Como ya se ha comentado aquí, concentrar los recursos humanos y materiales disponibles en la lucha contra el secuestro, la extorsión, el asalto en vía pública y en domicilio, en un país con recursos escasos, implica cambiar el acento y de alguna manera replegarse en la lucha contra el narco. No sabemos si esto ha sucedido, en parte por buenas razones -el gobierno no tiene por qué andarlo diciendo-, en parte porque los medios no hacen su trabajo -no nos reportan cuántos retenes se han desmontado, cuántas tropas siguen en las carreteras y fuera de sus cuarteles, en dónde se encuentran los contingentes de la Policía Federal- y en parte porque los resultados de esta posible táctica novedosa tardarán en notarse. Ojalá así sea: nada tendría más sentido que combatir la extorsión, en particular en Michoacán, y dejar que los narcos, grandes o chicos, desarrollen con la mayor libertad posible su vocación originaria: cultivar amapola y marihuana, e instalar laboratorios de metanfetaminas.

Pero hay dos problemas, más o menos serios. Todos los datos disponibles sugieren que durante estos 14 meses, los secuestros y la extorsión han aumentado, tal vez incluso de manera dramática, mientras que no sabemos si la presión sobre el narco ha disminuido, y los homicidios dolosos en general y vinculados a la guerra contra el crimen organizado apenas han disminuido, y más bien lo han hecho siguiendo la tendencia iniciada en 2012. La mejor prueba de ello es el anuncio por parte del secretario de Gobernación de una “nueva estrategia contra el secuestro”, la enésima, y el nombramiento de un nuevo “zar antisecuestros”, y una imaginativa mecánica antiextorsión en Michoacán, a saber, aliar al Ejército con las autodefensas para golpear a Los Templarios extorsionadores. Para que funcione la estrategia de combatir la violencia que afecta a la gente y poner en un segundo plano el combate al narco, necesitamos algunos comprobantes: que disminuyan los secuestros y la extorsión con relación a 2012, que disminuyan los decomisos y quemas de estupefacientes ilegales, que aumenten las exportaciones de origen nacional o in bond a Estados Unidos y que se produzca una reducción significativa de los homicidios dolosos en relación ya no sólo al pico de 2011, sino a los años previos a la guerra de Felipe Calderón.

El segundo problema es que esta nueva estrategia, para verse realmente eficaz, tendría que explicar el origen y la lógica del incremento de los secuestros y de la extorsión. Ambos son inconfesables. Por una sencilla razón: no parece haber explicación alterna al aumento de secuestros y de la extorsión que la propia guerra, incluso, si se quiere, su éxito paradójico. Es altamente probable que el crimen organizado, al verse presionado en su actividad más lucrativa y preferida, a saber, el narcotráfico, optó por desplazarse hacia el secuestro y la extorsión, entre otras maldades. La pregunta que muchos en México nos hacemos hace varios años es: ¿para qué diablos tener un éxito así? ¿No era preferible el fracaso?

Según las estadísticas gubernamentales el número de homicidios dolosos en el 2013 bajó alrededor de 15% con relación al 2012, año en el cual a su vez se produjo un decremento con relación al 2011, el año pico de la guerra. Esperaré los análisis de colegas como Fernando Escalante y Eduardo Guerrero sobre la validez y exactitud de las cifras proporcionadas, sobre todo en lo que toca a su valor comparativo frente a años anteriores. Si dos noticias publicadas por un diario nacional son ciertas, sería lógico, o por lo menos consistente con la explicación que algunos hemos dado del incremento de la violencia, que empiecen a disminuir por lo menos los homicidios dolosos. El día 6 de septiembre, Milenio informó que según la Sedena, desde principios de año y de nuevo en marzo, las Fuerzas Armadas desmantelaron más de la mitad de sus retenes. Pasaron de 126 a 81 el 21 de diciembre, y en marzo a solamente el 50% de los de 2012.

Si el detonante de la violencia fue la declaración de guerra de Calderón y no el crecimiento desmedido del narco en los sexenios anteriores, y si se concluye que los retenes militares fueron uno de los detonantes de la violencia al tratarse de los puntos de mayor fricción con la sociedad, desmontar los retenes puede contribuir a un menor número de muertes, cualesquiera que hayan sido las condiciones exactas de los mismos.

Asimismo, el 2 de noviembre, el Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en 2012 descendió en un 74% el número de denuncias por crímenes vinculados al narcotráfico: “De enero a agosto se han reportado 6 mil 242 delitos relacionados con la manufactura, fabricación, elaboración, preparación o acondicionamiento de algún narcótico, así como por su comercialización, venta y compra [...] En 2012 se tenía registro de 24 mil 177 delitos de este tipo…”.

Hay dos posibilidades: que la producción, el comercio y el consumo de drogas haya menguado en ese mismo porcentaje y por eso ha caído el número de denuncias -algo no poco probable: imposible- o que los gobiernos federal y estatales hayan tomado una decisión más o menos deliberada de “irle bajando” a la guerra contra el narco. Si reducir la persecución de denuncias vinculadas a la droga no equivale a negociar con el narco o entregarles la plaza, sí puede responder a una decisión de dedicarle menos recursos humanos y materiales y menos voluntad política a ese esfuerzo. De ser el caso, también sería lógico que disminuyera el número de homicidios y la violencia en general.

En pocas palabras, si la estrategia ha consistido en retirarse de la guerra y concentrarse en algunos casos específicos como Michoacán, lo sorprendente no sería que cayera el número de homicidios dolosos, sino que subiera. No hay ninguna seguridad de que esta tendencia se sostenga, y es posible que por distintas razones las ejecuciones vuelvan a proliferar. Los ejecutómetros de periódicos como éste y otros siguen reflejando una tendencia a la baja y a la vez incrementos esporádicos inesperados y difíciles de explicar.

Asimismo, es posible que el gobierno de Enrique Peña Nieto no resista las presiones procedentes de varios frentes para volver a la carga, y que vuelva a la guerra. Por lo pronto, si estas noticias son ciertas y se confirma el descenso del número de homicidios dolosos por 100 mil habitantes, será parte de un balance positivo de Peña Nieto. Con dos salvedades: seguimos muy por arriba de 2006, 2007, 2008 y 2009. Y no hay muchos elementos adicionales de balance positivo.