Como ya se ha comentado aquí, concentrar los recursos humanos y materiales disponibles en la lucha contra el secuestro, la extorsión, el asalto en vía pública y en domicilio, en un país con recursos escasos, implica cambiar el acento y de alguna manera replegarse en la lucha contra el narco. No sabemos si esto ha sucedido, en parte por buenas razones -el gobierno no tiene por qué andarlo diciendo-, en parte porque los medios no hacen su trabajo -no nos reportan cuántos retenes se han desmontado, cuántas tropas siguen en las carreteras y fuera de sus cuarteles, en dónde se encuentran los contingentes de la Policía Federal- y en parte porque los resultados de esta posible táctica novedosa tardarán en notarse. Ojalá así sea: nada tendría más sentido que combatir la extorsión, en particular en Michoacán, y dejar que los narcos, grandes o chicos, desarrollen con la mayor libertad posible su vocación originaria: cultivar amapola y marihuana, e instalar laboratorios de metanfetaminas.

Pero hay dos problemas, más o menos serios. Todos los datos disponibles sugieren que durante estos 14 meses, los secuestros y la extorsión han aumentado, tal vez incluso de manera dramática, mientras que no sabemos si la presión sobre el narco ha disminuido, y los homicidios dolosos en general y vinculados a la guerra contra el crimen organizado apenas han disminuido, y más bien lo han hecho siguiendo la tendencia iniciada en 2012. La mejor prueba de ello es el anuncio por parte del secretario de Gobernación de una “nueva estrategia contra el secuestro”, la enésima, y el nombramiento de un nuevo “zar antisecuestros”, y una imaginativa mecánica antiextorsión en Michoacán, a saber, aliar al Ejército con las autodefensas para golpear a Los Templarios extorsionadores. Para que funcione la estrategia de combatir la violencia que afecta a la gente y poner en un segundo plano el combate al narco, necesitamos algunos comprobantes: que disminuyan los secuestros y la extorsión con relación a 2012, que disminuyan los decomisos y quemas de estupefacientes ilegales, que aumenten las exportaciones de origen nacional o in bond a Estados Unidos y que se produzca una reducción significativa de los homicidios dolosos en relación ya no sólo al pico de 2011, sino a los años previos a la guerra de Felipe Calderón.

El segundo problema es que esta nueva estrategia, para verse realmente eficaz, tendría que explicar el origen y la lógica del incremento de los secuestros y de la extorsión. Ambos son inconfesables. Por una sencilla razón: no parece haber explicación alterna al aumento de secuestros y de la extorsión que la propia guerra, incluso, si se quiere, su éxito paradójico. Es altamente probable que el crimen organizado, al verse presionado en su actividad más lucrativa y preferida, a saber, el narcotráfico, optó por desplazarse hacia el secuestro y la extorsión, entre otras maldades. La pregunta que muchos en México nos hacemos hace varios años es: ¿para qué diablos tener un éxito así? ¿No era preferible el fracaso?

La primera: ¿de qué viven de verdad y en qué proporción las agrupaciones del crimen organizado en esa zona de Michoacán? Zetas, La Familia y Los Caballeros Templarios ¿hoy y ayer se alimentan del negocio de la marihuana y la amapola, o de los laboratorios de metanfetaminas, o de la extorsión a pequeñas y gigantescas empresas comerciales, mineras y siderúrgicas, o del secuestro, o all of the above? Y en este último caso ¿cómo reparten su tiempo y sus ganancias entre todas estas actividades? No da lo mismo, ya que no hay solución al problema sin saber cuál es el problema.

La segunda: ¿qué es lo que sucedió en el sexenio pasado que no funcionó? Es obvio que lo que comenzó en diciembre de 2006 no dio resultados y evidentemente empeoró las cosas. Pero de manera específica ¿cuáles fueron los errores, las insuficiencias o la ignorancia que llevaron a esta debacle? No es posible construir una alternativa a una estrategia equivocada si no se sabe en qué consistió el equívoco; no hay modo de hacer algo bien si no se sabe qué se hizo mal. Repetir incansablemente que ahora hay mayor coordinación es, en el caso de Michoacán, aberrante. No se puede coordinar al gobierno federal con las policías estatales o municipales cuando éstas simplemente dejaron de existir. Resulta difícil de creer que todo el problema radicó en una falta de coordinación.

La tercera y la más obvia (casi un lugar común de la comentocracia): ¿quién financia a las autodefensas? Su armamento no será el del Ejército israelí, pero tampoco son puras escopetas o fusiles calibre 22. ¿Son homólogos aguacateros, limoneros, meloneros o mineros de los finqueros colombianos? ¿Es el Cártel de Sinaloa? Se trata de preguntas carentes de gran complejidad pero que sin respuesta precisa imposibilitan cualquier acción eficaz.

Por último y lo más importante, la cuarta: ¿qué pasa después de la ocupación militar? Ya en estas páginas he citado a Joel Ortega, quien a su vez recuerda la tesis de Graham Greene en El americano impasible, a propósito de la guerra de Francia en Vietnam a principios de los cincuenta.

Los franceses ocupaban el territorio que pisaban, y nada más; al retirarse volvía el Viet Minh. Todo indica que la situación en Michoacán es análoga. El Ejército, la PF, la Marina en Lázaro Cárdenas pueden, con suficientes recursos y tiempo, desarmar a las policías comunitarias, descabezar a Los Templarios, reducir la extorsión y el secuestro, y tal vez desmantelar la mayoría de los laboratorios (la marihuana y la amapola ni se pueden ni se deben erradicar). Pero algún día todos ellos tendrán que irse, como ha sucedido repetidamente a lo largo de los últimos 15 años. Cuando no alcance la tropa, o el presupuesto, o la paciencia de la opinión pública o la indiferencia internacional, y cuando el costo en derechos humanos, instituciones desmontadas, corrupción y abandono de otras regiones se haya incrementado ¿qué sucederá?

El gobierno sin duda conoce la respuesta a la mayoría de estas preguntas. No está obligado a compartirlas con nadie. Pero en algún momento, si quiere ganarse la confianza de la opinión pública y publicada, y de la comunidad internacional, tendrá que divulgar algo: información, análisis, historia, nexos, y detalles de su proyecto. No se entiende muy bien la obsesión por el silencio o por posponer una divulgación obligada.

Según las estadísticas gubernamentales el número de homicidios dolosos en el 2013 bajó alrededor de 15% con relación al 2012, año en el cual a su vez se produjo un decremento con relación al 2011, el año pico de la guerra. Esperaré los análisis de colegas como Fernando Escalante y Eduardo Guerrero sobre la validez y exactitud de las cifras proporcionadas, sobre todo en lo que toca a su valor comparativo frente a años anteriores. Si dos noticias publicadas por un diario nacional son ciertas, sería lógico, o por lo menos consistente con la explicación que algunos hemos dado del incremento de la violencia, que empiecen a disminuir por lo menos los homicidios dolosos. El día 6 de septiembre, Milenio informó que según la Sedena, desde principios de año y de nuevo en marzo, las Fuerzas Armadas desmantelaron más de la mitad de sus retenes. Pasaron de 126 a 81 el 21 de diciembre, y en marzo a solamente el 50% de los de 2012.

Si el detonante de la violencia fue la declaración de guerra de Calderón y no el crecimiento desmedido del narco en los sexenios anteriores, y si se concluye que los retenes militares fueron uno de los detonantes de la violencia al tratarse de los puntos de mayor fricción con la sociedad, desmontar los retenes puede contribuir a un menor número de muertes, cualesquiera que hayan sido las condiciones exactas de los mismos.

Asimismo, el 2 de noviembre, el Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en 2012 descendió en un 74% el número de denuncias por crímenes vinculados al narcotráfico: “De enero a agosto se han reportado 6 mil 242 delitos relacionados con la manufactura, fabricación, elaboración, preparación o acondicionamiento de algún narcótico, así como por su comercialización, venta y compra [...] En 2012 se tenía registro de 24 mil 177 delitos de este tipo…”.

Hay dos posibilidades: que la producción, el comercio y el consumo de drogas haya menguado en ese mismo porcentaje y por eso ha caído el número de denuncias -algo no poco probable: imposible- o que los gobiernos federal y estatales hayan tomado una decisión más o menos deliberada de “irle bajando” a la guerra contra el narco. Si reducir la persecución de denuncias vinculadas a la droga no equivale a negociar con el narco o entregarles la plaza, sí puede responder a una decisión de dedicarle menos recursos humanos y materiales y menos voluntad política a ese esfuerzo. De ser el caso, también sería lógico que disminuyera el número de homicidios y la violencia en general.

En pocas palabras, si la estrategia ha consistido en retirarse de la guerra y concentrarse en algunos casos específicos como Michoacán, lo sorprendente no sería que cayera el número de homicidios dolosos, sino que subiera. No hay ninguna seguridad de que esta tendencia se sostenga, y es posible que por distintas razones las ejecuciones vuelvan a proliferar. Los ejecutómetros de periódicos como éste y otros siguen reflejando una tendencia a la baja y a la vez incrementos esporádicos inesperados y difíciles de explicar.

Asimismo, es posible que el gobierno de Enrique Peña Nieto no resista las presiones procedentes de varios frentes para volver a la carga, y que vuelva a la guerra. Por lo pronto, si estas noticias son ciertas y se confirma el descenso del número de homicidios dolosos por 100 mil habitantes, será parte de un balance positivo de Peña Nieto. Con dos salvedades: seguimos muy por arriba de 2006, 2007, 2008 y 2009. Y no hay muchos elementos adicionales de balance positivo.

La primera fue la reacción de la Cámara de los Comunes en Inglaterra ante la solicitud del primer ministro Cameron de acompañar a Estados Unidos, a Francia y a otros países de la OTAN en una acción militar contra el régimen de Al Assad en Siria. Después de un largo debate, Cameron, que dispone de una mayoría en el Parlamento, vio rechazada su solicitud. Hará lo que cualquier gobierno democrático: aceptar su derrota, reagrupar fuerzas, buscar cambiar la correlación de fuerzas y volver a la carga. Tomando en cuenta las dudas esgrimidas por los parlamentarios escépticos.

En un segundo momento, algo parecido le sucedió a Obama ya listo para anunciar el inicio del bombardeo de instalaciones militares sirias. Después de perder el apoyo británico y al percatarse de la oposición interna en la opinión pública y en el Congreso, Obama dio marcha atrás. Prefirió emplazar al Congreso, al pedir permiso para una intervención militar, subrayando que no la consideraba legalmente indispensable. Optó por llevar su propuesta a través de un despliegue de cabildeo y de persuasión como no se había visto en su mandato desde su primera campaña. Todo indica que encontrará el apoyo necesario, pero menguado, restringido y condicionado. Lo reconoce Obama y así lo reconocen y agradecen los distintos sectores de la sociedad norteamericana.

El tercer caso, que no ha funcionado hasta ahora, es el de Francia. El presidente Hollande considera que no requiere autorización de parte de la Asamblea Nacional para actuar junto con Estados Unidos y la OTAN en Siria. Pero un gran número de parlamentarios franceses piensa lo contrario. En este juego de vencidas es difícil saber quién va a ganar, pero a Hollande le está yendo menos bien que a Obama y a Cameron en sus duelos respectivos.

El cuarto caso es, en menor escala, y por razones distintas, la reacción del gobierno de Enrique Peña Nieto a “la calle” de la Ciudad de México (nutrida por los caminos de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y otras entidades). Más allá de las ventajas e inconvenientes de la “reforma educativa” del gobierno y de los méritos o deméritos de la oposición de la CNTE y otros sectores del magisterio a dicha “reforma”, el hecho es que el Congreso no podía dejarse amedrentar por la “calle”, pero el gobierno no podía dejar de tomar en cuenta los sentimientos de “la calle”. Creo que el desenlace, que es una solución de compromiso, ha sido bueno. Se desactivó la protesta, se aprobó la legislación reglamentaria sobre el Servicio Profesional Docente, obviamente con concesiones importantes a “la calle”, y esta etapa del conflicto comienza a superarse. Todo mundo puede sentirse satisfecho del resultado.

Sin embargo, a diferencia de México, las instituciones no se niegan a reconocer que se vieron obligadas a hacerle caso a la “calle”, mientras que en México, las instituciones y los poderes fácticos (Elba Esther no era el único) parecen renuentes a reconocer que hubo una negociación tácita o explícita donde cada quien puso de su parte. Tratar de hacernos creer que la legislación secundaria de la llamada reforma educativa es perfecta, revolucionaria e impoluta, me parece iluso y pueril. EPN haría mejor en seguir el camino de Obama y Cameron que el de Hollande; lo digo a pesar de toda mi francofilia.