En primer lugar, si bien tanto Allende como Maduro fueron electos, uno lo fue sin cuestionamiento por parte de los candidatos derrotados, al grado de que por no haber obtenido el 50% del voto, Allende fue electo por el Congreso chileno gracias a los sufragios de la democracia cristiana. No es que el margen de victoria de Maduro sea menor o mayor que el de Allende; la otra mitad de la sociedad venezolana cuestionó a tal grado la elección que desconoce a Maduro.

Pero sobre todo Maduro no es Allende porque El Chicho, aunque pudo haber gobernado mal, lo hizo de manera democrática. No cerró medios masivos de comunicación; no reprimió a estudiantes; no encarceló a los líderes de la oposición demócrata cristiana o del Partido Nacional; no cambió la Constitución, ni la Suprema Corte, ni buscó reformar a las instituciones. La gestión de Maduro difícilmente ha sido democrática, como tampoco lo fue la de Chávez. Ambos -Chávez y Maduro- han expropiado, comprado y censurado medios de comunicación, detenido a dirigentes de la oposición, manipulado las instituciones y, en general, han incurrido en una conducta gubernamental todo menos que democrática. Sólo la ceguera ideológica y la ignorancia histórica pueden comparar a un demócrata martirizado con un payaso.

Otra diferencia radical reside en las características de cada oposición. En Chile, buena parte de la Democracia Cristiana, del Partido Nacional y del Ejército eran efectivamente fascistas. Tan golpistas fueron… que dieron un golpe de Estado. Algunos dirán que eso mismo sucedió en Venezuela hace 12 años. Pero justamente: hace 12 años.

Difícilmente se puede equiparar a Leopoldo López o a Henrique Capriles o a María Corina Machado con Augusto Pinochet o muchos otros fascistas de verdad de aquella época. Uno puede discrepar o avalar las estrategias de cada uno. Pero sus credenciales democráticas, al día de hoy están intactas. El que está en la cárcel es López, no Maduro.

La última vertiente de la analogía absurda es la de Estados Unidos. Nixon y Kissinger empezaron a conspirar contra el gobierno de Allende antes de que fuera gobierno. Quizás Bush lo hizo también en 2002; pero hace cinco años que ya no es presidente de Estados Unidos y no hay absolutamente ningún indicio de que Obama haya tenido o tenga la menor intención de conspirar para derrocar al pobre Maduro. A menos de que en la estulticia extrema de un sector de la izquierda mexicana, opinar sobre lo que sucede en Venezuela equivalga a intervenir en lo que sucede en Venezuela. En eso nuestra izquierda se identifica con nuestro gobierno priísta: decir algo es intervenir, y como no queremos intervenir, no decimos nada. Sólo en una cabeza asaltada por el trasnochado nacionalismo revolucionario cabe la idea que la comunidad internacional no debe pronunciarse sobre lo que acontece en Venezuela o en Ucrania o en Cuba o en Siria, aunque supongo que sí en Chile cuando Pinochet, en Sudáfrica bajo el apartheid, en Argentina bajo Videla, o en México bajo… el PRI (de antes, por supuesto).

Nadie sabe cómo va a terminar lo de Venezuela, salvo que va a terminar mal. Hay como evitarlo: una intervención colectiva, defensora de la democracia representativa, en un país que suscribió la Carta Democrática Interamericana y, en su momento, el Pacto de San José. Como por distintas razones, ningún país de América Latina le quiere entrar al toro, o bien esa desdichada nación seguirá a la deriva, u otros empezarán a actuar, por sus razones. No conspirando, no subvirtiendo, no asesinando, sino simplemente cancelando visas y congelando cuentas. Que para las élites venezolanas, viejas y nuevas, es el peor de los mundos posibles: no ir de compras a Miami por el día.

Se puede uno preguntar hoy si la demanda valió la pena; si el resultado justifica el esfuerzo empeñado; y si no hay algo que México pueda hacer en casos como éste. Primero los antecedentes. En el caso AVENA, en realidad se agrupaba a 51 mexicanos condenados a muerte en EU, y que no habían podido ejercer su derecho de que las autoridades estadounidenses notificaran al consulado de México más cercano de su detención y de los cargos imputados.

Esa demanda, que tuve el honor de diseñar, impulsar y firmar en mi último acto como secretario de Relaciones Exteriores, se basó en un principio parecido al que al final del día contribuyó a que Florence Cassez fuera liberada exactamente hace un año. Un mexicano en apariencia culpable, en manos de un defensor de oficio hostil e incompetente, sin traductor, sin apoyo de su familia o de los funcionarios consulares mexicanos, puede no gozar del debido proceso que tendría si contara con todas estas prerrogativas. Si Cassez hubiera tenido acceso al Consulado de Francia desde el primer momento de su arresto, otro gallo hubiera cantado. Por eso la ministra Olga Sánchez Cordero insistió tanto en este tema en su ponencia ante la SCJN a principios del 2013. Si Edgar Tamayo hubiera contado con la traducción, la asesoría legal y el apoyo en general del Consulado de México en Houston, quizás de igual manera hubiera sido condenado, más no a la pena capital, con la que concluyó su vida. Aguas: no se puede invocar la Convención de Viena allá, y despreciarla aquí.

La protección consular en México, en EU o en el mundo no es asunto menor. Tampoco lo es que Texas invoque una soberanía propia y una supuesta “no firma” suya de la Convención de Viena para ignorar la recomendación del secretario de Estado John Kerry, o en casos anteriores del presidente texano Bush, de por lo menos llevar a cabo, como lo indica el fallo de la CIJ, una revisión del caso, procurando determinar si la protección consular hubiera desembocado en un desenlace diferente. Es de suma importancia subrayar este aspecto. Nadie afirma que los 51 mexicanos afectados por el caso AVENA hayan sido culpables; se afirma que la pena de muerte es un castigo por definición irreversible, y no debe aplicarse sin el respeto a las obligaciones internacionales y nacionales del debido proceso.

En los casi 10 años transcurridos desde La Haya, “sólo” han sido ejecutados 4 mexicanos. Son 4 de más, pero también son 47 que no lo han sido. Tres gobiernos de México han hecho lo posible para que estas tragedias no se repitan. El actual alentó que las violaciones mexicanas a la Convención de Viena tuvieran consecuencias, en el caso Cassez. La Cancillería ha estudiado la forma de convencer -y en parte lo ha logrado- al gobierno de EU de que legisle en su Congreso la obligación para que los estados de la Unión Americana cumplan con los tratados firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Quizás a partir del trágico término de la vida de Edgar Tamayo, convenga insistir aún más en Washington, esto en el entendido de que pasarán años para que se logre. No sería un mal tema a tratar por Peña Nieto con Obama, al reunirse en Toluca el 19 de febrero.