Se trata de un cambio importante y positivo. No sé cuántos seamos, pero algunos estamos totalmente a favor de la reforma energética de Peña Nieto, y a la vez a que se someta a una consulta popular vinculante. La discusión jurídica sobre la misma tendrá lugar en los meses que vienen y en caso de no haber un acuerdo político, será zanjada por la Suprema Corte. Pero si se llegara a un entendimiento entre por lo menos una parte de la izquierda y el gobierno sobre los puntos torales, representaría un gran avance para todo el mundo.

Algunos buenos amigos legisladores priístas me han comentado que independientemente de lo que diga el nuevo artículo 35 de la Constitución, fracción VIII, tercer párrafo, la Constitución no puede ser modificada por la vía de la consulta popular. La razón que esgrimen es que el artículo 135, sólo prevé una vía para cambiar el documento de 1917, a saber, “por el voto de las dos terceras partes [del Congreso de la Unión] y por la mayoría de las legislaturas de los Estados”. Pero esta interpretación presupone otra, no necesariamente correcta.

El nuevo artículo 35, fracción VIII, segundo párrafo dice así: “Cuando la participación total corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales…”. El Congreso se vería obligado a modificar la Constitución o las leyes por mandato de la consulta, aunque la consulta en sí misma no modifique ni la Constitución ni las leyes. Agradezco a Guadalupe Acosta Naranjo esta aclaración. Ahora bien, ¿por qué puede uno pensar que las nuevas disposiciones del artículo 35 se aplican a reformas constitucionales? Por la redacción del tercer párrafo de la misma fracción del mismo artículo: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”.

Si la Constitución estipula qué partes de sí misma no pueden ser objeto de consulta, por definición todas las demás sí pueden serlo. Si insistiera el gobierno y el PRI en rechazar la consulta sobre energía, su único argumento sería por “ingresos y gastos del Estado”. Como Pemex paga impuestos -y muchos-, y como gasta dinero -y mucho-, y pertenece al Estado, podría en una interpretación muy laxa de estas palabras entenderse que la consulta no fuera aplicable.

Pero esta interpretación, además de ser marrullera y éticamente dese-chable -casi todo en la vida tiene implicaciones fiscales-, abre la puerta a un escenario aún peor. Como lo explicó hace unos días en “Es la hora de opinar”, Carlos Elizondo, si el artículo 35 no se aplica a la Constitución, entonces por fuerza se aplica a las leyes secundarias, ya que no tendría sentido una reforma que no se aplicara a nada. En ese caso se podría recurrir a la consulta popular para cambiar todas las leyes secundarias que en teoría aprobará pronto el Congreso en materia energética. Se trataría de una verdadera pesadilla para el Congreso, para los inversionistas, y sobre todo para el país. Prefiero una consulta sobre la Constitución y que la reforma de EPN pase la prueba del añejo: la de las urnas.

Según las estadísticas gubernamentales el número de homicidios dolosos en el 2013 bajó alrededor de 15% con relación al 2012, año en el cual a su vez se produjo un decremento con relación al 2011, el año pico de la guerra. Esperaré los análisis de colegas como Fernando Escalante y Eduardo Guerrero sobre la validez y exactitud de las cifras proporcionadas, sobre todo en lo que toca a su valor comparativo frente a años anteriores. Si dos noticias publicadas por un diario nacional son ciertas, sería lógico, o por lo menos consistente con la explicación que algunos hemos dado del incremento de la violencia, que empiecen a disminuir por lo menos los homicidios dolosos. El día 6 de septiembre, Milenio informó que según la Sedena, desde principios de año y de nuevo en marzo, las Fuerzas Armadas desmantelaron más de la mitad de sus retenes. Pasaron de 126 a 81 el 21 de diciembre, y en marzo a solamente el 50% de los de 2012.

Si el detonante de la violencia fue la declaración de guerra de Calderón y no el crecimiento desmedido del narco en los sexenios anteriores, y si se concluye que los retenes militares fueron uno de los detonantes de la violencia al tratarse de los puntos de mayor fricción con la sociedad, desmontar los retenes puede contribuir a un menor número de muertes, cualesquiera que hayan sido las condiciones exactas de los mismos.

Asimismo, el 2 de noviembre, el Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en 2012 descendió en un 74% el número de denuncias por crímenes vinculados al narcotráfico: “De enero a agosto se han reportado 6 mil 242 delitos relacionados con la manufactura, fabricación, elaboración, preparación o acondicionamiento de algún narcótico, así como por su comercialización, venta y compra [...] En 2012 se tenía registro de 24 mil 177 delitos de este tipo…”.

Hay dos posibilidades: que la producción, el comercio y el consumo de drogas haya menguado en ese mismo porcentaje y por eso ha caído el número de denuncias -algo no poco probable: imposible- o que los gobiernos federal y estatales hayan tomado una decisión más o menos deliberada de “irle bajando” a la guerra contra el narco. Si reducir la persecución de denuncias vinculadas a la droga no equivale a negociar con el narco o entregarles la plaza, sí puede responder a una decisión de dedicarle menos recursos humanos y materiales y menos voluntad política a ese esfuerzo. De ser el caso, también sería lógico que disminuyera el número de homicidios y la violencia en general.

En pocas palabras, si la estrategia ha consistido en retirarse de la guerra y concentrarse en algunos casos específicos como Michoacán, lo sorprendente no sería que cayera el número de homicidios dolosos, sino que subiera. No hay ninguna seguridad de que esta tendencia se sostenga, y es posible que por distintas razones las ejecuciones vuelvan a proliferar. Los ejecutómetros de periódicos como éste y otros siguen reflejando una tendencia a la baja y a la vez incrementos esporádicos inesperados y difíciles de explicar.

Asimismo, es posible que el gobierno de Enrique Peña Nieto no resista las presiones procedentes de varios frentes para volver a la carga, y que vuelva a la guerra. Por lo pronto, si estas noticias son ciertas y se confirma el descenso del número de homicidios dolosos por 100 mil habitantes, será parte de un balance positivo de Peña Nieto. Con dos salvedades: seguimos muy por arriba de 2006, 2007, 2008 y 2009. Y no hay muchos elementos adicionales de balance positivo.

Nunca entendí el empecinamiento de EPN de invocar al general Lázaro Cárdenas. Es cierto que la redacción del párrafo sexto del artículo 27 versión de 1940 es distinta a la de 1960: la segunda afirma que “no se otorgarán ni concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado”, mientras que el primero sólo dice que no se “expedirán concesiones”; efectivamente la redacción de 2013 vuelve a la de 1940; se limita a decir que “no se expedirán concesiones”, enviando a la ley reglamentaria los detalles, tal y como sucede en la versión del 40 y del 60.

Pero la utilidad y el éxito de buscar al general Cárdenas para justificar la vuelta a 1940 en el 2013, corrigiendo así el cambio de 1960, dependen de dos consideraciones abstractas y una muy personal. En primer lugar, ¿qué pasó durante esos 20 años? ¿cuántos contratos hubo durante el lapso cuando se permitieron? ¿de qué magnitud fueron? ¿qué importancia revistieron en la producción total de hidrocarburos en el país? ¿le entraron las famosas 7 hermanas? ¿resultó atractivo el esquema para los gigantes de la industria petrolera mundial?

Segunda consideración abstracta, ¿qué dijo, qué pensó y qué quiso decir (Rubén Aguilar dixit) el general Cárdenas en 1960 ante la reforma constitucional de López Mateos? ¿le pareció bien o mal la supresión de las concesiones y de los contratos? ¿o hubiera preferido que siguiera vigente la posibilidad de que Pemex firmara contratos de utilidades o producción compartidas con empresas privadas?

La consideración personal ha sido ya subrayada por muchos, quizás con más claridad por Juan Ignacio Zavala en su artículo de ayer en Milenio. Intentar arrebatarle a Cuauhtémoc Cárdenas la facultad de interpretar o “decir la ley” del pensamiento de su padre parece, en el mejor de los casos, una tentativa fútil y, en el peor, un error con consecuencias. No digo que el ingeniero tenga el monopolio de la interpretación de los dichos del general; creo poder decir, conociéndolo desde hace un cuarto de siglo, que cree poseer una autoridad mayor que la de cualquiera para ese propósito. Quizás ese tiro le salió por la culata al gobierno.

De ahí quizás provenga la hábil y maligna poison pill de Cuauhtémoc, incluida en su propuesta de reforma esta semana: someter la eventual aprobación del cambio constitucional de EPN a un referéndum vinculante, coincidiendo con las elecciones federales de 2015. Gracias a las modificaciones constitucionales sobre participación ciudadana aprobadas hace un año, existe la posibilidad de someter ciertos cambios constitucionales a referéndum. Para ello se requiere un número de firmas equivalente al 2% del padrón, es decir, al día de hoy, más o menos 1.6 millones. No importa si la respuesta de la sociedad mexicana al referéndum de 2015 fuera un rotundo sí; de aquí a entonces se antoja difícil, si no imposible, que alguien quiera firmar un contrato con Pemex de cualquier índole, mientras penda la espada de Damocles del referéndum a dos años de distancia. Quizás esto contribuya en parte a que el bono Perpetuo de Petróleos Mexicanos de 6 5/8 % se encuentre hoy a un punto por arriba de par, habiendo llegado a 106 en enero de este año.