Enrique Peña Nieto (EPN) y su equipo le apostaron todo a la reforma energética, y más allá del éxito que encuentre, o de la magnitud del boom de inversiones que pueda arrojar, han mostrado una concentración y una disciplina suficiente para lograr su objetivo, que es encomiable. El PAN, por su lado, ha insistido desde un principio en que no habría reforma energética sin reforma político-electoral, y al aferrarse por lo menos en algunas de sus demandas tradicionales más importantes en materia político-electoral, y no rajarse, mostró también que se le ha ido quitando lo miedoso o lo pusilánime. Asimismo, hay que reconocer, aunque en menor medida, el esfuerzo de algunos senadores del PRD que supieron ayudar a hacer avanzar la reforma político-electoral, aun estando en contra de la reforma energética.

Lo esencial de la reforma político-electoral estriba, para mí, en la reelección de diputados, senadores y presidentes municipales, absurdamente acotada por los prejuicios del PRI a propósito de trásfugas o renegados; en el principio del INE, más allá de sus detalles, que pueden adolecer de todos los vicios que se han descrito con elocuencia en estas páginas; y de la legislación secundaria de las cartas ciudadanas constitucionales del año pasado, que si bien no forman stricto sensu parte del paquete actual, sí constituyen avances muy importantes: consulta popular y candidaturas independientes (todavía pendiente).

De haber sido requerido para expresar mi opinión, le hubiera sugerido al PAN plantarse en la segunda vuelta en su proyecto, o al menos en una versión intermedia que, en vista del compromiso de EPN con la reforma energética, tal vez sí hubiera salido. No es lo de menos pero los partidarios de esta reforma debemos darnos por bien servidos, incluso sin segunda vuelta. Ante todo, si el nexo entre ambas reformas, a saber, la consulta sobre PEMEX en el 2015, se celebra sin cortapisas. Votaré a favor, pero quienes se oponen deben tener el derecho de votar en contra.

Falta que los priístas no hagan trampas: ni con la consulta, ni con las candidaturas independientes, ni metiéndole más limitaciones a la reelección, que debió haber sido inmediata. El prurito de que no se legisla para el bien propio es en parte cierto y en parte falso. Hasta donde recuerdo, todos los cambios en América Latina desde mediados de los años ochenta, que permitieron la reelección presidencial -Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Cardoso en Brasil, Uribe en Colombia, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia, Ortega en Nicaragua-, para bien o para mal, se aplicaron a los presidentes salientes. No legislaron pero sí firmaron.

Lo esencial de la reforma energética, en mi opinión, son obviamente las licencias y/o concesiones o como se les quiera llamar. Creo que el PRD y Ernesto Cordero tienen razón: licencias=concesiones. Y qué bueno. Sin eso, la reforma quedaba trunca. Del mismo modo, la salida del sindicato del Consejo de Administración de PEMEX, sin ser suficiente, es un paso hacia la gestión de una empresa como cualquier otra, con la excepción de que el accionista único o mayoritario es el Estado. Ya veremos si todo esto funciona. Pero por lo menos ahora sí ya hay algo sustantivo que puede o no funcionar. Es un gran cambio, frente al pasado inmediato, y sobre todo frente al pasado desde principios de los años noventa. Bienvenido.

Primera: pocos siguen pensando que la reforma constitucional enviada en agosto y que preveía únicamente la posibilidad de compartir utilidades con empresas privadas funcione para detonar el alud de inversiones en el sector energético y más allá del mismo. Todo parece indicar que el gobierno deberá sustituir esa reforma por una de dos: la del PAN que incluye concesiones (disfrazadas de licencias) acomodar al PRD, a saber, quedarse en utilidades compartidas y suprimir los cambios al artículo 28 constitucional. De confirmarse la primera vía, probablemente sería muy bien recibida por los mercados, las empresas petroleras y de servicios, y el sector privado mexicano, pero pésimamente por la izquierda unida que volverá a ser vencida. En cambio, si EPN opta por tratar una vez más de convencer a Cuauhtémoc Cárdenas y a una parte del PRD de aceptar un cambio constitucional acotado, estoy seguro de que no logrará entusiasmar a los mercados.

Segunda: tendrá que haber una reforma político electoral antes que la energética, ya que el paso del tiempo ha demostrado, sorpresivamente para mí, que todo el PAN y buena parte del PRD en el Congreso se han mantenido firmes. Sin una serie de cambios políticos (reelección), electorales (anulación, algún tipo de INE, chequera única) sus votos al gobierno para ningún tipo de reforma energética, ni siquiera para la del propio PAN. Lo cual, confieso, me da buena espina, porque siendo partidario de una reforma energética de fondo, también lo soy de los cambios político electorales. No creo que exista la más remota posibilidad de conseguir los segundos si se le entregan al gobierno antes los votos a la primera.

Tercera: difícilmente podrá excluirse del conjunto de reformas político electorales la legislación secundaria de las modificaciones constitucionales de agosto de 2012, relativas a candidaturas independientes, iniciativa popular y referéndum. Aunque el gobierno y el PRI (que conviene recordarlo: aprobó las reformas de 2012) quisieran excluir la iniciativa popular, ni el PRD ni el PAN están dispuestos a aceptar esta hipótesis. Se entiende por qué el gobierno la busca: cree que sin legislación secundaria, no habrá referéndum en 2015 sobre la reforma energética que se aprobaría ahora o a principios del año entrante. Pero además de que es improbable convencer al PAN de que abandone al PRD en esta materia, eso no impediría el referéndum. Se antoja difícil que la Suprema Corte le dé la razón a una argucia jurídica mezquina, por encima de la evidente intención del Constituyente permanente de agosto de 2012 en lo relativo a estas figuras.

Cuarta: resulta difícil imaginar un escenario en el que no se celebre en algún momento, pero a más tardar en julio de 2015, un referéndum sobre la reforma energética constitucional. La izquierda sí conseguirá las firmas, la reforma constitucional ciudadana de 2012 es una realidad y es demasiado peligrosa para el gobierno y para quien pretenda impedir ese referéndum sobre un asunto de esta envergadura, con tecnicismos leguleyos de clásica estirpe priísta.

La pregunta pertinente es ésta: ¿no le conviene más al país celebrar el referéndum antes, para que si ganamos los que queremos que se abra Pemex, logremos los efectos deseados desde ahora, y si perdemos lo sepamos de una vez? ¿O conviene más esperar año y medio a sabiendas, como ya se ha dicho por varios colegas en estas páginas, que nadie va a invertir un centavo en plataformas de aguas profundas o en fracking, mientras exista el riesgo de que exista una reversión en el 2015?

Hay motivos para pensar que la decisión de posponer la discusión y la votación de la Ley del Servicio Profesional Docente en la Cámara de Diputados fue tomada por EPN, e impuesta al liderazgo priísta en la Cámara baja, para mantener en vida un pacto por México agonizante. Hay razones para pensar que se decidió a última hora quizás dejar fuera de la reforma energética los contratos de producción compartida y las concesiones para mantener a bordo a Cuauhtémoc Cárdenas, quien no sólo no se dejó, sino que lanzó una cruzada tan hábil como eficaz contra el impacto posible de dicha reforma. Y es probable que el gobierno federal no ejerza mayor presión sobre el jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que desaloje/reprima/contenga/infiltre las actividades de la CNTE en la capital, para no violentar la relación con Miguel Ángel Mancera, aliado clave de EPN y pilar del pacto.

Por otro lado, todo sugiere que EPN no se resigna, ni mucho menos acepta de buena gana aceptar el principio de simultaneidad y paridad que propone ya todo el PAN pero que originalmente fue idea de sus senadores, de que no habrá reforma energética constitucional sin reforma política de fondo antes o al mismo tiempo. Por último, parece obvio que una estrategia política inteligente y exitosa durante el primer semestre del gobierno, con una expectativa de crecimiento económico relativamente elevado para todo el año (3.6% fue el vaticinio en enero), no puede funcionar a cabalidad en un entorno económico interno y externo muy diferente. No conozco a ningún analista económico privado que piense sinceramente que vamos a crecer a más de 1.5% este año, y muchos temen que al final no lleguemos ni al 1%.

Si todo esto es cierto, se antoja indispensable y deseable un golpe de timón que permita evitar en el futuro los errores que llevaron a la actual situación y sobre todo trazar un rumbo y una estrategia consonantes con la nueva situación económica y la nueva situación política. ¿En qué puede consistir? Resignarse al fin del pacto por México, que ya dio de sí y con creces. Al empecinarse el gobierno en rescatar a “los Chuchos”, rescatará sólo un membrete. Mientras que si opta por una alianza integral y de largo plazo con el PAN, puede lograr la aprobación de reformas que son anatemas para la izquierda -Pemex, IVA, educación a fondo, nuevo régimen político-, y restablecimiento del orden público mediante el uso prudente, legal y legítimo de la fuerza contra grupos cuyo financiamiento, entrenamiento, mando y control provienen de fuentes vinculadas a distintos sectores de la izquierda en su conjunto.

Seguir con el pacto es entrar al ámbito tradicional de la simulación, que sin duda se tragarán algunos ingenuos corresponsales extranjeros y uno que otro tonto útil nacional. Darle santo sepulcro y pasar a la etapa siguiente no es un camino exento de riesgos pero es mucho más prometedor que cualquier otro.

Quienes llevamos más de 10 años Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o independientes, o ciudadanas (hacer del término un litigio es infantil) siempre hemos sostenido que si bien a nivel presidencial una candidatura independiente puede revestir un gran interés al colocar temas a debate que candidatos “viables” inevitablemente callan, donde realmente este esquema introduce una mayor dosis de competencia en la arena electoral es a escala local y estatal. En México hay elecciones municipales o para gobiernos y legislaturas estatales cada cinco minutos; el que no se disponga del marco jurídico federal y de los códigos electorales de los estados para que ya puedan presentarse candidatos independientes a presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y gobernadores de los estados es una manera retorcida pero eficaz de burlar tanto la intención del Congreso como los sentimientos de la opinión pública según las encuestas, y los distintos litigios jurídicos nacionales e internacionales que se han dado en estos años.

Ahora bien, pareciera que ya está agendada la aprobación de las leyes reglamentarias federales para las candidaturas independientes para el período extraordinario del 21 al 23 de agosto, tanto de diputados como senadores. Como no se sabe a ciencia cierta qué van a discutir los legisladores en ese período, ni si estarán listos los dictámenes, por ejemplo en esta materia, ni siquiera si ambas Cámaras tendrán la misma agenda, o incluso si realmente habrá período extraordinario, es imposible saber si todo esto va suceder. De no ser así, el asunto se pasaría al período ordinario que empieza el 1o de septiembre y la legislación puede aprobarse algún día en el muy lejano futuro. En ese caso seguiría vigente en los hechos la prohibición mexicana a las candidaturas independientes.

Han circulado versiones tanto en la prensa y en los pasillos de las Cámaras como en la iniciativa que reforma el Cofipe presentada el 24 de julio de 2013 por senadores del PAN y PRD, que ya hay un acuerdo sobre los tres puntos más importantes de esta legislación: el número de firmas necesario para inscribir una candidatura independiente, que sería 0.13% del padrón de la entidad en cuestión (República, estado, municipio, o distrito electoral federal o estatal); acceso a financiamiento (una parte indexado al porcentaje del voto que obtuvo el candidato de menor votación en los comicios anteriores); y acceso a medios (una fórmula semejante cuyo detalle desconozco). Se calcula que para inscribir una candidatura independiente a la Presidencia se necesitarían 240,000 firmas, una cantidad accesible.

Si esto sucede en el período extraordinario, habrá culminado lo que en mi caso y en el de los abogados Gonzalo Aguilar Zinser, Fabián Aguinaco y Santiago Corcuera ha sido un proceso, en el que nos han acompañado muchos amigos, frustrante, arduo y al final gratificante. Habrá tardado más de lo que yo esperaba; se habrá consumado por una vía algo retorcida; pero al fin lo que se decía que no era factible ni deseable, se habrá impuesto. El tiempo nos dio gusto y, a la mejor, hasta la razón.