Asimismo, los organizadores de la nueva iniciativa de legalización del uso recreativo de la marihuana en California dieron el primer paso en el largo proceso que deberán recorrer para que este noviembre, en su caso, se gane lo que se perdió por una nariz hace tres años. Registraron ya su iniciativa de legalización; se darán un mes y medio para reunir los fondos necesarios para lograr las 700 u 800 mil firmas pertinentes; y decidirán en ese momento si pueden conseguir entre los 15 mil millones de dólares que costaría una campaña exitosa del Sí. No es seguro que todo este proceso sea este año, pero ya se echó a andar.

Y por último, pero quizás esto sea lo más importante en todo el hemisferio occidental, en México empezó a circular el paquete de Iniciativas de Ley y Reformas a presentar ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y por la ALDF ante el Congreso de la Unión sobre el mismo tema. En el corto plazo es poco probable que la segunda iniciativa fructifique, pero cada día es más factible que la primera sí tenga éxito. Por eso conviene comentar sus principales características.

El título es abigarrado, leguleyo y confuso: Iniciativa de Ley y Reformas en materia de principio de oportunidad y sistema de información para la reducción de riesgo y daños. Prevé una serie de cambios a la legislación penal del DF basadas en la aplicación del principio de oportunidad establecido en el artículo 21 de la Constitución. Dicha ley, en teoría, establecerá tres prioridades de persecución de delitos por el Ministerio Público en el DF. La 0, que sólo se perseguirá una vez que se haya reducido la incidencia de las prioridades 1 y 2, incluye la marihuana o, como dice de nuevo en el lenguaje incomprensible de los abogados mexicanos, las conductas tipificadas de los artículos 475, 476 y 478 de la Ley General de Salud (LGS) “cuando se realice exclusivamente con la cannabis”, salvo en el caso de que se trate de suministro a menores de edad, en cuyo caso la persecución del delito seguirá siendo de la máxima prioridad.

Si entiendo bien, y no es necesariamente el caso, esto quiere decir que se podrá poseer hasta mil veces la dosis máxima permitida en la LGS en materia de marihuana, a saber 5 gr. En suma, se trata de asignar distintos niveles de prioridad al trabajo policial y de procuración de justicia, localizando la acción estatal en la persecución de delitos dolosos y no en la criminalización del uso y portación de cannabis, así como la creación de un régimen legal para el uso terapéutico de la marihuana.

Nadie puede asegurar que esta ley sea aprobada tal cual por la ALDF, que no sea rechazada algún día por la SCJN al atribuirse el DF facultades que no tiene o que realmente equivalga a una legalización por lo menos del consumo de la marihuana en la Ciudad de México. Pero sí parece ser un primer paso de gran trascendencia.

En Estados Unidos ya empiezan los esfuerzos de prospección y de revisión histórica. El Council of Foreign Relations de Nueva York ya formó una comisión sobre la integración de América del Norte, presidida por Robert Zoellick, ex presidente del Banco Mundial, ex subsecretario de Estado y ex representante especial de Comercio, y David Petraeus, militar retirado, ex director de la CIA y ex jefe de las tropas norteamericanas en Afganistán. Durante un año buscarán una “gran idea” para el futuro de la región, inspirada en parte por el libro de Robert Pastor (miembro de la comisión) The North American Idea. En México no hay posibilidad de que suceda algo por el estilo, pero por lo menos podemos esperar una buena discusión sobre los saldos del TLCAN.

De darse, ojalá partiera de los orígenes: la verdadera historia de por qué Salinas decidió proponerle el acuerdo a Bush (padre); qué beneficios prometieron, qué denunciaron los críticos o adversarios mexicanos del convenio en cuanto a los peligros por venir. Sabemos que todos los bandos exageraron -ni llegaron todos los frutos prometidos, ni sucedieron todas las catástrofes anunciadas- pero será útil revisar qué predijo cada quien. Tenemos la ventaja del tiempo: cinco presidentes mexicanos, 14 años de crecimiento económico cercano al promedio de las dos décadas, dos muy buenos, dos muy malos, y dos de expansión casi nula (2001 y 2013). De suerte que ningún año demasiado malo o excesivamente bueno impacta mucho. Tuvimos dos alternancias políticas, tratados con otros países, presidentes con mayorías legislativas y lo contrario, ataques terroristas en Estados Unidos, demócratas y republicanos gobernando a partes iguales. Abunda la materia prima para el análisis.

Lo difícil será lograr un debate sustantivo y de buena fe, y la selección de los puntos de referencia. ¿Con qué debemos comparar el desempeño mexicano en el TLCAN? ¿Con los 20 años anteriores? ¿Con ejercicios contrafactuales, por definición hipotéticos, y a veces descabellados? ¿Con lo hecho por países cercanos durante el mismo lapso (Chile o Brasil), o con países lejanos en una época diferente pero en situaciones análogas (Europa del sur, por ejemplo)? Los opositores al tratado señalarán los resultados insuficientes (crecimiento económico raquítico -de 2,5% anual en promedio-, cero aumento de la productividad, inversión extranjera mediocre, escasa reducción de la pobreza, magro incremento del empleo manufacturero y de los ingresos reales), y sus partidarios esgrimirán argumentos en sentido inverso: crecimiento descomunal de las exportaciones (multiplicadas por 6 en 20 años), democratización en México, “efecto Walmart” para las clases medias en pleno ensanchamiento. Los primeros sostendrán que muchas de las desgracias en el país durante estos lustros son atribuibles al TLCAN: Chiapas, narco, economía informal, magnicidios, migración masiva; los segundos responderán que nos hubiera ido peor sin TLCAN. Sería provechoso que todos procuraran fundamentar sus tesis con datos, por sesgados o selectivos que fueran.

Por mi parte, recordaré, en los meses que vienen, la posición que asumí entre 1990 y 1993 de criticar al tratado de Salinas, proponiendo otro acuerdo y no la perpetuación del status quo, y aceptando su realidad una vez aprobado. Trataré de detectar las disyuntivas que se presentaron y en las cuales el país se equivocó, con la ayuda del TLCAN o a pesar de él. Y concluiré, creo, que el convenio no nos trajo grandes daños, que sus resultados son superiores al contrafactual inercial, pero inferiores a las expectativas, a las necesidades, a las posibilidades con un tratado diferente. Bienvenido el debate.

La ecuación es muy sencilla. Para que México crezca al 5% por año, es indispensable, aunque quizás no suficiente, que invierta alrededor de la cuarta parte de su producto anual. Andamos, con ciertas variaciones anuales, en alrededor de 20 o 21 %; nos faltan por lo menos 5 puntos porcentuales adicionales de inversión. Como el sector público difícilmente lo puede hacer, debido a la restricción fiscal, y como el sector privado mexicano ha ido invirtiendo cada año más en el extranjero y menos proporcionalmente en México, todo sugiere que buena parte de estos 5 puntos adicionales tendrá que provenir de la IED. Ya hemos comentado en estas páginas cómo el porcentaje de IED sobre PIB en México ha disminuido en los últimos lustros. Su año pico fue en 1995 cuando alcanzó poco más del 3% (aunque en parte se debió a la contracción draconiana de la economía). Se mantuvo en esos niveles o ligeramente por debajo hasta el año 2001 (2.8%) y a partir de entonces ha seguido descendiendo al grado que el año pasado se hundió a 1.1%, la cifra más baja desde 1981 (ligeramente distorsionada por la desinversión de Grupo Santander México a través de una salida en bolsa de Nueva York). Pero resulta más interesante  comparar esta evolución e insuficiencias mexicanas con las cifras de otros países latinoamericanos para estos mismos años.

El rey, por supuesto, es Chile, que para el periodo 1996-2012 ha oscilado entre un mínimo de 6.1% en 2000 y un máximo de 11.3% en 2012. En segundo lugar viene Perú con cifras elevadas aunque inferiores: un mínimo de 1.5% en 2000, y un máximo de 6.2% tanto en 1996 como en 2012. Colombia y Costa Rica también arrojan resultados impresionantes, Costa Rica llegando a 5 puntos el año pasado y nunca encontrándose debajo de 2.6%. Nótese la comparación: si México recibiera 5% del PIB en Inversión Extranjera Directa cada año, este año ingresarían al país casi 60 mil millones de dólares (sin la compra de Modelo no llegaremos a 20 mil millones). Colombia, por su parte, con todo y guerra, pasó de 3.2% en 1996 a 2.4% en el 2000, al 7% en 2005, en el 2012, 4.3%, cuatro veces más que México.

El caso de Brasil es contradictorio. Empezó este periodo con 1.3% en 1996, en un momento cuando apenas empezaban a verse los efectos de las reformas impulsadas por el presidente Fernando Henrique Cardoso. En 2000 subió a su punto más elevado -5.1%- debido a la recuperación tras la crisis de 1999 y a los siete años de Cardoso. Para 2005, sin embargo, cayó a 1.75%, para repuntar a 2.9% en 2011 y a 3.4% en 2012, o sea el triple que México ese mismo año.

Lo que esta rápida comparación superficial nos muestra es que bajo determinadas condiciones, que no son todas extrapolables a México (Chile y Costa Rica son países pequeños, pero Colombia y Perú son medianos), es factible elevar el monto de la IED en un país en relación a su PIB. Pero nunca hay situaciones irreversibles, el esfuerzo tiene que ser duradero y tiende a ser arduo y doloroso. Nadie debe engañarse sobre la magnitud del reto que enfrentamos en esta materia en los próximos años.

Lo incomprensible estriba en el error que cometieron muchos brasileños al creerle más a los medios internacionales, a las casas de bolsa, a las corredurías y a los supuestos analistas financieros y económicos de los grandes bancos de Wall Street y de la City en lugar de confiar en sus instintos y sus propios conocimientos. Cuando todas estas fuentes de sabiduría y de presunta recopilación de informes y datos cantaban extraordinarias loas al desempeño de la economía brasileña, del Banco Central, del gobierno de Lula, del programa Bolsa Familia, del surgimiento del gigante verde amarelo, los magníficos estudiosos y comentaristas brasileños de las grandes universidades, medios de comunicación y think tanks, como la Fundación Getulio Vargas, debieron haber detonado señales de alarma explicando que no era así de sencillo: que tal o cual banca de inversión en Nueva York o en Londres, o empresa, o hedge fund y private equity fund, tuviera razones de interés directas.

También debieron haber escuchado a aquellos que les dijeron que realizar a dos años de distancia los eventos de la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos no es nada del otro mundo; más aún, el último país latinoamericano que lo hizo, a saber, México 1968 y 1970, lo único que conserva en su memoria colectiva al respecto es la matanza de Tlatelolco. Pudieron haberle preguntado a los sudafricanos, a los ingleses y a muchos más, quienes les habrían confesado con cinismos y resignación que esos acontecimientos no traen inversión extranjera más allá de la que había de todas maneras; no atraen un mayor número de turistas de modo duradero, y que sobre todo la infraestructura en la que se invierten enormes cantidades de recursos no suele servir de nada más tarde. Sólo puede sacarle verdadero provecho a un evento de este tipo un país como China, que puede canalizar enormes esfuerzos y recursos a un evento de Estado, y reprimir si es necesario a quien se oponga a él. Eso no lo puede hacer el gobierno de Dilma Rousseff afortunadamente, pero sin eso, este tipo de eventos no suele prosperar.

Las protestas en Brasil contra el aumento en transporte público, la mala calidad de la educación pública, las deficiencias del sector salud y las inmensas inversiones en los nuevos estadios, caminos, aeropuertos, etcétera, necesarios para el Mundial y los Juegos Olímpicos, seguramente llegarán a su término pronto. Brasil es una auténtica democracia, y existen muchas maneras de canalizar ese descontento por vías institucionales. Además, en vista de que el gobierno de Rousseff es un gobierno a la vez eficaz y sensible, seguramente tomará medidas para atender las demandas y las quejas de los manifestantes. Lo que se habrá roto, quizás sea justamente la burbuja brasileña o el espejismo brasileño que nunca debió haber adquirido las dimensiones que tuvo.

Todo esto debiera servirnos también en México. Decía hace unas semanas en una cena Luis Rubio, con la perspicacia que lo caracteriza, que cuando todo era fantástico en Brasil y todo en México era un desastre, aquí seguíamos creciendo al 3%. Aguas con los medios internacionales, aguas con el optimismo beato de los analistas internacionales increíblemente superficiales, aguas con el momento de México. Hay mucha gente que sabe manipular a los medios internacionales, a las casas de bolsa, a los fondos y a las corredurías. Habría que preguntarles a ellos para no creernos cuentos sobre el destino nacional.