Como ya se ha comentado aquí, concentrar los recursos humanos y materiales disponibles en la lucha contra el secuestro, la extorsión, el asalto en vía pública y en domicilio, en un país con recursos escasos, implica cambiar el acento y de alguna manera replegarse en la lucha contra el narco. No sabemos si esto ha sucedido, en parte por buenas razones -el gobierno no tiene por qué andarlo diciendo-, en parte porque los medios no hacen su trabajo -no nos reportan cuántos retenes se han desmontado, cuántas tropas siguen en las carreteras y fuera de sus cuarteles, en dónde se encuentran los contingentes de la Policía Federal- y en parte porque los resultados de esta posible táctica novedosa tardarán en notarse. Ojalá así sea: nada tendría más sentido que combatir la extorsión, en particular en Michoacán, y dejar que los narcos, grandes o chicos, desarrollen con la mayor libertad posible su vocación originaria: cultivar amapola y marihuana, e instalar laboratorios de metanfetaminas.

Pero hay dos problemas, más o menos serios. Todos los datos disponibles sugieren que durante estos 14 meses, los secuestros y la extorsión han aumentado, tal vez incluso de manera dramática, mientras que no sabemos si la presión sobre el narco ha disminuido, y los homicidios dolosos en general y vinculados a la guerra contra el crimen organizado apenas han disminuido, y más bien lo han hecho siguiendo la tendencia iniciada en 2012. La mejor prueba de ello es el anuncio por parte del secretario de Gobernación de una “nueva estrategia contra el secuestro”, la enésima, y el nombramiento de un nuevo “zar antisecuestros”, y una imaginativa mecánica antiextorsión en Michoacán, a saber, aliar al Ejército con las autodefensas para golpear a Los Templarios extorsionadores. Para que funcione la estrategia de combatir la violencia que afecta a la gente y poner en un segundo plano el combate al narco, necesitamos algunos comprobantes: que disminuyan los secuestros y la extorsión con relación a 2012, que disminuyan los decomisos y quemas de estupefacientes ilegales, que aumenten las exportaciones de origen nacional o in bond a Estados Unidos y que se produzca una reducción significativa de los homicidios dolosos en relación ya no sólo al pico de 2011, sino a los años previos a la guerra de Felipe Calderón.

El segundo problema es que esta nueva estrategia, para verse realmente eficaz, tendría que explicar el origen y la lógica del incremento de los secuestros y de la extorsión. Ambos son inconfesables. Por una sencilla razón: no parece haber explicación alterna al aumento de secuestros y de la extorsión que la propia guerra, incluso, si se quiere, su éxito paradójico. Es altamente probable que el crimen organizado, al verse presionado en su actividad más lucrativa y preferida, a saber, el narcotráfico, optó por desplazarse hacia el secuestro y la extorsión, entre otras maldades. La pregunta que muchos en México nos hacemos hace varios años es: ¿para qué diablos tener un éxito así? ¿No era preferible el fracaso?

Hoy los protagonistas más capaces del PRI, como los que se encuentran en el gobierno, o Manlio Fabio Beltrones y David Penchyna en el Congreso, reconocen de una manera u otra que quizás la reforma de fondo ahora aprobada pudiera haberlo sido doce o seis años antes. Saben bien, porque allí estuvieron, que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, con las habilidades y torpezas de cada uno, se propusieron una abertura a la inversión privada en CFE y Pemex, y que fracasaron porque el PRI no quiso regalarles esa medalla. Especialistas de gran talento y simpatía por México como Daniel Yergin postulan, posiblemente con razón, que sólo un presidente del PRI hubiera podido enterrar la herencia del PRI: Nixon en China, como nos lo anunció Enrique Peña Nieto en La hora de opinar hace casi dos años. Todos concluyen, de alguna manera, que fue una lástima que todo esto -lo cual, como ya dije, aplaudo y aquilato- no haya sucedido antes, pero lo esencial es que haya acontecido ahora. ¿Y si no? ¿Podrá pasar lo mismo que con la transición a la democracia, o la apertura de la economía?

Algunos, desde el 2003, sostuvimos que México debía encontrar el mecanismo jurídico, financiero y de gestión de proyectos, para incrementar de modo dramático nuestra producción y exportación de hidrocarburos en el corto plazo. Argumentamos que con los recursos procedentes de ese aumento, debíamos construir la infraestructura, la educación y la red de protección social que el país exigía y merecía. Planteamos que por diversas razones -los precios, el cambio climático, el descubrimiento de otros yacimientos en otros países, con otras tecnologías- no disponíamos de una eternidad para “sembrar” nuestro petróleo y gas natural. Pocos -y mucho menos que nadie, yo- sabíamos nada del shale, ni podíamos prever que los precios del crudo se mantendrían a los niveles de hoy tanto tiempo o que bajaran los del gas como ha ocurrido. Pero sí parecía evidente que necesitábamos crecer más; que carecíamos de los recursos necesarios para invertir con esa meta; y que sólo el petróleo y el gas, en las aguas profundas del Golfo, en el litoral de Tabasco, en Lancahuaza, y quizás en la Cuenca de Burgos, nos podía suministrar esos recursos. Y que únicamente en asociación con capital extranjero podríamos sacarlo y venderlo.

Por muchos motivos, como dice mi amigo Joel Ortega, si antes tal vez éramos la última Coca Cola del desierto, hoy hay miles. La reforma energética es una condición necesaria para sacar los hidrocarburos que hay -no creo que sepamos bien a bien cuánto- pero me salta la duda si no se nos pasó también de tueste, y que ya no sea una condición suficiente. Nada de esto es culpa de Enrique Peña Nieto, que ha hecho toda la tarea cuando ha podido hacerla, pero sí de su partido, que se negó sistemáticamente a hacerla cuando pudo. ¿Cómo quedaría el ejercicio contra-factual? ¿Dónde se encontraría México si el PRI, o una parte por lo menos, hubiera accedido a una reforma de esta naturaleza al arranque del sexenio de Vicente Fox o del de Felipe Calderón? ¿Cómo nos hubiera ido con Diego Fernández de Cevallos de presidente en el 94, o con la inversión extranjera en hidrocarburos o electricidad en el 2001 o el 2007? Nunca lo sabremos, pero si dentro de cinco años efectuamos un primer balance del sexenio de EPN, tendremos que hacernos la pregunta. La respuesta encierra un doble enigma. ¿Es infinita la paciencia del tiempo histórico? ¿Los responsables del retraso mexicano se reconocen a sí mismos? Feliz año nuevo a todos.

Felipe Calderón presumió durante buena parte de su sexenio que en México egresaban cada año del sistema de educación superior más ingenieros que en Alemania; citaba con frecuencia la cifra de 100 mil ingenieros titulados al año. Para darse una idea, la India, con sus afamados Indian Institutes of Technology, “produce” aproximadamente 450 mil ingenieros al año, con una población superior más de 10 veces a la nuestra. Estados Unidos, con una población tres veces mayor y un PIB per cápita seis veces superior al nuestro, genera alrededor de 50 mil cada año. De acuerdo con la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el número de ingenieros graduados cada año en México es de 24 mil.

Siempre me pareció que la cifra de Calderón era exagerada, simulada o simplemente falsa. Pero no me había puesto a investigar ni siquiera mínimamente su grado de veracidad, o en su caso las razones de esas cifras de resultar ciertas.

La UNAM tituló, en 2012, a 1,037 ingenieros de 18 carreras. Del sistema Tec de Monterrey, en todos sus campus con más de 90 mil estudiantes, ese mismo año se recibieron 3,133. Del IPN se titularon 4,567. Del ITAM 63. De la Ibero 274 ingenieros. De la UANL se titularon 1,372. De la UdeG, 1,054. En Veracruz, de la UV, 1,061. En Puebla, de la BUAP, se titularon 666. Es decir, de las instituciones públicas y privadas más grandes del país, sólo egresan alrededor de 13 mil ingenieros. De ser cierta la cifra, de las otras instituciones de educación superior se tendrían que titular casi 87 mil ingenieros al año, y simplemente no dan las cuentas.

La ANUIES publica la cifra en su Anuario Estadístico de Población Escolar en la Educación Superior de alrededor de 45 mil ingenieros titulados en 2012. Ya es una cifra significativamente menor a la de Calderón. Pero esta cifra aglutina subconjuntos que no necesariamente corresponden a la definición de ingeniería en la India, Alemania o Brasil. Por ejemplo, en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, existe la carrera en ingeniería en negocios y gestión empresarial; en la Universidad Tecnológica de Querétaro existe la carrera en ingeniería en innovación y desarrollo empresarial; y en la Universidad Iberoamericana la carrera en ingeniería de negocios.

Muchas de las empresas extranjeras que vienen a México ya desde ahora, por un lado, se sorprenden de la calidad, la seriedad, el profesionalismo y la dedicación de los buenos ingenieros mexicanos, es decir, de aquellos egresados de buenas universidades o facultades de ingeniería. Es muy difícil saber cuántos son. Pero también hay muchas empresas que vienen a México y que se quejan de la insuficiente preparación y del número exiguo de ingenieros titulados contratables para puestos que serían ocupados por ingenieros de los países de origen de dichas empresas. No sé cuántos ingenieros de verdad, es decir, competitivos, bien formados y susceptibles de ocupar puestos en el sector público o privado, nacional o extranjero, produzcamos en México cada año. Sí sé, de acuerdo con la ANUIES, cuántos producen las instituciones públicas y privadas de calidad: la cifra que ya dimos. No excluyo que haya otras instituciones igualmente buenas pero carentes del prestigio de las citadas, que titulen a un número adicional de ingenieros, pero entre 13 mil de las instituciones más importantes y los 100 mil de Felipe Calderón hay una gran diferencia.

Lo que sí conocemos ya es el resultado de las encuestas al año de haber tomado posesión Enrique Peña Nieto. Además de la de esta casa, se pueden consultar la de Ulises Beltrán, en Excélsior; la de Francisco Abundis y Parametría; la de Jorge Buendía, en El Universal, y algunas otras de radio o privadas. Todas reflejan la misma tendencia, con campos de variación mayores o menores según la ficha técnica de cada sondeo. Los números son malos y deben ser preocupantes. La aprobación y calificación del presidente y del gobierno han caído entre una cuarta y quinta parte; la evaluación del desempeño gubernamental en temas específicos también, y los augurios negativos para el futuro se han elevado.

La razón inmediata de estas pésimas cifras es obviamente el estado que guarda la economía mexicana. La gente le da más importancia a los problemas económicos que a los de la violencia o la inseguridad, a diferencia del sexenio anterior, salvo en 2009. Ninguno de los acontecimientos del año transcurrido sirven para contrarrestar esta preocupación: ni la detención de Elba Esther Gordillo, ni el Pacto por México, ni las reformas, y en todo caso la llamada reforma hacendaria sólo ha agravado las cosas. Hasta aquí no hay mucho nuevo que decir ni que analizar; un mal año económico genera malos resultados en las encuestas, y punto final. En cambio, las cosas se complican cuando se trata de avanzar un poco más.

Conviene recordar que el mediocre desempeño de la economía, si bien se ha manifestado a lo largo de todo el año, empezó a percibirse con claridad apenas al terminar el primer semestre. Los números de Peña Nieto nunca fueron demasiado buenos: pasó del 38% en la elección presidencial a ligeramente más del 50% días después de la toma de posesión, para estabilizarse en esos niveles hasta que comienza su desplome entre agosto y noviembre. Nunca alcanzó los niveles de Vicente Fox o de Felipe Calderón al arranque de su mandato. Aquí puede hallarse el secreto de su desventura demoscópica.

Desde 1997, el PRI en México tiene un piso electoral -el 25% de Madrazo en 2006- y un techo: entre 40% y 43%, sin el Partido Verde y otros aliados en un par de elecciones de medio periodo. Con su buen comienzo y el optimismo inmortal del mexicano, EPN logró incluso superar esos niveles en las encuestas, aunque por poco y durante poco tiempo. Rápidamente volvió al nivel de confort del PRI, o un poco arriba de ello, en alrededor de 45%. Algunos pueden creer que, para romper ese techo, el PRI tiene que hacer bien las cosas. Yo creo que, para superar ese umbral, el PRI tiene que hacerle olvidar a la gente que es el PRI.

A pesar de los aplausos que en algunos sectores le ha traído a EPN el volver al solemne ritual priísta/presidencialista, mi impresión es que eso sólo complace al entre 40% y 45% que no aborrece al “partidazo”. A todos los demás, el rito PRI les recuerda… al PRI, es decir, fortalece la sensación de que volvieron los de siempre. Los de ahora actúan, por lo menos en las formas, que según ellos son esenciales, como los de antes. Si esto es así, a mayor comportamiento priísta, a mayor ritual solemne, a mayor reverencia por la investidura y los peculiares y anacrónicos estilos de gobernar de un partido del siglo pasado, mayor rigidez del techo y menores probabilidades de corregir esta situación.

María Elena Morera, ex directora de México Unido Contra la Delincuencia, Héctor Aguilar Camín y cuatro ex miembros de los gabinetes de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón expusimos las razones por las cuales hemos decidido apoyar esta iniciativa, y las formas que hemos escogido para hacerlo. Quisiera aquí retomar algunos de los puntos que no pude desarrollar con la amplitud que hubiera deseado.

En primer lugar, es fundamental subrayar la dinámica internacional de la despenalización en el DF que puede traer. Como me señaló el editor de un periódico norteamericano, si el DF llegara a despenalizar el consumo de la marihuana, desde el punto de vista internacional, esto colocaría al gobierno mexicano en una situación a la vez compleja y favorable.

Difícilmente Peña Nieto podría mantener la postura prohibicionista, punitiva y terriblemente onerosa de los últimos 40 años, con las variaciones propias de cada sexenio, si la legislatura local de su propia capital diera un paso en sentido opuesto, por pequeño que fuere ese paso.

Si el gobierno federal se encontrara en dificultades para seguir siendo partidario de la postura prohibicionista lanzada por Richard Nixon en 1971, Washington perdería a uno de sus aliados más cercanos en la llamada ”guerra contra las drogas’’.

Es cierto que nada de esto es obligatorio, los márgenes siempre son más amplios. También es un hecho que EPN podría cuestionar la constitucionalidad de una decisión de esta naturaleza por las autoridades capitalinas, apartándose de la posición que ha seguido Obama frente a los estados de Washington y Colorado. Incluso tal vez ganaría un recurso si lo interpusiera. O, sin que eso sucediera, podría en teoría seguir fiel a la posición punitiva, quizás cuestionado, pero no necesariamente debilitado.

De cualquier manera, la consecuencia internacional de esa decisión sería enorme, y enterraría quizás para siempre la tesis de que México no puede avanzar en esta dirección si no lo hace Estados Unidos. Un segundo aspecto que sí fue discutido en la mesa de la Fundación Miguel Alemán y que merece un comentario adicional es aquel planteado por un ex subsecretario de Salud, José Campillo, y también por Aguilar Camín, sobre la posible hipocresía o futilidad de despenalizar el consumo, manteniendo la prohibición de producir, vender y comprar. Aunque esta es la vía que siguió Portugal hace unos años, con buenos resultados, es cierto que encierra una contradicción: ¿cómo se puede poseer o consumir algo legalmente si no se puede comprar, vender o producir legalmente?

Las respuestas a esta pregunta son múltiples, desde aquella, por ejemplo, promovida por Armando Santacruz de México Unido Contra la Delincuencia, entre otros, sobre los clubs de cannabis en la Ciudad de México. Estos fueron objeto ya de una solicitud de autorización ante la Secretaría de Gobernación y la Cofepris, ambas siendo denegadas, y ahora es objeto de un recurso de amparo ante la justicia federal.

Otra posibilidad radica en la propuesta inicial del gobierno de Uruguay, a saber el monopolio estatal de la producción de marihuana y la venta por el Estado de la misma. Esta solución no prosperó y fue sustituida y ayer aprobada la legalización de la producción, comercialización y consumo de marihuana, en Montevideo, Uruguay.

Los seis participantes en la mesa hemos pensado que conviene centrar este esfuerzo en la exclusiva despenalización del consumo, sólo de la marihuana, y sólo en el DF, aunque las declaraciones de Graco Ramírez, gobernador de Morelos, en el mismo foro desde el público fueron tan audaces y contundentes que posiblemente se abra también una posibilidad en ese estado vecino.