos tienen un problema político en EU con su ultraderecha, cualquier gobierno de México enfrenta un problema político dentro con amplios sectores de opinión que consideran que el sellamiento es un acto inamistoso. Y que sólo puede resultar aceptable si en esa barda se colocan una gran cantidad de puertas, se nos entregan muchas llaves para abrirlas, se ponen timbres, y cuando toquemos y abramos se nos dé la bienvenida. En otras palabras, que a cambio del muro se dispare el número de visas para trabajadores temporales mexicanos. No sé si el equipo de EPN le ha dicho a los norteamericanos que la única manera de detener la inmigración ilegal a EU es legalizándola.