Como ya se ha comentado aquí, concentrar los recursos humanos y materiales disponibles en la lucha contra el secuestro, la extorsión, el asalto en vía pública y en domicilio, en un país con recursos escasos, implica cambiar el acento y de alguna manera replegarse en la lucha contra el narco. No sabemos si esto ha sucedido, en parte por buenas razones -el gobierno no tiene por qué andarlo diciendo-, en parte porque los medios no hacen su trabajo -no nos reportan cuántos retenes se han desmontado, cuántas tropas siguen en las carreteras y fuera de sus cuarteles, en dónde se encuentran los contingentes de la Policía Federal- y en parte porque los resultados de esta posible táctica novedosa tardarán en notarse. Ojalá así sea: nada tendría más sentido que combatir la extorsión, en particular en Michoacán, y dejar que los narcos, grandes o chicos, desarrollen con la mayor libertad posible su vocación originaria: cultivar amapola y marihuana, e instalar laboratorios de metanfetaminas.

Pero hay dos problemas, más o menos serios. Todos los datos disponibles sugieren que durante estos 14 meses, los secuestros y la extorsión han aumentado, tal vez incluso de manera dramática, mientras que no sabemos si la presión sobre el narco ha disminuido, y los homicidios dolosos en general y vinculados a la guerra contra el crimen organizado apenas han disminuido, y más bien lo han hecho siguiendo la tendencia iniciada en 2012. La mejor prueba de ello es el anuncio por parte del secretario de Gobernación de una “nueva estrategia contra el secuestro”, la enésima, y el nombramiento de un nuevo “zar antisecuestros”, y una imaginativa mecánica antiextorsión en Michoacán, a saber, aliar al Ejército con las autodefensas para golpear a Los Templarios extorsionadores. Para que funcione la estrategia de combatir la violencia que afecta a la gente y poner en un segundo plano el combate al narco, necesitamos algunos comprobantes: que disminuyan los secuestros y la extorsión con relación a 2012, que disminuyan los decomisos y quemas de estupefacientes ilegales, que aumenten las exportaciones de origen nacional o in bond a Estados Unidos y que se produzca una reducción significativa de los homicidios dolosos en relación ya no sólo al pico de 2011, sino a los años previos a la guerra de Felipe Calderón.

El segundo problema es que esta nueva estrategia, para verse realmente eficaz, tendría que explicar el origen y la lógica del incremento de los secuestros y de la extorsión. Ambos son inconfesables. Por una sencilla razón: no parece haber explicación alterna al aumento de secuestros y de la extorsión que la propia guerra, incluso, si se quiere, su éxito paradójico. Es altamente probable que el crimen organizado, al verse presionado en su actividad más lucrativa y preferida, a saber, el narcotráfico, optó por desplazarse hacia el secuestro y la extorsión, entre otras maldades. La pregunta que muchos en México nos hacemos hace varios años es: ¿para qué diablos tener un éxito así? ¿No era preferible el fracaso?

La primera: ¿de qué viven de verdad y en qué proporción las agrupaciones del crimen organizado en esa zona de Michoacán? Zetas, La Familia y Los Caballeros Templarios ¿hoy y ayer se alimentan del negocio de la marihuana y la amapola, o de los laboratorios de metanfetaminas, o de la extorsión a pequeñas y gigantescas empresas comerciales, mineras y siderúrgicas, o del secuestro, o all of the above? Y en este último caso ¿cómo reparten su tiempo y sus ganancias entre todas estas actividades? No da lo mismo, ya que no hay solución al problema sin saber cuál es el problema.

La segunda: ¿qué es lo que sucedió en el sexenio pasado que no funcionó? Es obvio que lo que comenzó en diciembre de 2006 no dio resultados y evidentemente empeoró las cosas. Pero de manera específica ¿cuáles fueron los errores, las insuficiencias o la ignorancia que llevaron a esta debacle? No es posible construir una alternativa a una estrategia equivocada si no se sabe en qué consistió el equívoco; no hay modo de hacer algo bien si no se sabe qué se hizo mal. Repetir incansablemente que ahora hay mayor coordinación es, en el caso de Michoacán, aberrante. No se puede coordinar al gobierno federal con las policías estatales o municipales cuando éstas simplemente dejaron de existir. Resulta difícil de creer que todo el problema radicó en una falta de coordinación.

La tercera y la más obvia (casi un lugar común de la comentocracia): ¿quién financia a las autodefensas? Su armamento no será el del Ejército israelí, pero tampoco son puras escopetas o fusiles calibre 22. ¿Son homólogos aguacateros, limoneros, meloneros o mineros de los finqueros colombianos? ¿Es el Cártel de Sinaloa? Se trata de preguntas carentes de gran complejidad pero que sin respuesta precisa imposibilitan cualquier acción eficaz.

Por último y lo más importante, la cuarta: ¿qué pasa después de la ocupación militar? Ya en estas páginas he citado a Joel Ortega, quien a su vez recuerda la tesis de Graham Greene en El americano impasible, a propósito de la guerra de Francia en Vietnam a principios de los cincuenta.

Los franceses ocupaban el territorio que pisaban, y nada más; al retirarse volvía el Viet Minh. Todo indica que la situación en Michoacán es análoga. El Ejército, la PF, la Marina en Lázaro Cárdenas pueden, con suficientes recursos y tiempo, desarmar a las policías comunitarias, descabezar a Los Templarios, reducir la extorsión y el secuestro, y tal vez desmantelar la mayoría de los laboratorios (la marihuana y la amapola ni se pueden ni se deben erradicar). Pero algún día todos ellos tendrán que irse, como ha sucedido repetidamente a lo largo de los últimos 15 años. Cuando no alcance la tropa, o el presupuesto, o la paciencia de la opinión pública o la indiferencia internacional, y cuando el costo en derechos humanos, instituciones desmontadas, corrupción y abandono de otras regiones se haya incrementado ¿qué sucederá?

El gobierno sin duda conoce la respuesta a la mayoría de estas preguntas. No está obligado a compartirlas con nadie. Pero en algún momento, si quiere ganarse la confianza de la opinión pública y publicada, y de la comunidad internacional, tendrá que divulgar algo: información, análisis, historia, nexos, y detalles de su proyecto. No se entiende muy bien la obsesión por el silencio o por posponer una divulgación obligada.

Asimismo, los organizadores de la nueva iniciativa de legalización del uso recreativo de la marihuana en California dieron el primer paso en el largo proceso que deberán recorrer para que este noviembre, en su caso, se gane lo que se perdió por una nariz hace tres años. Registraron ya su iniciativa de legalización; se darán un mes y medio para reunir los fondos necesarios para lograr las 700 u 800 mil firmas pertinentes; y decidirán en ese momento si pueden conseguir entre los 15 mil millones de dólares que costaría una campaña exitosa del Sí. No es seguro que todo este proceso sea este año, pero ya se echó a andar.

Y por último, pero quizás esto sea lo más importante en todo el hemisferio occidental, en México empezó a circular el paquete de Iniciativas de Ley y Reformas a presentar ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y por la ALDF ante el Congreso de la Unión sobre el mismo tema. En el corto plazo es poco probable que la segunda iniciativa fructifique, pero cada día es más factible que la primera sí tenga éxito. Por eso conviene comentar sus principales características.

El título es abigarrado, leguleyo y confuso: Iniciativa de Ley y Reformas en materia de principio de oportunidad y sistema de información para la reducción de riesgo y daños. Prevé una serie de cambios a la legislación penal del DF basadas en la aplicación del principio de oportunidad establecido en el artículo 21 de la Constitución. Dicha ley, en teoría, establecerá tres prioridades de persecución de delitos por el Ministerio Público en el DF. La 0, que sólo se perseguirá una vez que se haya reducido la incidencia de las prioridades 1 y 2, incluye la marihuana o, como dice de nuevo en el lenguaje incomprensible de los abogados mexicanos, las conductas tipificadas de los artículos 475, 476 y 478 de la Ley General de Salud (LGS) “cuando se realice exclusivamente con la cannabis”, salvo en el caso de que se trate de suministro a menores de edad, en cuyo caso la persecución del delito seguirá siendo de la máxima prioridad.

Si entiendo bien, y no es necesariamente el caso, esto quiere decir que se podrá poseer hasta mil veces la dosis máxima permitida en la LGS en materia de marihuana, a saber 5 gr. En suma, se trata de asignar distintos niveles de prioridad al trabajo policial y de procuración de justicia, localizando la acción estatal en la persecución de delitos dolosos y no en la criminalización del uso y portación de cannabis, así como la creación de un régimen legal para el uso terapéutico de la marihuana.

Nadie puede asegurar que esta ley sea aprobada tal cual por la ALDF, que no sea rechazada algún día por la SCJN al atribuirse el DF facultades que no tiene o que realmente equivalga a una legalización por lo menos del consumo de la marihuana en la Ciudad de México. Pero sí parece ser un primer paso de gran trascendencia.

El primer costo social que en México se paga, indicó, es el de tener a miles de personas en las cárceles por el sólo hecho de llevar consigo una dosis mínima de marihuana, pues al recluírseles se les confina en un espacio altamente criminógeno, en el que, en lugar de salir preparados para reincorporarse a la sociedad, salen listos para escalar en el ambiente criminal.

“En segundo lugar, tenemos el costo financiero de tenerlos en la cárcel y de perseguirlos. En tercero, la renta extraordinaria que obtienen los cárteles por el negocio de la marihuana.

“¿Qué porcentaje es de su negocio? No sabemos. Puede ser el 60, el 50, puede ser el 20; no lo sabemos porque no sabemos qué porcentajes tienen otros negocios, pero de éste tenemos la absoluta certeza que sí es un negocio de ellos, ese dinero, esa renta, ya no la tendrían con la legalización en México o la tendrían muy reducida, muy mermada, menos dinero para corromper autoridades, menos dinero para comprar armas y menos dinero para contratar a sicarios”, indicó.

Si bien la despenalización de la marihuana traería algunos costos, como sería un incremento en su consumo una vez que se diera la medida, estos son mucho menores, de los que hoy en día se pagan por intentar resolver el problema de manera penal, consideró Castañeda.

“No es imposible que haya un pequeño repunte, como lo hubo un rato en Portugal, en algunos estados de la Unión Americana, pero también sabemos que, al poco tiempo se vuelve al nivel que había anteriormente.

“Esa tesis del aumento del consumo tiene una premisa falsa, que es que hay una gran cantidad de mexicanos hoy que sí quieren fumar, pero que no fuman marihuana porque está prohibido, como si fuéramos un país tan respetuoso de las leyes. Entonces, casi se supone que están todos ahí: listos, en sus marcas, fuera, eso no es cierto, no hay ninguna razón para suponer eso. No es imposible que haya un pequeño aumento y que luego se estabilice, ese costo hay que compararlo con el costo de la política prohibicionista”, sostuvo el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Castañeda indicó que si bien el narcotráfico es un problema global, no hay que esperarse a que la discusión se dé multilateralmente -aunque el tema está a debate en distintos países- pues lo que se decida en algunos de ellos, como es el caso de México, tendría una repercusión internacional.

“Si la Ciudad de México, el Distrito Federal, adoptara, contemplara una despenalización, tendría un impacto enorme porque sería la primera gran capital del mundo que, no de manera hipócrita como en Ámsterdam, sino de manera abierta y legal, tomara la decisión de despenalizar la marihuana, tendría un impacto enorme en el mundo entero, en América Latina, por supuesto, pero en el mundo entero y en Estados Unidos, por supuesto”, señaló.

En México, apuntó, se vive una situación especial, debido a que por su posición geográfica, produce una gran cantidad droga que se consume principalmente en Estados Unidos.

“Es un negocio internacional, pero tiene características propias en cada país y México es un país extraño, en el sentido de que es, por un lado, un país productor importante de marihuana y consumidor muy pequeño de marihuana y eso hace que tenga características muy específicas el problema en México y por eso es muy importante que ya se empiece a debatir eso de manera más abierta”, señaló Castañeda.

María Elena Morera, ex directora de México Unido Contra la Delincuencia, Héctor Aguilar Camín y cuatro ex miembros de los gabinetes de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón expusimos las razones por las cuales hemos decidido apoyar esta iniciativa, y las formas que hemos escogido para hacerlo. Quisiera aquí retomar algunos de los puntos que no pude desarrollar con la amplitud que hubiera deseado.

En primer lugar, es fundamental subrayar la dinámica internacional de la despenalización en el DF que puede traer. Como me señaló el editor de un periódico norteamericano, si el DF llegara a despenalizar el consumo de la marihuana, desde el punto de vista internacional, esto colocaría al gobierno mexicano en una situación a la vez compleja y favorable.

Difícilmente Peña Nieto podría mantener la postura prohibicionista, punitiva y terriblemente onerosa de los últimos 40 años, con las variaciones propias de cada sexenio, si la legislatura local de su propia capital diera un paso en sentido opuesto, por pequeño que fuere ese paso.

Si el gobierno federal se encontrara en dificultades para seguir siendo partidario de la postura prohibicionista lanzada por Richard Nixon en 1971, Washington perdería a uno de sus aliados más cercanos en la llamada ”guerra contra las drogas’’.

Es cierto que nada de esto es obligatorio, los márgenes siempre son más amplios. También es un hecho que EPN podría cuestionar la constitucionalidad de una decisión de esta naturaleza por las autoridades capitalinas, apartándose de la posición que ha seguido Obama frente a los estados de Washington y Colorado. Incluso tal vez ganaría un recurso si lo interpusiera. O, sin que eso sucediera, podría en teoría seguir fiel a la posición punitiva, quizás cuestionado, pero no necesariamente debilitado.

De cualquier manera, la consecuencia internacional de esa decisión sería enorme, y enterraría quizás para siempre la tesis de que México no puede avanzar en esta dirección si no lo hace Estados Unidos. Un segundo aspecto que sí fue discutido en la mesa de la Fundación Miguel Alemán y que merece un comentario adicional es aquel planteado por un ex subsecretario de Salud, José Campillo, y también por Aguilar Camín, sobre la posible hipocresía o futilidad de despenalizar el consumo, manteniendo la prohibición de producir, vender y comprar. Aunque esta es la vía que siguió Portugal hace unos años, con buenos resultados, es cierto que encierra una contradicción: ¿cómo se puede poseer o consumir algo legalmente si no se puede comprar, vender o producir legalmente?

Las respuestas a esta pregunta son múltiples, desde aquella, por ejemplo, promovida por Armando Santacruz de México Unido Contra la Delincuencia, entre otros, sobre los clubs de cannabis en la Ciudad de México. Estos fueron objeto ya de una solicitud de autorización ante la Secretaría de Gobernación y la Cofepris, ambas siendo denegadas, y ahora es objeto de un recurso de amparo ante la justicia federal.

Otra posibilidad radica en la propuesta inicial del gobierno de Uruguay, a saber el monopolio estatal de la producción de marihuana y la venta por el Estado de la misma. Esta solución no prosperó y fue sustituida y ayer aprobada la legalización de la producción, comercialización y consumo de marihuana, en Montevideo, Uruguay.

Los seis participantes en la mesa hemos pensado que conviene centrar este esfuerzo en la exclusiva despenalización del consumo, sólo de la marihuana, y sólo en el DF, aunque las declaraciones de Graco Ramírez, gobernador de Morelos, en el mismo foro desde el público fueron tan audaces y contundentes que posiblemente se abra también una posibilidad en ese estado vecino.