¿Cuáles coincidencias? La primera, muy sencilla, es que no basta ser electo democráticamente para gobernar democráticamente o, como lo dijo Felipe González, la legitimidad de origen debe compaginarse con la legitimidad de gestión. No se pueden justificar conductas de gobierno antidemocráticas -represión, suspensión de libertades, censura de los medios, por el simple hecho de haber ganado una elección, aun suponiendo, que no siempre es el caso, que dicha elección haya sido limpia, y menos si no fue equitativa. Cardoso subrayó la deriva autoritaria creciente en la región: se justifican las sucesiones dinásticas y las reelecciones permanentes o elecciones cada vez menos transparentes debido a la utilización del aparato de Estado, de los medios y del dinero del erario para que gane el saliente o su esposa o su hijo o su hermano o quien fuera.

La segunda coincidencia fue lo que Lagos llamó la necesidad de una voz común para una América Latina cada vez más dividida entre Norte y Sur, entre Atlántico y Pacífico, y entre una izquierda radical, y en ocasiones autoritaria, y un centro izquierda o centro derecha moderado, democrático y globalizado. Pero esa voz común, agregué por mi parte, con el acuerdo de los demás, sólo puede basarse en ciertos valores: la defensa colectiva de la democracia y de los derechos humanos, tanto en los países de América Latina como en el mundo entero. América Latina no tiene mucho más que decir; hablar con esa voz común, como dijo Sanguinetti, implica abandonar el respeto sacrosanto al principio de no intervención, que si bien adquirió relevancia para combatir la injerencia de superpotencias en los asuntos internos de pequeños países, hoy es un pretexto para justificar la pasividad ante los excesos de gobiernos “amigos”.

La tercera coincidencia fue la concreción de esta tesis: los demócratas en América Latina no han elevado la voz ante la deriva autoritaria o represiva, en particular en Venezuela durante estos últimos meses, pero sí en varios otros países, en otros momentos, durante los últimos años. Lagos lamentó, casi desesperado, el intento de equiparar a Nicolás Maduro con Salvador Allende; él, que fue colaborador de Allende. Cardoso, que como Presidente fue un abanderado de la no intervención, lamentó el silencio del gobierno brasileño ante la situación en Venezuela; y Felipe González, hablando de una región que también le es cercana, lamentó la complicidad de la Unión Europea con el derrocamiento por la calle de un payaso corrupto y asesino como Yanukovych, en Ucrania, pero también un cierto silencio europeo ante la anexión rusa de Crimea y, mañana, de Ucrania Oriental.

Al igual que con la legalización de las drogas, los cuatro no necesariamente pensaban o decían lo mismo cuando se encontraban en funciones. Para eso sirve el debate, y el paso del tiempo.

La ecuación es muy sencilla. Para que México crezca al 5% por año, es indispensable, aunque quizás no suficiente, que invierta alrededor de la cuarta parte de su producto anual. Andamos, con ciertas variaciones anuales, en alrededor de 20 o 21 %; nos faltan por lo menos 5 puntos porcentuales adicionales de inversión. Como el sector público difícilmente lo puede hacer, debido a la restricción fiscal, y como el sector privado mexicano ha ido invirtiendo cada año más en el extranjero y menos proporcionalmente en México, todo sugiere que buena parte de estos 5 puntos adicionales tendrá que provenir de la IED. Ya hemos comentado en estas páginas cómo el porcentaje de IED sobre PIB en México ha disminuido en los últimos lustros. Su año pico fue en 1995 cuando alcanzó poco más del 3% (aunque en parte se debió a la contracción draconiana de la economía). Se mantuvo en esos niveles o ligeramente por debajo hasta el año 2001 (2.8%) y a partir de entonces ha seguido descendiendo al grado que el año pasado se hundió a 1.1%, la cifra más baja desde 1981 (ligeramente distorsionada por la desinversión de Grupo Santander México a través de una salida en bolsa de Nueva York). Pero resulta más interesante  comparar esta evolución e insuficiencias mexicanas con las cifras de otros países latinoamericanos para estos mismos años.

El rey, por supuesto, es Chile, que para el periodo 1996-2012 ha oscilado entre un mínimo de 6.1% en 2000 y un máximo de 11.3% en 2012. En segundo lugar viene Perú con cifras elevadas aunque inferiores: un mínimo de 1.5% en 2000, y un máximo de 6.2% tanto en 1996 como en 2012. Colombia y Costa Rica también arrojan resultados impresionantes, Costa Rica llegando a 5 puntos el año pasado y nunca encontrándose debajo de 2.6%. Nótese la comparación: si México recibiera 5% del PIB en Inversión Extranjera Directa cada año, este año ingresarían al país casi 60 mil millones de dólares (sin la compra de Modelo no llegaremos a 20 mil millones). Colombia, por su parte, con todo y guerra, pasó de 3.2% en 1996 a 2.4% en el 2000, al 7% en 2005, en el 2012, 4.3%, cuatro veces más que México.

El caso de Brasil es contradictorio. Empezó este periodo con 1.3% en 1996, en un momento cuando apenas empezaban a verse los efectos de las reformas impulsadas por el presidente Fernando Henrique Cardoso. En 2000 subió a su punto más elevado -5.1%- debido a la recuperación tras la crisis de 1999 y a los siete años de Cardoso. Para 2005, sin embargo, cayó a 1.75%, para repuntar a 2.9% en 2011 y a 3.4% en 2012, o sea el triple que México ese mismo año.

Lo que esta rápida comparación superficial nos muestra es que bajo determinadas condiciones, que no son todas extrapolables a México (Chile y Costa Rica son países pequeños, pero Colombia y Perú son medianos), es factible elevar el monto de la IED en un país en relación a su PIB. Pero nunca hay situaciones irreversibles, el esfuerzo tiene que ser duradero y tiende a ser arduo y doloroso. Nadie debe engañarse sobre la magnitud del reto que enfrentamos en esta materia en los próximos años.