La explicación legal del flujo es sencilla. Desde 2002, cualquier menor de edad detenido en Estados Unidos sin papeles debe ser remitido al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), a más tardar a 72 horas de haber sido aprehendido. En menos de un mes en promedio, debido a la exigüidad de los centros de detención para un flujo de esta magnitud, son liberados y entregados a familiares en EEUU, mientras se lleva a cabo su juicio de migración. Para todos los fines prácticos, cualquier menor de edad que entre a EEUU sin papeles tiene una muy alta probabilidad de permanecer ahí durante años antes de ser deportado, y en condiciones de legalidad. En el ejercicio pasado, de los 50 mil migrantes menores de edad detenidos por la Patrulla Fronteriza, sólo 2 mil fueron devueltos a sus países de origen.

Cuando los gobiernos de Estados Unidos y México anuncian que los polleros engañan a los pollos al esparcir el rumor de que los niños enviados a EEUU podrán permanecer ahí legalmente, engañan también. Si llegan a la frontera y se entregan a las autoridades norteamericanas, habrán logrado lo que millones de adultos indocumentados aún no logran: la legalización en EEUU. En las últimas semanas, un número creciente de menores de edad, acompañados por sus madres u otros familiares femeninos, han atiborrado los centros de detención acondicionados para ese propósito por Washington y los gobiernos estatales.

Hace bastante sentido que un coyote, si es parte del crimen organizado, divulgue la buena nueva de que, pagando de 6 a 7 mil pesos, una madre hondureña o salvadoreña puede mandar a sus hijos a Estados Unidos con buenas posibilidades de llegar sanos y salvos. O no tan sanos ni tan salvos, ya que en el camino les suceden todo tipo de atrocidades. Pero de alguna manera, con cínica resignación ante las privaciones que imperan en sus países, los padres descuentan este costo y lo incorporan al precio que se le paga al coyote.

Se entiende que el gobierno de Obama no encuentre solución interna al problema. Las únicas posibilidades jurídicas implicarían o bien la derogación de la ley de Bush de 2002, que obliga a remitir a los menores de edad al HHS, o bien cambiar el procedimiento y realizar la comparecencia al principio de la estancia en EEUU, como sucede con adultos. Esto entrañaría un enorme aumento en el número de jueces, de abogados defensores pro bono, y encontrar a quién entregar a los niños en sus países de origen.

En vista de estas dificultades, es comprensible que Washington prefiera que el problema se atienda en Centroamérica, o en el país de tránsito: México. Como difícilmente van a cambiar las circunstancias vigentes en Centroamérica -violencia, inseguridad, desempleo, pandillas- el vicepresidente Biden les pidió seguramente a los mandatarios centroamericanos que detengan la salida y entrada de menores de edad de sus respectivos países. Tal vez, Obama le pidió lo mismo a Peña Nieto en su conversación telefónica.

Nada de esto es posible ni deseable. Ninguno de los países puede sellar sus fronteras. Si accediéramos a hacer el trabajo sucio de los norteamericanos, proliferaría la corrupción, la extorsión, las violaciones a derechos humanos, por parte de aparatos estatales inaptos para estos propósitos. Que Estados Unidos resuelva su problema, ya que saben muy bien cómo: una ambiciosa reforma migratoria, en lugar de extender la guerra contra las drogas a la guerra contra los niños.

Siempre estuve en desacuerdo con esta opinión sobre los dos primeros puntos, pero entiendo la lógica de prudencia, temor o reflejo antiintervencionista trasnochado para adoptarla. La postura a propósito del tercer punto ya no es un asunto de opinión sino de hechos. Así como en 2006, Bush con los senadores McCain y Kennedy, lanzó el anzuelo de la construcción de los primeros 480 km de barda, muro o cerca para obtener los votos conservadores tanto en el Senado como en la Cámara Baja para aprobar la reforma migratoria integral de entonces, hoy ”La banda de los 8’‘, con el consentimiento tácito de Obama, ha aprobado la enmienda Corker-Hoeven de sellamiento de la frontera.

En 2006, México fue todavía muy explícito y vigoroso en la denuncia de la cerca, aunque no planteó claramente un quid pro quo: ¿cerca a cambio de qué? Nos quedamos como el perro del hortelano en peor: con la cerca y sin la reforma. Ahora corremos el riesgo de quedarnos con el sellamiento y sin la reforma, o con una reforma incompleta y el sellamiento.

Por eso he insistido, con muchos otros, y en particular mis tocayos Bustamante y Ramos, que México no debe aceptar el alegato de que la política migratoria de EU es un asunto interno. Es triplemente falsa la tesis. En primer lugar, porque no ha sido así en la historia de EU, en vista de tres ejemplos conocidos: el Gentlemen’s Agreement con Japón en 1907, el Acuerdo Bracero con México entre 1942 y 1964, y el acuerdo con Cuba de 1965 a la fecha.

En segundo lugar, porque es éticamente inaceptable. México no puede hacerse de la vista gorda sobre las deportaciones masivas de mexicanos, el daño a comunidades, al medio ambiente que implica la barda y al despilfarro de 46 mmd que podrían ser utilizados para mejorar la infraestructura fronteriza. En tercer lugar, no podemos abstenernos del debate porque no tenemos la certeza de que una decisión del Congreso de EU no entrañe consecuencias graves para México, como es el caso de la enmienda Corker-Hoeven.

No sé porque el gobierno de EPN no informa al respecto, ni cómo ni cuándo le avisó a EU que estas medidas eran hostiles, contraproducentes y contrarias al tipo de relación que en otros temas tanto México como EU quieren tener. No sé si lo países centroamericanos nos han dicho que alcemos la voz para evitar el sellamiento, creando un problema entre El Salvador, Honduras, Guatemala por una parte y México por la otra: los centroamericanos que se topen con el muro en la nuestra con EU no van a regresar a sus países, ni cruzarán fácilmente a EU. Permanecerán en México. Y no sé si los senadores demócratas o republicanos amigos de México saben, de viva voz del gobierno de México, que de la misma manera que ellos tienen un problema político en EU con su ultraderecha, cualquier gobierno de México enfrenta un problema político dentro con amplios sectores de opinión que consideran que el sellamiento es un acto inamistoso. Y que sólo puede resultar aceptable si en esa barda se colocan una gran cantidad de puertas, se nos entregan muchas llaves para abrirlas, se ponen timbres, y cuando toquemos y abramos se nos dé la bienvenida. En otras palabras, que a cambio del muro se dispare el número de visas para trabajadores temporales mexicanos. No sé si el equipo de EPN le ha dicho a los norteamericanos que la única manera de detener la inmigración ilegal a EU es legalizándola.