Este lunes Milenio publicó una entrevista con Videgaray donde decía: “Respecto a la eventual consulta popular para echar atrás los cambios energéticos, [...] se mostró seguro de que no afectará; sin embargo, indicó que mucho tendrá que ver la pregunta que se le haga a la población, por lo cual lo más importante es cuidar cómo sea…”. Para alguien que suele hablar con precisión, la declaración puede leerse como una aceptación tácita de la consulta popular sobre la reforma energética que ha pedido la izquierda. Con una condición: que la pregunta se formule de una manera que no sesgue el referéndum hacia el “no”.
Se trata de un cambio importante y positivo. No sé cuántos seamos, pero algunos estamos totalmente a favor de la reforma energética de Peña Nieto, y a la vez a que se someta a una consulta popular vinculante. La discusión jurídica sobre la misma tendrá lugar en los meses que vienen y en caso de no haber un acuerdo político, será zanjada por la Suprema Corte. Pero si se llegara a un entendimiento entre por lo menos una parte de la izquierda y el gobierno sobre los puntos torales, representaría un gran avance para todo el mundo.
Algunos buenos amigos legisladores priístas me han comentado que independientemente de lo que diga el nuevo artículo 35 de la Constitución, fracción VIII, tercer párrafo, la Constitución no puede ser modificada por la vía de la consulta popular. La razón que esgrimen es que el artículo 135, sólo prevé una vía para cambiar el documento de 1917, a saber, “por el voto de las dos terceras partes [del Congreso de la Unión] y por la mayoría de las legislaturas de los Estados”. Pero esta interpretación presupone otra, no necesariamente correcta.