En este tipo de dilemas, suele suceder con gran facilidad que la comentocracia nacional y extranjera proponga o critique medidas de manera muy simplista: “hay que…”; “no hay que…”; “basta con…”. La mayoría de estos desplantes son inútiles, exasperan a las autoridades y carecen de la más mínima viabilidad. Quienes hemos tenido el privilegio de ocupar responsabilidades gubernamentales, directa o indirectamente, sabemos que no hay buenas soluciones para una crisis como ésta y que lo último que sirve son ideales geniales sin información o reflexión. Todas las soluciones de corto plazo son malas, todas las buenas son de largo plazo; todas son caras y todas atraen conflictos con nuestros vecinos de frontera. Con este ánimo, me atrevo a formular algunas sugerencias muy generales:

1. Siempre fue falsa la tesis de que la reforma migratoria norteamericana es un asunto de política interna de aquel país, pero ahora la falacia aparece con mucha mayor claridad. Los niños se encuentran en albergues o centros de detención esparcidos a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, pero provienen de tres países centroamericanos y transitan por México. Tan sabe Washington que la crisis no tiene soluciones internas que despacharon al vicepresidente Biden a Guatemala para tratar con mandatarios de la región; Obama le habló a Peña Nieto para lo mismo; el embajador Wayne visitó la frontera sur de México para lo mismo; y los norteamericanos seguirán negociando con todos estos gobiernos semanas y meses para encontrar salidas México discute con Europa y con Centroamérica; ojalá pronto Peña Nieto se pronuncie al respecto dentro de Europa, de preferencia en Washington, pero si no por lo menos en California y Texas.

2. El peor enemigo de cualquier gobierno en este tipo de coyunturas es la opacidad o el silencio. Las autoridades mexicanas deben de avisar a la sociedad mexicana qué nos piden los norteamericanos; qué nos solicitan los centroamericanos; qué estamos dispuestos a aceptar de ambas demandas, y qué no. Tratar de mantener todo esto en secreto no sólo es inmoral, es contraproducente. Nadie controla las filtraciones procedentes de Washington, ni a la prensa norteamericana; si los medios y el Congreso de México no hacen su trabajo, allende el Bravo sí lo hacen. Si el gobierno de México no informa, cuando venga la primera concesión mexicana, o el primer conflicto con EU, se encontrará desarmado ante la opinión pública, que con razón lo censurará.

3. A todos los gobiernos les sucede que sus planes tan meticulosamente elaborados de prioridades y secuencias se ven trastornados por acontecimientos imprevistos. Nadie puede culpar a Obama por no haber vaticinado las crisis en Irak, Ucrania o Palestina, ni a Peña Nieto por la de los niños. Pero aferrarse al calendario y a la jerarquía previa de temas, una vez que esos sucesos inesperados se producen, es imprudente. Hoy es más importante en México atender este asunto que promover las reformas de Peña Nieto en Asia, Medio Oriente o sepa Dios dónde. Hoy es más urgente ir a Estados Unidos -a California y Texas pero también Washington y Nueva York-, que a otras partes del mundo, o a seguir multiplicando ad nauseam las reuniones de gabinete en eventos rituales, innecesarios y distractores. Hoy es más importante atender a Centroamérica que a Venezuela, a Honduras que a Cuba, a nuestros paisanos en Estados Unidos que a China, y a los niños migrantes que a los jeques de Jordania.

Al término de 154 votaciones, resultó evidente que Cuba jamás sería electa. Los dos países propusieron a México como tercero -en concordia, en este caso- y nos convertimos en el candidato único del grupo latinoamericano o Grulac. En 2000, Venezuela y República Dominicana buscaban ambos el mismo escaño, pero en este caso, por voluntad propia, le pedimos a Venezuela que se desistiera para permitirle al gobierno de Fox ingresar al Consejo. Solicitamos el mismo favor a República Dominicana. Venezuela accedió; Dominicana se negó; fuimos a la votación de noviembre de 2001, y ganamos en la segunda ronda.

Este año el único candidato del Grulac es Venezuela, por lo menos hasta la fecha. De seguir así, Venezuela se sentará en el Consejo a partir del 10 de enero de 2015, y durante dos años lanzará sus diatribas antiimperialistas sobre los temas más diversos: la crisis en Ucrania, la hecatombe en Siria, el proyecto nuclear iraní, más lo que se acumule. En una palabra, una pesadilla para los demás miembros y, en particular, para los que prefieren que el Consejo de Seguridad sea un órgano de toma de decisiones y no de denuncia. A nadie, empezando por el maltrecho sadismo venezolano, le conviene este camino.

Hay varias soluciones. La primera es a la que recurrió Estados Unidos en 2006, cuando Venezuela buscó un asiento. Washington “inventó” la candidatura de Guatemala para impedirlo y, al final, entró Bolivia al quite. Parece difícil en esta ocasión, ya que no es evidente que algún país latinoamericano, ante las dificultades económicas diversas y la importancia del subsidio petrolero de Venezuela, acepte contender contra Caracas. Honduras es una posibilidad. Pero aun si algún país pequeño se prestara a la táctica del bloqueo, no es seguro que en esta ocasión EU y otros puedan juntar los 129 votos necesarios para impedir el triunfo de Venezuela. De tal suerte que la estrategia confrontacional carece de probabilidades de éxito.

Hay otra: bajar a Venezuela por las buenas. Para ello se deben cumplir tres condiciones. Primero, que alguien con ascendiente con Maduro le explique que lo último que le conviene es comprar pleito tras pleito con Estados Unidos, con Francia y con Inglaterra. Los únicos que poseen tal ascendencia son, obviamente, los cubanos. Cuba procedería de esta manera por dos sencillas razones: sabe que a Venezuela no le conviene el conflicto permanente con Estados Unidos, y que la sobrevivencia de Venezuela es asunto de vida o muerte para ella; y porque tendría por fin una moneda de cambio verdadera, no imaginaria, con EU. Cuba le diría a EU: “yo te ayudo para evitar este desaguisado; pero ahora sí empecemos a hablar en serio de nuestros asuntos”. Cosa que no ha sucedido desde 1959. Washington aceptaría el quid pro quo por una simple razón: porque le conviene y porque es la única forma de bloquear a Venezuela.

Falta el último término de la ecuación. ¿Quién ocuparía el escaño latinoamericano? Sólo hay dos posibilidades. Una de ellas es Brasil que ya ha pertenecido al Consejo muchas más veces que otros. El otro candidato evidente… es México. Un gobierno del PRI, con una Cancillería ortodoxa y conservadora, preferiría no meterse. Pero con tantas concesiones para quedar bien con los cubanos y venezolanos, no sería un mal momento para cobrarlas, convenciéndolos que México es una buena alternativa, sobre todo en vista de que no se tratarán temas latinoamericanos durante los próximos dos años. De los 4, Venezuela, Cuba, EU y México, uno tiene que echar a andar la iniciativa. ¿Alguien dirá esta boca es mía?

En términos absolutos, el número de deportados desde dentro de Estados Unidos se ha mantenido, pero ha crecido en términos relativos el número de personas detenidas en la frontera, donde el porcentaje que ha cometido algún delito, además de entrar sin papeles a Estados Unidos, es mucho más elevado. El periódico neoyorkino relata un par de reuniones que sostuvo Obama con los líderes de la comunidad hispana de Estados Unidos en las cuales el intercambio con él fue ríspido o incluso francamente hostil.

¿Cuál es la lógica de todo esto? Hay una del pasado inmediato y otra más antigua. La que corresponde a Obama y al último par de años de Bush es conocida: ambos presidentes buscaron una reforma migratoria integral; hasta ahora, ambos lograron la aprobación de algo decente, aunque no perfecto, en el Senado; y ambos fracasaron en la Cámara baja. Apostaron a que, endureciendo los controles en la frontera y en el interior de EEUU, llegando al extremo de separar a hijos de sus padres, a esposas de sus cónyuges, lograrían los votos de la ultraderecha republicana a favor de la legalización de los indocumentados y mayores flujos futuros con visas temporales. No fue así. Los dos se equivocaron, y han provocado un sufrimiento incalculable para cientos de miles de familias en Estados Unidos.

Pero el antecedente más lejano es más importante. Desde mediados de los años noventa, resultó evidente para los expertos que siguen estos temas, e incluso para simples comentócratas como el que escribe, que el viejo modus vivendi migratorio entre México y Estados Unidos no era sostenible. Si México no hacía algo -negociar tácita o explícitamente un nuevo acuerdo con Estados Unidos a cambio de la legalización y de un mayor número de visas, de obligarse a desalentar o impedir salidas sin papeles, en conformidad con las leyes mexicanas vigentes- la situación de nuestros connacionales en Estados Unidos empeoraría de manera constante y dramática. Desde 1996, así ha sucedido.

El muro de Clinton en playas de Tijuana hasta Otay, el de Bush en parte del desierto de Sonora y Arizona, y el que el Senado aprobó pero que Obama hasta ahora no construye, es una parte de esta triste historia; las leyes racistas y xenófobas de estados como Arizona, Alabama, Georgia y Oklahoma, son una segunda parte de una misma; y los 3 millones de deportaciones son un tercer capítulo de esta tragedia. Por desgracia todos los que previmos y denunciamos este deterioro tuvimos razón; por desgracia nadie, ni las comunidades latinas en Estados Unidos, ni los presidentes Bush u Obama, ni los presidentes Fox, Calderón y Peña, ni los senadores Kennedy y Mc Cain, Schumer, Menendez y Rubio han podido hacer algo al respecto. No sé cuál sea la prioridad de la política exterior de México hoy. Sé que debiera ser el combate frontal, constante y todo-terreno contra esta tragedia.

En principio, para un Estado, extraditar a un nacional para ser juzgado por delitos cometidos en su propio país, con independencia de los efectos que dichos delitos puedan surtir en otra sociedad, es una abdicación de un elemento esencial de soberanía: la administración de justicia. Junto con la defensa de las fronteras, la expedición de una moneda, la exigencia de asegurar ciertos elementos mínimos de ciudadanía, la administración de la justicia es una función fundamental de cualquier Estado. La extradición -insisto- de un nacional a un tercer país por delitos cometidos en su propio país equivale a renunciar a esa prerrogativa.

Sin embargo, muchos Estados desde hace tiempo aceptan la extradición de sus nacionales por razones que resultan válidas. Además de los casos conocidos de Colombia, Bolivia y otras naciones latinoamericanas, existen ejemplos dentro de la Unión Europea. Las razones de violar este principio general son muy conocidas. En primer lugar la dificultad y el costo de un juicio en el país de origen: para ciertos sistemas judiciales puede resultar difícil u oneroso juzgar a un nacional bajo ciertas condiciones. Es el caso, por ejemplo, del debido proceso, los recursos ilimitados del acusado y no del Estado, abogados más truchos que en el Ministerio Público local, y una situación social difícil de administrar. Otro motivo es el riesgo de que el acusado pueda fugarse: sucedió con el propio Chapo, pero también con Caro Quintero y otros. Lo mismo ocurrió con Pablo Escobar en Colombia a principios de los años noventa. Una razón adicional es la imposibilidad de cercenar todos los lazos que puedan existir entre una persona encarcelada con el mundo exterior. Pero también puede tratarse de los nexos con los medios de comunicación, familiares, mafias de otro tipo, etcétera. De tal suerte que Estados democráticos, transparentes, con instituciones sólidas, en distintos momentos han preferido extraditar a un nacional aún cuando tenga cuentas con la justicia de su propio país.

Frente a este argumento, que no es despreciable, personas afines al actual gobierno de México y el propio presidente Santos de Colombia han sugerido que la extradición es un mal negocio para el país que lo efectúa. Se cortan líneas de comunicación que pueden ser de interés para el gobierno, por ejemplo como las que tiene un capo de medio pelo con sus colaboradores fuera de la cárcel. El gobierno de México, o de Colombia, o de Perú o de Bolivia, o de cualquier país, puede aprovechar esta comunicación para negociar acuerdos tácitos, apretar o aflojar la persecución, extraer información a cambio de un mejor trato, imponer el respeto de reglas no escritas. Asimismo, la extradición puede volverse un pretexto para que la otra parte, es decir Estados Unidos en la mayoría de los casos, sea quien lleve a cabo esa negociación: testigos protegidos y plea bargaining, a cambio de información valiosa. Existen entonces buenas razones abstractas para negar la extradición por principio; buenas razones concretas y pragmáticas para otorgarla casuísticamente, y buenas razones para negarla, también casuísticamente. No existen reglas generales de validez universal y perpetua.

En el caso de El Chapo vale la pena agregar un elemento adicional. Los últimos tres gobiernos de México han dedicado recursos considerables -humanos, militares, de inteligencia, diplomáticos, financieros- a su captura. No sé si el resultado se halle a la altura de los recursos invertidos y del tiempo transcurrido. Pero en todo caso, me parece difícil decirle a la sociedad mexicana “ahora que hemos gastado todo esto y entregado todos estos esfuerzos para capturar a este señor, debemos aceptar que no lo podemos juzgar en México. Mejor lo entregamos a los norteamericanos para que lo hagan ellos”. No parece ser una gran idea ni en México ni en Sinaloa.

Se puede uno preguntar hoy si la demanda valió la pena; si el resultado justifica el esfuerzo empeñado; y si no hay algo que México pueda hacer en casos como éste. Primero los antecedentes. En el caso AVENA, en realidad se agrupaba a 51 mexicanos condenados a muerte en EU, y que no habían podido ejercer su derecho de que las autoridades estadounidenses notificaran al consulado de México más cercano de su detención y de los cargos imputados.

Esa demanda, que tuve el honor de diseñar, impulsar y firmar en mi último acto como secretario de Relaciones Exteriores, se basó en un principio parecido al que al final del día contribuyó a que Florence Cassez fuera liberada exactamente hace un año. Un mexicano en apariencia culpable, en manos de un defensor de oficio hostil e incompetente, sin traductor, sin apoyo de su familia o de los funcionarios consulares mexicanos, puede no gozar del debido proceso que tendría si contara con todas estas prerrogativas. Si Cassez hubiera tenido acceso al Consulado de Francia desde el primer momento de su arresto, otro gallo hubiera cantado. Por eso la ministra Olga Sánchez Cordero insistió tanto en este tema en su ponencia ante la SCJN a principios del 2013. Si Edgar Tamayo hubiera contado con la traducción, la asesoría legal y el apoyo en general del Consulado de México en Houston, quizás de igual manera hubiera sido condenado, más no a la pena capital, con la que concluyó su vida. Aguas: no se puede invocar la Convención de Viena allá, y despreciarla aquí.

La protección consular en México, en EU o en el mundo no es asunto menor. Tampoco lo es que Texas invoque una soberanía propia y una supuesta “no firma” suya de la Convención de Viena para ignorar la recomendación del secretario de Estado John Kerry, o en casos anteriores del presidente texano Bush, de por lo menos llevar a cabo, como lo indica el fallo de la CIJ, una revisión del caso, procurando determinar si la protección consular hubiera desembocado en un desenlace diferente. Es de suma importancia subrayar este aspecto. Nadie afirma que los 51 mexicanos afectados por el caso AVENA hayan sido culpables; se afirma que la pena de muerte es un castigo por definición irreversible, y no debe aplicarse sin el respeto a las obligaciones internacionales y nacionales del debido proceso.

En los casi 10 años transcurridos desde La Haya, “sólo” han sido ejecutados 4 mexicanos. Son 4 de más, pero también son 47 que no lo han sido. Tres gobiernos de México han hecho lo posible para que estas tragedias no se repitan. El actual alentó que las violaciones mexicanas a la Convención de Viena tuvieran consecuencias, en el caso Cassez. La Cancillería ha estudiado la forma de convencer -y en parte lo ha logrado- al gobierno de EU de que legisle en su Congreso la obligación para que los estados de la Unión Americana cumplan con los tratados firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Quizás a partir del trágico término de la vida de Edgar Tamayo, convenga insistir aún más en Washington, esto en el entendido de que pasarán años para que se logre. No sería un mal tema a tratar por Peña Nieto con Obama, al reunirse en Toluca el 19 de febrero.

Felipe Calderón presumió durante buena parte de su sexenio que en México egresaban cada año del sistema de educación superior más ingenieros que en Alemania; citaba con frecuencia la cifra de 100 mil ingenieros titulados al año. Para darse una idea, la India, con sus afamados Indian Institutes of Technology, “produce” aproximadamente 450 mil ingenieros al año, con una población superior más de 10 veces a la nuestra. Estados Unidos, con una población tres veces mayor y un PIB per cápita seis veces superior al nuestro, genera alrededor de 50 mil cada año. De acuerdo con la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el número de ingenieros graduados cada año en México es de 24 mil.

Siempre me pareció que la cifra de Calderón era exagerada, simulada o simplemente falsa. Pero no me había puesto a investigar ni siquiera mínimamente su grado de veracidad, o en su caso las razones de esas cifras de resultar ciertas.

La UNAM tituló, en 2012, a 1,037 ingenieros de 18 carreras. Del sistema Tec de Monterrey, en todos sus campus con más de 90 mil estudiantes, ese mismo año se recibieron 3,133. Del IPN se titularon 4,567. Del ITAM 63. De la Ibero 274 ingenieros. De la UANL se titularon 1,372. De la UdeG, 1,054. En Veracruz, de la UV, 1,061. En Puebla, de la BUAP, se titularon 666. Es decir, de las instituciones públicas y privadas más grandes del país, sólo egresan alrededor de 13 mil ingenieros. De ser cierta la cifra, de las otras instituciones de educación superior se tendrían que titular casi 87 mil ingenieros al año, y simplemente no dan las cuentas.

La ANUIES publica la cifra en su Anuario Estadístico de Población Escolar en la Educación Superior de alrededor de 45 mil ingenieros titulados en 2012. Ya es una cifra significativamente menor a la de Calderón. Pero esta cifra aglutina subconjuntos que no necesariamente corresponden a la definición de ingeniería en la India, Alemania o Brasil. Por ejemplo, en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, existe la carrera en ingeniería en negocios y gestión empresarial; en la Universidad Tecnológica de Querétaro existe la carrera en ingeniería en innovación y desarrollo empresarial; y en la Universidad Iberoamericana la carrera en ingeniería de negocios.

Muchas de las empresas extranjeras que vienen a México ya desde ahora, por un lado, se sorprenden de la calidad, la seriedad, el profesionalismo y la dedicación de los buenos ingenieros mexicanos, es decir, de aquellos egresados de buenas universidades o facultades de ingeniería. Es muy difícil saber cuántos son. Pero también hay muchas empresas que vienen a México y que se quejan de la insuficiente preparación y del número exiguo de ingenieros titulados contratables para puestos que serían ocupados por ingenieros de los países de origen de dichas empresas. No sé cuántos ingenieros de verdad, es decir, competitivos, bien formados y susceptibles de ocupar puestos en el sector público o privado, nacional o extranjero, produzcamos en México cada año. Sí sé, de acuerdo con la ANUIES, cuántos producen las instituciones públicas y privadas de calidad: la cifra que ya dimos. No excluyo que haya otras instituciones igualmente buenas pero carentes del prestigio de las citadas, que titulen a un número adicional de ingenieros, pero entre 13 mil de las instituciones más importantes y los 100 mil de Felipe Calderón hay una gran diferencia.

En Estados Unidos ya empiezan los esfuerzos de prospección y de revisión histórica. El Council of Foreign Relations de Nueva York ya formó una comisión sobre la integración de América del Norte, presidida por Robert Zoellick, ex presidente del Banco Mundial, ex subsecretario de Estado y ex representante especial de Comercio, y David Petraeus, militar retirado, ex director de la CIA y ex jefe de las tropas norteamericanas en Afganistán. Durante un año buscarán una “gran idea” para el futuro de la región, inspirada en parte por el libro de Robert Pastor (miembro de la comisión) The North American Idea. En México no hay posibilidad de que suceda algo por el estilo, pero por lo menos podemos esperar una buena discusión sobre los saldos del TLCAN.

De darse, ojalá partiera de los orígenes: la verdadera historia de por qué Salinas decidió proponerle el acuerdo a Bush (padre); qué beneficios prometieron, qué denunciaron los críticos o adversarios mexicanos del convenio en cuanto a los peligros por venir. Sabemos que todos los bandos exageraron -ni llegaron todos los frutos prometidos, ni sucedieron todas las catástrofes anunciadas- pero será útil revisar qué predijo cada quien. Tenemos la ventaja del tiempo: cinco presidentes mexicanos, 14 años de crecimiento económico cercano al promedio de las dos décadas, dos muy buenos, dos muy malos, y dos de expansión casi nula (2001 y 2013). De suerte que ningún año demasiado malo o excesivamente bueno impacta mucho. Tuvimos dos alternancias políticas, tratados con otros países, presidentes con mayorías legislativas y lo contrario, ataques terroristas en Estados Unidos, demócratas y republicanos gobernando a partes iguales. Abunda la materia prima para el análisis.

Lo difícil será lograr un debate sustantivo y de buena fe, y la selección de los puntos de referencia. ¿Con qué debemos comparar el desempeño mexicano en el TLCAN? ¿Con los 20 años anteriores? ¿Con ejercicios contrafactuales, por definición hipotéticos, y a veces descabellados? ¿Con lo hecho por países cercanos durante el mismo lapso (Chile o Brasil), o con países lejanos en una época diferente pero en situaciones análogas (Europa del sur, por ejemplo)? Los opositores al tratado señalarán los resultados insuficientes (crecimiento económico raquítico -de 2,5% anual en promedio-, cero aumento de la productividad, inversión extranjera mediocre, escasa reducción de la pobreza, magro incremento del empleo manufacturero y de los ingresos reales), y sus partidarios esgrimirán argumentos en sentido inverso: crecimiento descomunal de las exportaciones (multiplicadas por 6 en 20 años), democratización en México, “efecto Walmart” para las clases medias en pleno ensanchamiento. Los primeros sostendrán que muchas de las desgracias en el país durante estos lustros son atribuibles al TLCAN: Chiapas, narco, economía informal, magnicidios, migración masiva; los segundos responderán que nos hubiera ido peor sin TLCAN. Sería provechoso que todos procuraran fundamentar sus tesis con datos, por sesgados o selectivos que fueran.

Por mi parte, recordaré, en los meses que vienen, la posición que asumí entre 1990 y 1993 de criticar al tratado de Salinas, proponiendo otro acuerdo y no la perpetuación del status quo, y aceptando su realidad una vez aprobado. Trataré de detectar las disyuntivas que se presentaron y en las cuales el país se equivocó, con la ayuda del TLCAN o a pesar de él. Y concluiré, creo, que el convenio no nos trajo grandes daños, que sus resultados son superiores al contrafactual inercial, pero inferiores a las expectativas, a las necesidades, a las posibilidades con un tratado diferente. Bienvenido el debate.

Por lo menos desde el Tratado de Versalles y la creación de la Sociedad de Naciones, se sabe que no hay ni derecho ni sistema jurídico internacional sin algún tipo de policía, también internacional. La decisión del Senado de Estados Unidos de no permitir el ingreso de Washington a la organización basada en Ginebra la condenó a la irrelevancia, pero su estructura tampoco hubiera permitido un funcionamiento eficaz, ya que carecía de elementos disuasivos contra los violadores del derecho internacional. Por ese motivo, cuando se crea la ONU en 1945, se establece el Consejo de Seguridad, compuesto por cinco miembros permanentes con derecho de veto -los ganadores de la guerra- y un número que ha ido variando de no permanentes, para en su caso ordenar el uso de la fuerza cuando se ven amenazadas la paz y la seguridad o se violan normas jurídicas convenidas en algún momento. El Consejo es la policía.

El problema es que en vista del veto sistemático de la URSS a resoluciones desde finales de los años cuarenta hasta su desaparición; o de Estados Unidos a cualquiera contraria a Israel (salvo en 1956), esa policía tiene las manos atadas. Y la única manera que hasta ahora se ha encontrado para desatárselas consiste en la amenaza y la realidad del uso unilateral de la fuerza o una “coalición de los dispuestos”, que destrabe los impasses en el Consejo; en los hechos, ha tendido a ser Estados Unidos. No han sido muchas las ocasiones cuando esto ha sucedido, pero los casos recientes de Libia y ahora en Siria pueden ser premonitorios. Si Rusia logra imponerle a Bashar Al-Assad el desmantelamiento de su arsenal químico, será porque Estados Unidos, Francia e Inglaterra amenazaron de manera creíble con recurrir a la fuerza sin el Consejo para destruir dicho arsenal. Los tres países occidentales no aceptarán un arreglo que carezca del apoyo y de la amenaza del uso de la fuerza por el Consejo de Seguridad si se llegara a incumplir. Si llegamos a este final feliz, será gracias a la credibilidad de la amenaza de Obama de proceder por su cuenta.

La consideración geopolítica se refiere justamente a la credibilidad de Obama. No con Siria y su arsenal químico, sino con Irán y su posible futuro y minúsculo arsenal nuclear, que a los ojos de Israel constituye una amenaza intolerable. Tengo la impresión -para nada la certeza- de que el trasfondo de todo este embrollo radica en una smoking gun que Benjamín Netanyahu le mostró a Obama: los videos y las pruebas del ataque con gas sarín en Siria el 21 de agosto, cuando perecieron 1,400 personas. El primer ministro israelí le habría advertido a Obama: “Dijiste que el uso de armas químicas era una raya roja, que no permitirías que Al-Assad cruzara. Aquí está la prueba de que la traspasó. ¿Le vas a entrar? Porque también dijiste que hay una raya roja a propósito del programa nuclear iraní. Si no cumples con tu promesa de la raya roja siria, ¿por qué debemos creerte con la raya roja iraní? Si no te creemos, actuaremos solos contra Irán, entre antes mejor”.

Ante este hipotético ultimátum israelí, Obama no habría tenido opción más que proceder como lo ha hecho, a sabiendas de que enfrentaría resistencias internas y externas muy grandes para actuar de manera unilateral en Siria. De no lograr por la vía diplomática el mismo resultado, gracias al oportunismo (en el buen sentido de la palabra) ruso, la posibilidad de una intervención israelí contra el programa nuclear de Irán crecería a pasos agigantados, y desembocaría en una crisis, esa sí mayúscula, en muy pocos meses. Quién sabe si todo esto sea cierto, pero lo divertido de los asuntos internacionales reside siempre en la manera en que se prestan a todo tipo de especulación ociosa, porque es imposible demostrar el error o el acierto.

La primera fue la reacción de la Cámara de los Comunes en Inglaterra ante la solicitud del primer ministro Cameron de acompañar a Estados Unidos, a Francia y a otros países de la OTAN en una acción militar contra el régimen de Al Assad en Siria. Después de un largo debate, Cameron, que dispone de una mayoría en el Parlamento, vio rechazada su solicitud. Hará lo que cualquier gobierno democrático: aceptar su derrota, reagrupar fuerzas, buscar cambiar la correlación de fuerzas y volver a la carga. Tomando en cuenta las dudas esgrimidas por los parlamentarios escépticos.

En un segundo momento, algo parecido le sucedió a Obama ya listo para anunciar el inicio del bombardeo de instalaciones militares sirias. Después de perder el apoyo británico y al percatarse de la oposición interna en la opinión pública y en el Congreso, Obama dio marcha atrás. Prefirió emplazar al Congreso, al pedir permiso para una intervención militar, subrayando que no la consideraba legalmente indispensable. Optó por llevar su propuesta a través de un despliegue de cabildeo y de persuasión como no se había visto en su mandato desde su primera campaña. Todo indica que encontrará el apoyo necesario, pero menguado, restringido y condicionado. Lo reconoce Obama y así lo reconocen y agradecen los distintos sectores de la sociedad norteamericana.

El tercer caso, que no ha funcionado hasta ahora, es el de Francia. El presidente Hollande considera que no requiere autorización de parte de la Asamblea Nacional para actuar junto con Estados Unidos y la OTAN en Siria. Pero un gran número de parlamentarios franceses piensa lo contrario. En este juego de vencidas es difícil saber quién va a ganar, pero a Hollande le está yendo menos bien que a Obama y a Cameron en sus duelos respectivos.

El cuarto caso es, en menor escala, y por razones distintas, la reacción del gobierno de Enrique Peña Nieto a “la calle” de la Ciudad de México (nutrida por los caminos de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y otras entidades). Más allá de las ventajas e inconvenientes de la “reforma educativa” del gobierno y de los méritos o deméritos de la oposición de la CNTE y otros sectores del magisterio a dicha “reforma”, el hecho es que el Congreso no podía dejarse amedrentar por la “calle”, pero el gobierno no podía dejar de tomar en cuenta los sentimientos de “la calle”. Creo que el desenlace, que es una solución de compromiso, ha sido bueno. Se desactivó la protesta, se aprobó la legislación reglamentaria sobre el Servicio Profesional Docente, obviamente con concesiones importantes a “la calle”, y esta etapa del conflicto comienza a superarse. Todo mundo puede sentirse satisfecho del resultado.

Sin embargo, a diferencia de México, las instituciones no se niegan a reconocer que se vieron obligadas a hacerle caso a la “calle”, mientras que en México, las instituciones y los poderes fácticos (Elba Esther no era el único) parecen renuentes a reconocer que hubo una negociación tácita o explícita donde cada quien puso de su parte. Tratar de hacernos creer que la legislación secundaria de la llamada reforma educativa es perfecta, revolucionaria e impoluta, me parece iluso y pueril. EPN haría mejor en seguir el camino de Obama y Cameron que el de Hollande; lo digo a pesar de toda mi francofilia.

Abundan las explicaciones, desde la segmentación por sector socioeconómico de la audiencia, hasta la prohibición de cierto tipo de anuncios en tv abierta, e incluyendo la proliferación de monopolios. Basta prender la televisión en el canal 1626 de Sky en HD para darse cuenta de los anuncios que se presentan en CNN de Estados Unidos (no internacional): Lipitor, Cialis, Crestor, Celebrex, Viagra, Lyrica, Nexium, etcétera. Es decir, la industria farmacéutica constituye una parte significativa de la publicidad televisiva de EEUU, y en otros países donde hay publicidad del mismo tipo. Lo lógico sería que esas mismas empresas anunciaran sus productos en la televisión mexicana. No es el caso.

Ninguno de los productos mencionados se promociona en la tele en México. No sólo no se pueden anunciar los medicamentos de uso controlado y los que contienen barbitúricos o que fungen como ansiolíticos o antidepresivos (Tafil, Lexotán, Prozac o por supuesto opiáceos contra el dolor); tampoco los medicamentos que son simples analgésicos, antihistamínicos o para curar males estomacales sencillos. La razón supuesta reside en la proverbial propensión mexicana a la automedicación. Se piensa -y tal vez con cierta razón aunque puede ser leyenda urbana- que el mexicano se autorreceta con singular alegría. Además, sabemos que el control de las sustancias, salvo las que están sujetas a una regulación más rigurosa, es bastante porosa: aunque ahora se exige receta para adquirir antibióticos, todo mundo tiene su farmacia de cabecera donde compra desde penicilina hasta ciproxina sin receta. Por tanto, se ha concluido que la publicidad de medicinas en la televisión, en vista de la automedicación y de la mediocridad del control, conduciría a un estallido del uso incontrolado de todo tipo de medicamentos.

Ahora bien, en México, país de milagros recurrentes, hay productos que sí se anuncian porque no son medicinas, pero no pagan IVA porque sí son medicinas. Estos constituyen un pequeño paliativo para la exigüidad del pastel publicitario farmacéutico. Hay muchos, pero me quedo con un simple ejemplo, porque es sin duda el más conocido: Genomma Lab. Rodrigo Herrera, empresario audaz, talentoso y de gran éxito, vende varias mercancías que no pagan IVA, es decir que son medicamentos, y las anuncia en la televisión.

Ejemplos de algunos productos de Genomma Lab que no pagan IVA: Bengue, Ultra Bengue (para el dolor muscular); Dalay (para la ansiedad); MaEvans intervención capilar (distinto al shampoo: éste sí hace crecer el pelo); M Force cápsulas (para un mejor desempeño en la cama); Cicatricure (no todas, sólo una, que esa sí desvanece cualquier cicatriz de nip tuck, cesárea o de ingreso al paraíso); Shot B, Shot B diabético complejo B (para mayor energía en la vida). Al contener todos estos productos un mínimo ingrediente médico activo, califican como medicamentos y no pagan IVA. Pero sí se anuncian. Dejo al lector la tarea de corroborarlo.