El lunes 7 de abril, The New York Times publicó un largo artículo, en primera plana, basado en más de 3 millones de documentos sobre deportaciones obtenidos por el diario gracias al IFAI de allá. Los datos confirman la pesadilla en la que se ha convertido ser indocumentado en Estados Unidos, y en particular ser mexicano, varón y menor de 35 años, ya que la mayoría de los 3.2 millones de deportados a lo largo de los últimos 10 años revisten esas características. El análisis del cotidiano demuestra -ya se sospechaba- que las deportaciones se dispararon a partir de 2008, alcanzando su pico en 2012, con más de 400,000. A diferencia de lo dicho por la administración Obama, la gran mayoría no son delincuentes ni criminales, sino personas culpables de haber incurrido en violaciones de tránsito menores: el número de deportados por este tipo de motivos casi se quintuplicó durante los últimos 5 años. Además, a la mayoría de los deportados se les niega la oportunidad de apelar; por otro lado, se ha incrementado enormemente la tendencia a asentar una acusación formal en su contra, impidiendo su regreso legal a EEUU durante 5 años.
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Timbres y puertas en la barda
Desde 2001, en Estados Unidos todo intento de modificación del esquema migratorio reviste tres características: la legalización del universo indocumentado; la regulación de flujos migratorios futuros y el supuesto aseguramiento de la frontera. A partir de 2007, los gobiernos de México decidieron no involucrarse en el debate que se diera en EEUU en estos tres capítulos, a pesar de ser obviamente un actor principalísimo en los tres. Sobra repetir que más de la mitad de la población sin papeles en EEUU es mexicana; que más de la mitad de los flujos actuales y futuros son y serán mexicanos y que la frontera es también nuestra.
Siempre estuve en desacuerdo con esta opinión sobre los dos primeros puntos, pero entiendo la lógica de prudencia, temor o reflejo antiintervencionista trasnochado para adoptarla. La postura a propósito del tercer punto ya no es un asunto de opinión sino de hechos. Así como en 2006, Bush con los senadores McCain y Kennedy, lanzó el anzuelo de la construcción de los primeros 480 km de barda, muro o cerca para obtener los votos conservadores tanto en el Senado como en la Cámara Baja para aprobar la reforma migratoria integral de entonces, hoy ”La banda de los 8’‘, con el consentimiento tácito de Obama, ha aprobado la enmienda Corker-Hoeven de sellamiento de la frontera.