Asimismo, los organizadores de la nueva iniciativa de legalización del uso recreativo de la marihuana en California dieron el primer paso en el largo proceso que deberán recorrer para que este noviembre, en su caso, se gane lo que se perdió por una nariz hace tres años. Registraron ya su iniciativa de legalización; se darán un mes y medio para reunir los fondos necesarios para lograr las 700 u 800 mil firmas pertinentes; y decidirán en ese momento si pueden conseguir entre los 15 mil millones de dólares que costaría una campaña exitosa del Sí. No es seguro que todo este proceso sea este año, pero ya se echó a andar.

Y por último, pero quizás esto sea lo más importante en todo el hemisferio occidental, en México empezó a circular el paquete de Iniciativas de Ley y Reformas a presentar ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y por la ALDF ante el Congreso de la Unión sobre el mismo tema. En el corto plazo es poco probable que la segunda iniciativa fructifique, pero cada día es más factible que la primera sí tenga éxito. Por eso conviene comentar sus principales características.

El título es abigarrado, leguleyo y confuso: Iniciativa de Ley y Reformas en materia de principio de oportunidad y sistema de información para la reducción de riesgo y daños. Prevé una serie de cambios a la legislación penal del DF basadas en la aplicación del principio de oportunidad establecido en el artículo 21 de la Constitución. Dicha ley, en teoría, establecerá tres prioridades de persecución de delitos por el Ministerio Público en el DF. La 0, que sólo se perseguirá una vez que se haya reducido la incidencia de las prioridades 1 y 2, incluye la marihuana o, como dice de nuevo en el lenguaje incomprensible de los abogados mexicanos, las conductas tipificadas de los artículos 475, 476 y 478 de la Ley General de Salud (LGS) “cuando se realice exclusivamente con la cannabis”, salvo en el caso de que se trate de suministro a menores de edad, en cuyo caso la persecución del delito seguirá siendo de la máxima prioridad.

Si entiendo bien, y no es necesariamente el caso, esto quiere decir que se podrá poseer hasta mil veces la dosis máxima permitida en la LGS en materia de marihuana, a saber 5 gr. En suma, se trata de asignar distintos niveles de prioridad al trabajo policial y de procuración de justicia, localizando la acción estatal en la persecución de delitos dolosos y no en la criminalización del uso y portación de cannabis, así como la creación de un régimen legal para el uso terapéutico de la marihuana.

Nadie puede asegurar que esta ley sea aprobada tal cual por la ALDF, que no sea rechazada algún día por la SCJN al atribuirse el DF facultades que no tiene o que realmente equivalga a una legalización por lo menos del consumo de la marihuana en la Ciudad de México. Pero sí parece ser un primer paso de gran trascendencia.