En este tipo de dilemas, suele suceder con gran facilidad que la comentocracia nacional y extranjera proponga o critique medidas de manera muy simplista: “hay que…”; “no hay que…”; “basta con…”. La mayoría de estos desplantes son inútiles, exasperan a las autoridades y carecen de la más mínima viabilidad. Quienes hemos tenido el privilegio de ocupar responsabilidades gubernamentales, directa o indirectamente, sabemos que no hay buenas soluciones para una crisis como ésta y que lo último que sirve son ideales geniales sin información o reflexión. Todas las soluciones de corto plazo son malas, todas las buenas son de largo plazo; todas son caras y todas atraen conflictos con nuestros vecinos de frontera. Con este ánimo, me atrevo a formular algunas sugerencias muy generales:

1. Siempre fue falsa la tesis de que la reforma migratoria norteamericana es un asunto de política interna de aquel país, pero ahora la falacia aparece con mucha mayor claridad. Los niños se encuentran en albergues o centros de detención esparcidos a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, pero provienen de tres países centroamericanos y transitan por México. Tan sabe Washington que la crisis no tiene soluciones internas que despacharon al vicepresidente Biden a Guatemala para tratar con mandatarios de la región; Obama le habló a Peña Nieto para lo mismo; el embajador Wayne visitó la frontera sur de México para lo mismo; y los norteamericanos seguirán negociando con todos estos gobiernos semanas y meses para encontrar salidas México discute con Europa y con Centroamérica; ojalá pronto Peña Nieto se pronuncie al respecto dentro de Europa, de preferencia en Washington, pero si no por lo menos en California y Texas.

2. El peor enemigo de cualquier gobierno en este tipo de coyunturas es la opacidad o el silencio. Las autoridades mexicanas deben de avisar a la sociedad mexicana qué nos piden los norteamericanos; qué nos solicitan los centroamericanos; qué estamos dispuestos a aceptar de ambas demandas, y qué no. Tratar de mantener todo esto en secreto no sólo es inmoral, es contraproducente. Nadie controla las filtraciones procedentes de Washington, ni a la prensa norteamericana; si los medios y el Congreso de México no hacen su trabajo, allende el Bravo sí lo hacen. Si el gobierno de México no informa, cuando venga la primera concesión mexicana, o el primer conflicto con EU, se encontrará desarmado ante la opinión pública, que con razón lo censurará.

3. A todos los gobiernos les sucede que sus planes tan meticulosamente elaborados de prioridades y secuencias se ven trastornados por acontecimientos imprevistos. Nadie puede culpar a Obama por no haber vaticinado las crisis en Irak, Ucrania o Palestina, ni a Peña Nieto por la de los niños. Pero aferrarse al calendario y a la jerarquía previa de temas, una vez que esos sucesos inesperados se producen, es imprudente. Hoy es más importante en México atender este asunto que promover las reformas de Peña Nieto en Asia, Medio Oriente o sepa Dios dónde. Hoy es más urgente ir a Estados Unidos -a California y Texas pero también Washington y Nueva York-, que a otras partes del mundo, o a seguir multiplicando ad nauseam las reuniones de gabinete en eventos rituales, innecesarios y distractores. Hoy es más importante atender a Centroamérica que a Venezuela, a Honduras que a Cuba, a nuestros paisanos en Estados Unidos que a China, y a los niños migrantes que a los jeques de Jordania.

La explicación legal del flujo es sencilla. Desde 2002, cualquier menor de edad detenido en Estados Unidos sin papeles debe ser remitido al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), a más tardar a 72 horas de haber sido aprehendido. En menos de un mes en promedio, debido a la exigüidad de los centros de detención para un flujo de esta magnitud, son liberados y entregados a familiares en EEUU, mientras se lleva a cabo su juicio de migración. Para todos los fines prácticos, cualquier menor de edad que entre a EEUU sin papeles tiene una muy alta probabilidad de permanecer ahí durante años antes de ser deportado, y en condiciones de legalidad. En el ejercicio pasado, de los 50 mil migrantes menores de edad detenidos por la Patrulla Fronteriza, sólo 2 mil fueron devueltos a sus países de origen.

Cuando los gobiernos de Estados Unidos y México anuncian que los polleros engañan a los pollos al esparcir el rumor de que los niños enviados a EEUU podrán permanecer ahí legalmente, engañan también. Si llegan a la frontera y se entregan a las autoridades norteamericanas, habrán logrado lo que millones de adultos indocumentados aún no logran: la legalización en EEUU. En las últimas semanas, un número creciente de menores de edad, acompañados por sus madres u otros familiares femeninos, han atiborrado los centros de detención acondicionados para ese propósito por Washington y los gobiernos estatales.

Hace bastante sentido que un coyote, si es parte del crimen organizado, divulgue la buena nueva de que, pagando de 6 a 7 mil pesos, una madre hondureña o salvadoreña puede mandar a sus hijos a Estados Unidos con buenas posibilidades de llegar sanos y salvos. O no tan sanos ni tan salvos, ya que en el camino les suceden todo tipo de atrocidades. Pero de alguna manera, con cínica resignación ante las privaciones que imperan en sus países, los padres descuentan este costo y lo incorporan al precio que se le paga al coyote.

Se entiende que el gobierno de Obama no encuentre solución interna al problema. Las únicas posibilidades jurídicas implicarían o bien la derogación de la ley de Bush de 2002, que obliga a remitir a los menores de edad al HHS, o bien cambiar el procedimiento y realizar la comparecencia al principio de la estancia en EEUU, como sucede con adultos. Esto entrañaría un enorme aumento en el número de jueces, de abogados defensores pro bono, y encontrar a quién entregar a los niños en sus países de origen.

En vista de estas dificultades, es comprensible que Washington prefiera que el problema se atienda en Centroamérica, o en el país de tránsito: México. Como difícilmente van a cambiar las circunstancias vigentes en Centroamérica -violencia, inseguridad, desempleo, pandillas- el vicepresidente Biden les pidió seguramente a los mandatarios centroamericanos que detengan la salida y entrada de menores de edad de sus respectivos países. Tal vez, Obama le pidió lo mismo a Peña Nieto en su conversación telefónica.

Nada de esto es posible ni deseable. Ninguno de los países puede sellar sus fronteras. Si accediéramos a hacer el trabajo sucio de los norteamericanos, proliferaría la corrupción, la extorsión, las violaciones a derechos humanos, por parte de aparatos estatales inaptos para estos propósitos. Que Estados Unidos resuelva su problema, ya que saben muy bien cómo: una ambiciosa reforma migratoria, en lugar de extender la guerra contra las drogas a la guerra contra los niños.

Entiendo la irritación que a muchos brasileños les provoca lo que podría parecer una campaña de la prensa internacional o, como dijo Lula, “de los medios norteamericanos y británicos en particular”, destacando los defectos, demoras o riesgos inherentes a la organización de dos eventos gigantescos: la Copa y la Olimpiada. Tienen algo de razón en molestarse por la superficialidad de la cobertura de las revistas y diarios de esos países, y también de la televisión, exceptuando a la BBC, y en exigirles que sean más serios y, sobre todo, empeñosos en su labor, y de no reportear únicamente desde el hotel sin salir a la calle. Creo que eso es lo que quiso decir Lula en su discurso en Porto Alegre hace días, cuando arremetió contra la prensa extranjera y, de paso, le dio un raspón al supuesto Mexican Moment de Enrique Peña Nieto. Lo cual, como era de esperarse, ha provocado todo tipo de reacciones indignadas en México.

Si Lula tiene razón en denostar hoy a la prensa extranjera, también la habría tenido hace cinco años, cuando la misma y, en particular, las publicaciones norteamericanas y británicas -Financial Times, Economist, New York Times, Wall Street Journal- pintaban un paisaje brasileño casi idílico y presentaban un caso mexicano desastroso. En aquella época -2009-, Héctor Aguilar Camín y yo nos permitimos señalar en uno de nuestros libros que los números mexicanos eran muy parecidos a los brasileños -a lo largo de los últimos 20 años, bastante mediocres- y que México superaba a Brasil en algunas categorías importantes, como el PIB per cápita, la tasa de inversión sobre el PIB, la menor violencia y un mayor Índice de Desarrollo Humano. También decíamos que Brasil ensanchaba su clase media a un ritmo más acelerado que México.

En el ínterin, la violencia en México subió hasta alcanzar, en 2011-2012, el mismo nivel de homicidios dolosos por 100 mil habitantes que Brasil. Si bien crecimos más que el Brasil del llamado “Milagro Brasileño”, en 2013 ellos crecieron al doble de nosotros. Pero, con el paso del tiempo, se parecen mucho los registros del electrocardiograma económico de ambos países: planos, con algunos años buenos. Hoy, Lula acierta en parte; hace 3 ó 4 años acertábamos nosotros, en parte. Una cosa, sin embargo, es la fabricación de una narrativa por los medios internacionales, y cómo los gobiernos llegan, primero, a promoverla; segundo, a congratularse de ella, y, tercero, a creérsela.

A aquellos en México que le responden a Lula que su crítica al desempeño económico mexicano es por ardor y el Mundial, me permitiría sugerirles que, al igual que Lula, dirijan parte de su ira contra esos medios que han reducido la calidad de sus corresponsales, han despachado a enviados especiales en lugar de corresponsales para ahorrarse dinero, agudizando la superficialidad de su cobertura, y se han unido a veces a manipulaciones en bolsa por bancos y empresas de sus países a quienes les puede convenir elevar o disminuir el valor del papel mexicano o brasileño. Espero no tener que leer dentro de algunos años una declaración de algún alto funcionario mexicano criticando a los medios extranjeros por exagerar su pesimismo sobre el panorama mexicano. El momento de juzgar a la prensa, la radio y la televisión internacional en su análisis de lo que sucede en México es ahora, no antes ni después.

Al término de 154 votaciones, resultó evidente que Cuba jamás sería electa. Los dos países propusieron a México como tercero -en concordia, en este caso- y nos convertimos en el candidato único del grupo latinoamericano o Grulac. En 2000, Venezuela y República Dominicana buscaban ambos el mismo escaño, pero en este caso, por voluntad propia, le pedimos a Venezuela que se desistiera para permitirle al gobierno de Fox ingresar al Consejo. Solicitamos el mismo favor a República Dominicana. Venezuela accedió; Dominicana se negó; fuimos a la votación de noviembre de 2001, y ganamos en la segunda ronda.

Este año el único candidato del Grulac es Venezuela, por lo menos hasta la fecha. De seguir así, Venezuela se sentará en el Consejo a partir del 10 de enero de 2015, y durante dos años lanzará sus diatribas antiimperialistas sobre los temas más diversos: la crisis en Ucrania, la hecatombe en Siria, el proyecto nuclear iraní, más lo que se acumule. En una palabra, una pesadilla para los demás miembros y, en particular, para los que prefieren que el Consejo de Seguridad sea un órgano de toma de decisiones y no de denuncia. A nadie, empezando por el maltrecho sadismo venezolano, le conviene este camino.

Hay varias soluciones. La primera es a la que recurrió Estados Unidos en 2006, cuando Venezuela buscó un asiento. Washington “inventó” la candidatura de Guatemala para impedirlo y, al final, entró Bolivia al quite. Parece difícil en esta ocasión, ya que no es evidente que algún país latinoamericano, ante las dificultades económicas diversas y la importancia del subsidio petrolero de Venezuela, acepte contender contra Caracas. Honduras es una posibilidad. Pero aun si algún país pequeño se prestara a la táctica del bloqueo, no es seguro que en esta ocasión EU y otros puedan juntar los 129 votos necesarios para impedir el triunfo de Venezuela. De tal suerte que la estrategia confrontacional carece de probabilidades de éxito.

Hay otra: bajar a Venezuela por las buenas. Para ello se deben cumplir tres condiciones. Primero, que alguien con ascendiente con Maduro le explique que lo último que le conviene es comprar pleito tras pleito con Estados Unidos, con Francia y con Inglaterra. Los únicos que poseen tal ascendencia son, obviamente, los cubanos. Cuba procedería de esta manera por dos sencillas razones: sabe que a Venezuela no le conviene el conflicto permanente con Estados Unidos, y que la sobrevivencia de Venezuela es asunto de vida o muerte para ella; y porque tendría por fin una moneda de cambio verdadera, no imaginaria, con EU. Cuba le diría a EU: “yo te ayudo para evitar este desaguisado; pero ahora sí empecemos a hablar en serio de nuestros asuntos”. Cosa que no ha sucedido desde 1959. Washington aceptaría el quid pro quo por una simple razón: porque le conviene y porque es la única forma de bloquear a Venezuela.

Falta el último término de la ecuación. ¿Quién ocuparía el escaño latinoamericano? Sólo hay dos posibilidades. Una de ellas es Brasil que ya ha pertenecido al Consejo muchas más veces que otros. El otro candidato evidente… es México. Un gobierno del PRI, con una Cancillería ortodoxa y conservadora, preferiría no meterse. Pero con tantas concesiones para quedar bien con los cubanos y venezolanos, no sería un mal momento para cobrarlas, convenciéndolos que México es una buena alternativa, sobre todo en vista de que no se tratarán temas latinoamericanos durante los próximos dos años. De los 4, Venezuela, Cuba, EU y México, uno tiene que echar a andar la iniciativa. ¿Alguien dirá esta boca es mía?

¿Cuáles coincidencias? La primera, muy sencilla, es que no basta ser electo democráticamente para gobernar democráticamente o, como lo dijo Felipe González, la legitimidad de origen debe compaginarse con la legitimidad de gestión. No se pueden justificar conductas de gobierno antidemocráticas -represión, suspensión de libertades, censura de los medios, por el simple hecho de haber ganado una elección, aun suponiendo, que no siempre es el caso, que dicha elección haya sido limpia, y menos si no fue equitativa. Cardoso subrayó la deriva autoritaria creciente en la región: se justifican las sucesiones dinásticas y las reelecciones permanentes o elecciones cada vez menos transparentes debido a la utilización del aparato de Estado, de los medios y del dinero del erario para que gane el saliente o su esposa o su hijo o su hermano o quien fuera.

La segunda coincidencia fue lo que Lagos llamó la necesidad de una voz común para una América Latina cada vez más dividida entre Norte y Sur, entre Atlántico y Pacífico, y entre una izquierda radical, y en ocasiones autoritaria, y un centro izquierda o centro derecha moderado, democrático y globalizado. Pero esa voz común, agregué por mi parte, con el acuerdo de los demás, sólo puede basarse en ciertos valores: la defensa colectiva de la democracia y de los derechos humanos, tanto en los países de América Latina como en el mundo entero. América Latina no tiene mucho más que decir; hablar con esa voz común, como dijo Sanguinetti, implica abandonar el respeto sacrosanto al principio de no intervención, que si bien adquirió relevancia para combatir la injerencia de superpotencias en los asuntos internos de pequeños países, hoy es un pretexto para justificar la pasividad ante los excesos de gobiernos “amigos”.

La tercera coincidencia fue la concreción de esta tesis: los demócratas en América Latina no han elevado la voz ante la deriva autoritaria o represiva, en particular en Venezuela durante estos últimos meses, pero sí en varios otros países, en otros momentos, durante los últimos años. Lagos lamentó, casi desesperado, el intento de equiparar a Nicolás Maduro con Salvador Allende; él, que fue colaborador de Allende. Cardoso, que como Presidente fue un abanderado de la no intervención, lamentó el silencio del gobierno brasileño ante la situación en Venezuela; y Felipe González, hablando de una región que también le es cercana, lamentó la complicidad de la Unión Europea con el derrocamiento por la calle de un payaso corrupto y asesino como Yanukovych, en Ucrania, pero también un cierto silencio europeo ante la anexión rusa de Crimea y, mañana, de Ucrania Oriental.

Al igual que con la legalización de las drogas, los cuatro no necesariamente pensaban o decían lo mismo cuando se encontraban en funciones. Para eso sirve el debate, y el paso del tiempo.

El ya famoso informe de McKinsey Global Institute A Tale of Two Mexicos: Growth and Prosperity in a Two-Speed Economy dice más o menos lo mismo, con un lenguaje menos anecdótico, más serio, y más contundente. Me limitaré a resumir tres elementos informativos que no han recibido la atención que merecen.

Como ya se sabe, entre 1990 y 2012, la tasa de crecimiento del PIB per cápita mexicano ha sido notablemente inferior a la de otros países: 1.3%, casi idéntico al de Estados Unidos, ligeramente inferior al de Brasil (1.6%) y muy inferior al de Chile, China, Perú, Colombia y la India. Una de las explicaciones de este lamentable desempeño proviene, según McKinsey, del menor crecimiento de la productividad promedio mexicana de todas las 20 economías en desarrollo más grandes, salvo una. La productividad agregada de México es igual hoy a la cuarta parte de la de EEUU. Lo cual significa que la muy modesta expansión de la economía mexicana durante esos 22 años proviene casi en su totalidad de la llegada de nuevos trabajadores al mercado laboral, a diferencia de otros países. Así, el 91% del crecimiento del PIB chino provino de un incremento de la productividad del trabajo; 67% en la India, 50% en Chile, 40% en Brasil, 67% en EU y sólo 28% en México. Concluye McKinsey: “Si se perpetuara el mismo nivel de crecimiento de la productividad, México se encaminaría a una tasa de crecimiento anual de largo plazo de apenas 2% al año, al disminuir la llegada de nuevos trabajadores a la economía. La productividad tendría que crecer al doble, sólo para conservar en los próximos años el mismo crecimiento del PIB”.

Ahora bien, muchos economistas, por supuesto más calificados que yo para analizar este tipo de datos y extraer las conclusiones pertinentes, han subrayado que se trata de tasas promedio de crecimiento de productividad y que este mediocre desempeño puede reflejar el auge de la productividad del sector moderno, exportador y manufacturero, y el atraso del sector informal o de pequeñas y medianas empresas. McKinsey concluye exactamente lo mismo y esgrime como ejemplo del sector moderno a la industria automotriz. Subraya el hecho de que México es uno de los grandes exportadores de vehículos en el mundo, gracias a la modernidad de sus plantas de ensamblaje terminal, y a las cuantiosas inversiones en curso. Dice McKinsey: “En promedio, la productividad mexicana alcanza el 80% de la de EEUU”.

Pero la dualidad mexicana no es sólo entre el sector de alta productividad y el otro, sino dentro de la propia industria automotriz. Así, el sector de autopartes, que contribuye el 60% de la producción automotriz. “Consiste en miles de pequeñas empresas así como algunas multinacionales… Los productores modernos de autopartes, con más de 500 empleados, tienen una alta productividad laboral, pero el 80% de los proveedores mexicanos de autopartes tienen menos de 10 empleados y una productividad mucho más baja. Estos pequeños operadores contribuyen con el 40% del empleo en el sector; por tanto el trabajador automotriz mexicano promedio produce sólo la quinta parte por hora que su homólogo norteamericano”.

Entre meseros y trabajadores de Mazda encontramos las razones del desempeño económico mexicano de los últimos 25 años.

En términos absolutos, el número de deportados desde dentro de Estados Unidos se ha mantenido, pero ha crecido en términos relativos el número de personas detenidas en la frontera, donde el porcentaje que ha cometido algún delito, además de entrar sin papeles a Estados Unidos, es mucho más elevado. El periódico neoyorkino relata un par de reuniones que sostuvo Obama con los líderes de la comunidad hispana de Estados Unidos en las cuales el intercambio con él fue ríspido o incluso francamente hostil.

¿Cuál es la lógica de todo esto? Hay una del pasado inmediato y otra más antigua. La que corresponde a Obama y al último par de años de Bush es conocida: ambos presidentes buscaron una reforma migratoria integral; hasta ahora, ambos lograron la aprobación de algo decente, aunque no perfecto, en el Senado; y ambos fracasaron en la Cámara baja. Apostaron a que, endureciendo los controles en la frontera y en el interior de EEUU, llegando al extremo de separar a hijos de sus padres, a esposas de sus cónyuges, lograrían los votos de la ultraderecha republicana a favor de la legalización de los indocumentados y mayores flujos futuros con visas temporales. No fue así. Los dos se equivocaron, y han provocado un sufrimiento incalculable para cientos de miles de familias en Estados Unidos.

Pero el antecedente más lejano es más importante. Desde mediados de los años noventa, resultó evidente para los expertos que siguen estos temas, e incluso para simples comentócratas como el que escribe, que el viejo modus vivendi migratorio entre México y Estados Unidos no era sostenible. Si México no hacía algo -negociar tácita o explícitamente un nuevo acuerdo con Estados Unidos a cambio de la legalización y de un mayor número de visas, de obligarse a desalentar o impedir salidas sin papeles, en conformidad con las leyes mexicanas vigentes- la situación de nuestros connacionales en Estados Unidos empeoraría de manera constante y dramática. Desde 1996, así ha sucedido.

El muro de Clinton en playas de Tijuana hasta Otay, el de Bush en parte del desierto de Sonora y Arizona, y el que el Senado aprobó pero que Obama hasta ahora no construye, es una parte de esta triste historia; las leyes racistas y xenófobas de estados como Arizona, Alabama, Georgia y Oklahoma, son una segunda parte de una misma; y los 3 millones de deportaciones son un tercer capítulo de esta tragedia. Por desgracia todos los que previmos y denunciamos este deterioro tuvimos razón; por desgracia nadie, ni las comunidades latinas en Estados Unidos, ni los presidentes Bush u Obama, ni los presidentes Fox, Calderón y Peña, ni los senadores Kennedy y Mc Cain, Schumer, Menendez y Rubio han podido hacer algo al respecto. No sé cuál sea la prioridad de la política exterior de México hoy. Sé que debiera ser el combate frontal, constante y todo-terreno contra esta tragedia.

El secretario de Educación ya advirtió que, de los 30 mil comisionados, no se sabe cuántos tienen licencia con goce de sueldo, y cuáles no. Tampoco está disponible aún la información sobre su destino en tanto comisionados: a labores sindicales, políticas, a la “hueva”, o a otras tareas necesarias, mas no necesariamente frente a grupo. Algo semejante sucede con las 114.000 bajas por fallecimiento, jubilación o invalidez, donde se carece de explicaciones: ¿por qué un muerto sigue cobrando? Y podría argumentarse algo semejante en lo que se refiere a los aviadores que no son ni comisionados ni bajas. Por último, en el caso específico de los comisionados, sería importante saber si existe una figura equivalente en países con sindicatos poderosos (como Brasil, Estados Unidos o Francia) y cuál es el porcentaje correspondiente: 3% como en México, más, o menos.

Ahora bien, uno puede pensar que algunos de los otros datos del censo encierran implicaciones igualmente importantes para las políticas públicas. Van algunos, sin orden. Aunque el promedio de proporción de escuelas públicas y privadas del país es alrededor de 86% vs. 13%, en el DF es de 52% vs. 48%. Es un dato curioso, que explica el escándalo mediático de las clases medias capitalinas a colegiaturas, IVA y deducciones, pero que no se explica fácilmente. Quizás una razón consista en el ingreso per cápita más elevado del DF que en la mayoría de los estados, o en el hecho de que la educación pública en el DF sigue en manos del gobierno federal y no de la entidad federativa. Para los críticos de la “privatización”, he aquí una advertencia, que convendría correlacionar con 17 años seguidos de gobiernos de izquierda en la capital.

Otro dato: entre las escuelas públicas, el 98% son de turno matutino normal (cuatro horas y media en primaria). Para todos fines prácticos, desaparecieron las escuelas con turno vespertino. Pero al mismo tiempo, menos de 3% de los establecimientos son de tiempo completo o de jornada ampliada. Esto se supone que debe cambiar ahora, pero vemos aquí la hipocresía de las autoridades educativas en los últimos 25 años: uno de los argumentos esgrimidos contra la escuela de tiempo completo era el obstáculo del turno vespertino.

Otra perla: la diferencia entre el equipamiento de las escuelas en los estados “ricos” y los pobres es gigantesca. Aunque me cuesta un poco de trabajo creerlo, parece que en el DF el 95% de las escuelas públicas tiene internet; el siguiente estado es Baja California, con 78%. Oaxaca y Chiapas tienen 6% cada uno, Michoacán y Tabasco 12%. Los estados ricos tienen entre 7 y 15 veces más acceso a internet que los pobres: ¿cómo mantener unida a una sociedad con estas brechas?

Dejo dos preguntas en el tintero. ¿Cuánto costó este censo? Y más allá del amarillismo, ¿qué nos dice que no supiéramos o intuyéramos? Segunda: ¿por qué no se pudo aprovechar esta operación, inevitablemente costosa, para informarnos sobre quiénes son los maestros de México, y no sólo cuántos son? ¿Por qué no haber indagado cuál es su nivel educativo, de ingresos, de lectura, de acceso a internet, a telefonía celular, a automóviles, vivienda digna, si son hijos de maestros o no? En otras palabras, cuántos siguen siendo los maestros rurales y socialistas con guaraches de la época cardenista, y cuántas son maestras urbanas de clase media.

Como ya se ha comentado aquí, concentrar los recursos humanos y materiales disponibles en la lucha contra el secuestro, la extorsión, el asalto en vía pública y en domicilio, en un país con recursos escasos, implica cambiar el acento y de alguna manera replegarse en la lucha contra el narco. No sabemos si esto ha sucedido, en parte por buenas razones -el gobierno no tiene por qué andarlo diciendo-, en parte porque los medios no hacen su trabajo -no nos reportan cuántos retenes se han desmontado, cuántas tropas siguen en las carreteras y fuera de sus cuarteles, en dónde se encuentran los contingentes de la Policía Federal- y en parte porque los resultados de esta posible táctica novedosa tardarán en notarse. Ojalá así sea: nada tendría más sentido que combatir la extorsión, en particular en Michoacán, y dejar que los narcos, grandes o chicos, desarrollen con la mayor libertad posible su vocación originaria: cultivar amapola y marihuana, e instalar laboratorios de metanfetaminas.

Pero hay dos problemas, más o menos serios. Todos los datos disponibles sugieren que durante estos 14 meses, los secuestros y la extorsión han aumentado, tal vez incluso de manera dramática, mientras que no sabemos si la presión sobre el narco ha disminuido, y los homicidios dolosos en general y vinculados a la guerra contra el crimen organizado apenas han disminuido, y más bien lo han hecho siguiendo la tendencia iniciada en 2012. La mejor prueba de ello es el anuncio por parte del secretario de Gobernación de una “nueva estrategia contra el secuestro”, la enésima, y el nombramiento de un nuevo “zar antisecuestros”, y una imaginativa mecánica antiextorsión en Michoacán, a saber, aliar al Ejército con las autodefensas para golpear a Los Templarios extorsionadores. Para que funcione la estrategia de combatir la violencia que afecta a la gente y poner en un segundo plano el combate al narco, necesitamos algunos comprobantes: que disminuyan los secuestros y la extorsión con relación a 2012, que disminuyan los decomisos y quemas de estupefacientes ilegales, que aumenten las exportaciones de origen nacional o in bond a Estados Unidos y que se produzca una reducción significativa de los homicidios dolosos en relación ya no sólo al pico de 2011, sino a los años previos a la guerra de Felipe Calderón.

El segundo problema es que esta nueva estrategia, para verse realmente eficaz, tendría que explicar el origen y la lógica del incremento de los secuestros y de la extorsión. Ambos son inconfesables. Por una sencilla razón: no parece haber explicación alterna al aumento de secuestros y de la extorsión que la propia guerra, incluso, si se quiere, su éxito paradójico. Es altamente probable que el crimen organizado, al verse presionado en su actividad más lucrativa y preferida, a saber, el narcotráfico, optó por desplazarse hacia el secuestro y la extorsión, entre otras maldades. La pregunta que muchos en México nos hacemos hace varios años es: ¿para qué diablos tener un éxito así? ¿No era preferible el fracaso?

Se puede uno preguntar hoy si la demanda valió la pena; si el resultado justifica el esfuerzo empeñado; y si no hay algo que México pueda hacer en casos como éste. Primero los antecedentes. En el caso AVENA, en realidad se agrupaba a 51 mexicanos condenados a muerte en EU, y que no habían podido ejercer su derecho de que las autoridades estadounidenses notificaran al consulado de México más cercano de su detención y de los cargos imputados.

Esa demanda, que tuve el honor de diseñar, impulsar y firmar en mi último acto como secretario de Relaciones Exteriores, se basó en un principio parecido al que al final del día contribuyó a que Florence Cassez fuera liberada exactamente hace un año. Un mexicano en apariencia culpable, en manos de un defensor de oficio hostil e incompetente, sin traductor, sin apoyo de su familia o de los funcionarios consulares mexicanos, puede no gozar del debido proceso que tendría si contara con todas estas prerrogativas. Si Cassez hubiera tenido acceso al Consulado de Francia desde el primer momento de su arresto, otro gallo hubiera cantado. Por eso la ministra Olga Sánchez Cordero insistió tanto en este tema en su ponencia ante la SCJN a principios del 2013. Si Edgar Tamayo hubiera contado con la traducción, la asesoría legal y el apoyo en general del Consulado de México en Houston, quizás de igual manera hubiera sido condenado, más no a la pena capital, con la que concluyó su vida. Aguas: no se puede invocar la Convención de Viena allá, y despreciarla aquí.

La protección consular en México, en EU o en el mundo no es asunto menor. Tampoco lo es que Texas invoque una soberanía propia y una supuesta “no firma” suya de la Convención de Viena para ignorar la recomendación del secretario de Estado John Kerry, o en casos anteriores del presidente texano Bush, de por lo menos llevar a cabo, como lo indica el fallo de la CIJ, una revisión del caso, procurando determinar si la protección consular hubiera desembocado en un desenlace diferente. Es de suma importancia subrayar este aspecto. Nadie afirma que los 51 mexicanos afectados por el caso AVENA hayan sido culpables; se afirma que la pena de muerte es un castigo por definición irreversible, y no debe aplicarse sin el respeto a las obligaciones internacionales y nacionales del debido proceso.

En los casi 10 años transcurridos desde La Haya, “sólo” han sido ejecutados 4 mexicanos. Son 4 de más, pero también son 47 que no lo han sido. Tres gobiernos de México han hecho lo posible para que estas tragedias no se repitan. El actual alentó que las violaciones mexicanas a la Convención de Viena tuvieran consecuencias, en el caso Cassez. La Cancillería ha estudiado la forma de convencer -y en parte lo ha logrado- al gobierno de EU de que legisle en su Congreso la obligación para que los estados de la Unión Americana cumplan con los tratados firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Quizás a partir del trágico término de la vida de Edgar Tamayo, convenga insistir aún más en Washington, esto en el entendido de que pasarán años para que se logre. No sería un mal tema a tratar por Peña Nieto con Obama, al reunirse en Toluca el 19 de febrero.